El manto de humo que asfixia a Rosario y a toda la costa oeste del Paraná del sur santafesino y hasta el norte de Buenos Aires, detonó una crisis de alcance político. Y ya no sólo ambiental. El punto de quiebre fue el jueves de la semana pasada, cuando el Congreso tomó el problema y decidió avanzar al menos con una de las variables, que podría dar una respuesta a mediano y largo plazo: la ley de Humedales. La regulación por ley de las actividades productivas en el gigantesco delta del Paraná medio está en estudio desde hace años y decenas de organizaciones ambientales lo vienen pidiendo.
Pero fue necesario que el espanto del humo de los incendios llegara al corazón del país para que las decisiones políticas aparecieran: habrá media sanción de la ley de Humedales posiblemente durante la primavera. Y si los planetas se alinean, será aprobada antes de fin de año.
Desalentar o prohibir actividades productivas en las islas entrerrianas, y en otros tantos humedales de todo el país, en favor de conservar el estado natural del delta y (tal vez) terminar o reducir la propagación del fuego, resulta una ecuación incómoda para muchos actores productivos. Y también para los elencos estatales de todos los niveles, que por ahora lucen entre desbordados, inactivos, o directamente cómplices del delito o la mezquindad de un minúsculo grupo de interés (ganaderos, agricultores, desarrolladores inmobiliarios) que actúan en detrimento de no menos de un millón y medio de argentinos.
Con todo, es probable que ninguna ley, por mejor que se sancione y aplique, doblegue al fuego de manera rotunda. Que la cota del Paraná frente a Rosario no supere un metro -como viene sucediendo por tercer año consecutivo- revela una situación de sequía estructural sin antecedentes en los últimos 70 años. El Paraná, frente a Rosario, necesita una cota de entre tres y cuatro metros para que todo el sistema funcione con normalidad. Al río le están faltando dos metros y medio de agua. Una enormidad devastadora.
El conflicto político de las quemas se expresa en planos diferentes; el más serio, al interior del oficialismo nacional, en una disputa a cielo abierto entre la Casa Rosada (en la figura del ministro de Ambiente, Juan Cabandié) y el gobierno del mismo signo de la provincia de Entre Ríos. Al cabo, el Estado provincial es quien tiene jurisdicción sobre el delta. “No podemos invadir una provincia desde la Nación, salvo que cambiemos la Constitución del 94”, dijo Cabandié en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso, ante las cámaras de televisión. De igual modo se habían expresado la media docena de intendentes –sobre todo los peronistas– que ese mismo jueves fueron a gritar un pedido de auxilio junto al Obelisco de Buenos Aires.
Entretanto, la justicia recibe denuncias, datos, pruebas, evidencias, que cada día con mayor precisión le ofrecen desde la Nación y las provincias afectadas –Santa Fe y Buenos Aires-, “pero mientras no vaya nadie preso….”, braman, tapados por el humo, de este lado del gigantesco río marrón, hoy disminuido como casi nunca.
La oposición al gobierno nacional arremete con su visión. “Es cierto que es jurisdicción de Entre Ríos, pero son todos del mismo partido, Nación, Santa Fe y Buenos Aires, todos peronistas, “¿cómo es posible que Alberto Fernández no lo llame por teléfono al gobernador de Entre Ríos (Gustavo Bordet) y le pida que pare los incendios?”, se preguntaba en los pasillos del Congreso – el último jueves- ante este cronista, la diputada nacional Mónica Fein, ex intendenta de Rosario. Tanto los socialistas rosarinos como los diputados nacionales de JxC por Santa Fe directamente piden la cabeza de Cabandié.
Pero el ministro que fuera emblema de la Agrupación Hijos, convocado por el también rosarino Marcos Cleri, se presentó en Diputados, dio explicaciones consistentes, mostró detalles de la millonaria intervención nacional y le tiró fuego sin contemplaciones a Bordet. Por ahora, la contraofensiva de la Casa Rosada tuvo su efecto. La moneda está en el aire.
El menú de proyectos de ley de Humedades que serán tratados desde el próximo jueves, en plenario de comisiones, es amplio, una decena. Como siempre, muchos irán quedando en el camino mientras avance el tratamiento, y sobre todo se escuche a las asociaciones civiles ambientalistas, varias de ellas con estudios ajustados sobre el delta, que serán recibidas en el Congreso.
Con todo, asoma con más chance de prosperar el proyecto de Leonardo Grosso (FdT), titular de la comisión cabecera, “Conservación del Ambiente Humano”, que fue acordado en el bloque de la primera minoría oficialista de Diputados.
El complejo debate sobre hasta donde regular, impedir o penalizar la actividad en las islas, atraviesa a los bloques: desde el FdT, aseguran, saldaron la discusión interna. En JxC el pronóstico está abierto, y todo indica –al no poder imponer un dictamen propio como de mayoría– que el bloque opositor votaría dividido. Cuando en un acuerdo de apuro, en la semana pasada, todos los bloques acordaron votar un “emplazamiento” para tratar humedales (un artilugio reglamentario para imponerse debatir un tema, determinando una fecha con antelación), el titular de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (JxC), anticipó: “Nosotros vamos a impulsar una ley equilibrada entre la producción y la conservación”.
El proyecto del FdT, que encabeza el diputado Grosso, y lleva una veintena de firmas, se expresa en más de 30 carillas y 40 artículos.
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