La Legislatura santafesina sancionó un nuevo Código Procesal Penal Juvenil que regula los pasos a seguir ante los delitos cometidos por menores de 18 años. La normativa elimina los juzgados de menores para dejar la investigación en manos de los fiscales, dispone prisiones preventivas que pueden extenderse hasta tres años y regula un régimen de sanciones para los menores de 16 años, a los que la legislación nacional considera no punibles. Desde el radicalismo y el PRO celebraron la iniciativa, asegurando que el nuevo sistema tendrá mayor agilidad de respuesta para la sociedad; desde el peronismo y el Frente Social y Popular señalaron que se trata de una norma punitivista, que en varios aspectos roza la inconstitucionalidad, y que marca “un cambio de época”.
El nuevo Código Procesal Penal Juvenil tuvo primero el aval del Senado y la semana pasada logró la sanción definitiva en la Cámara de Diputados. La norma fue votada sobre tablas y contó con el rechazo de Matilde Bruera (peronismo) y Carlos Del Frade y Dámaris Pachiotti (Frente Social y Popular), mientras que Fabián Oliver (radicalismo) y Claudia Balagué (socialismo) se abstuvieron. En tanto, en el peronismo y el Frente Renovador votaron en contra de algunos artículos puntuales.
Entre los aspectos que generaron controversia aparece el traspaso de los asesores de menores al ámbito del Ministerio Público Fiscal, dejando a los menores sin defensores especiales. En líneas generales, los jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan delitos afrontarán un proceso penal similar al de los mayores, con la investigación de un fiscal, la posibilidad de utilizar la defensa pública y con prisión preventiva en los casos que corresponda.
Pero a su vez la normativa establece un procedimiento penal para los menores de 16 años, a quienes la legislación nacional considera no punibles. Para los detractores de la normativa, en la práctica eso habilita de manera “encubierta” una baja de la edad de imputabilidad, atribución que corresponde únicamente al Congreso de la Nación. Desde muchos sectores advierten que esa incompatibilidad con la ley nacional puede generar denuncias en la justicia por inconstitucionalidad.
En diálogo con Suma Política, el diputado provincial Carlos Del Frade cuestionó que el nuevo Código no explicita “el interés superior de la niñez” en el proceso. Pero además calificó de “perturbador” que se baraje la posibilidad de una prisión preventiva similar a la que afronta un mayor. “Nos parece realmente exagerado porque eso va a ser en las cárceles, mixturados con personas mayores”, expresó.
Para el legislador del Frente Social y Popular, el listado de irregularidades continúa: “No hay fiscales de menores, se elimina prácticamente la figura del defensor oficial, algo que también cuestionamos. Y después se corre incluso por debajo el límite de punibilidad para los menores de 16 años, lo cual nos resulta verdaderamente inadmisible, además de inconstitucional. Nos parece que esto tiene más que ver con el discurso punitivista de la época, que con generar mayor justicia penal juvenil”.
En tanto, Leandro Busatto (PJ) consideró que se trata de una “oportunidad perdida”, reconociendo la importancia de actualizar la legislación en la materia. El dirigente del peronismo manifestó sus diferencias “con la posibilidad de tener hasta tres años a un niño privado de su libertad en forma preventiva”, así como también con el procedimiento para juzgar a los menores no punibles.
“Se contempla todo un régimen sancionatorio y un procedimiento penal con el que nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que se convierte a los jóvenes en sujetos potencialmente peligrosos, en lugar de consagrar la posibilidad de trabajar en una recuperación de condiciones que permitan tener una niñez diferente”, expresó a este medio. Y agregó: “No estoy negando que un niño pueda cometer un delito, lo que digo es que no podemos entrar en la lógica de que todos los niños son potencialmente culpables”.
Pero además, aseguró que el Código “va a ser atacado por inconstitucional” en la Justicia: “Claramente se están violentando algunos tratados internacionales y la provincia se está excediendo en las facultades que tiene para regular el procedimiento penal. Seguramente va a haber alguna polémica y espero que los jueces tengan la suficiente sabiduría para terminar con semejante cuestión”.
Trasfondo
El día antes del tratamiento, los jefes de los distintos bloques acordaron postergar la discusión. Es que a las dudas que generaba la normativa dentro de algunos espacios políticos se fueron sumando los reparos de algunos sectores y organizaciones vinculadas al sector de la niñez y las infancias. Una de ellas fue Marisa Graham, Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que envió un comunicado al cuerpo legislativo. Pero en la misma línea se manifestaron los propios asesores de menores, que pasarían a trabajar como fiscales.
Sin embargo, el acuerdo de palabras se cayó el mismo jueves, cuando los bloques mayoritarios impusieron su número. Las formas en que se aprobó el nuevo Código también tuvo sus críticas. Por un lado por su tratamiento sobre tablas, pero también porque la normativa no contó con ningún miembro informante que fundamentara el proyecto. A su vez, algunos sectores cuestionaron que la votación tuviera lugar antes del debate y el intercambio de posiciones al respecto.
“Se apuró mucho porque los partidos mayoritarios decidieron tratarlo. Era un requerimiento principalmente del radicalismo que se impuso en la Legislatura”, sostuvo Del Frade. “Nos sorprendió porque habíamos acordado una especie de reunión parlamentaria anterior que no se iba a tratar y después se termina tratando. Creo que eso va a ser una especie de espíritu al menos de esta primera época de lo que va a ser la gestión Pullaro”, añadió.
