Los juicios por lavado del dinero narco en la Justicia Federal, al ritmo de la burocracia: sin prisa y con pausas

La pirámide está invertida y no se avizora un cambio de diseño. Como enfatizó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Daniel Erbetta en la inauguración del año judicial, la Justicia Federal en Rosario tiene más jueces para llevar adelante un proceso que fiscales para investigar. Y los defectos de la construcción se proyectan en un calendario de juicios que parecen sostenidos con pinzas y a merced de criterios burocráticos antes que de una política criminal.

La Justicia Federal de Rosario registra apenas un juicio por lavado de dinero en su historia reciente. No es un antecedente del que pueda presumir: fue la condena de un narco de tercer orden de Carcarañá que puso a nombre de su hermana un acoplado y una camioneta. Con ese telón de fondo se comprende la importancia del juicio contra David Delfín Zacarías, “el rey de la cocaína” que soñaba con levantar un laboratorio bajo la fachada de un polideportivo en San Lorenzo: anunciado para el mes de mayo que pasó y suspendido, el proceso tiene ahora fecha de inicio para el 14 de julio, último día previo a la feria judicial.

Zacarías y otras siete personas están acusadas por administración de bienes provenientes de las ganancias recibidas por el tráfico de drogas con el fin de que adquieran origen lícito, con el agravante de integrar una asociación ilícita para la comisión y continuidad de los delitos. El juicio estará a cargo del Tribunal Federal Oral (TOF) número 1, compuesto por los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter. Los dos primeros cubrieron vacantes del TOF número  2 y completaron con Eugenio Martínez el tribunal que interviene en el juicio por la desaparición y muerte de Franco Casco.

El juicio por la desaparición de Casco, en el que catorce policías de Rosario enfrentan un pedido de prisión perpetua, se encuentra en la etapa de los alegatos y se desarrolla al ritmo de una audiencia por semana. Se supone que los jueces del TOF 1 estarán disponibles en julio, para ocuparse del proceso contra Zacarías y sus cómplices.

En abril, el Senado de la Nación aprobó los pliegos de Elena Beatriz Dilario —ex secretaria de la jueza María Eugenia Capuchetti— y Eduardo Rodrigues Da Cruz como jueces del TOF 2 y del abogado porteño Gastón Salmain como juez federal de primera instancia de Rosario; están pendientes los acuerdos para las designaciones de Román Lanzón —para completar el TOF 2— y de Matías Scilabra como fiscal federal número 2, ambos con dictamen favorable de comisiones.

Los tiempos de la política y la Justicia Federal pueden condensarse en lo que cuesta cubrir la fiscalía número 2: el cargo quedó vacante en 2017; en 2018 se realizó la inscripción de aspirantes; en 2019 se tomó el examen escrito; en 2021 llegó el turno del oral y dos años después todavía falta el quórum del Senado para aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo nacional.

Un sistema agotado

“Hay una cuestión del sistema que no funciona bien. No tenemos, como correspondería, una oficina de gestión que fije las fechas de los juicios a petición de las partes. Los tribunales orales establecen esa agenda, y no lo hacen necesariamente con criterios de política criminal”, señala el fiscal Federico Reynares Solari, quien realizará el alegato de apertura en el juicio contra Zacarías y su emprendimiento familiar.

Sin embargo, agrega el fiscal, “desde el ministerio público tenemos la decisión de jerarquizar las causas” en función de su trascendencia y del contexto de los problemas que convulsionan a Rosario. Zacarías cumple una condena de 16 años de prisión, confirmada en abril de este año por la Corte Suprema de la Nación.

“La Justicia Federal de Rosario no tuvo causas de contrabando ni de circulación de la economía narco. Nos parece relevante poner esas cosas sobre la mesa, con un criterio de política criminal y no de organización burocrática del trabajo. En primera instancia, por falta de capacidad operativa, el sistema suele postergar decisiones y nos encontramos finalmente con una mala utilización de los recursos”, dice Reynares Solari.

Mientras tanto avanza paso a paso el juicio contra una banda narcocriminal que tenía base en Arroyo Seco y traficaba drogas en Rosario —en la zona de Uruguay y Felipe Moré— y en el departamento San Lorenzo. El caso tuvo publicidad porque involucró a una ex concejala de Fray Luis Beltrán, quien estuvo presa en la cárcel de Ezeiza entre mayo y septiembre de 2019 hasta que la Cámara de Apelaciones de Rosario le concedió la falta de mérito. No obstante sigue vinculada a la causa junto con su hijo y con su pareja —ex secretario general del municipio—, quienes a principios de 2019 recibieron balaceras de un grupo rival que reclamaba una deuda. Es el turno de los alegatos: las defensas de los acusados exponen sus argumentaciones a razón de una por semana y se desconoce la fecha del posible veredicto.

