La causa por la explotación del juego clandestino en la provincia abre una nueva instancia esta semana con una audiencia a la que están citados abogados, un empresario y un ex diputado provincial. La disputa parece librarse ahora a tres bandas, ya que al mismo tiempo sigue pendiente la resolución de la Cámara de Apelaciones sobre las condenas de Patricio Serjal y Nelson Ugolini y por otro lado el senador Armando Traferri pidió la nulidad de esa sentencia al plantear que fue juzgado y condenado sin posibilidad de defenderse.
Los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro imputarán este jueves a los abogados Aníbal Porri, Alberto Tortajada, José Fernández Chemes y Fernando Moschini, al exdiputado provincial Marcelo Darío Scataglini y al empresario Oscar Larrauri por asociación ilícita simple y tráfico de influencias, entre otros cargos. Los seis tienen en común la relación con el empresario Leonardo Peiti, que aspiraba a la concesión del juego on line en la provincia.
Sin embargo, la misma existencia de la organización está en debate a partir de la apelación de las condenas contra Serjal y Ugolini y del pedido de nulidad presentado por Traferri. A este cuadro se suma una denuncia del abogado Víctor Corvalán ante Leandro Mai, auditor del Ministerio Público de la Acusación, por el ofrecimiento de la fiscalía para que Fernández Chemes se convierta en imputado colaborador y por el extravío de teléfonos después de ser abiertos y utilizados como parte de la investigación.
“El auditor le comunicó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que está investigando a los fiscales —dice Corvalán—. Le ofrecieron a Fernández Chemes que se convierta en arrepentido colaborador, pero él viene diciendo desde diciembre de 2020 que ejercía la profesión como abogado de Peiti en temas civiles, nada que ver con el juego. No tiene de qué arrepentirse”.
Corvalán agregó que “el ofrecimiento para que Fernández Chemes se convierta en arrepentido fue por correo electrónico: es sorprendente, y además le dieron 72 horas para contestar y con pedido de guardar reserva”. Según el abogado, que se manifiesta “desconcertado” por la situación, “el Código Penal admite esa posibilidad para los imputados de una causa, situación en la que no está mi cliente; y obviamente la iniciativa de la colaboración debe ser de la defensa, no corresponde que el fiscal la ofrezca como moneda de cambio para rebajar una pena o no imputar un delito”.
En el alegato del juicio que finalizó en noviembre pasado, los fiscales Caterina y Fabbro expusieron a los abogados, el empresario y el exdiputado provincial ahora citados a audiencia como parte de “una asociación ilícita cuya organización contaba con diferentes miembros que cumplían roles específicos y determinados”, entre ellos “esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino”. En ese plano, Traferri fue reiteradamente mencionado como jefe de una asociación ilícita particularmente compleja, con una rama policial, otra judicial y un estamento jurídico.
Corvalán denuncia irregularidades en torno a dos aparatos I Phone secuestrados en el domicilio de Fernández Chemes y aparentemente extraviados. “(Los fiscales) Extrajeron información sin notificarnos, la usaron violando la cadena de custodia para imputar a Fernández Chemes y para condenar a Serjal y Ugolini. Las expectativas que tenemos para la próxima audiencia son preocupantes: esto lleva seis años, por un lado no hay acusación y por otro hay condenas; en fin, irregularidades”, señala el abogado.
Las expectativas también están puestas en la prolongada deliberación de los camaristas Javier Beltramone, Carolina Hernández e Ismael Manfrin sobre las condenas de prisión de Serjal y Ugolini, apeladas por las defensas. “La demora en una resolución suele ser un indicio de que no hay acuerdo entre los jueces”, especula otra fuente que considera justa una revisión de las penas “por desproporcionadas y arbitrarias”. El exfiscal regional de Rosario recibió 9 años de prisión y el exempleado judicial 5, como organizador y miembro de la asociación ilícita respectivamente.
El ingreso de la sentencia a la Cámara de Apelaciones provocó además otro incidente, ya que los fiscales Caterina y Fabbro recusaron sin éxito al juez Beltramone por amistad con Fernando Moschini, lo que fundamentaron con mensajes de teléfono y citas de la sentencia de noviembre pasado. El escenario podría cambiar de manera drástica con una eventual modificación de las condenas.
En esa dirección, el senador Traferri pidió que se declare la nulidad de la sentencia de los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese “por haberse dictado como consecuencia de un juicio en el que no fui parte, aunque igualmente se me juzgó, atribuyéndome hechos delictivos que se abastecieron con prueba de cargo que no controlé, es decir, sin que pudiera defenderme y violando los más elementales derechos constitucionales”.
Con el patrocinio de Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, el escrito ofrece un dictamen del abogado y ex juez Adolfo Alvarado Velloso y promueve una acción mere declarativa de certeza en términos del Código Procesal Civil y Comercial ante “la situación de incertidumbre” de Traferri a partir de una sentencia que “me juzgó y me declaró culpable sin juicio”. La demanda está dirigida contra el Estado provincial y, en caso de que los jueces rechacen el planteo, Traferri pidió que se impida trasladar “al proceso que eventualmente se me siga” las pruebas recolectadas en el juicio que culminó el 7 de noviembre.
No se sabe si por la cuestión jurídica de la presentación o por el problema que representarían las repercusiones de un fallo, el escrito estuvo en una especie de suspenso desde principios de abril hasta que la semana pasada se conformó el Tribunal que lo examinará, integrado por Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni. “A veces el Derecho pasa a un segundo lugar. ¿Resolverán los jueces lo que corresponde o pensarán en qué intereses saldrán afectados?”, piensa en voz alta la fuente consultada, vinculada a una defensa.
“Desde julio de 2023 los acusados Ugolini y Serjal estaban en condiciones de ser llevados a juicio, como efectivamente ocurrió, pero ¡dos años después!”, argumentó Traferri. No obstante, la fiscalía atribuyó las demoras a reiteradas presentaciones de la defensa de Serjal, ejercida por Ignacio Carbone y Renzo Biga, en procura de incorporar a la causa las denuncias sobre el desempeño de los hermanos Mariana y Rodrigo Ortigala como informantes del MPA.
En la misma presentación el senador provincial volvió a la carga contra los acuerdos del MPA con Peiti y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que revelaron parte del trasfondo de los hechos investigados: “se utilizó una figura procesal inexistente entonces en el ordenamiento procesal santafecino”, dijo Traferri en relación a la colaboración del empresario y el exfiscal con la causa.
Los jueces que condenaron a Serjal y Ugolini “no solo avalaron la fragmentación de una misma causa con hechos inescindibles sino que fueron más allá: sin ser acusado —por ende, sin participación procesal— me incluyeron en su sentencia y me juzgaron en ausencia”, destacó Traferri. El senador señaló además el “potencial perjuicio” al que se enfrenta, “el condicionamiento a los que estarán sometidos los jueces que eventualmente me juzguen (…) que, indefectiblemente, estarán expuestos a una opción de hierro: o me condenan en los mismos términos y por los mismos fundamentos; o exponen a dictar una sentencia contradictoria, lo cual es un escándalo jurídico y sólo daría lugar a otra sentencia nula”.
El juego de fiscales, abogados y jueces quedará abierto entonces a partir del jueves. Pero la partida decisiva estaría en lo que resuelva la Cámara de Apelaciones con las condenas y las consideraciones de la primera instancia.
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