Sauce Viejo se encuentra inmerso en un conflicto institucional y no asoman demasiadas soluciones en el horizonte. Los seis concejales denuncian que la Intendencia les adeuda sueldos, deslegitima el funcionamiento del cuerpo ante la comunidad y hasta advierten por “mensajes extorsivos” hacia los ediles. La situación fue informada a la Secretaría de Municipios y Comunas y al Ministerio de Trabajo provincial, e incluso podría llegar a la Legislatura en las próximas semanas. Sin embargo el intendente Mario Papaleo redobla la apuesta: salió a decir que el Concejo “cajonea” proyectos y denunció que los ediles adeudan 10 millones de pesos en tasas municipales.
Los cortocircuitos entre la Intendencia de Sauce Viejo y el Concejo no son nuevos, pero en los últimos meses se agravó ante la denuncia de un atraso en el pago de los sueldos, que llegaron a acumular junio, julio y el medio aguinaldo. La situación tomó otro volumen la semana pasada, cuando los concejales hicieron público un intercambio de mensajes entre el intendente y un miembro del cuerpo, donde se advierten insultos y amenazas, supeditando el pago de los salarios atrasados a la aprobación de una normativa.
“Siguen demostrando lo que son. Una mierda”, dice uno de los mensajes publicados en un comunicado difundido por las redes oficiales del Concejo de Sauce Viejo. “Decile a tus colegas que no van a cobrar ni un peso hasta que no aprueben una ordenanza”, señala otro. La publicación de los concejales plantea que la situación escaló a otros niveles que superan las posibles diferencias políticas y considera que se trata de un hecho “que merece ser analizado por las autoridades competentes”.
Los mensajes tienen un trasfondo directo. A finales de julio, el municipio había informado que desde el 1° de agosto quedaba prohibido sacar residuos de poda (ramas, hojas y plantas) a la vía pública. Se trataba de una medida enmarcada en las acciones de prevención que se vienen tomando en distintos puntos de la provincia ante la llegada del fenómeno El Niño, donde se prevén lluvias por encima del promedio.
El comunicado oficial generó interrogantes entre los vecinos porque no planteaba métodos alternativos para la gestión de esos residuos y advertía sobre posibles sanciones. Ante ese escenario, desde el Concejo informaron que la ordenanza vigente no contemplaba esa prohibición, ni nuevas sanciones para los vecinos, por lo que pidieron al Ejecutivo que brinde la información correspondiente.
El atraso salarial, sumado a los mensajes difundidos, fueron calificados por los ediles como un hecho de “violencia institucional”, por lo que la situación fue informada a la Secretaría de Municipios y Comunas, el Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Cuentas y al senador provincial. También evalúan pedir una reunión en la comisión de gobiernos locales de la Cámara de Diputados en la Legislatura.
Transparencia
Hay otro hecho que intensificó el cortocircuito en las últimas semanas: la sanción de una ordenanza que busca conocer más detalles sobre el gasto público. Según advierten, los balances que son remitidos al cuerpo tienen partidas globales, pero sin el detalle necesario para conocer cómo se ejecutaron los montos. Hubo pedidos de informes y de pronto despacho por ese tema. Ante la falta de respuestas, el Concejo sancionó una normativa que ordena acompañar los balances mensuales con la documentación respaldatoria.
Desde el Concejo explicaron que la ordenanza permitirá conocer el detalle de las partidas y quiénes fueron los proveedores del municipio durante el período, qué servicios se contrataron, bajo qué procedimientos y cuáles fueron los conceptos abonados. Según informaron los mismos concejales, desde el Ejecutivo respondieron que no la cumplirán “por considerar que excede las facultades del Concejo y que resulta contraria a la legislación vigente considerándola inconstitucional”.
Acusaciones cruzadas
Lejos de ir hacia una tregua, la tensión entre las partes se profundizó esta semana con un posteo en Facebook de Papaleo, donde acusa a los ediles de deber “alrededor de 10 millones de pesos de impuestos municipales”. El mensaje no aclara si se trata de una cuestión particular de algún concejal, ni brinda detalles sobre la deuda. “Pese a que se victimizan, es lamentable que usen cargos políticos para no cumplir con sus obligaciones tributarias”, plantea la publicación.
