La apertura de archivos de la última dictadura militar es una demanda histórica de las organizaciones de derechos humanos. El decreto 4/2010, promulgado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, relevó “de la clasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983”. Pero la demanda subsiste y acaba de recibir respuesta desde donde menos se lo esperaba: el gobierno de Javier Milei anunció el 24 de marzo que hará públicos los archivos del período que se encuentran en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).
Viniendo de quien viene, un gobierno caracterizado por su política negacionista del terrorismo de Estado, el anuncio realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni sorprende y provoca desconfianza entre los investigadores. “No hubo más precisiones, no se formalizó en ningún decreto, de modo de dar pistas respecto de cómo se va a producir ese proceso de desclasificación. Hay una nebulosa alrededor del anuncio”, dice Gabriela Águila, profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del Conicet.
“Es una jugada extraña del gobierno —señala Marina Franco, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y del Conicet—. Esos archivos se abrieron en 2010 y a partir de entonces se armaron áreas de investigación que contribuyeron a los juicios por delitos de lesa humanidad. Esas áreas fueron desmanteladas en los últimos años, especialmente de la mano de La Libertad Avanza. No está claro en qué estrategia entran esos archivos o si esperan encontrar algo que les permita contribuir a su política de acusación hacia las organizaciones armadas”.
Autora de El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición argentina (2018), entre otros estudios, Franco destaca las acciones del gobierno contemporáneas del anuncio: el video de Agustín Laje que insiste con el reclamo de “memoria completa” y el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para “establecer la imprescriptibilidad penal y civil” de los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras. “El conjunto de las intervenciones de La Libertad Avanza, desde la campaña electoral hasta la actualidad, tiene que ver con reavivar un discurso muy antiguo de la derecha con relación a que en Argentina hubo un ataque del terrorismo internacional a través de las organizaciones armadas y que ellas son las responsables de lo que ocurrió después”, afirma la historiadora.
Expedientes X
“¿Dónde están esos archivos, qué contienen?”, se pregunta Gabriela Águila. Habrá que hacer un proceso de búsqueda, de descripción, de localización, para luego trasladar esos archivos del lugar en que supuestamente están al Archivo General de la Nación. Entre el anuncio que se hizo el 24 de marzo y el acceso eventual va a mediar un tiempo larguísimo”.
La tarea requiere de recursos humanos y materiales que debería proveer el mismo gobierno que desfinancia las políticas de derechos humanos al punto de no pagar sueldos a los trabajadores de la ex Esma. Águila agrega más interrogantes: “¿Qué tienen esos archivos, qué se supone al respecto? No sabemos de qué archivos se habla. Ha habido, y se puede rastrear en el tiempo, una idea de que la documentación de la dictadura guarda una enorme cantidad de datos. Pero muchas veces los archivos no son eso, no contienen llaves mágicas que permiten develar aspectos o acontecimientos del pasado”.
La Oficina del Presidente publicó a su vez un comunicado en la red social X donde adelantó que la desclasificación abarcará todas las “actividades militares y guerrilleras”. El detalle enciende una alarma: más que revelar secretos del pasado reciente, el gobierno se propone apuntalar la negación de los crímenes de la dictadura y dar impulso a lo que ya consiguió con la reapertura de la causa por el atentado perpetrado por Montoneros en el comedor de la Policía Federal el 2 de julio de 1976.
“No sabemos cuál es la fantasía con respecto a lo que quieren encontrar —dice Marina Franco—. Además la documentación sobre las organizaciones armadas es totalmente pública, está en distintos repositorios y ha sido trabajada intensamente por investigadores. No hay ahí secretos que revelar, a menos que sea la lectura militar sobre esas organizaciones, con lo cual vamos a encontrar lo que las fuerzas armadas pensaban sobre esos grupos, y ya lo sabemos: los consideraban terroristas, responsables de la violencia”.
El vocero Adorni dijo que se trata de archivos de la SIDE. “Imagino que se deben referir a archivos de inteligencia —plantea Gabriela Águila—. Hay una serie de organismos en la órbita del Estado que tuvieron esas tareas de colectar información y producir inteligencia con el objetivo de vigilar individuos, grupos, organizaciones. No fue patrimonio de la última dictadura: son organismos que han actuado desde la década de 1940 y que han experimentado procesos de modernización y de refuncionalización vinculados con las coyunturas y los momentos de mayor intensidad represiva. Todo eso que dio en llamarse la comunidad informativa”.
Águila ha publicado entre otros estudios Dictadura, represión y sociedad en Rosario (2008) y Territorio ocupado. La historia del Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario (2017); su último libro es Historia de la última dictadura militar (2023). “Todo esto —subraya, respecto de los presuntos archivos de inteligencia— es un marco de suposición, porque no sabemos de qué estamos hablando”.
Que los hay, los hay
En un artículo para el libro colectivo Desquiciados: los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, Marina Franco planteó que “invocar el Nunca Más ya no alcanza”, porque “todos y cada uno de sus fundamentos están cuestionados”. Ahora profundiza esa caracterización: “El consenso del Nunca Más es un conjunto de ideas vinculadas a la no violencia estatal, la no represión y a la defensa de la democracia como proyecto colectivo. Todo eso está totalmente fragmentado”.
