Con el envión electoral de octubre, el gobierno de Javier Milei inició la segunda mitad de su gestión decidido a convertir su programa económico en mandato institucional. El plan incluye fortalecer su alianza de clase. Hacia allí apunta el proyecto de reforma laboral, que además de crear una industria de las indemnizaciones financiada por la Ansés, legaliza y promueve una mayor tasa de explotación del trabajo asalariado. También la leve reducción de retenciones a la exportación de granos que se anunciaron en la semana, cuyo impacto es más fuerte en la adhesión política que en los márgenes agrícolas. Pactos sellados con recursos fiscales, en medio del ajuste.
“Con respaldo político y social, y con una economía que exhibe ganadores y perdedores pero también una cierta estabilidad, la gestión actual intentará profundizar un programa económico que deje de depender de medidas discrecionales y coyunturales y logre apoyarse en fundamentos estructurales e institucionales”, describió el economista Andrés Asiaín en el último informe de coyuntura del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso).
La reforma de la ley de contrato de trabajo que firmó el presidente Milei es central en esta estrategia. No porque la regresión que propone esté ausente ahora de un mercado laboral que en el último año cruzó las curvas históricas de formalidad e informalidad, sino porque la convierte en norma. Los más de 190 artículos que abaratan despidos, personalizan y flexibilizan la relación laboral, extienden la jornada de trabajo y debilitan la negociación colectiva, confluyen en un objetivo: desplazar la tutela del Estado desde los trabajadores a la patronal.
La industria del FAL
Si este cambio ya consolida transferencias millonarias de ingresos, de casi 60 billones de pesos en dos años según ilustra el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) en cada uno de sus informes mensuales, la novedad del plan enviado al Senado es la intervención pública para crear una industria financiera con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que obliga a los empleadores a “invertir” en fondos de ahorro para eventuales despidos. Es un 3 % del salario que podrá ser descontado de las contribuciones a la seguridad social. La “plata de los jubilados” solventará el nuevo esquema Ponzi.
El Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma realizó un primer cálculo de esta transferencia y la estimó en unos 2.500 millones de dólares al año. “La transferencia de recursos del trabajo al capital no se agota con la creación de este fondo ya que el proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales, del 6 % al 5 %, por lo que de un día a otro cambiarán de manos cuatro puntos de la masa salarial total”, señaló el centro de estudios, que no dudó en describir el ataque a la ley de contrato de trabajo como “el más importante desde 1976”.
“Casi el 25 % de la ley queda distinta después de este proyecto, la reforma de la dictadura en 1976 alcanzó al 41 %”, apuntó. “Algunos cambios son groseros, otros más sutiles, pero en todos los casos se busca fortalecer la posición de los empleadores en el día a día de la relación laboral, ahorrar costos laborales y limitar la posterior capacidad de reclamo”, detalló.
Modelo para atornillar
Para Asiaín, del Ceso, las tres reformas, laboral, impositiva y previsional, son centrales para institucionalizar su modelo económico, en el mismo sentido que la “apertura comercial asimétrica” que cristaliza con la negociación de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Pero al mismo tiempo sugiere que el apuro que muestra el gobierno tiene que ver con la misma debilidad del propio plan.
“El programa económico aún no muestra una estabilidad consistente a mediano plazo; la falta de un nivel robusto de reservas, el déficit de la cuenta corriente y un pesado perfil de vencimientos de deuda para los próximos años requieren un financiamiento permanente que no tiene fuentes estables”, explicó en su informe. Esto incrementa la dependencia del mercado financiero estadounidense, del FMI, del Tesoro norteamericano y, en el mejor de los casos, de los mercados voluntarios de deuda “para sostener la estabilidad de la moneda”.
Esta fragilidad quedó expuesta en el modesto resultado que obtuvo Luis Caputo al colocar en la city su bono por mil millones de dólares para reunir fondos con los que afrontar el vencimiento de enero. Las condiciones fueron más onerosas que las esperadas y que las que consiguieron Caba y Santa Fe en el “Wall Street posta”.
De allí la urgencia, opina el Ceso, por materializar “un equilibrio macroeconómico” que no esté a tiro de derrumbarse “ante cualquier viento fuerte, que pueda hacer volar todo por los aires”. Eso incluye “institucionalizar” la presión que hoy ejerce la política de dólar barato y apertura importadora sobre los empresarios, con el fin de “empujarlos a posiciones más duras en las negociaciones paritarias y acelerar sus reclamos por reducir las cargas sociales e impositivas”.
