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Política

Proponen que sea obligatorio el tratamiento de todas las denuncias de violencia de género y familiar en Santa Fe

Los diputados santafesinos Amalia Granata y Gabriel Chumpitaz presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo dar respuesta efectiva a todas las denuncias por violencia de género y/o familiar que se realicen, determinando la actuación obligatoria del Ministerio Público de la Acusación y de los jueces ante cada presentación formal que se efectué en la provincia.

“Es imprescindible que avancemos en políticas públicas que den respuesta a la demanda de la sociedad; la violencia tiene una curva de crecimiento que se profundiza día a día. Es por ello que esta propuesta establece que jueces y/o fiscales no puedan archivar in limine las denuncias que se presenten así como tampoco limitarse a dictar una medida cautelar preventiva o de protección como única actuación”, señalaron los legisladores.

El proyecto impone a su vez la exigencia de mantener una entrevista personal con quien resulta víctima de violencia de género y/o de violencia de familia, no pudiendo en ningún caso eximirse de esta obligación, bajo ningún fundamento, así como también explicar de forma detallada las razones por las cuales descartan las pruebas que fueron sustanciadas y la expresa motivación en la que sostienen tal determinación judicial. Las resoluciones deberán expresar de manera fundada la no producción de alguna de las medidas probatorias a su alcance.

La diputada Granata apuntó que esta iniciativa “busca que la violencia contra las mujeres y en el ámbito doméstico, ya sea por agresiones, los malos tratos y los abusos cometidos por pareja, ex pareja, o por cualquier otro integrante de tu familia, no quede en una simple denuncia por carecer de requisitos formales sino que se investigue con todas las herramientas que el Código de procedimiento prevé”.

El proyecto entiende y remarca que cada denuncia es un pedido de ayuda y que la realidad deja expuesto que la presentación de denuncias por quienes son víctimas de violencia, no tienen el correlato judicial esperado, a saber, las estadísticas muestran que muchas denuncias no tienen respuesta judicial de medidas de protección (33%), que aquellas en las que se dictan medidas de protección (67%), en su mayoría quedan sólo con la medida dictada y sólo el menor porcentaje tiene un proceso de sustanciación y prueba. Y finalmente, la realidad diaria acredita que los casos de lesiones graves o femicidios están en el porcentaje de las causas sin medidas de protección dictadas, que evidencia la falta de identificación del nivel de riesgos de los órganos judiciales.

“Nuestra provincia es una de las regiones más violentas de Sudamérica, con números exorbitantes en materia de femicidios y de violencia familiar, por ello es necesario la implementación de programas que como principal objetivo protejan el futuro inmediato de las víctimas”, expresó Chumpitaz.

“Toda la sociedad puede aportar y contribuir para eliminar la violencia de género y/o familiar, pero el Poder Judicial es el único poder del Estado con la capacidad, la facultad y las herramientas para controlar, neutralizar y sancionar a una persona que ejerce violencia en cualquier de sus formas”, concluyeron los autores de la iniciativa.

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