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Sociedad

“La zona es nuestra”: los recursos y estrategias con que los presos extorsionan a comerciantes y vecinos

En nombre de la mafia, de Los Monos, de la banda de Alan Funes. Con mensajes aderezados con las expresiones “plata o plomo”, “con la mafia no se jode”, “la zona es nuestra” y otros latiguillos que ya son de rigor. Las extorsiones telefónicas de presos en las cárceles provinciales exhiben recursos y estrategias discursivas para atemorizar a las víctimas y convencerlas de la necesidad de pagar por lo que ofrecen como protección.

La implementación de escáneres en las cárceles provinciales se reveló como una medida efectiva para reducir el ingreso de celulares a los establecimientos penitenciarios. El sistema de inhibición de señales, sin embargo, todavía no puede aplicarse en la cárcel de Piñero. “Está en etapa de prueba. Funciona bien, pero necesita ajustes porque inhibe absolutamente todo y tiene que ser calibrado para que no alcance al sector administrativo del Servicio Penitenciario”, señala una fuente consultada para esta nota.

Una serie de investigaciones realizada por el fiscal Pablo Socca sobre extorsiones realizadas por presos de Coronda contra comerciantes y vecinos de la zona sudoeste de Rosario y Villa Gobernador Gálvez permite observar los procedimientos y las expresiones con que se consuman las intimidaciones. Si bien no ocasionaron graves perjuicios económicos —en su mayoría quedaron en el intento—, provocaron miedo, reavivaron los sentimientos de inseguridad, alteraron la vida cotidiana de las víctimas y movilizaron reclamos por custodia y presencia policial. 

Las víctimas de los hechos fueron comercios y empresas pequeñas y medianas: panaderías y corralones de materiales para la construcción, verdulerías y quioscos, peluquerías y almacenes. “En la mayoría de los casos les hacen creer que tienen datos certeros de su vida familiar, comercial, económica. Envían fotos o dan datos precisos, que en muchas ocasiones extraen de Facebook o a partir de informantes que viven cerca”, detalló el fiscal en la imputación contra algunos de los presos involucrados en las maniobras.

Como Brian Ezequiel Figueroa, uno de los imputados, que cumple una sentencia de ocho años y cuatro meses de prisión y declaración de reincidencia por robo calificado con arma de fuego, se trata de presos que fueron condenados por otros delitos y al ingresar a la cárcel encontraron la posibilidad de cometer extorsiones por la disponibilidad de teléfonos celulares. En ese nuevo emprendimiento implican además a sus parejas y otros familiares, que se encargan de recibir el dinero y eventualmente de reforzar la intimidación con notas manuscritas.

Figueroa, preso en Coronda, y su novia Carla María Belén Palacios, en libertad hasta que se comprobó su participación en chantajes, fueron imputados por extorsiones a comerciantes y vecinos en concepto de “protección”. En otra investigación sobre hechos ocurridos entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023, los acusados fueron Miguel Ángel Roezga, Esteban Emanuel Monzón y Emanuel Patricio Forti, también detenidos en la Unidad 1. “Contaron con el aporte indispensable de familiares, parejas y otros allegados que en libertad eran los encargados de cobrar el dinero exigido, ya sea personalmente o por depósitos realizados por las víctimas en transferencias bancarias”, dijo Socca.


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La “protección” y sus condiciones


El mensaje de Whatsapp que recibió el dueño de una concesionaria de Oroño al 4100 minutos después de las 6 de la mañana fue revelador. “Hola, buen día, estamos agarrando todo el barrio Centeno que está atrás de tu fábrica y todos los comercios que están por Oroño de Seguí hasta Uriburu”, informaba el texto. El emisor se identificó primero como “la mafia”, con el santo y seña “plata y plomo”, y por la tarde del mismo día afirmó que “todo venía de parte de los Cantero”.

La protección que debía pagarse era contra la violencia con que amenazaba el propio emisor del mensaje: “te mando a agarrar a tiros el local, te lo mando a prender fuego, o automáticamente te mato a alguien ahí y cuando abran te mando a robar y te vas a tener que mudar”. Las condiciones eran el pago de una cuota por única vez de 250 mil pesos o de 50 por mil pesos por semana, “y te dejamos tranquilo todo el año”.

