El 7 de septiembre de 2022 una noticia sacudió Rosario: la Justicia federal allanó el puerto de Rosario para buscar evidencias sobre la salida de cargamentos contaminados con drogas. La investigación se originó a partir de la aparición de un cargamento de maní en el puerto de Santos, en Brasil, donde se escondían 568 kilos de cocaína; y otro en Rotterdam, Países Bajos, con 866 kilos. La hipótesis del fiscal federal Claudio Kishimoto y del titular de la Procuradoría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, era que los cargamentos habían sido adulterados en el puerto de Rosario.
El cargamento de maní había partido desde la provincia de Córdoba a fines de junio. Según el recorrido que pudieron trazar los investigadores, el 24 de junio el container fue trasladado a un lugar del puerto que no era alcanzado por las cámaras. En ese “punto ciego” permaneció durante 20 minutos. La modalidad no es nueva y se la conoce como “rip off”. Consiste en adulterar un cargamento lícito, que ya cuenta con los controles correspondientes de Aduana, y que está a la espera de ser embarcado.
Los paquetes de cocaína hallados en los puertos de Santos y Rotterdam tenían el sello de la marca de ropa Louis Vuitton. El 26 de agosto de ese año, unos diez días antes del allanamiento al puerto de Rosario, la Policía Federal halló más de 1.600 kilos de cocaína en un galpón de Génova al 2400, en Empalme Graneros. La droga estaba escondida en bolsas de alimento balanceado a base de maíz y rociadas con repelentes, para confundir el olfato de los perros rastreadores. Los estuches donde se encontraba la cocaína también llevaban el sello de la reconocida marca de ropa francesa.
El resultado del impresionante operativo se exhibió en la calle. Las fotos tomadas desde un drone mostraban el asfalto repleto de paquetes de cocaína. “La mayoría de los panes secuestrados tenían un logo similar a la marca. Usualmente, las organizaciones proveedoras usan este tipo de identificaciones para darles garantía de calidad a quienes adquieren estas sustancias para después hacer las exportaciones. Está en estudio y se tienen que analizar antecedentes”, describió Mariano Giuffra, de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, tras el allanamiento.
La investigación, a cargo del juez Adrián González Charvay y el área de narcocriminalidad de la Aduana, descubrió que el cargamento tenía como destino Dubai, a través del puerto de Rosario, una terminal pública concesionada a una sociedad integrada por la empresa Vicentin y la chilena Ultramar. Se estima que el valor total de los paquetes secuestrados ascendía a 60 millones de dólares.
El operativo contempló 30 allanamientos en diferentes provincias que terminó con 12 detenidos de una organización dedicada al tráfico internacional. Allí no figuran integrantes de la banda de Los Monos, ni de Alvarado; ninguno de los detenidos es una figura reconocida del hampa rosarino. Pero sí hay un dato que llamó la atención: por fuera del cargamento que se buscaba exportar quedaron 50 kilos de cocaína que, se presume, iba a ser destinado al mercado de drogas local que hoy se disputa entre unas 30 bandas. Las sobras que alimentan la narcocriminalidad en la ciudad.
“Los puertos a nivel mundial tienen un rol central en la cuestión del narcotráfico porque es la vía de acceso, distribución interna y externa”, explicó el diputado provincial Carlos Del Frade, que viene denunciando esas irregularidades desde hace años. “La característica de Rosario y la región es que a partir de la dictadura esos puertos se abren para entrar y sacar cualquier cosa. Drogas, armas y todo lo que tiene que ver con cargas y descargas ilegales. Salen cientos de kilos de cocaína hacia distintos lugares del mundo y los restos quedan para la distribución interna. Es una mecánica que se repite hace 46 años”, agregó.
Los casos son repetidos y con dinámicas de las más variadas. A principios del año pasado, la policía de Melbourne, Australia, denunció que un buque salido de la ciudad de San Lorenzo tenía 200 kilos de cocaína escondidos en el casco del barco, una cantidad que ronda los 80 millones de dólares. Meses antes, las autoridades australianas habían denunciado una situación similar, con 800 kilos de cocaína. En ambos casos los contenedores con la droga no formaban parte de la carga declarada del barco, sino que estaban adheridos al casco, por lo que se presume que pudieron haber sido adosados en aguas abiertas o en algunos de los puertos de la ruta.
