El diario del lunes, la denuncia de un operador de prensa que fue considerado insano por una jueza, los recortes tendenciosos de comunicaciones telefónicas y la campaña contra la investigación del juego clandestino que siguió a la causa desde su inicio. Las acusaciones que podrían derivar esta semana en la suspensión del fiscal Matías Edery no tienen otro sustento según la minuciosa exposición de la defensa ante la Comisión de Acuerdos de la legislatura santafesina.
Los hechos se remontan a septiembre pasado, cuando los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca denunciaron a Edery por proteger a Mariana Ortigala y expusieron ante la prensa capturas parciales de pantallas telefónicas en una audiencia que tenía otro objeto. Pero su matriz puede datarse más atrás en el tiempo, al punto de que un núcleo de la acusación es la maniobra que el ex empleado judicial Nelson “Coqui” Ugolini empezó a pergeñar apenas se vio descubierto en complicidad con la protección del juego clandestino.
Desde 2018, cuando empezó a investigar los enfrentamientos entre las familias Funes y Ungaro en tres barrios de Rosario, Edery se convirtió en una referencia de las investigaciones contra las bandas narcocriminales en Rosario. En un organismo como el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, cuyo índice de eficacia fue medido entre los más bajos del país, tuvo un rol destacado en causas como el proceso contra Esteban Alvarado y las balaceras contra edificios del Poder Judicial que llevaron a juicio a Ariel “Guille” Cantero. Fue amenazado quince veces mientras otros fiscales prefirieron poner distancia con los atentados que sufrió una compañera de trabajo. El jueves próximo podría quedar suspendido en sus funciones.
Tan viejo como la Justicia
Los fiscales Moreno y Socca denunciaron a Edery por tener como informante a Mariana Ortigala y no imputarla por participar en extorsiones ni como integrante de la asociación ilícita comandada por Ariel “Guille” Cantero y por no haber compartido información de Ortigala con el fiscal Federico Rébola a propósito de una balacera.
La denuncia contra Edery fue presentada en una audiencia en la que el fiscal no tuvo arte ni parte. El motivo eran las extorsiones denunciadas por el empresario de juegos y loterías Cristian Quinteros, y Edery no estaba presente. Los fiscales Moreno y Socca desobedecieron la orden de la fiscal regional Maria Eugenia Iribarren para no ventilar la actuación de Ortigala como informante.
Las capturas de pantalla esgrimidas por los acusadores y el nombre mismo de Edery, por lo que representa, le dieron volumen al interés mediático. La denuncia creció como una bola de nieve y se amplió con agregados de Moreno y la intervención del auditor del MPA Leandro Mai: los cargos incluyen además la omisión de investigar a Rodrigo Ortigala y Sebastián Felipe; proveer información a Mariana Ortigala a sabiendas de su relación con Los Monos y compartir un video que pudo incidir en un crimen; tener actitudes impropias con Natalia Salinas —informante del MPA, asesinada por personas no identificadas el 10 de febrero de 2021— y con Lorena Córdoba, la viuda del capitalista David Perona; y en este último caso, también, favorecer su situación en una causa.
Edery y su abogado Gustavo Franceschetti respondieron a los cargos durante la semana pasada, en la que además ofrecieron testigos y documentación. El panorama se presenta difícil para el fiscal. Para la comisión de acuerdos de la legislatura, el pedido de suspensión por cuatro meses presentado por el diputado Fabián Palo Oliver tuvo gusto a poco y extendió la sanción al tiempo que lleve la causa. Y una vez hecho el descargo, la fiscal Juliana González presentó una nueva denuncia donde lo más significativo es la oportunidad: otra vez Edery queda sin posibilidad de defenderse, y ahora cuando se aproxima una decisión sobre su destino.
El recurso a los informantes es tan viejo como la Justicia. Según enfatizó Edery en su descargo, la situación de Ortigala en ese carácter estaba en conocimiento de las máximas autoridades del MPA, desde el fiscal general Jorge Baclini para abajo. “Ninguno de ellos puede decir que desconocía el tema y ninguno de ellos puede decir que no dio la venia para trabajar del modo en que lo hizo la Agencia de Investigaciones Especializadas”, dijo el fiscal.
En particular, la actual fiscal general y entonces auditora María Cecilia Vraninich estuvo al tanto “en reuniones que mantuvimos personalmente”, pudo apreciar mensajes de Ortigala y avaló la existencia de dateros al disponer el 18 de septiembre “el cese provisorio de la utilización de informantes por parte de todos los integrantes del Ministerio Público de la Acusación”.
En ese sentido la semana pasada la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren destacó a su vez ante la Comisión de Acuerdos que los fiscales “no pueden negar” la utilización de informantes. No obstante, si las paredes del Centro de Justicia Penal hablaran se escucharía el enojo que provocaron esas declaraciones. “Es una verdadera hipocresía”, sostuvo el abogado Gustavo Franceschetti al presentar la defensa de Edery: “Nadie desconoce que la información de los buches o dateros existe y ha existido desde siempre, sólo que antes era manejada exclusivamente por la Policía y ahora la puede recibir también la Fiscalía”.
