En la caja de jubilaciones provincial no dan los números. Lo dejó claro el gobierno provincial, que informó un déficit por arriba de los 90 mil millones de pesos durante el primer cuatrimestre y estima que la cifra llegará a los 400 mil millones en todo el año. Mes a mes, el faltante se cubre desde las arcas provinciales. “Un kiosquero, con sus impuestos, no tiene que sostener la Caja de Jubilaciones de empleados públicos”, cuestionó el gobernador Maximiliano Pullaro, que viene marcando la necesidad de hacer cambios en materia previsional. Es que en la gestión el tema preocupa y por eso buscan instalar el debate, que ya tuvo eco en la Legislatura provincial aunque todavía no hay un proyecto concreto sobre lo que se busca modificar.
Por eso, entre los gremios la posición que predomina es la incertidumbre y cierto malestar por la falta de información oficial sobre el tema. “Estamos dispuestos a discutir, ¿pero qué tipo de reforma?”, resumen. El debate no es sencillo y se anticipan posiciones encontradas por las asimetrías que se presentan entre los gremios con relación a los volúmenes de aporte y los montos de jubilaciones que se perciben. Pero también hay coincidencias: en un contexto de ajuste los cambios que se hagan deben ser paulatinos y con el foco puesto en mejorar la situación de los trabajadores, no empeorarla.
A fines de abril, la Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción a la creación de una comisión especial para discutir una posible reforma previsional en la provincia. La comisión estará integrada por seis legisladores de cada cámara más los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También hay cuatro lugares reservados para el Poder Ejecutivo y cuatro para los gremios. Aprobada la comisión, tendrán 120 días para elaborar un proyecto de reforma. La norma pasó a diputados, donde el oficialismo ya comenzó a tejer los acuerdos para su aprobación.
El debate promete ser arduo y no es menor: en los términos del propio gobierno se pone en juego el futuro de las jubilaciones y pensiones en Santa Fe. Pero lo cierto es que tampoco son demasiados los cambios que se pueden implementar. Desde la Casa Gris deslizaron algunos puntos plausibles de modificaciones: elevar la edad jubilatoria, subir la alícuota de aportes, pasar a un sistema de pensiones temporales, cortar el famoso “2 por 1” que permite anticipar la edad jubilatoria (descontando un año por cada dos trabajados después de cumplidos los 30 años que exige la ley), y bajar el monto máximo de jubilaciones que, en algunos casos, llega a los 8 millones de pesos en Santa Fe.
¿Qué dicen los gremios?
El sector al que más dinero destina la caja es el docente: 36,9 % del total. Pero también es de los que más cantidad de aportantes tiene. Para Martín Lucero, secretario general de Sadop, el gremio que nuclea a los docentes privados de la provincia, el gobierno aún no justificó por qué es necesaria una reforma. “Nos parece importante discutirlo, pero hasta ahora no han presentado un solo papel que lo avale, solo escuchamos declaraciones de los propios funcionarios”, sostuvo. Y reclamó un debate serio, con números sobre la mesa y con la participación de todos los sectores que conforman la caja.
No obstante, advirtió que algunas cosas son intocables: la compensación de años y la equiparación de edades jubilatorias entre hombres y mujeres. Para Lucero sería “brutal” teniendo en cuenta que el sector se compone mayoritariamente de mujeres. “Sería algo contra cíclico a la política de género. El financiamiento de la caja de jubilaciones lo pagarían las maestras, que van a tener que trabajar más años”, explicó y agregó: “Si vos equiparás las edades, probablemente acomodes la caja en un tiempo breve, pero vas a reventar a todas las maestras, que son las que menos sueldos reciben”.
El referente gremial también resaltó el esquema “solidario” que mantiene la caja de jubilaciones y analizó las presuntas “asimetrías” que se generan entre los diversos sectores que la conforman. “La policía tiene un régimen de retiro anticipado que es totalmente justo y legítimo, porque la estamos mandando a enfrentar el delito poniendo su vida en juego. Entonces, lo que está pagando la provincia ayuda a paliar este tipo de regímenes con retiros de actividades que son esenciales para la vida en sociedad. No es una cuestión de privilegio, es de necesidad”, analizó. “Que el gobernador diga que el kiosquero le paga la jubilación a los empleados públicos es una gran mentira”, cuestionó.