Sin embargo, al mismo tiempo Franco matiza la observación:
—No creo que ese consenso esté totalmente perdido —dice la historiadora—. Una gran parte de la población sigue pensando que vale la pena, que son la base de nuestra convivencia actual por muy en crisis que eso esté. Hay una polarización política más visible entre quienes quieren esos consensos y quienes los atacan. El problema es que quienes atacan esos consensos están en el gobierno, entonces son más visibles y más fuertes. Pero no es casualidad que el 24 de marzo haya convocado las movilizaciones que convocó y que haya habido una gran cantidad de reacciones frente al video de Laje”.
Los archivos que se reclaman desde las organizaciones de derechos humanos no solo conciernen a la producción de las Fuerzas Armadas. Un caso particular es el del archivo del diario Noticias, que fue trasladado íntegro a la Escuela de Mecánica de la Armada. Los grupos de tareas también secuestraron el archivo personal de Rodolfo Walsh. El último rastro de esos archivos es su traslado hacia 1979 a lo que se llamó “la inmobiliaria de la Esma”, un domicilio del ex marino Jorge Radice, quien cumple prisión perpetua.
“La mayor parte del accionar represivo durante la dictadura fue clandestino y sobre la clandestinidad de las prácticas represivas no hay efectivamente registro documental sino indicios, y datos sueltos sobre los cuales se puede reconstruir casos, desapariciones y asesinatos de personas, como vienen haciendo los organismos de derechos humanos desde los años de la dictadura”, dice Gabriela Águila. Esa actividad clandestina “no se va a encontrar en los archivos de las Fuerzas Armadas”.
Los archivos desclasificados a partir del decreto de 2010 pueden consultarse en la página web Archivos abiertos. Pero esos documentos no contienen listas de personas que pasaron por centros clandestinos de detención.
“Sabemos que existieron listas de detenidos y secuestrados dentro de los centros clandestinos —enfatiza Franco—. En el caso de la Esma hubo archivos microfilmados y listas de personas secuestradas e información acerca de cuál fue su destino. No sabemos si esa documentación fue destruida. La búsqueda de los archivos para saber si esas listas existen es una dimensión irrenunciable. Debemos insistir en que hay desaparecidos cuyos nombres no fueron todavía relevados”.
El imaginario sobre los archivos de la dictadura afirma que esos supuestos repositorios contendrían secretos que podrían modificar el conocimiento de ese período. “De manera general ya sabemos mucho sobre el funcionamiento de la dictadura —opone Franco—. No sé si quedan grandes secretos por conocer; podemos profundizar nuestro conocimiento sobre las lógicas de las relaciones internacionales de la dictadura, la guerra de Malvinas, el funcionamiento del aparato represivo, pero la matriz la tenemos. No nos espera una gran revelación, porque además muchas cosas no quedaron asentadas en los archivos. Por ejemplo, los delitos económicos”.
Gabriela Águila resalta que “la información que producían los agentes represivos del Estado respecto de organizaciones o de personas a las que sindicaban como subversivas fue utilizada para secuestrar, asesinar, desaparecer a hombres y mujeres”, y en consecuencia los libertarios interesados en la historia del período “no van a encontrar más datos que los que ya se conocen, ni nada que pueda abonar esa memoria que desde el punto de vista del gobierno está incompleta”.
El vocero Adorni dijo que el decreto de desclasificación firmado por Cristina Fernández “nunca fue implementado completamente”. La asociación civil Archivistas en la Función Pública Argentina afirmó en un comunicado que “en la gestión de Alberto Fernández se llevó adelante un proyecto con la SIDE que inició tareas de relevamiento documental pero no realizó un tratamiento archivístico que permitiera el acceso ni hizo público el trabajo realizado”, lo que señala una puerta no precisamente abierta pero al menos entornada hacia una posible dimensión desconocida. No obstante, Águila desconfía de las promesas: “Está clarísimo que el anuncio que se hizo el 24 de marzo tiene un sentido oportunista y político de intervención sobre una visión particular del pasado reciente cuyo objetivo es por lo menos justificar la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas durante la dictadura”.
“La estrategia del gobierno es multiplicar el frente de las ofensivas ideológicas y generar todo el tiempo ruido”, advierte Franco. La especialista amplía el contexto de interpretación: “A una parte de la extrema derecha esto no le interesa. El escándalo que provocó la visita de legisladores a represores en la cárcel de Ezeiza es sintomático, no tuvieron consenso unánime y les salió bastante mal la jugada, incluso en términos internos: una diputada reconoció que después fue a leer el informe de la Conadep. Por eso no se revirtió completamente el consenso del Nunca más sino que se abrió una discusión que el gobierno trata de multiplicar. Que el discurso negacionista esté en el gobierno no significa que sea el más expandido socialmente; tiene visibilidad y poder, pero no se ha impuesto”.
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