El 17 de septiembre de 2022, el año más violento de la historia de Rosario, el presidente de una mutual fue imputado por venderle dólares a una mujer que le entregó una suma de pesos en billetes chicos en una oficina del centro de Rosario. La mujer tenía una conexión verificada con un comerciante de drogas que fue una línea de Los Monos y está condenado por homicidio.
El empresario, también dueño de una financiera, fue imputado por intermediación financiera ilícita y lavado de dinero. Se llama Juan Carlos Vagliente y era el titular de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral. Estaban todas las pruebas desplegadas que le aseguraban una pena de prisión. La jueza Valeria Pedrana dijo al imponerle prisión domiciliaria por entonces, dado que tenía más de 70 años, que consideraba de extrema gravedad lo expuesto. El fiscal Luis Schiappa Pietra había tenido palabras contundentes al presentar el caso.
“No es aceptable que en una ciudad como Rosario, donde tenemos más de doscientos homicidios en lo que va del año, personas que manejan mutuales presten dinero sin tener la precaución de pedir siquiera una constancia de monotributo al solicitante. Es un fenómeno normalizado que debe dejar de estarlo. Esta es una actividad al margen de la ley que alimenta y permite que proliferen los delitos de sangre”, dijo al acusar. Ese año terminó con 290 asesinatos, la mayoría por disputas entre grupos criminales.
La evidencia reunida no era problema para la pretensión de sancionar al financista. Sobraba para una condena. Encontraron 882.000 pesos cuando la mujer, Sandra Callegari, iba a comprar. También indicios de que esas operaciones eran rutinarias. Los investigadores habían llegado a ella a partir de un teléfono celular secuestrado en un búnker.
Supieron así que ella estaba en conexión con Pablo Nicolás Camino, jefe de una célula de Los Monos, autor de homicidios, de una balacera al Servicio Penitenciario. E instigador del asesinato del músico Jimi Altamirano, secuestrado al azar y ejecutado de un tiro en la cabeza frente al estadio de Newell’s. También aparecieron pruebas en la oficina de España 889 donde estaba la financiera del presidente de la mutual.
“Le corrieron el arco”
Lo que sí fue un problema para que hubiera sanción es un cambio que el gobierno de Javier Milei impulsó en el artículo 303 del Código Penal y en la ley de lavado de activos. Esa modificación transformó en multa lo que antes se penaba con un año a tres de prisión. La multa implica pagar de cinco a veinte veces el monto de la operación cuestionada. Fue por eso que el abogado del empresario imputado dijo que la causa estaba prescripta y pidió el sobreseimiento de su defendido.
El fiscal trató de defender con uñas y dientes la imputación: tenía pruebas evidentes de que el financista había hecho negocios con la plata de un criminal emblemático de la violencia de Rosario. Pidió entonces que le imputaran encubrimiento.
Lavar dinero es siempre encubrir un delito previo pero la realidad es que son delitos distintos. Eso es lo que el camarista Javier Beltramone le dijo al fiscal en la audiencia. Reconoció que buscó la forma de que no se escapara la condena pero dijo, con razón, que no podía cambiar la figura inicial de la acusación por otra. Remarcó que los legisladores habían querido ese cambio que desvinculaba de pena de prisión cuando las cantidades no fueran cuantiosas. Y frente a lo que dice la ley a un juez no le queda otro remedio que aplicarla. Por eso al empresario y presidente de la mutual le dictó el sobreseimiento. El camarista usó al definir un laconismo futbolero. “Lo lamento señor fiscal. Los legisladores le corrieron el arco”.
El sobreseimiento dictado al empresario financiero que recibía dinero de la intermediaria de un búnker ocurrió un día antes que el equipo económico del gobierno nacional presentara el programa para incentivar el uso de dólares no declarados. Gastar los billetes que están en el colchón sin control fiscal.
Al Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos entraría sin grandes inconvenientes Sandra Calegari. “Por debajo de 50 millones por mes la gente puede gastar tranquilamente porque ARCA no recibe esa información”, dijo este viernes el ministro de Economía Luis Caputo, como para graficar que no encontrarán controles de la autoridad fiscal los que vuelquen dólares hasta esa suma equivalente.