De hecho, recordó Edery, “el FBI brindó una capacitación de una semana en la cual los fiscales del MPA aprendimos a utilizar todas las técnicas avanzadas para captar, fidelizar, controlar y utilizar a los informantes como herramientas para investigar el crimen organizado”. El fiscal ejemplificó los riesgos de supeditar los informantes al manejo de la policía en los condenados dentro la causa de Esteban Alvarado, entre ellos Pablo Báncora, el policía que facilitó la información para atentar contra la casa de Marina Marsili y que recientemente habría tenido un reemplazante en la Policía de Investigaciones.
“Edery recibió este tipo de información de periodistas, intendentes, concejales, integrantes de áreas del Poder Ejecutivo, integrantes del Poder judicial ajenos al MPA e incluso de legisladores provinciales, hasta de integrantes de la mismísima Comisión de Acuerdos”, argumentó Franceschetti.
Tener o no tener informantes sería no obstante secundario; lo central es que los acusadores afirman que Edery canjeó datos por impunidad. El vicio de ese razonamiento y de “gran parte de la investigación”, dijo Franceschetti, “es analizar los hechos pasados con la visión actual”. Edery es así acusado por no investigar a Ortigala y a su pareja Sebastián Felipe a partir de averiguaciones posteriores de Moreno y Socca pero en aquel momento no había evidencia para considerar que cometían delitos.
Por otra parte, “a la fecha de la presentación del presente descargo la señora Ortigala no ha sido acusada ni imputada como testaferro de la banda conocida como los Monos, ni ha sido imputada ni acusada como integrante de esa asociación ilícita”. Sin embargo, según sus acusadores Edery debería responder por no haberla considerado en esa condición.
El MPA acumula dieciocho legajos en los cuales Rodrigo Ortigala fue mencionado o denunciado. Participaron once fiscales. “El único que logró una condena fue Matías Edery (en la causa por el crimen de Enrique Encino). ¿Acaso van a imputar a todos esos fiscales y fiscalas que hicieron bastante menos que el fiscal Edery por averiguar si los Ortigala estaban en actividades delictivas?”, se preguntó Franceschetti.
El defensor también sostuvo que el fiscal Federico Rébola debería ser imputado por no investigar la balacera contra un local de Matienzo y Mendoza, propiedad de Ortigala. Por su parte, Edery transcribe el chat completo entre la empleada judicial Carla Belmonte y Rébola en el que consta la información proporcionada sobre el caso.
Recortar, pegar y acusar
El chat entre Rébola y Belmonte que se mostró a la prensa fue un recorte tendencioso “que tiene como objeto cuanto menos confundir a quienes ven o leen esos mensajes”, dijo Edery. La omisión del contexto de la conversación “permitió inferir erróneamente que yo le estaba pasando información a Ortigala sobre causas de otro fiscal y que omití informar a ese otro fiscal hechos de su incumbencia, cuando en realidad lo que sucedió fue lo contrario”. El sentido final de la operación “resulta obvio: existía una necesidad de esmerilar mi imagen pública para darle sustento a una acusación inconsistente que nada tenía de delictiva”, agregó el fiscal.
En la audiencia de septiembre, la acusación contra Ortigala —tentativa de extorsión contra Quinteros— quedó en segundo plano respecto de las acusaciones que ingresaron a la audiencia por la ventana: los cargos contra Edery fogoneados además por otros recortes de chats con Mariana Ortigala y Córdoba que parecieron incriminatorios en la medida en que fueron sacados de contexto e interpretados con una hipótesis previa y no posterior a la supuesta evidencia.
“Esta metodología —la de hablar de mí sin que yo esté presente— en el marco de una audiencia donde yo no estoy imputado, me ha dejado absolutamente sin posibilidad de defensa y librado al escarnio público de medios de comunicación tendenciosos que defienden sus propios intereses”.
En otra captura difundida por los acusadores, Mariana Ortigala manifiesta su felicidad porque Lorena Córdoba había obtenido la libertad. El sentido incriminatorio del mensaje —colaboración de Edery con la viuda de Perona— vuelve a surgir por la supresión del contexto original y la creación de un nuevo marco de interpretación. Sin embargo, Córdoba nunca estuvo imputada en una causa bajo investigación de Edery, que citó como testigos al respecto a los fiscales Gabriela Lema y Guillermo Loyola, de Rafaela.
Edery contraatacó con preguntas: “Si los fiscales Socca y Moreno tenían evidencia para imputar (que es lo que me reprochan) ¿por qué no la imputaron con estos extremos? Conforme la información que surge de las actas de audiencia subidas al sistema imputaron a Mariana Ortigala en la participación de una extorsión. ¿Y la asociación ilícita? ¿Acaso reprochan públicamente lo que ellos mismos no hicieron? Si mencionan que era testaferro de Guille Cantero en al menos 14 propiedades, ¿por qué no le imputaron lavado de activos?”.