El cordón financiero
Héctor Giuliano, uno de los mayores estudiosos del endeudamiento externo argentino, redondeó este punto durante la presentación que realizó la semana pasada en Rosario. Recordó que el resultado fiscal del “ajuste más grande de la historia” no alcanza para pagar un cuarto de los vencimientos por intereses de deuda que anualmente debe afrontar la Argentina. La dependencia de la refinanciación es tan grande como la dificultad de surfearla sin el salvataje del FMI y del Tesoro de EEUU. “Con esta sobrevida la Argentina enmascara su situación de default pero el momento es muy peligroso porque si se corta el cordón financiero este esquema se cae”, advirtió.
Recordó que el final del gobierno de Fernando De la Rúa llegó poco antes de diciembre de 2001 cuando el Fondo Monetario suspendió las transferencias. “Esta situación era parecida a la víspera del 26 de octubre hasta que Scott Bessent intervino para asistirlo por unos días y asegurar el triunfo electoral”, analizó. La conformación de mayorías parlamentarias que le permitan avanzar con las reformas es, dijo, la condición necesaria para seguir conectado al pulmotor. “Sin leyes no hay acuerdo con el Fondo y sin acuerdo con el Fondo el futuro del gobierno es muy incierto”, enfatizó.
La simbiosis entre la búsqueda desesperada de dólares y el fortalecimiento de las alianzas sectoriales se expresó en la baja de retenciones que anunció el ministro de Economía, de 26 % a 24 % para la soja y de 24,5 % a 22,5 % para sus subproductos; de 9,5 % a 7,5 % para el trigo y la cebada; del 9,5 % a 8,5 % para el maíz y el sorgo, y de 5,5 % a 4,5 % para el girasol.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la medida incrementa 3 % en el poder de compra del sector exportador. Con ese pequeño incentivo, que al fisco le costará 500 millones de dólares, el gobierno pretende ir por 27,16 millones de toneladas entre soja y maíz 2024/25 que están sin precio, valuadas en unos 7.084 millones de dólares, y 18,6 millones de toneladas de trigo, equivalentes a 3.016 millones de dólares.
El éxito no está asegurado, no solo por lo magro del endulzante, sino porque el propio ministro ya adelantó el ciclo habitual de liquidación cuando suspendió en septiembre por tres días el cobro de retenciones a cambio de que las cerealeras ingresaran 7.000 millones de dólares.
El gesto político fue valorado igualmente por las entidades del agro, que se atropellaron en una catarata de comunicados elogiosos. El anuncio de Caputo apuntala la narrativa oficial de cara a la reforma tributaria. Un debate que, entre otros frentes, tensionará la relación con las provincias. Santa Fe y Córdoba se habían posicionado en esa pelea cuando incluyeron en los proyectos de ley tributaria medidas para aliviar la carga de Ingresos Brutos.
Esta semana, el Senado santafesino dio media sanción a esa iniciativa, casi al mismo tiempo que los diputados votaron el proyecto de presupuesto 2026. Uno de los ejes del debate en la Cámara baja tuvo que ver con las posibilidades reales que tiene el Estado provincial de hacer política contracíclica en momentos de crisis y retirada de la Nación.
El oficialismo, en boca de la presidenta de la comisión de Presupuesto, Jimena Senn, y del diputado Mario Cuvertino, defendió las metas de inversión en obra pública e infraestructura productiva como herramientas para sostener la actividad y el empleo. Ergo, defendió también el endeudamiento interno y externo para sostener esa estrategia. Desde la oposición, Lucila De Ponti reclamó que, si la obra pública se va a financiar con deuda, el ahorro económico se utilice para recuperar salarios y jubilaciones en el sector público, y reforzar las partidas para seguridad alimentaria que, señaló, bajan 5 % real en las previsiones de gasto para 2026.
El diputado de Hacemos Santa Fe y ex ministro de Economía Walter Agosto volvió a alertar sobre la política de endeudamiento. Aunque comparte el diagnóstico sobre el bajo stock de deuda de la provincia, considera que no debe ser una invitación a sobregirarse. “Las autorizaciones para tomar deuda que se piden en el proyecto de Presupuesto son excesivas e innecesaria”, cuestionó y advirtió que entre los nuevos pedidos, los que fueron aprobados en el actual ejercicio y los bonos colocados en el exterior se suman pasivos en moneda local y extranjera por unos 4 mil millones de dólares. También dijo que está sobreestimado el resultado financiero de las cuentas públicas provinciales para el año próximo, que calculó deficitario en 500 mil millones de pesos.
Como en los 90, las provincias también son un bocado del plan de ajuste nacional. Por la presión del gasto social y por la avanzada sobre sus recursos. Entre los comunicados de adhesión a la baja de retenciones, las cuatro entidades que representan a las cadenas de los principales cultivos, reclamaron que los estados subnacionales se alineen con el gesto.
