En la antesala de un nuevo juicio, los líderes de Los Monos plantean un nuevo desafío a la Justicia y las fuerzas de seguridad. La declaración “Nosotros estamos más allá de todo”, ostentada en la enorme bandera que se desplegó en la cancha de Newell’s durante el homenaje a Maxi Rodríguez, se recorta sobre el telón de fondo del proceso que se aproxima para Ariel “Guille” Cantero, Carlos Damián Escobar y otros dos integrantes de la banda: el juicio por el asesinato del gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique José Encino.
Cantero afronta un pedido de 22 años de prisión como instigador de homicidio agravado y tentativa de extorsión, los que se agregarían a los 96 años que acumula por las condenas previas. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery solicitaron además condenas de 20 años de prisión para Escobar, como partícipe primario; 18 años para el dominicano Otniel De León Almonte, identificado como el autor material y 16 años para Maximiliano “Cachete” Díaz, el enlace entre los jefes y el sicario.
Encino, de 64 años, fue asesinado en la noche del 11 de enero de 2020, cuando salió a fumar a un balcón del casino City Center. El gerente del Banco Nación cayó alcanzado por seis disparos efectuados desde Moreno al 6400, “una ubicación estratégicamente elegida”, según la acusación. De León Almonte circulaba como acompañante en una moto, cuyo conductor no fue identificado.
El crimen se enmarcó en un intento de extorsión contra el casino. El teléfono de Díaz estaba intervenido por otra investigación y sumado al hallazgo del celular que su novia intentó destrozar permitió develar el plan y obtener registros de Cantero al ordenar a “Cachete” “hacer lo del Casino” para “sacar una buena moneda”. El juicio comenzará el 3 de agosto en el Centro de Justicia Penal.
Negocios en rojo y negro
El operativo de seguridad desplegado a propósito de la despedida de Maxi Rodríguez quedó en ridículo dos veces. Primero con el despliegue de la enorme bandera con los retratos amenazantes que evocaron a Cantero, Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, minutos después de que el ex futbolista de Newell´s saliera a la cancha y mientras la policía perseguía a cuidacoches en los alrededores del Coloso. Y después cuando la bandera se esfumó y la fiscal María Eugenia Iribarren ordenó el allanamiento del estadio.
La frase “Nosotros estamos más allá de todo” habilita interpretaciones sobre un nuevo desafío de Los Monos. Y también la paradoja de que un grupo de presos en cárceles federales vuelve a tener como rehén a la ciudad. Pero si los habitantes y los funcionarios son un público cautivo de la violencia habría que analizar también el contexto en el que la demostración de la banda se convierte en un factor de conmoción.
La hora cero en que el estadio queda cerrado para el control policial previo al partido no detectó la intromisión. Tampoco, hasta el momento, ninguna persona del club advirtió el ingreso ni la salida de la bandera. Más que una falla ocasional o la vista gorda de policías o empleados adormecidos por la rutina y el miedo, sin embargo, a juicio de fuentes de la investigación el episodio es un síntoma de un problema estructural: el control de la barra de Newell´s como parte de actividades criminales de larga data.
En la imputación contra Guillermo Manuel “Chupa” Sosa, detenido en mayo en Villa Gobernador Gálvez como instigador del asesinato de Nelson Gabriel Saravia, los fiscales Schiappa Pietra y Edery describieron una red de negocios ilegales y violencia que se actualiza. “El regenteo de entradas para ingresar al estadio, la administración de los cuidacoches los días de partidos y el dispendio de comidas y bebidas en los alrededores del estadio” integran una explotación económica ya consolidada, que se proyecta además en la provisión de mano de obra para extorsiones y crímenes por encargo.
La barra de Newell´s no es más que una organización criminal articulada en cuatro facciones que reconocen como autoridad a “Guille” Cantero. Y su funcionamiento compromete también a policías retirados y en actividad —como quedó expuesto en un desarrollo reciente de la investigación, con las acusaciones contra el ex oficial Juan José Raffo, actualmente prófugo, y un subinspector y un suboficial de la Unidad Regional II— y proyecta su sombra sobre las responsabilidades del propio club. Estos engranajes igualmente necesarios para la trama criminal quedan en la sombra cuando el foco se cierra sobre los narcos presos en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.