Sacar los dólares del colchón para gastarlos sin escollos para un grupo minoritario de la población que se dedica a actividades criminales es una noticia magnífica. El economista Pablo Tigalli definió el programa como una amnistía fiscal encubierta, carente de marco legal, que podría habilitar el ingreso masivo de capitales de origen ilícito. Insertar dinero sin trazabilidad tiene consecuencias institucionales y económicas que la mayoría de los países evitan.
Tan evidente es eso que el gobierno de Santa Fe, a un día de anunciada la medida nacional, llamó a una conferencia de prensa de sus ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Seguridad, Pablo Cococcioni. Estos dijeron que ante la medida se impondrá una serie de resguardos del sistema penal y de inteligencia de la provincia para evitar que personas vinculadas al delito incurran en actividades económicas registrales como adquirir inmuebles, inscribir sociedades comerciales o comprar vehículos.
“Podemos poner patrulleros en las calles, podemos construir cárceles, fortalecer la investigación penal. Pero en la medida que no ataquemos el poderío económico de las organizaciones criminales y del narcotráfico que operan en nuestra provincia esta guerra va a estar siempre incompleta y expuesta a rebrotes. Vamos a dirigir nuestra acción contra la circulación económica que financia la violencia”, dijo Cococcioni.
En la audiencia de hace tres años los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, de la disuelta Unidad de Delitos Complejos y Crimen Organizado, habían señalado lo que implicaba que se hicieran transacciones libres con dinero sin verificación legal en su recorrido.
El día en que allanaron al empresario Vagliente las fuerzas de seguridad se llevaron de la mutual que funciona en los pisos 6 y 8 de España 889 una significativa cantidad de dinero que, según los fiscales actuantes, no tenía respaldo alguno en operaciones lícitamente registradas. Las fuerzas policiales se llevaron de la mutual 6.792.450 pesos, 30.911 dólares, 700 euros y 100 reales.
“Los crocantes”
Sandra Calegari, que quedó presa al advertirse la trama y terminaría condenada por un abreviado antes de la reforma legal, acudía personalmente a la mutual a realizar compra de dólares. Parte de la evidencia esgrimida provino de la intervención forense al celular secuestrado a la mujer.
“Una entidad financiera no puede seguir funcionando sin tener cuidado a quién y cómo entregan dinero. Hay recaudos elementales que tomar. No hablamos de un estudio de capacidad económica financiera como piden los bancos para acordar préstamos. Mínimamente que requieran una constancia de monotributo u otros resguardos porque estamos en una ciudad que se caracteriza por la violencia de sus grupos criminales”, dijo Schiappa Pietra el día de la imputación. Lo decía en general. Esta en particular no podía funcionar de ninguna manera porque no estaba habilitada para la intermediación financiera.
La defensa ese día adujo que las objetadas habían sido operaciones por una cantidad relativamente baja de dinero. Los fiscales replicaron que el monto del dinero era un detalle en contraste con lo relevante: la compradora aparecía ligada a un grupo delictivo y las operaciones se hacían con habitualidad.
Sin embargo ahora la cantidad definió que el caso no implique pena de prisión. La modificación normativa impulsada por el gobierno de Milei no le dejó otro camino al camarista Beltramone que dictar el sobreseimiento del presidente de la mutual este miércoles. Un día después los máximos exponentes del equipo económico nacional anunciaron que sacar plata del colchón y gastarla no supondrá para el que lo haga efectos administrativos o penales. Para el que le venda en negro esos dólares, cómo compran las organizaciones criminales, tampoco.
“Lo que estamos trabajando, entre ARCA, el Ministerio de Economía y el Banco Central, es para que usted pueda gastar esos dólares y nadie lo moleste”, le dijo Javier Milei a Luis Majul el mismo día que el empresario rosarino recibía el sobreseimiento. “Entonces usted, que se quiere comprar una casa de 200.000 dólares con los crocantes, va y lo paga y nadie le tiene que preguntar nada”.
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