Desde la asunción de Sergio Massa al frente de un ministerio unificado que reúne varias áreas de gobierno, la política del oficialismo se focalizó en la desaceleración de los precios domésticos. El incremento de la canasta básica y de otros insumos que forman parte de los gastos corrientes de la familia argentina es un tema que el tigrense procura resolver en un año atravesado por la disputa electoral.
Massa busca morigerar las expectativas inflacionarias en un contexto adverso ya que los guarismos siguen siendo altos y desde noviembre, donde la cifra se ubicó en 4,9 %, se consolida una leve tendencia al alza. En el diagnóstico del gobierno, el disciplinamiento de los formadores de precios es una garantía de gobernabilidad, pero allí también se juega la mejor carta para aquellos funcionarios que tienen aspiraciones electorales.
El Programa Precios Justos busca congelar los precios de la góndola fijando topes de aumento. En la primera etapa, los incrementos permitidos no podían superar el 4 %, mientras que en su relanzamiento la pauta se redujo a 3,2 %. También se extendió la duración del programa de marzo a junio y se ampliaron los productos incluyendo calzados, motos, artículos escolares, entre otros.
En Santa Fe, el Ministerio de Economía en coordinación con la Secretaría de Comercio Interior y Servicios de la provincia llevan adelante el programa que, de acuerdo a las estimaciones locales, cuenta con un total de 16 empresas repartidas en 19 ciudades con más de 50 supermercados. En diálogo con este medio, el secretario de la cartera, Juan Marcos Aviano, destacó que “el programa es superador al de Precios Cuidados porque le coloca una pauta de incrementos a los alimentos, el rubro más afectado por la inflación”.
Será cuestión de tiempo saber si el programa logra una desaceleración cercana al 3 % para abril —la meta anunciada por Massa—. Lo que es cierto es que la política en comercio plantea un esquema distinto a las iniciativas que la antecedieron. Por un lado, parece haber logrado un acuerdo con comercializadoras de alimentos y empresas de insumos difundidos, sectores que durante la pandemia y el año anterior movieron los precios por encima del valor internacional de referencia generando un gran impacto en los bolsillos de los consumidores.
Por otra parte, la unificación de la Secretaría de Comercio Exterior e Interior a través del nuevo sistema de importaciones (SIRA) le permite al gobierno tener mayor control sobre las reservas interviniendo en el reparto de dólares. En este “toma y daca”, Massa pide congelamiento de precios a cambio de beneficios fiscales.
Aviano suscribe al esquema planteado desde Nación. Para el funcionario provincial las posibilidades de éxito del programa radican en “los acuerdos alcanzados en la cadena. Es decir, fijar expectativas con los mayoristas y minoristas y las empresas de insumos difundidos para no aumentar precios por períodos trimestrales”.
En Santa Fe, la cartera provincial informó que el cumplimiento del programa es bastante alto. “El nivel de funcionamiento es aceptable. Son más de 1.800 productos los que comprende el acuerdo y, salvo algunas excepciones, en los controles que realizamos, se registró la presencia en góndola de todos los productos”, detalló Aviano.
Sin embargo el funcionario rápidamente se desmarcó de la polémica que generó en Gran Buenos Aires la presencia de sindicatos controlando precios: “En nuestro monitoreo trabaja gente de la secretaría junto a asociaciones de consumidores como la Liga de Defensa del Consumidor de Venado Tuerto (Lideco) y el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento del Consumidor de Rosario (CESyAC)”.
Al ser consultado sobre la realización de controles, Ignacio Pandulo, miembro del CESyAC, indicó que la tarea del organismos es “acompañar a la autoridad de aplicación en los controles que se realizan en los supermercados”. Pandulo explicó que el organismo se limita a controlar sin atribuciones legales para penalizar faltas: “Asistimos y representamos a los consumidores en dichas instancias. Si hay un inconveniente, lo denunciamos”.