Como en las estafas telefónicas o en los falsos secuestros, el manejo del tiempo y la confusión de las víctimas es fundamental para concretar las extorsiones. “Si no me das 100 mil en cuatro horas te saco la casa. Somos la mafia”, le advirtió Miguel Ángel Roezga a una mujer con domicilio en José María Rosa al 2800. Los dueños de un almacén de pasaje Mossi al 6100 recibieron una intimidación telefónica a las 19.30 de un tal Franco —“te llamo porque me entregaron la zona”— y menos de dos horas después hicieron una transferencia bancaria por 60 mil pesos a un CBU que correspondía a Laura Cristina Vázquez. El extorsionador también exigió que le enviaran el comprobante del pago.

Adolfo Miguel Verón, un vecino de Villa Gobernador Gálvez, recibió audios de WhatsApp durante dos días hasta que cedió y transfirió 130 mil pesos a un CBU cuya titular era Agustina Leiva. Una voz masculina profería amenazas de muerte contra Verón y su familia y remarcaba que estaba al tanto de sus movimientos. El hecho fue atribuido a Roezga y a Leiva.

En el curso del mismo día, el comerciante de Oroño 4100 recibió varios mensajes de WhatsApp, llamados telefónicos y una nota manuscrita que dejó Carla Palacios, registrada por una cámara de seguridad. Tenía que pagar en el acto, en efectivo o por transferencia bancaria. El detalle del pago por transferencia puede indicar la increíble seguridad de los extorsionadores o bien su enorme chapucería, ya que con ese dato la Agencia de Investigación Criminal identificó a Palacios.

En la denuncia, el comerciante expuso el trámite de un llamado: “Del otro lado (hablaba) una voz masculina, aparentaba ser de edad grande y era correcto al hablar pero utilizaba términos tumberos. Decía que tenían la zona para ellos (la mafia o bien los Cantero), que la manejaban desde Seguí a Uriburu”. De fondo se escuchaba la voz de otra persona “y como si escribieran en un teclado”. El extorsionador mencionó otros negocios de la zona que debían la “protección” y fijó las condiciones: “Me daban hasta las 14.30 o si no lo tomaban como una negativa. Al cerrar el negocio lo iban a balear”.

El comerciante notó que el extorsionador decía estar al tanto del movimiento del negocio pero el único dato concreto que mencionaba era el horario de cierre, que podía haber tomado de la web, como el teléfono al que llamaba. En otros casos, se comprobó que los presos llamaban a personas que tenían propiedades en alquiler o vehículos en venta a través de la web y que después de hacerse pasar por compradores se presentaban como “la mafia”.

Los extorsionadores suelen decir que conocen los detalles de la vida privada de la víctima, la composición de su familia, los horarios de actividades. Alguien que recibe un llamado no puede hacer muchas averiguaciones en el acto y en el contexto de una llamada atravesada por amenazas de muerte cae en la sugestión de la amenaza. En algunos casos el extorsionador apenas sabe el nombre de la persona con la que habla, como en otro hecho atribuido a Miguel Ángel Roezga en perjuicio del dueño de canchas de Fútbol 5 en Lamadrid al 2300: “Hola Carlos. Nosotros somos de la mafia. Te brindamos protección a cambio de 1.500.000 pesos. Sabemos en qué vehículo andás, donde vivís y donde trabajás. Si no (pagás) te vamos a arruinar la familia”. La situación apabulla y el supuesto saber no necesita explicitarse para convencer al destinatario de que corre peligro.

En algunos casos las amenazas tenían mayores precisiones. Fue el llamado que recibió el dueño de una pizzería de Grandoli al 3000: “Te hablo de la mafia, yo sé quién sos vos y que trabajás en Alvear. Te seguimos a todos lados, quiero que me des 500.000 pesos o te vamos a cagar a tiros, yo sé que tenés plata, vos tenes la pizzería en Grandoli, conozco todos tus movimientos y los de tu hija”. En el llamado siguiente el extorsionador dio la dirección de la casa de la víctima, detalles del barrio y horarios de trabajo.

La información se explicó en ese episodio —atribuido a Roezga— por la colaboración externa de allegados. Fue también el caso de una peluquería a la que iba su novia, en pasaje Deliot al 5100, y recibió la exigencia de “cobrar la zona” rubricada de amenazas de muerte y de balaceras contra el local. “Cuando colgué la llamada me mandaron una foto de Google Maps donde se veía la casa de mi vecina”, dijo la peluquera.