Por ahora, el gobierno santafesino prefirió emitir señales a favor de la reforma laboral como las que dejó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, durante la presentación de la flamante Confederación de Comercio y Servicios de la Provincia de Santa Fe. “Hay que sincerar esta discusión, no puede ser que en privado los empresarios nos digan que tienen miedo de tomar empleados”, dijo.
La nueva confederación que agrupa a más de 150 centros comerciales fue impulsada por el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, en un audaz acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Busca fortalecer su representatividad territorial en tiempos críticos. El modelo fue el de la unificación hace 25 años de las entidades industriales en Fisfe. Aunque en este caso dejó un herido: la actual conducción de la Federación Gremial del Comercio e Industria.
Carteles de crisis
Durante la presentación Diab se mostró preocupado por el efecto de la caída del consumo y la apertura comercial sobre las ventas de las pymes locales. El Indec volvió a difundir en la semana indicadores de caída de la producción industrial, al mismo tiempo que un informe del Cepa mostraba el récord anual de importaciones de bienes de consumo pero también del número de importadores, reflejo de la “reconversión” fabril.
Para el Ceso, la desindustrialización y la reprimarización de la economía es la contracara de la política de dólar barato, que a su vez es “la base de la legitimidad social del proyecto liberal, al permitir cierto nivel de bienestar para una parte de la población manteniendo niveles inusualmente altos de consumo de bienes y servicios importados (turismo)”.
Pero este “populismo cambiario”, advirtió, impide acumular reservas. Es que, “tras la salida parcial del cepo, el apetito dolarizador volvió con fuerza: los argentinos demandan alrededor de u$s 4.650 millones por mes, un nivel muy superior a la capacidad de intervención y a la generación de divisas que permite hoy la economía”.
El dólar barato también contribuyó a legitimar el plan económico por vía de la desaceleración de los índices inflacionarios. Sin embargo, hay indicios de que esta dinámica entró en receso. Seis meses de aceleración de precios, tres de los cuales fueron a una tasa por encima del 2 %, le dieron un golpe a la narrativa antiinflacionaria del gobierno de Javier Milei. En noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió un aumento de 2,5 % en el IPC. Fue el salto más elevado desde los meses de marzo y abril, cuando estalló la tablita cambiaria del ministro Luis Caputo, obligándole a pedir un auxilio al FMI.
La medición arrojó otro dato inquietante: en noviembre se interrumpió el proceso de desaceleración de la tasa interanual, que pasó al 31,4 % desde el 31,3 % de octubre. En once meses de 2025 la suba acumulada de precios fue de 27,9 %. Y, a diferencia de otros subperíodos del gobierno de Milei, cuando la “estabilidad cambiaria” contenía la suba de bienes básicos, en el undécimo mes del año el IPC Núcleo subió 2,6 %, en sintonía con la categoría de regulados (2,9 %), donde pesan las tarifas.
Fabián Amico, coordinador del IET, destacó el efecto rezagado del tipo de cambio y los precios dolarizados en esta tendencia alcista. “Dejando a un lado el precio de la carne, que se explica por cuestiones internas del sector, la inflación general de alimentos es el efecto rezagado de los movimientos del tipo de cambio en julio, agosto y septiembre”, señaló. Una suerte de “pass through” en cuotas.
Como muchos precios regulados están dolarizados, estos movimientos también los impactaron. “Cualquier devaluación produce una indexación de los precios que amplifica su efecto sobre lo que pagan las familias y las empresas”, indicó.
Dentro de la ofensiva que lanzó tras la victoria electoral de octubre, el gobierno nacional dispuso un cambio en el sistema de subsidios a los usuarios de los servicios de gas y luz, que implica una reducción sustancial a partir de enero. Para Amico, “el ajuste en subsidios resulta directamente inflacionario” y el gobierno se ve obligado a acelerarlo por “la rebaja de impuestos y la rígida regla fiscal imperante”.
La vida en la calle
Así, los precios suben mientras la calle se reorganiza. En la semana, organizaciones sociales y gremios combativos protagonizaron una jornada nacional de lucha contra el hambre. La CGT, ninguneada en las conversaciones por el proyecto de ley de reforma laboral, anunció una movilización a Plaza de Mayo para la semana próxima. En la región, algunos sindicatos podrían sumar ceses de actividad.
Debajo del efecto anestésico que el golpe electoral dejó en la oposición política y sectorial, hay movimiento. En medio de la ofensiva patronal, la conducción de uno de los gremios más tradicionales de la ciudad cambió de manos. Una camada de referentes surgidos del duro e histórico conflicto laboral de 2022/23 en TPR, nucleada en la lista Naranja, se impuso en las elecciones en el Supa. La promesa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de “terminar con el poder sindical” cortando “sus cajas” revela una mirada algo simplista y prejuiciosa del movimiento obrero. Para su pesar, es probable que haya vida del movimiento obrero más allá de la reforma laboral.
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