Por último, el titular de Sadop consideró que todos los sistemas de saneamiento son válidos en la medida en que el gobierno le explique a la gente cómo y para qué se va a implementar. “Trabajar más años es un esfuerzo, hacer un aporte extra es un esfuerzo. Bueno, sepamos bien para qué. ¿Puede haber un esquema de aportes diferenciales? Seguramente, pero explíquenselo a la gente, porque por algunas jubilaciones altas vos no podés legitimar una modificación total de la caja de jubilaciones de la provincia”.
Por el lado de los docentes públicos, Rodrigo Alonso, de Amsafé, fue tajante al respecto: “Nada es negociable. Abrir un debate sobre la ley de jubilaciones en un contexto donde a nivel nacional y provincial se llevan adelante políticas en contra de los trabajadores, la posición que tomamos desde Amsafé es que la caja no se toca”. No obstante, adelantó la intención del sector de sentarse a discutir, pero remarcó que no ven en el gobierno provincial una intención de querer mejorar la situación de los trabajadores.
En ese sentido, Alonso consideró que el déficit de la caja es “momentáneo” y recordó que el gobierno nacional mantiene una deuda con la provincia en materia previsional. “Son miles de millones de pesos que deben estar destinados a solventar el déficit de la caja y el Estado provincial no lo está reclamando como debería”, cuestionó. Desde el gobierno provincial ya se pronunciaron en ese sentido y señalaron que hay una presentación en la Justicia. E indicaron que si bien la suma es importante para las cuentas provinciales, tampoco es una solución al déficit que mantiene la caja. El monto actualizado de la deuda hoy supera los 700 mil millones de pesos.
A su vez, desde Amsafé apuntan contra el gobierno por su política salarial y entienden que el blanqueo de muchas sumas no remunerativas, que se abonan a diversos sectores del Estado, también ayudó al desfinanciamiento de la caja: “Nosotros estamos convencidos de que si el Estado provincial exige al gobierno nacional la deuda que tiene y al mismo tiempo se aplica una política que blanquee el salario, va a lograr reducir significativamente ese déficit. Pero no hay que perder de vista que el déficit va a existir, porque la caja es un régimen solidario de reparto y también un régimen estatal. Es decir que el Estado debe hacerse cargo de las jubilaciones, como debe hacerse cargo de la salud, la educación y la vivienda”.
Dar el debate
Otro de los sectores mayoritarios de la caja es la administración central. Del total de la torta, un 17,2 % se destina al pago de los trabajadores estatales. Jorge Hoffman, referente de ATE en la provincia, no ve con malos ojos seguir de cerca lo que pasa con la caja de jubilaciones, con el fin de que sea sostenible en el tiempo, y se mostró a favor de dar la discusión. Sin embargo, también planta bandera: “Las eventuales transformaciones que sufra la caja, de ninguna manera pueden ser a los sectores de menos ingresos o de ingresos medios, que suelen ser además los que más aportan”.
Pero en línea con el resto de los gremios, desde ATE entienden que no hay información fehaciente sobre el estado de situación y consideran que el gobierno tampoco tiene claro qué modificaciones proponer. “Nosotros estamos dispuestos a discutir. Esto no quiere decir que vayamos a aceptar cualquier cosa. Pero también vemos que no atender el tema es ceder terreno a que el gobierno decida”, expresó. “Vamos a ver qué proponen. Y si salen con una burrada que perjudique a los que menos tienen, o que sea un retroceso en materia de derechos, lo rechazaremos”.
En ese sentido, Hoffman consideró que las reformas sobre temas tan sensibles, como pueden ser las jubilaciones, deben realizarse de forma paulatina: “Si quieren pensar en cambios, como puede ser la modificación de la edad jubilatoria, eso debe planearse a 8 o 10 años. No que el que esté cerca a jubilarse tenga que apurarse porque si no le elevan la edad. Necesitamos certidumbre, que tampoco es algo que le interesa demasiado a este gobierno, porque se está avanzando en más ajuste del que estamos soportando”.