En tanto, para Busatto esa modalidad fue lo que primó en los últimos cuatro años en la Cámara de Diputados: “El miércoles en la reunión de labor parlamentaria dijeron que el tratamiento iba a pasar para la próxima composición de la Cámara. Y el jueves volantearon y, sin explicar demasiado, aprovecharon una mayoría circunstancial para tratarlo sobre tablas, inclusive sin dictamen de comisión. Pero es una escena bastante repetida en la Legislatura que terminó. Un atropello permanente a las minorías, una situación de poco apego a la convivencia democrática y a la palabra, que es dramático en un ámbito parlamentario”.
En ese sentido, el legislador evaluó que la sanción de la normativa, y el apuro para su tratamiento, tienen que ver con un trasfondo político: restar autonomía al Ministerio Público de la Acusación (MPA), en contrapartida del Ministerio de Seguridad. “Se está tratando de desmembrar la defensa pública, de llevar a un sistema que se rompe desde el punto de vista de lo adversarial y me parece una barbaridad. Y todo esto enmarcado en un proceso político donde claramente vamos a estigmatizar a un montón de pibes y pibas”, denunció.
Para el dirigente peronista, el futuro gobernador “tiene vocación de llevar adelante un proceso de persecución del delito desde el Poder Ejecutivo” y que las investigaciones transcurran con colaboración de la cartera de Seguridad. “Es algo preocupante, porque lo que hemos hecho en los últimos años es restarle todo el influjo de la política a la Justicia y esto abre una ventana para volver a una Justicia plagada de órdenes y contraordenes motivadas por lo político. Lo cual sería desastroso”, cuestionó.
Cambio de época
Uno de los cuestionamientos de Del Frade es que hay “una total hipocresía” detrás de la reforma que se impuso en la Legislatura. Según el diputado, las estadísticas marcan que los homicidios realizados por chicos y chicas menores de entre 16 y 18 años no llega a un 3 por ciento del total, mientras que el mismo delito en los menores de 16 años está por debajo del 0,4 por ciento. Una estadística que se da no solo en la provincia de Santa Fe sino que marca una tendencia en el plano nacional.
“Por eso creo que esto tiene más que ver con lo que surge de algunas encuestas de los que pretenden mano dura, la cuestión punitivista tan impuesta en nuestra sociedad, que un estudio que de verdad trate de darle cumplimiento a todos los protocolos de actuación a los convenios internacionales que firmó la Argentina en la reforma constitucional del 94”, analizó.
A favor
Para el senador Lisandro Enrico, uno de los impulsores de la iniciativa, la Legislatura avanzó en una ley “muy necesaria” para la provincia. “La Justicia de menores ya no funcionaba acorde a la realidad que estamos afrontando. Tenemos un sistema desbordado, antiguo, donde el juez hacía de investigador. Eso lo cambiamos por un sistema penal juvenil más ágil, que dé más respuesta a la sociedad y donde los delitos sean investigados por los fiscales”, explicó.
Para el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), la especificidad del sistema está garantizada porque tanto los fiscales como los defensores tendrán capacitaciones en derecho penal juvenil. Asimismo, el legislador se refirió a las críticas respecto a que la norma va en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: “Esto es una norma de procedimiento. Los derechos están garantizados por leyes nacionales y por las convenciones”.
“Hay una mirada del menor de edad que, por ser menor de edad, podía delinquir y el Estado no tomaba ninguna medida. Y eso evidentemente cambió en la sociedad. Venimos bregando porque haya un sistema de responsabilización penal acorde a lo que está pasando en la sociedad, que respete las garantías, que respete la especificidad, pero que también respete la base social de una comunidad organizada que es que aquel que comete un delito tenga responsabilidad penal”, profundizó en diálogo con este medio.
Respecto a la situación de los menores de 16 años, Enrico aclaró que se estableció un proceso para cuando el delito cometido es grave: “Lo que propone el Código es que sea citado a los estrados de la Justicia por el fiscal, se lo ponga en conocimiento de los hechos, se establezca que el hecho penal existió, pero que por su condición de menor de edad no punible queda sobreseído. Pero que al menos haya un proceso de verdad, donde la víctima sea escuchada y donde por lo menos la cuestión no quede olvidada. Y si es un caso donde el menor, por su condición de vulnerabilidad o por su nivel de violencia, debe tomarse una medida de excepción como alojarlo en un lugar apropiado, ahí el fiscal, con asistencia de la Secretaría de Niñez pueda pedirlo y el juez puede firmarlo y disponerlo”.
Por último, el senador recordó que fue “un trabajo enorme” que llevó muchos años de búsqueda de consensos. Y aseguró que cuando la ley entre en vigencia se pasará a un sistema más ágil, con nuevos mecanismos de resolución de conflictos, donde además se contempla una “recomposición de la situación”, donde el menor pueda redimirse de sus actos y la víctima pueda ser escuchada. “Se aprobó una ley que es fundamental. Sin lugar a dudas es una de las leyes más importantes de los últimos cinco años en la Legislatura”, aseguró.
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