Publicaciones de Miguel Ángel Roezga en Facebook cuando estaba en libertad

Por carta, llamado o balacera


Haciéndose pasar por el comerciante, un oficial de policía atendió un llamado atribuido a Brian Figueroa y le dio charla para que se explayara. “A mí no me cuesta nada agarrar, mandar un pibe, que se quede a ver quién sale último, a ver quién entra primero, a ver quién viene a abrir el local o no —amenazó el extorsionador—. Si vos querés que yo te explique más o menos como se está manejando esto, por 10 mil pesos mando un pibe a tirarte tiros, a la vuelta lo espera un auto, descarta la pistola, el guacho se va en una moto y si lo frenan en la otra esquina no tiene nada porque ya descartaron la pistola en un auto”.

En otro tramo de la comunicación expuso sus planes como si hablara de una empresa: “Tenemos que cobrar todos los locales, de punta a punta, de Seguí y Oroño hasta Oroño y Uriburu. El maneje es así, nosotros tenemos dos meses para cobrarles a todos de punta a punta. Se requiere una carta, se requiere una llamada, se requiere un tiroteo, se requiere hacer cerrar el local, o más aun pegarle a un cliente que es mucho mejor. Le podemos pegar a cualquier civil tanto como a cualquier empleado del local”.

La afirmación del control territorial se reitera en los mensajes. “La zona es nuestra así que sos uno de los primeros que le vamos a tirar tiros”, advirtieron otros extorsionadores en un mensaje que recibió la dueña de una distribuidora de Uriburu al 1800 a las seis y cuarto de la mañana. El hecho de que la mayoría de las víctimas, al denunciar los episodios, requieran custodia y presencia policial avala un sentimiento de desprotección generalizado que da veracidad a las pretensiones de los chantajistas sobre el dominio de zonas de la ciudad donde se les debe pagar protección.

El dueño de una mueblería de Oroño al 3800 se despertó una mañana, un minuto después de las siete, con un mensaje de WhatsApp que consignaba el tarifario de 250 mil pesos en un pago o en cuotas semanales de 50 mil a cambio de no desatar la violencia de la mafia y con la aclaración de que de esa manera “te dejo trabajar todo el año, no te molesta más nadie”. Pero las promesas de los extorsionadores no tienen ninguna garantía: después de pagar lo que le habían exigido, los almaceneros de pasaje Mossi recibieron el pedido de otro pago, por 50 mil pesos.

Agentes de la Brigada de Extorsiones de la AIC se hicieron pasar por un comerciante extorsionado, fueron a una entrega controlada de dinero en Oroño y Dr. Riva y detuvieron al que se presentó a retirar el pago, “una persona de sexo masculino, con camiseta de Newell´s, quien toma la bolsa de color negra con fajos de hojas la cual simulaba tener dinero en su interior”. Como en una comedia de enredos, resultó que esa persona era también víctima de amenazas y chantajes y que le habían pedido “el favorcito” de retirar la plata.

El caso presentó una variante en la forma de la extorsión. La víctima había sido contactada por un usuario de Facebook desde el perfil Mariana Martínez y Mariana González, “presentándose como una mujer con intenciones de seducirlo”. La conversación siguió por WhatsApp hasta que del otro lado de la línea surgió la voz de un hombre: “a mí me pagan, yo soy sicario, me pagan y no ando con vueltas (…) esto es así, esta piba, ¿vos sabes que es la mujer de un pesado que está en cana? Sabes qué pasa, me mandan a hacer este laburito, ya, ahora”.

El ofrecimiento en ese caso era “parar la bronca” a cambio de 100 mil pesos. La víctima hizo dos pagos, entregó una bicicleta y las exigencias continuaron. Como en la investigación resuelta esta semana con una entrega controlada en barrio Saladillo, donde se comprobó que la víctima era exprimida desde el mes de abril por un preso en la unidad penitenciaria de Francia al 4800 en complicidad con su novia, los chantajistas nunca tenían suficiente.

Las extorsiones también tienen desenlaces imprevistos. Una persona que vendía un auto a través de una página web estalló al recibir un apriete telefónico: “Decime dónde estás y te rompo todo, te mando a la mafia yo hijo de puta, me estás hablando desde la cárcel, seguro”. Pero hasta que no termine la circulación de celulares entre los presos de la provincia la “protección” es una amenaza posible. 


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