La caja, de los que aportan
Alberto Botto, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, también consideró que las precisiones que se tienen sobre las cuentas de la caja de jubilaciones son pocas como para tomar una posición y avanzar en modificaciones. “El gremio no se cierra al debate”, asegura, pero reclama que cuatro lugares reservados para los sindicatos son pocos: en total la caja se compone de 14 sectores que aportan todos los meses. “La caja es de quienes aportamos, los gobiernos que pasan son administradores de esta institución. Es importante que todos podamos tener voz en el debate”, reclamó.
Los pasivos de la Empresa Provincial de Energía (EPE) son el 3,7 % del total y representan casi un 6 % de las erogaciones de la caja. El sector es considerado de alto riesgo, por lo que tiene un cómputo diferenciado a la hora del retiro y los aportes son mayores a lo largo de la vida laboral. “Nosotros aportamos más y obviamente por ese desgaste, o envejecimiento prematuro, nos podemos jubilar unos años antes”, explica. “Pero se hace el aporte correspondiente, no es que el aporte no está”.
Botto coincidió con la mirada del gobernador con respecto a que la caja sea sustentable pero insistió en la necesidad de que la provincia reclame ante Nación el pago de la deuda: “Nosotros coincidimos en que el ciudadano común no tiene por qué estar pagando el déficit de la caja. El propio gobernador planteó esa situación y nosotros estamos de acuerdo. Pero sabemos que el gobierno tiene resortes para reclamar esa deuda legítima que tiene la Nación. Eso está condicionando muchísimo la situación de la provincia y nos parece injusto que todo el peso recaiga sobre la clase trabajadora”.
“Lo único que hicimos fue poner plata”
En tanto, para los trabajadores judiciales tampoco se puede avalar modificaciones sin contar con la información precisa. “Nos parece que nos deberían haber llamado para mostrarnos los números”, sostuvo Jorge Perlo, referente del sindicato de Judiciales. “Este gobierno ha tomado la estrategia de pegar primero y después algunos funcionarios nos han tildado de privilegiados. Nos parece que eso es una afrenta a los trabajadores que todos los meses ponemos de nuestro salario la cuota para sostener la caja de jubilaciones”, reprochó.
Desde el gobierno habían puesto el ojo en las jubilaciones del sector. De hecho, el tope de una jubilación en la provincia se fija en un 80 % del sueldo del presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, que ronda los 10 millones de pesos. Como informó Suma Política (en esta nota), las jubilaciones más altas de la provincia las perciben los ex empleados de la Corte y el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Los números marcan una asimetría importante: el sector judicial tiene apenas el 2,8 % de las jubilaciones pero en la distribución de los fondos de la caja representa el 11,3% del total.
Perlo se explayó en ese sentido: “Nosotros aportamos el 14,5 % como todos los empleados provinciales y no tenemos nada diferenciado. Los que tienen jubilaciones altas, que son camaristas, o ministros de la Corte, es porque también han aportado sumas importantes a la caja”. Pero tampoco evadió la posibilidad de que se puedan realizar reformas: “Es cuestión de que el gobierno se siente a hablar con el Colegio de Magistrados, si se quieren revisar los topes. Yo creo que quienes han aportado tantos años, deben jubilarse en función de sus aportes”.
Por último, remarcó que los gremios siempre se pusieron a disposición de los gobiernos en todos los debates que se abrieron y esta no será la excepción, aunque dejó entrever que hay malestar por las declaraciones de funcionarios sobre el tema, sin aportar información precisa al respecto: “Siempre estamos dispuestos a sentarnos a conversar. Nos parece que nos tendrían que recibir los funcionarios y explicarnos primero cómo están los números y después ver cómo se puede solucionar. Los que han administrado la caja son los diferentes gobiernos que han pasado, nosotros lo único que hicimos fue poner plata. ¿Y ahora nos dicen que tenemos que perder algún derecho? No estamos dispuestos a eso, pero sí a conversar e intentar encontrar soluciones”.
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