Unos días después, desde el municipio difundieron una serie de declaraciones que ponen el foco en los costos que requiere sostener el Concejo para la Intendencia, y una presunta “inacción” por parte de sus ediles. “Se observa que los proyectos de ordenanza que envía el Ejecutivo duermen en un cajón por años mientras los vecinos siguen esperando respuestas”, expresaron y cuestionaron que el cuerpo “nunca aprobó el presupuesto anual en tiempo y forma, evidentemente con la intención de entorpecer la administración de los recursos públicos”.
Los mensajes también remarcan que la falta de tratamiento de proyectos dificulta los trabajos de preparación ante la emergencia por El Niño “por cuanto priva de las herramientas necesarias para el mantenimiento de las máquinas y vehículos municipales afectados a la limpieza de canales”. Y remarca nuevamente la deuda impositiva: “No deja de asombrar que algunos ediles se encuentren atrasados en el pago de los tributos municipales, incluso con sentencia de apremio. Lamentable actitud de quienes deberían dar el ejemplo”.
El Concejo salió a responder en conjunto con otro comunicado, señalando que el reclamo institucional debía responderse por la misma vía y no con desacreditaciones personales en redes sociales. “La existencia de una eventual deuda tributaria de algún integrante del Concejo no habilita a generalizar, señalar públicamente ni desacreditar a todo el cuerpo legislativo”, expresa el escrito.
En la sesión del último jueves, el Concejo aprobó por unanimidad una resolución de rechazo a las declaraciones del intendente, intimándolo a “rectificar públicamente en el mismo medio y con similar difusión las expresiones referidas”. El mensaje también abre la posibilidad de iniciar acciones judiciales, tanto penales como civiles, contra Papaleo. El caso tiene una particularidad que dimensiona el nivel del conflicto: la iniciativa fue presentada por el concejal del radicalismo Carlos Piedrabuena, que encabezó la lista de Papaleo al Concejo y hasta diciembre fue su secretario de Gobierno.
Relación rota
En noviembre de 2020 la comuna de Sauce Viejo fue recategorizada por la Legislatura como municipio. Un año después, Mario Papaleo asumió como el primer intendente de la historia bajo el sello del Frente Progresista, y logró ingresar además dos concejales pero al poco tiempo se distanciaron de la gestión municipal. En 2025, el intendente fue reelecto en un comicio ajustado, donde se impuso por 57 votos compitiendo esta vez bajo el paraguas de Unidos. Allí Piedrabuena encabezó la lista al Concejo y ahora la situación parece encaminarse por el mismo carril que con los anteriores concejales oficialistas.
“Desde que se creó el Concejo tenemos problemas de esta índole, en sus diversas composiciones, porque en realidad la intendencia no reconoce su institucionalidad”, apuntó Valeria Echeverri, presidenta del Concejo, en diálogo con Suma Política. “Lo más preocupante es que un intendente elegido democráticamente busque instalar el mensaje de que el Concejo no le sirve a la comunidad, que representamos un gasto para la ciudadanía. Bajo esa premisa no ejecuta nuestras ordenanzas ni responde a los pedidos de informes que hacemos”, cuestionó.
La concejala —del PRO— también señaló que el Concejo no cuenta con presupuesto propio y depende del municipio para operar. La institución funciona en una casa alquilada que describen como “precaria” y sin la infraestructura adecuada para un organismo del Estado.
“Lo único que destina el intendente son unos 200 mil pesos para gastos administrativos, además de los sueldos de los concejales y secretarios. Y encima los abonan con atraso”, describió y agregó: “Por la exposición mediática en los últimos días se nos pagó junio, pero se nos sigue debiendo el aguinaldo y julio”.
Para los concejales no se trata de una mera falta de diálogo sino de una relación rota entre las instituciones del Estado, incluso más allá de los nombres que la integran. Sostienen que el mandatario no asiste a las aperturas de sesiones, ni tampoco invita a los concejales a las actividades oficiales del municipio. “Por ordenanza formamos parte de la Junta de Protección Civil, algo tan importante en este momento donde se deben planificar acciones por El Niño. Sin embargo, no somos convocados a las reuniones”, cuestionó.
Actualmente el Concejo se compone de seis ediles: Valeria Echeverri y Natalia Benítez por el PRO; Pedro Uliambre y Susana De Castro, del Frente de la Esperanza; Daniel Hansen del socialismo y Carlos Piedrabuena por el radicalismo. Con la reforma constitucional, y las adecuaciones que deben hacer las localidades, se abre un escenario particular para Sauce Viejo, que se encuentra entre las localidades que podrían reducir sus cuerpos deliberativos a cinco ediles.
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