Un poco más atrás en el tiempo, en septiembre de 2015, Gendarmería secuestró en un depósito del puerto de Rosario unos 40 kilos de cocaína que estaba cristalizada simulando la forma de un grano de arroz. El lote estaba oculto dentro un cargamento de 40 toneladas de arroz que tenía como destino primero Guinea (África) y luego España y Portugal. La sofisticada operación —mediáticamente conocida como “narcoarroz”— fue llevada adelante por el cartel colombiano Norte del Valle y tenía al médico rosarino Gabriel Zilli como el desarrollador de la fórmula química. En julio de 2020 fue condenado a 8 años de prisión por contrabando de exportación y tenencia de arma de fuego.
¿Por qué sucede?
De los 70 kilómetros que van desde Timbúes a Arroyo Seco hay 21 terminales portuarias dedicadas al procesamiento y la comercialización de granos, de las cuales 18 son extranjeras. El número de puertos supera los 30 si se extiende un poco más el área. Se estima que por la Hidrovía fluye el 75 por ciento de las exportaciones nacionales y navegan alrededor de 5 mil embarcaciones al año, casi en su totalidad de bandera extranjera, que trasladan arriba de 100 millones de toneladas de producción industrial y agropecuaria.
Si los números legales son difíciles de calcular por su volumen, con la economía ilegal el proceso se complejiza aún más. Según Del Frade, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay estima que por los puertos del Gran Rosario y el sur de la provincia salen alrededor de 23 toneladas de drogas por año con diferentes destinos, principalmente países de Europa. Para el legislador la situación se explica por controles deficitarios de los organismos a cargo o, directamente, por falta de controles. Distintas variantes de un mismo síntoma: complicidad.
En junio de 2022 la Dirección de Aduanas, bajo la gestión de Guillermo Michel, decidió intensificar los controles en los puertos sumando maquinaria para escanear los containers. Incluso intimó a los puertos privados a comprar sus propios escáneres bajo la advertencia de cerrar las terminales portuarias que no cumplieran con la orden. Un par de meses después, el jefe de la Aduana argentina firmó un convenio de cooperación con su par de Paraguay para contar con información en tiempo real de los controles de barcos que se realicen en ese país, y que deban pasar por los puertos de Argentina.
“Esto nos permitirá contar en tiempo real con información acerca de los contenedores que saldrán escaneados desde Paraguay, efectivamente fortaleciendo nuestra capacidad de control sobre la Hidrovía”, señaló Michel sobre el acuerdo. Según evaluaban desde el organismo apenas unos meses después, la intensificación de los controles comenzó a generar un movimiento de cargamentos ilegales hacia el puerto de Montevideo.
Para Del Frade, a la cuestión de los controles se le suma otro factor que explica la proliferación del narcotráfico por la Hidrovía y los puertos a la vera del Paraná: “Hay 500 leyes vigentes desde la dictadura que han salido para encorsetar la democracia. Una de ellas es la ley de inversiones extranjeras, que impide que un buque en movimiento por el Paraná sea controlado cuando está navegando. Eso es impresionante, porque le da lugar a tantas historias que te cuentan sobre barcazas negras que se acercan a los buques en movimiento y que cargan o descargan cualquier tipo de cosas estando en movimiento. Eso nadie lo puede inspeccionar por esta ley de inversión extranjera que viene de la dictadura”.
Acuerdos
A principios de noviembre del año pasado, una denuncia telefónica advertía que dos personas habían abandonado una lancha a la altura de Puerto Norte, en Rosario. Los efectivos de Prefectura Naval que se acercaron al lugar encontraron varios bultos flotando en la zona. Cuando los abrieron se encontraron con que había más de 80 kilos de panes de cocaína, identificados con imágenes de la película “Scarface”. Las especulaciones de la Justicia Federal giraban en torno a un intento frustrado por introducir ese cargamento en un buque de la zona portuaria del control industrial.