“Esa causa no se puede comparar, en cuanto a la entidad económica, con la causa contra Zacarías”, destaca el fiscal Reynares Solari. El patrimonio detectado como propiedad del ex rey de la cocaína, familiares y testaferros, actualmente al resguardo de una medida cautelar, incluye 45 vehículos, entre motos, camionetas y autos; veinte cocheras en el microcentro de Rosario; casas, departamentos y lotes en barrios cerrados de San Lorenzo, Funes y Roldán; cuentas bancarias y compra de moneda extranjera; y el polideportivo que empezó a construirse en 2011 con la aprobación del Concejo Deliberante de San Lorenzo.

A diferencia del armado laberíntico que se expuso en la causa contra Esteban Alvarado, los movimientos económicos aparecen restringidos a la órbita familiar. Además de Zacarías irán a juicio su mujer, Sandra Inés Marín; su hija, Flavia Leilén Zacarías; Fernando Ermacora, cuñado; Edgardo Martín Radovani, allegado a la familia, y Gonzalo Román Jaime, ex novio de Flavia. También están acusados Néstor Fabián Fernández y Andrea Belén Altamirano, empleados de la remisería Frecuencia Urbana, utilizada para el blanqueo de dinero sucio, según la fiscalía, y fuente lícita de fondos, para la defensa.

En los casos que comprometieron a los narcos Julio Rodríguez Granthon y Marcelo Medrano, las maniobras llegaron hasta el corazón de la city financiera. Zacarías no parece haber tomado mayores recaudos con sus inversiones, quizá confiado en la protección que recibía de agentes de las policías provincial y federal. “Hay una circulación asombrosa de dinero en loteos y boletos de compraventa de propiedades —sigue Reynares Solari—. Nadie pregunta nada en las operaciones, pero esa actitud no es necesariamente delictiva. Zacarías no tiene manera de decir de dónde sacó el dinero para comprar la cantidad de bienes que tenía; en su indagatoria dijo que se presentó ante la Administración Provincial de Impuestos y declaró ganancias para una determinación de deuda en ingresos brutos, pero eso no se condice con su realidad económica”.

Dentro y fuera de agenda

El calendario de los juicios federales en Rosario tiene otra fecha importante prevista para noviembre, cuando comience el juicio derivado del resonante operativo Cuevas Blancas. Entre otros está acusado Guillermo Shanahan, financista, desarrollador inmobiliario y ex presidente de Terminal Puerto Rosario identificado como “el bolsero” que según escuchas telefónicas cambiaba por dólares a una comisión del 2 por ciento la recaudación de una red de búnkers dirigida desde una cárcel federal por el peruano Julio Rodríguez Granthon.

Shanahan cumple prisión domiciliaria e irá a juicio con otros ocho acusados. Siguen prófugos otros integrantes de la banda, entre ellos el que baleó a un agente encubierto de la Policía Federal que se acercó demasiado a un puesto de la banda en Valparaíso y 27 de Febrero. Los operativos se realizaron en octubre de 2021 en Rosario y en la ciudad y provincia de Buenos Aires; la empresa criminal operaba en Villa Banana, tenía bases rotativas en departamentos de alquiler temporario y hacía el cambio de moneda en cuevas de España al 800 —oficina del ex presidente del Puerto de Rosario, posteriormente alquilada por la Asociación Mutual Emprendedores del Litoral, a su vez acusada de lavado de dinero en septiembre de 2022— y Ovidio Lagos al 400.

Previamente, a principios de julio se realizará la audiencia de admisibilidad de la prueba en el juicio contra la banda de Gisela Bibiana Rodríguez, “Giya”, detenida con 84 kilos de marihuana y casi dos de cocaína en marzo de 2022. Entre los acusados se encuentra Marcos Jeremías MacCaddon, que en un muy difundido audio dirigido a Ariel “Guille” Cantero describió un arreglo con “la gorra de todos los colores” y “políticos” para vender droga entre Capitán Bermúdez y Santa Fe.

La agenda no tiene fecha en cambio para el juicio por el secuestro de 1.500 kilos de cocaína en un galpón de Empalme Graneros que iban a ser enviados a Dubai a través del puerto local. Todavía no fueron extraditados los dos colombianos identificados como organizadores de la operación y otro sigue prófugo. En lista de espera se encuentran Leonardo Popea y parte de su familia, con procesamiento firme por lavado de activos desde marzo de 2019; la causa se desprendió del juicio en que Popea y otras once personas fueron condenadas a prisión en marzo de 2017, después del descubrimiento de una cocina con 29 kilos de cocaína, 100 kilos de elementos para estirar la droga y 57 litros de precursores químicos en Manuel Ugarte al 700. 

Los problemas de la Justicia Federal están en un punto terminal. “Este sistema no da para más. No rinde cuentas, no es transparente. La manera de terminar con esto es implementar el sistema acusatorio”, plantea Reynares Solari. Claro que “el sistema acusatorio es como la reforma de la Constitución de Santa Fe: están todos de acuerdo, pero nadie lo hace”.

El fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe tiene no obstante carácter de ley. La iniciativa promete 27 cargos de fiscal federal penal con jurisdicción en el distrito federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad, siete en la ciudad de Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás. Mientras tanto, hay que arremangarse y remar en medio de la falta de recursos y con la corriente en contra de la violencia. La pirámide cruje, pero sigue en pie.