Si hasta ayer se caracterizó por la extrema lentitud para investigar el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, la Justicia Federal de Rosario se muestra decidida a ponerse al día y aprieta el acelerador para poner el foco sobre las organizaciones que explotaron el negocio y optimizaron sus ganancias durante más de una década. Con Esteban Lindor Alvarado, Ariel “Guille” Cantero y otros nombres célebres asoman actores desconocidos pero igualmente necesarios para las bandas: los profesionales que intervinieron en operaciones inmobiliarias y contables y los testaferros a cuyo nombre se escrituraron propiedades adquiridas con dinero proveniente de la venta de drogas.
El jueves pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario condenó a cinco años de prisión a Esteban Alvarado por lavado de activos de origen ilícito, autorizó el decomiso de ocho vehículos y de las acciones de seis empresas y le impuso una multa de 62 millones de pesos. La causa es residual de la investigación que hizo la Justicia Provincial y llegó a su desenlace por un acuerdo entre las partes.
Rosa Natalí Capuano, ex esposa de Alvarado, fue condenada a su vez a tres años de prisión efectiva. Entre las empresas involucradas en la causa se encuentra Logística Santino, que requirió los servicios del contador Gabriel Mizzau, el mismo que asesoró al juez federal Marcelo Bailaque y cuyo hijo, Sebastián Mizzau, trabajó con el magistrado entre 2017 y mediados de 2024.
Alvarado fue procesado por el juez Bailaque con otras siete personas en otra causa por lavado de activos y asociación ilícita alrededor del comercio Carbón Rosario, una presunta fachada para encubrir operaciones con autos robados o mellizos. La fiscalía apeló la falta de mérito para otros tres acusados y todavía no se decidió a plantear la recusación de Bailaque ante la evidencia de que el propio contador y además amigo personal del magistrado trabajó para el jefe narco: Nizzau firmó los estados contables de Logística Santino entre el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017 y gestionó la habilitación municipal de la empresa Sagrado Corazón de María, en los papeles a nombre de Rosa Capuano.
“En la causa sobre la que tuvimos sentencia, Mizzau firma balances y hay distintas constancias de sus servicios. El problema que tenemos para resolver es el de todos los profesionales liberales que aparecen en las causas de lavado de dinero: lo que suelen decir es que ellos intervienen sobre cuestiones de sus profesiones, que les llevan papeles y desconocen, por ejemplo, quién es Alvarado, con quién estaba en pareja Capuano o si las empresas trabajaban o eran pantallas”, dice el fiscal federal Federico Reynares Solari.
La inmobiliaria de la mafia
Vanesa Jaquelina Barrios, pareja de Ariel “Guille” Cantero, y Mariana Ortigala encabezan otra investigación federal como acusadas por lavado de dinero en beneficio de Los Monos. Junto con Paula Estefanía Bay —hija de Barrios— están acusadas por las maniobras alrededor de dos propiedades en Funes y otra en Rosario, pero además la fiscalía puso el ojo en otras diecinueve sobre las que pidió no innovar y registrar Litis.
En las escuchas telefónicas de esta causa surgió la intervención de diversos profesionales requeridos para inmuebles adquiridos con dinero negro y en particular de una escribana, con la que Ortigala delibera sobre la forma de ocultar a la verdadera propietaria. No quedan dudas de que la escribana está al tanto de señas de identidad de la compradora: es una mujer que cumple prisión domiciliaria, lleva una pulsera electrónica y no tiene propiedades a su nombre para evitar investigaciones, características que coinciden con la situación de Barrios.
No es el único frente en que la Justicia Federal examina delitos atribuidos a Los Monos: todavía no tiene fecha de juicio otra causa por lavado de dinero en la que serán acusados Cantero, Barrios, Ramón Ezequiel Machuca, Silvana Gorosito y los hermanos Sergio y Daniel Vázquez; y “Guille”, junto con Leandro Vinardi, Cristian Avalle y otras personas, atraviesa un juicio que integra tres investigaciones: el tráfico de drogas y la disputa del control territorial sobre el barrio Godoy entre 2020 y 2021; el secuestro extorsivo de Franco Martins y la venta de drogas en Arroyo Seco y Villa Gobernador Gálvez en 2021; y la provisión de drogas a Brandon Bay, ex líder de la banda Los Gorditos. Hoy, en su alegato, la fiscalía pidió penas de prisión para la cúpula de Los Monos.
