Juzgan “inadmisible” que el MPA controle el seguimiento del menor que provocó la tragedia de San Cristóbal

El control de Gino C., el joven de 15 años que mató a otro de 13 en una escuela de la ciudad de San Cristóbal, no se hará en el fuero penal. Así lo había resuelto el juez José Alberto Boaglio y ahora lo confirmó el juez de segunda instancia Matías Drivet al rechazar la apelación sobre ese aspecto del fallo. La resolución contiene una dura respuesta contra la pretensión del Ministerio Público de Acusación de retener las actuaciones.

La discusión remite al 5 de octubre. El juez Boaglio sobreseyó ese día a Gino C. por el homicidio agravado de Ian Cabrera y la tentativa de homicidio de dos menores, de acuerdo a ley vigente al 30 de marzo, cuando ocurrió el tiroteo, y dispuso la continuidad de las medidas de protección a cargo de un Tribunal de Familia como prevé la ley provincial. La fiscal Carina Gerbaldo del MPA apeló el segundo aspecto del fallo.

El juez Drivet señala que el reclamo del MPA pretende “extender artificiosamente la jurisdicción penal más allá del agotamiento del objeto procesal” e ironiza sobre el contenido de la misma apelación al sostener que “postula una interpretación legal novedosa o creativa, que procura saltear lo taxativamente dispuesto”.

En varios pasajes del fallo Drivet resalta que el MPA no apeló el sobreseimiento de Gino C. y recuerda las disposiciones de la ley para los menores no punibles. “Por consiguiente, un órgano jurisdiccional penal no conserva competencia para continuar interviniendo en un proceso que carece de objeto vinculado a la misma, la que cesa, o debería realmente considerarse ello, en tanto no hay posibilidad de sanción”, dice el juez de los Tribunales de Rafaela.

La fiscal Gerbaldo reclamó que el control de Gino C. continuara dentro del ámbito penal. La respuesta del juez Drivet es que las medidas “tienen un ámbito jurisdiccional adecuado, con intervención del joven y su núcleo afectivo y familiar, y de múltiples actores institucionales convocados, conforme las reglas de atribución de funciones y competencias” y, “para decirlo con palabras sencillas”, la ley establece que “se trata de una cuestión que no debe ser tramitada por la jurisdicción penal juvenil”.

Además de la improcedencia del reclamo, al que juzga “inadmisible”, Drivet advierte sobre el perjuicio posible para la causa: “El hecho que motivara las presentes actuaciones es lo suficientemente grave y relevante como para que todas las personas con responsabilidades especiales nos ajustemos estrictamente a las reglas establecidas, para no sumar a lo acontecido desorden o interferencias indebidas de orden institucional, carentes de respaldo normativo alguno”.

Según explicó una fuente judicial, “si se trata de una medida de protección excepcional (sobre Gino C.) la ejecuta la Secretaría de Niñez de la provincia y el control lo hace un Juzgado de Familia; si se trata de una medida de protección integral, quiere decir una medida que no saca al menor del círculo familiar, en ese caso la Justicia Civil no interviene”. En cualquier caso, no se encuentra en el ámbito penal.