Según los fiscales, las facciones son autónomas y contribuían de común acuerdo a un reparto de territorios para el beneficio económico. Este equilibrio es históricamente inestable y estaría nuevamente en discusión desde fines del año pasado, cuando surgió un enfrentamiento entre Vinardi y Escobar, alojados en Ezeiza, y Pablo Nicolás Camino, Leandro Vilches y Rodolfo Masini, presos en Rawson. La bandera que apareció en el Coloso no es una prenda de unidad sino una demostración que también tiene sentido dentro de la disputa interna.
El motivo de la discordia es una deuda que reclamaría Masini. “Este preso no tenía una estructura delictiva ni aparecía ligado a situaciones de violencia. En principio estaba vinculado solo con la provisión de droga, que habría manejado en cantidades importantes”, según una fuente consultada.
El reclamo se exteriorizó en carteles callejeros con la frase “Toro pagá”, dirigidos a Escobar. Y escaló con el crimen del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, de 28 años, secuestrado al voleo y asesinado. El cuerpo de Altamirano apareció frente a la puerta número 6 de la cancha de Newells con un mensaje también destinado a Escobar, quien por otra parte afronta actualmente un juicio por el asesinato, ordenado como represalia contra su ex pareja.
El asesinato de Altamirano provocó como respuesta otro crimen con una víctima elegida al azar: Yamil Brandon Ortigoza, de 18 años, empleado en una parrilla de avenida Pellegrini y en una verduleria de Echesortu, fue secuestrado y asesinado en el barrio Tío Rolo y con su cuerpo, en Camino Viejo a Soldini al 3800, se encontró un mensaje dirigido a Camino. La nota tenía un contenido macabro —“Dejá de matar gente inocente”— y el lugar del crimen era una provocación contra el rival, ya que se supone que es su territorio. El Camino Viejo a Soldini en el límite del municipio, por otra parte, es una especie de cementerio de las bandas narcocriminales, ya que desde hace varios años es escenario de ejecuciones.
Escuchas telefónicas permitieron detectar entonces una notable triangulación de llamadas entre cárceles federales y las quejas que Cantero recibió de las facciones en pugna. En esas conversaciones Vinardi reconoce el padrinazgo de Cantero y se subordina a su autoridad (“está bien todo lo que vos quieras”), pero también reclama por la violencia de los rivales (“los apañás a ellos”). Ambos, por otra parte, afrontan una causa federal por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario de Arroyo Seco y por “comercio de drogas agravado por servirse de menores de dieciocho años, cometido con violencia e intimidación”. Al confirmar los procesamientos, el juez Aníbal Pineda describió al grupo como “una organización de corte piramidal”, también dedicada a las extorsiones contra comerciantes mediante balaceras.
La bandera del crimen
La extorsión contra el casino City Center quedó documentada en las conversaciones sostenidas entre Cantero, Escobar y Díaz desde el 6 de enero de 2020. Un primer atentado fue conjurado por casualidad, cuando una patrulla de Gendarmería interceptó a Hernán Horacio Quintero y Claudio Humberto Recaldez y les confiscó una pistola 9 milímetros. El dúo tenía la misión de provocar un incendio en el estacionamiento, según la acusación.
La investigación cobró impulso con el hallazgo del celular de la novia de Díaz. El descubrimiento resultó tan revelador como el IPhone que Esteban Alvarado arrojó a un lago en Embalse Río Tercero cuando lo cercaron las Tropas de Operaciones Especiales: en este caso permitió desplegar un hilo que llevó al empresario del juego Leonardo Peiti y la estructura de protección de sus negocios montada en la Fiscalía Regional de Rosario. Esta causa espera su hora, pero estará presente en el juicio por el crimen de Enrique Encino.
La demostración en el Coloso tiene sobrados antecedentes en la historia criminal, desde las declaraciones sarcásticas de “Guille” Cantero durante el juicio por los atentados contra domicilios de jueces a los llamados al 911 pidiendo “por la libertad de los Monos” bajo amenazas de muerte. “Más allá de todo” interpela a la Justicia ante el proceso que se avecina.
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