Pescados en mal estado
Las acusaciones por conducta impropia con Natalia Salinas provienen de panfletos que Edery atribuyó a Miguel Ángel Villanueva, empleado de la defensoría del pueblo y operador periodístico declarado insano por la jueza Eleonora Verón y fallecido en 2023. Esos panfletos contenían acusaciones también contra el fiscal Baclini y se volantearon en alrededores del Centro de Justicia Penal con un montaje que presentaba una captura de pantalla de una supuesta conversación de whatsapp entre una persona agendada como “Matías Edery” y Salinas.
Villanueva se presentó ante la Justicia Federal, que desestimó la denuncia contra Edery y Baclini. Por detrás de la maniobra surgió además una represalia de Jalil Azum y Jesica González, afectados por investigaciones de la narcocriminalidad.
La acusación del auditor Mai y de las fiscales de Santa Fe Bárbara Ilera y María Laura Urquiza retoma por otra parte declaraciones de Leonardo Peiti realizadas en Cañada de Gómez y Rafaela en las que el empresario del juego legal e ilegal y aspirante al monopolio del negocio en Santa Fe menciona a Carla Belmonte como informante de Mariana Ortigala e infiltrada de Los Monos.
“La denuncia que a ustedes ahora les toca investigar —advirtió al respecto Edery— es un capítulo más de una serie de maniobras tendientes a socavar la imagen de quienes integramos la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 urdidas por quienes fueron y son investigados, imputados y acusados dentro del marco de la causa de corrupción política que venimos llevando adelante”.
En su descargo, y en busca del contexto que falta en la acusación, Edery recapitula la historia de la investigación sobre el juego clandestino y revisa sus hitos: el encuentro en que el abogado Luis Rossini le revela al fiscal Baclini que los entonces fiscales Serjal y Gustavo Ponce Asahad están involucrados en las coimas; el ofrecimiento de Peiti como colaborador; el hallazgo del teléfono de Maximiliano “Cachete” Díaz y con él la evidencia de que el empresario y Los Monos recibían información de la fiscalía de parte de Ugolini, ese empleado de bajo perfil que como Droopy encubría su astucia bajo una expresión insulsa.
Ugolini, detalla Edery, “empieza a elaborar una estrategia para culpar y denunciar a quienes estábamos investigando tanto a Peiti como a él”. Fue lo que se encontró en un manuscrito y en el borrador de una falsa denuncia en la que “con una clara muestra de misoginia arremete contra tres mujeres que en ese momento trabajaban o tenían vínculo con las investigaciones que estábamos llevando adelante”, entre ellas Belmonte.
Esa denuncia es la que expuso Peiti y ahora resurge como palabra revelada, “motorizando una nueva investigación, sobre hechos ya debatidos y controvertidos en otras denuncias penales, administrativas e incluso en audiencias de juicio”.
Edery fue particularmente enfático al respecto: “Es, fue y será un disparate astronómico que no tiene ningún punto de apoyatura en un solo hecho de los últimos 20 años de historia de las investigaciones criminales de la provincia: si hay una persona a la que toda la provincia de Santa Fe debiera agradecer por su trabajo investigativo y particularmente contra las organizaciones criminales más importantes, entre ellas Los Monos y Alvarado, es a la persona de Carla Belmonte”. Sin embargo, Belmonte afronta una causa en el MPA originada en la maniobra de Ugolini.
Después de involucrar a Ponce Asahad y Serjal en la red de corrupción para el funcionamiento de juego clandestino, Leonardo Peiti fue detenido por una causa de juego clandestino radicada en Rafaela. Enojado porque quedaba en prisión preventiva, ofreció ampliar su declaración como imputado colaborador y volvió a mencionar a Belmonte. Esa denuncia originó una causa asignada al fiscal Gonzalo Fernández Bussy, quien la desestimó el 19 de diciembre de 2022, y fue retomada por la defensa del senador Armando Traferri.
En otro pasaje de su descargo, Edery transcribe chats del abogado Oscar Romera, defensor de Traferri, con su colega Fernando Moschini, quien filtró a la prensa el preacuerdo de Peiti con el MPA y recibió el encargo de contactarse con el senador. “Debo resaltar con mucha perplejidad que la investigación tal y como está planteada significa adelantar en una investigación penal lo que será objeto de litigio en el debate oral a llevarse a cabo contra Serjal y Ugolini y quizás Traferri en el Colegio de Jueces de Rosario. Y esta afirmación no es menor si nos detenemos a pensar que desde el principio de la investigación por corrupción en materia de Juego Clandestino lo que quiso hacer Traferri y sus sucesivas defensas fue apartarnos de la investigación”.
La operación de Ugolini vuelve de las sombras en que fue concebida y se concreta en la causa actual. “Los fiscales denunciantes, quiero creer que ignorando todo esto, son los grandes habilitadores de este proceso disciplinario que se sigue injustamente en mi contra, y a la vez, construyen la mejor de las defensas de los imputados en aquellas causas”, señaló Edery.
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