Al finalizar el alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario una pena de 50 años de prisión para Ariel Máximo Cantero; para Leandro “Pollo” Vinardi, 25 años, 11 meses y 14 días de prisión; para Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, de 18 años y 25 días de prisión; a Jonatan Leonardo Lencina la pena de 15 años y 3 meses de prisión. La fiscalía también pidió condenas para otros nueve acusados. De efectivizarse los requerimientos y en relación a las anteriores, Cantero podría sumar una pena total de 169 años de prisión.
“Son todos negritos”
—Esta chica que compra, ¿tiene alguna forma de acreditar los fondos? ¿Ella vendió algún otro inmueble o algo por el monto, como para ver si armamos algo?
—Dice mi marido que se ganó la quiniela. Pone un testaferro, ella tiene un montón de propiedades pero nada a su nombre.
El diálogo entre la escribana S. P. y Mariana Ortigala en torno a la propiedad de Alberdi 1331, Funes, es el principio de las conversaciones que los fiscales Reynares Solari y Matías Scilabra expusieron como evidencia en la imputación por tres maniobras específicas de lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes. Capítulo aparte dentro de la misma causa, Ortigala también fue imputada por la facilitación de inmuebles para actividades narcocriminales.
El caso comenzó a partir de una denuncia anónima realizada el 1° de septiembre de 2023 ante el Centro de Comando y Control Operativo. El llamado dio cuenta de la venta de drogas en un quiosco ubicado en la esquina de Mendoza y Matienzo. Este negocio que funcionaba al lado de una escuela y del club Libertad se hizo visible como blanco de balaceras entre 2021 y el año pasado, y según una investigación en curso de la Justicia Provincial fue transferido por su propietario a Los Monos con la mediación de Mariana Ortigala y puesto bajo el nombre de testaferros.
La pieza clave en la investigación fue el teléfono celular secuestrado a Ortigala en el momento de su detención, también en septiembre de 2023. Corredora inmobiliaria con la matrícula suspendida, Ortigala es investigada en la Justicia Provincial por extorsión contra el dueño de la agencia El Califa y como testaferro de Los Monos en la compra de catorce inmuebles entre 2019 y 2021, para lo que no tendrían ingresos suficientes ni ella ni su marido Rodolfo Sebastián Felipe, de profesión técnico en aire acondicionado y electricista.
En la continuidad del diálogo, Ortigala le dice a la escribana de confianza que el inmueble de Funes estará nombre de “la chica que le cuida a los hijos”, porque la verdadera propietaria, Barrios según los fiscales, “no va a poder acreditar”. La escribana parece buscar la vuelta para enderezar el asunto:
—Y esta persona, vamos a suponer —dice—, esta persona si puede acreditar que haya vendido algún inmueble y le hace como, este, o donación o un, este…, o un mutuo (sic). No sé si compra para vender o compra para, este, como inversión. Confirmame eso, como para armar algo, porque es muy alto el monto.
—Sinceramente —responde Ortigala—, las compra por inversión. Alguna las tiene con boleto y (otras) las tiene a nombre de cualquier persona. Nada a nombre de ella.
La escribana se siente en apuros “porque es mucho monto”, “encima en dólares” y le plantea a Ortigala: “Fijate cómo pueden manejar este tema porque encima se informa la AFIP (…) si vos me decís que no tienen manera de haber blanqueado esos dólares, ¿cómo lo vamos a manejar?”.
Ortigala encuentra la fórmula: escriturar a nombre de dos testaferros y “ahí divide un poco más los riesgos”, concede la escribana. Antes la operadora de Los Monos vuelve a expresarse respecto de sus mandantes:
—Son todos negritos, viste, que tienen plata pero no tienen forma de justificar.
Ante el agrimensor, que le pide datos y se pone insistente, Ortigala puntualiza que la compradora “tiene una prisión domiciliaria y no puede salir de la casa, yo le manejo todo a ella”; la escribana “ya sabe que ella es clienta mía y cuál es la situación, ella siempre le hace las escrituras”.
