Definida la nueva titularidad de Vicentin, de los fuegos cruzados entre sus antiguos propietarios y los entrantes van quedando cenizas. Los ex directivos y accionistas que actuaban al declararse el default de Vicentin renunciaron a impulsar como querellantes todas las denuncias penales contra Mariano Grassi, la empresa que se quedaría en diciembre con la compañía, por decisión del juez civil de Reconquista Fabián Lorenzini.
Al mismo tiempo de manera informal el grupo que obtuvo el control de la agroexportadora expresa un menor énfasis en que en el trámite penal por asociación ilícita contra cuatro ex directivos de Vicentin se llegue a condenas, mucho menos tan altas como las solicitadas por la fiscalía.
La situación sugiere que el pleito encarnizado que se libró para que los directivos de Vicentin fueran detenidos y tuvieran pedidos de prisión con alta expectativa de condena, según analizan abogados del caso y funcionarios judiciales consultados por Suma Política, fueron una plataforma de presión para una negociación económica que se suavizó cuando la compañía quedó en manos del grupo Grassi.
Esto no significa que los implicados no hayan estado involucrados en maniobras por un multimillonario fraude al Estado, en especial frente al crédito tomado en el Banco Nación cuando ya era evidente la insolvencia, y ante centenares de acreedores que sufrieron enormes perjuicios hasta empezar a cobrar a cinco años del colapso. Solo parece dejar al desnudo la utilización de resortes del sistema penal para definir un pleito que, una vez zanjada la disputa económica, deja de ser relevante.
Y genera nuevas preguntas sobre cómo el sistema penal, para observadores muy plurales, es un resorte para la negociación económica. Empujar con todo brío la posibilidad de que alguien termine largo tiempo en un calabozo es un buen motivo para sentarse a una mesa. Acá los que empezaron a ceder fueron los que tuvieron personas entre rejas.
El pasado 17 de octubre los ex socios con mayoría del capital social de Vicentin SAIC delegaron a sus abogados la orden de desistir de una serie de recursos que impugnaban acuerdos preventivos ante la Corte Suprema de Santa Fe. También lo hacían sobre cualquier recurso que tuviera como fin cuestionar o controvertir el proceso de cram down que permitió a terceros presentar ofertas para el salvataje y que el juez civil Lorenzini resolvió en favor del grupo Grassi.
Pero también los directivos de Vicentin renuncian a las querellas impulsadas contra Mariano Grassi ante el fiscal provincial de Reconquista Juan Sebastián Marichal, por estafa procesal, y ante el fiscal provincial de Rosario José Luis Caterina, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Los abogados de los ejecutivos de la empresa desisten por último de instar en cualquier fuero y jurisdicción denuncias por delitos penales contra Mariano Grassi, directores, accionistas y asesores letrados del grupo que finalmente se quedó con la compañía.
Esto se verificó aún en los recursos que llegaban en queda a la Corte Suprema de Santa Fe. “Desistieron de todas las acciones contra la gente que terminó ganando el cram down. Se retiraron de la cancha. No es arbitrario pensar que algún tipo de arreglo hicieron. Si no la hubiesen seguido”, dijo a Suma un informante del máximo tribunal.
Por lo que este medio conversó con representantes legales de las dos partes, hay coincidencia. Esto dicen: “El tema concursal se está solucionando, el tema patrimonial expone niveles de solución y no hay problema que no sea conversable. Este es un conflicto que perdió actualidad a partir de que hay un nuevo control empresario y los acreedores empezaron a ver regularizada su situación. Y además se recompusieron relaciones personales”.
A finales del año pasado María Cecilia Vranicich, la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que aglutina a todos los fiscales provinciales, cuestionó una idiosincrasia muy visible en Santa Fe en los litigios por empresas y plata. “El MPA no está para que vengan a dirimir cuestiones dinerarias”, le dijo al portal Rosario3. “Hay casos en los que después de años en los que los equipos de fiscales trabajaron mucho respondiendo a denuncias por delitos económicos, incluso con querellantes impulsando penas de prisión efectiva a los imputados, un día parece que llegaron a un acuerdo con los defensores y piden que miremos para el costado y firmemos suspensión de juicio a prueba”.
Fue una declaración aguda pero que no deja del todo bien parado al MPA. Admitirlo indica, como aceptan muchos litigantes, que por mucho tiempo la Fiscalía provincial sirvió de retablo para que abogados de empresas usaran la presión del aparato penal, básicamente sus promesas de encierro, para forzar salidas económicas sin que la sangre llegue al río. Vranicich dijo eso en la circunstancia de otra causa, el caso Herrera, que también implica hoy una fuerte controversia para el sistema penal.
Pero el caso de Vicentin en Rosario, aunque nunca se barajó un acuerdo abreviado, replica las lógicas que describió Vranicich. Es cierto que había apariencia de delitos que impulsaron a los fiscales a intervenir. En el caso del pleito contra los directivos de Vicentin los de la Unidad de Delitos Económicos pidieron prisión preventiva y altas penas para estos ejecutivos. Empujaban los querellantes que por redes sociales ventilaban reclamos de penas ejemplares y que ahora se bajaron al menos de ese enfático envión. Justamente cuando los accionistas de Vicentin SAIC declinaron seguir con las querellas a Grassi. Y cuando el pleito por la agroexportadora, por la que participaba el mismo equipo de abogados de Grassi, quedó zanjado a favor de estos.