No obstante, Del Frade no pasa por alto que la lancha haya sido “abandonada” y no descarta la posibilidad de que sea un mensaje político. “Dejaron flotando sobre el río Paraná 600 mil dólares. Eso no lo hacen los Monos, ni lo hace Alvarado. Eso lo hacen las bandas que manejan la vía troncal del Paraná, que como dicen los paraguayos es la Hidrovía de la cocaína. Pero esto tiene una señal política: lo dejaron. Hay que dejar 600 mil dólares. Lo dejaron como señal aquellos que manejan el grueso del transporte del narcotráfico por lo que se va a discutir el próximo 6 de diciembre”, analizaba el dirigente en una entrevista con Radio UNR.
Ese día tuvo lugar una nueva cumbre de presidentes del Mercosur en Río de Janeiro, Brasil, donde muchos advertían que se pondría en discusión la posibilidad de que sobre el río Paraná rija algún tipo de control internacional. “Esto es ensuciar con cocaína el río Paraná, para que muchos digan que no sirve de nada tener una jurisdicción nacional sobre él y vayamos a una jurisdicción internacional que es lo que pretende Estados Unidos”, evaluó el legislador provincial. Y agregó: “Acá llamaron por teléfono para decir que la lancha estaba ahí. Habían dejado eso como señal. ¿Para quién? Para el marco internacional”.
Con ese trasfondo, a principios de marzo de 2024 la Administración General de Puertos (AGP) firmó un convenio que habilita la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense que “permitirá profundizar el intercambio de información entre ambas gestiones, con el eje puesto en la eficiencia y la concreción de nuevas capacitaciones en aspectos de gestión de puertos y vías navegables, mantenimiento de la navegación y equilibrio ambiental, así como desarrollo de infraestructura, entre otras áreas”.
“Veníamos diciendo que había un objetivo de mostrar que el Paraná está mal cuidado y que lo tiene que cuidar algo internacional. Y ahí van a meter al Comando Sur del Ejército norteamericano. Es muy alevoso todo lo que se venía haciendo y efectivamente está ocurriendo ahora con este gobierno de Milei al cual se asocian todos los demás, porque les viene bien posar que van a hacer un combate de frente al narcotráfico. Lo cual es una gran impostura porque lo que se está enfrentando son bandas barriales y el negocio grande resulta intocable”, evaluó Del Frade, una vez consumada la noticia del acuerdo.
El convenio fue cuestionado públicamente por el diputado nacional por la provincia de Santa Fe Eduardo Toniolli, quien elevó un pedido formal para que el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, vaya al Congreso a explicar dos cuestiones: primero, el alcance del acuerdo; y en segundo lugar, por qué no se pidió el permiso correspondiente a los legisladores nacionales para el ingreso de tropas extranjeras, teniendo en cuenta que el convenio se firmó con parte del ejército estadounidense. “Nos enteramos por redes sociales”, apuntó el diputado.
Para el dirigente santafesino, el acuerdo puede poner a Argentina en un lugar incómodo a raíz de la disputa comercial y geopolítica que existe entre Estados Unidos y China por el control del río Paraná. “Los dos países, a través de empresas de capital, monopolizan el comercio exterior argentino y creemos que lo peor que puede hacer Argentina, en el marco de esa disputa, es alinearse con una de las potencias en pugna”.
“Indudablemente la importancia que tiene este curso de agua no solo estriba en su rol comercial o geopolítico, sino que también es una vía de tránsito de comercios ilícitos varios. Entonces, el interés particular de los Estados Unidos puede tener que ver con tener un pie allí, para lo que fuera”, evaluó y agregó: “Más allá de eso, lo que nosotros cuestionamos es este alineamiento de Argentina en función de los intereses de una de las potencias que se disputan el control de nuestra Hidrovía”.
Por lo pronto, según denunció, Posse no fue a dar explicaciones al Congreso: “Este tipo de pedidos se tienen que tramitar vía comisiones y lamentablemente, en esta lógica de intentar de alguna manera ralentizar todo lo posible el funcionamiento de la Cámara de Diputados, recién en estos días se están conformando algunas de las comisiones —admitió Togniolo—. Esperemos que luego se concrete”.
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