Soy docente universitaria y me formé en instituciones públicas. Como mi familia es de un pueblo (Los Quirquinchos) nunca habría podido acceder a la Universidad ni al sistema científico si no fuera porque ambos son estatales. Y por supuesto, como todo lo colectivo, vuelve al pueblo, financiado por todas y todos los argentinos.
Me siento muy interpelada por las propuestas del candidato ganador de las PASO y por otras fuerzas políticas que hablan con tanta soltura de ajuste y reducción de los derechos de la ciudadanía.
Particularmente, en el sistema educativo santafesino todas las escuelas —salvo algunas que apuntan a familias de alto poder adquisitivo— reciben algún subsidio del Estado y, por supuesto, la educación pública es financiada en su totalidad. Esto forma parte de una historia y una gran tradición argentina que realmente nos diferencia de muchos otros países del mundo, sobre todo en educación superior.
Sería realmente muy largo, pero podríamos destacar hitos como la presidencia de Sarmiento que en 1869 promovió la creación de nuevas escuelas; la Ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria; la Reforma Universitaria de 1918, hasta las más recientes, como la obligatoriedad de la secundaria y el nivel inicial, que amplían el acceso a la formación integral.
También se dieron retrocesos: en plena dictadura cívico militar, en 1978, el Estado nacional transfirió las escuelas nacionales de nivel primario a las provincias, sin los recursos para sostenerlas. Recién en democracia, varios años después, las provincias comenzaron a recibir, con la coparticipación, financiamiento para la educación.
Es cierto que hoy existen grandes dificultades, agudizadas en Santa Fe por el gobierno de Perotti, que con la excusa de dar más libertad a las escuelas, dejó de apoyarlas. Un gobierno que desdibujó una serie de programas socioeducativos como el Vuelvo a Estudiar —que había aumentado un 20% la matrícula de nivel secundario, sin cambiar el sistema de evaluación o promoción—, la ESI, el abordaje de las adicciones, la formación docente continua con Escuela Abierta, entre otros.
Sin dudas, cualquier planteo en educación debe ser superador; no proclive a eliminar lo que tenemos. A veces nos cuesta pensar que un cambio pueda llevarnos a algo peor que lo actual, pero ¡claro que puede pasar! (De hecho, ha pasado).
Y eso sucederá, otro retroceso, si se implementa individualmente un sistema de vouchers, en una Santa Fe en la que estudian un millón de personas, sin contar las universidades. Fomentar la competencia entre escuelas como si fueran negocios que deben vender algo más atractivo, de ninguna manera garantiza calidad e inclusión educativa, que es lo que más necesitamos como comunidad para salir adelante.
Hoy nadie que sepa de educación, ningún especialista, está planteando que ese sistema sea siquiera viable en Argentina. Es más: ya fracasó en otros países como el vecino Chile, donde grandes movilizaciones estudiantiles lucharon por la educación pública como derecho. Todos conocemos también qué pasa en países como Estados Unidos, donde las familias se endeudan para poder pagarles la Universidad a sus hijos.
Que dejen de intentar instalar que la justicia educativa y la justicia social son una falacia. Muy por el contrario, son la única posibilidad de tener un país más igualitario, más humano y menos violento. Sólo para dar el dato de la UNR —mi Universidad—, el 57% de los estudiantes son primera generación universitaria en sus familias, lo que demuestra que las políticas públicas de acceso a la educación son también un factor de movilidad social en Argentina.
Está claro que muchas promesas de igualdad y justicia no se están cumpliendo, y creo que en parte de allí viene el descontento y la bronca de los y las votantes. Pero eso no significa dinamitar todo lo construido durante décadas.
Por supuesto que sentimos una enorme responsabilidad en la construcción de certidumbre y esperanza, en plantear un futuro posible y además creíble. Pudimos hacerlo en gestión y estamos proponiendo, desde la Cámara de Diputadas y Diputados, políticas públicas nuevas para seguir avanzando: como jardines maternales dentro del sistema educativo; jornada ampliada con innovación y apoyo pedagógico en primaria; cambio total de planes de estudio en secundaria, para motivar más a los y las jóvenes; formación docente continua; apoyo en seguridad con planes específicos para las escuelas, como tecnología y corredores seguros; y por supuesto mucha más presencia del Ministerio de Educación.
No deben quedar dudas: la única forma de solucionar los problemas que hoy tenemos es con más democracia, más participación ciudadana; y fundamentalmente, con más política y más derechos.
Por Claudia Balagué
Diputada provincial. Ministra de Educación de Santa Fe (2012-2019)