En el terreno de la querella de los vencedores persiste la idea de que hubo delito. Pero que lo más importante es que empezó a haber una reparación que restaña los daños causados y que tal cosa, así lo dicen, es más importante que la prisionización. No dicen que no debe haber ninguna sanción penal. Pero que poner el acento en la cárcel cuando hay reparación económica no es lo esencial.
Ahí está el problema. En marzo pasado los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja habían pedido penas de hasta 17 años de prisión para Roberto Gazze, Omar Scarel, Daniel Buyatti y Alberto Macua, máximos directivos de Vicentin, por haber mantenido una “conducción en las sombras” de Vicentin SAIC, que llegaron presos a la audiencia imputados de ser jefes de una asociación ilícita, que retenía el control operativo de la agroexportadora y sus empresas vinculadas y maniobras fraudulentas contra los activos de la firma en detrimento de sus miles de acreedores.
Un tribunal de primera instancia —Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy— dejó en prisión preventiva a los cuatro directivos. Pero tres meses después el camarista Gustavo Salvador revocó esa medida, declaró que la evidencia contra ellos no era aprovechable por haber sido colectada de manera irregular —con violación de secreto profesional, bancario y fiscal— y sustituyó la prisión preventiva por una caución de un millón de dólares para cada director más obligaciones de presentación regular ante órganos de control judicial del pleito.
Pero el pleito sigue en una etapa muy inicial, sin formulación de acusación todavía, puede durar años —las partes estiman que no menos de cinco— y existe un enorme esfuerzo proyectado de la menguada Unidad Fiscal de Delitos Económicos para una pena que, luego del fallo de Salvador, salvo que se incorpore prueba nueva será muy difícil que alcance los montos previstos por los fiscales actuantes.
Los grupos que antes se denunciaron a troche y moche desensillaron y la impresión de que con la guerra definida no hay motivos para seguir machete en mano en el ambiente penal rosarino la tienen muchos.
Un abogado que siguió las audiencias de marzo le comentó sus impresiones a Suma Política. “En lo penal queda un lindo quilombo porque nadie sabe qué harán con el pedido tan alto de penas. Tienen en promedio 15 años de pena solicitadas por la fiscalía. La solución alternativa es difícil de pensar en condicionales con la monstruosidad de penas requeridas. Los querellantes hicieron un buen trabajo, resolvieron en favor de su grupo el conflicto comercial y ahora seguir es para ellos antieconómico y nada relevante. Además de que no hay nadie que no piense que entre los ex directivos de Vicentin y los nuevos hubo un acuerdo”.
Un docente de vasta trayectoria de la Facultad de Derecho de la UNR puso este ejemplo: “El fiscal Luciani consiguió seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner. No sabemos cómo la Fiscalía podrá sostener pedidos de pena de hasta 17 años contra los directivos de Vicentin”, dijo.
Algunos de los querellantes sostienen cosas muy polémicas cuando hay cargos de adulteración de balances, de tomar créditos millonarios en dólares con la empresa ya en condición de insolvencia por la que están demandadas autoridades del Banco Nación, y afectaciones masivas a productores. Vicentin había ingresado en default en diciembre de 2019, con deudas superiores a los 1.500 millones de dólares, y solicitado el concurso preventivo en febrero de 2020.
Tras la decisión judicial que convirtió en ganador al Grupo Grassi, ahora la Nueva Vicentin logró habilitaciones judiciales para reactivar dos plantas desmotadoras en Chaco y Santiago del Estero de Algodonera Avellaneda, a tres meses de haber iniciado los primeros pagos de acreedores en el cram down con anticipos en dólares.
Desde la vereda de Vicentin le dijeron a Suma Política sobre la viabilidad de una solución más liviana para los directivos que hoy siguen con causas penales. “La solución muestra que esto fue un conflicto por incumplimiento por cuestiones comerciales y patrimoniales. No hubo asociación ilícita. Los fierros están y están trabajando. Hicieron un discovery de flujo de fondos por todo el mundo y no encontraron nada”
Las querellas contra Vicentin que se mantienen vivas son Grassi, BLD AGRO, BLD SA y Commodities SA, aunque, resuelta mayormente el traspaso hacia el grupo que representan, sin la actividad enérgica que los caracterizaba hasta ese momento.
El fiscal a cargo de las causas contra Vicentin, Sebastián Narvaja, se mantiene firme en su postura de perseguir con todo rigor los delitos que atribuyó a la empresa. Ahora con el fallo adverso de la Cámara Penal y ya sin la vehemencia que caracterizaba a las querellas para buscar condenas ejemplares.
En las audiencias de marzo de 2025 contra los cuatro directivos de Vicentin que entonces fueron presos con una decisión que fue revocada, Daniel Cuenca era uno de los defensores de los acusados, junto a Jorge Ilharrescondo. Cuenca, que se retiró del pleito pero no su colega, les dijo a los fiscales el día de la primera audiencia. “Ya verán en poco tiempo que en este litigio vamos a quedar solamente ustedes y nosotros”.
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