Sobre este punto, Aviano admitió que “todavía es un tema sin resolución ya que la provincia no tiene autorizado el protocolo de sanciones para actuar en la penalización de las irregularidades”. En el territorio provincial se registraron situaciones de sobreprecio, falta de cartelería y stock, mientras que en la ciudad de Santa Fe sólo siete de los supermercados de la lista tiene presencia.
A pesar de ello, tanto el secretario como desde el organismo de consumidores, coincidieron en que durante los meses que lleva en vigencia el programa su funcionamiento está dentro de los canales previstos: “Hay buen cumplimiento de la norma. Hay buen stock de productos, no hay merma de mercadería”, agregaron desde CESyAC.
El mayor desafío para el gobierno y las respectivas carteras provinciales pasa por las medidas que asumirán ante el incumplimiento del programa. Este ya fue un motivo de discordia que Massa manifestó ante la aparición de sobreprecios y falta de stock en las góndolas. Si el ordenamiento fiscal y el equilibrio de las variables macroeconómicas no da resultados, la autoridad del ejecutivo y sus organismos tendrá serias dificultades para hacer respetar los acuerdos.
La inflación y los ingresos
El incremento acelerado del costo de vida aventaja por varios cuerpos al salario promedio y si bien los últimos meses trajeron algo de alivio, el escenario continúa siendo extremadamente frágil para quienes viven de sus ingresos. El centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz Santa Fe (CESO) en su reporte de diciembre sobre la variación de precios en supermercados incluye números preocupantes.
Para el último mes del año, el índice arrojó una suba de 3,8 % colocando la medición anual cerca de los tres dígitos, 97,70 %; la canasta básica alimentaria para una familia se incrementó en diciembre en 3.700 pesos con respecto a noviembre; un adulto necesitó 27.835 pesos para cubrir sus necesidades alimentarias básicas mientras que una familia promedio para no caer en la indigencia requirió de 86.012 pesos.
María Celina Calore, Coordinadora de CESO, explicó que el relevamiento del organismo está dirigido centralmente a los productos que integran la canasta básica. “Los artículos que mayor variación tuvieron en supermercados estuvo vinculado a frutas y verduras, a bebidas sin alcohol, limpieza del hogar, perfumería”, detalló.
De acuerdo a las estimaciones hechas por el organismo, en diciembre las frutas y verduras crecieron un 33 %, un incremento sideral que varios analistas adjudicaron a una cuestión estacional. Pero también pueden registrarse sobreprecios en el rubro perfumería (4,5 %) y bebidas sin alcohol (5,7 %). A pesar de ello, desde CESO remarcaron que “en los últimos meses se observa una desaceleración importante debido al impacto de Precios Justos”.
En varios sentidos los datos resultan reveladores. Por un lado, si las subas se dan por encima del tope, el escenario de sobreprecio hace tambalear la política de comercio. Asimismo, la perdurabilidad de la suba recalentará las discusiones paritarias en curso, a pesar de haber incluido más artículos en el relanzamiento del programa y de haber bajado el límite de incrementos permitidos por mes.
El ritmo de aceleración en los precios de la góndola corre por delante de la actualización salarial. Al revisar los acuerdos paritarios en varios gremios, no todos los sectores pudieron empardar el incremento del costo de vida, una constante que abarca tanto al gobierno de Mauricio Macri como al de Alberto Fernández.
Según las mediciones del CESO, pocos sectores del empleo formal lograron una mejora al cierre del año. “Este es el caso de gastronómicos y hoteleros, empleados de comercio y trabajadores de la construcción”, detalló Calore. Por su parte, el empleo informal, una masa de trabajadores que alcanza casi el 37 % de la fuerza laboral del país, “perdió entre 9 ó 10 puntos del salario real”, completó.
Ante este escenario tanto el gobierno nacional como provincial están frente a una verdadera encrucijada. Si en el presupuesto trazado para el 2023 se proyectó una inflación del 60 %, pero el acuerdo de precios no logra consolidar un sendero tendiente a bajar los precios, ministros y gobernadores se verán obligados a redoblar esfuerzos para evitar el desorden en los precios y construir una campaña electoral que pueda sortear el inestable equilibrio entre los ingresos familiares y el costo de vida.