Ortigala se queja después del agrimensor ante la escribana:
—En confianza, entre nosotros, en los próximos trámites fíjate si tenés otro para pasarme —dice—. Me parece que es sumamente inexperto (…) No entiende, me parece, ¿viste?
Los otros inmuebles bajo la lupa son los de 24 de septiembre 3713, Rosario, escriturado el 8 diciembre de 2021, y un lote en General López y Velázquez, Funes, presunto objeto de simulación de una compra-venta fechada el 4 de septiembre de 2020. En los tres casos, según la acusación, Ortigala coordinó con la misma escribana “para lograr la firma de la escritura por parte de los testaferros designados por Vanesa Barrios y Paula Bay” y fue intermediaria con “el agrimensor designado para realizar el certificado de verificación de límites y amojonamientos” y con un constructor para una variedad de trámites.
Según la hipótesis de la fiscalía, los inmuebles fueron adquiridos con “parte del dinero generado por las actividades ilícitas llevadas a cabo por las organizaciones narcocriminales lideradas por Ariel Máximo Cantero” y “las encargadas de dirigir estas adquisiciones fueron Vanesa Jaquelina Barrios y su hija Paula Estefanía Bay, con la asistencia, cooperación y asesoramiento de Mariana Ortigala”.
Vanesa Barrios fue condenada el 6 de diciembre de 2018 a doce años de prisión como organizadora de tráfico de estupefacientes, pena que cumplió en detención domiciliaria en una casa facilitada por Mariana Ortigala en Funes; actualmente se encuentra en la Unidad 5 del Servicio Penitenciario de la provincia.
“Mariana Ortigala es una gestora del dinero del narcotráfico, sea aprovechando beneficios en el lavado de dinero, sea invirtiéndolo en el giro comercial”, destaca el fiscal Reynares Solari. En ese sentido fue imputada por facilitar tres lugares para la venta de drogas, en Corrientes 147, Castellanos 925 y Francia 855, Rosario.
La unidad de Corrientes 147 piso 8 departamento 3 de Rosario habría sido una venta simulada. En los papeles Celina Concepción Maure, la madre de Ortigala, la compró el 28 de abril de 2023 con el dinero proveniente de la venta de la propiedad de Dulcinea del Toboso 1649, de Roldán, tres meses antes; pero la verdadera dueña de ambos inmuebles no sería otra que Ortigala.
El frente de la casa de Dulcinea del Toboso quedó registrado en el video del 13 de marzo de 2020 donde Ortigala se salvó de una balacera cuando se había convertido en testigo contra Esteban Alvarado. En el departamento de Corrientes 147, por otra parte, fue detenido en enero Noel Ramos, prófugo en la causa por narcotráfico contra Julio Rodríguez Granthon del Juzgado Federal número 3.
Ortigala aparece como compradora del domicilio de Castellanos 925 de Rosario en octubre de 2019 y un mes después como locadora de Iván Gastón Ramírez. El inquilino fue detenido con 8 kilos de cocaína en la casa y 110 mil dólares en efectivo y terminó condenado a 8 años y 6 meses de prisión; en la misma causa fue condenado Héctor “Eric” Masini, quien recibió una pena de 10 años de prisión, como número 2 según la fiscalía de la organización de Julio Rodríguez Granthon, el peruano que se jactaba de conseguir cocaína de la mejor calidad disponible en el mercado.
Relacionada con Esteban Alvarado desde 2019, convertida en testigo en su contra en 2018 y vuelta persona de confianza de “Guille” Cantero desde entonces, Mariana Ortigala aparece en el centro de múltiples tramas y según la fiscalía “explica cosas que pasaron en Rosario en los últimos tiempos”. El tercer lugar que habría facilitado para la venta de drogas es el de Francia 855, segundo piso, departamento C, que tenía en alquiler desde 2019 y subalquiló sin conocimiento de la dueña a Alan Gabriel Coronel, detenido en el domicilio con cocaína y marihuana para la venta.
“Estamos yendo por partes —afirma el fiscal Reynares Solari—. Como hay muchos inmuebles involucrados, empezamos por las imputaciones que nos parecen indiscutibles y aparte pedimos medidas cautelares. Después analizaremos los roles de los profesionales que intervienen en el lavado”. Otro punto para que la Justicia Federal se ponga al día.
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