El pasado viernes 18 en Suma Política se publicó una nota con mi firma sobre un caso controversial en lo fáctico y en lo emocional. Se trata del incidente donde se discute lo que ocurrió en una vivienda de Alvear al 1500 en la que un hombre de 39 años apareció sin vida con un disparo en la cabeza. Lo que está en debate penal es si la persona se quitó la vida o fue víctima de homicidio.
Lo que habilitó la nota fue que un camarista, en la última novedad judicial del asunto, dispuso la libertad de la novia de la persona que murió. Los indicios acumulados en la escena habían motivado que un fiscal pidiera su detención y luego su prisión preventiva. Melisa P. estuvo 52 días presa. Siempre manifestó su inocencia. El miércoles 16 de abril hubo una revisión de la medida cautelar. El camarista que tomó el caso ordenó liberar a la mujer con una serie de argumentos que la última nota que lleva mi firma considera. Esa constatable novedad en un caso con interpretaciones no unívocas motivó la salida del artículo.
Frente a esta nota difundida en el sitio de Instagram de Suma Política hubo dos comentarios que se reproducen a continuación.
En toda mi carrera de periodista jamás respondí los agregados que se hacen en redes sociales sobre notas de mi autoría. Es una decisión personal. No lo hago porque en la mayoría de los casos quienes comentan son usuarios anónimos y además porque si uno pone a circular textos en público la crítica es algo inherente y esperable. Pero esta vez, en esta primera vez, hay una diferencia sustancial. La autora del comentario desacreditante es la jueza María Sol Usandizaga. Lo hace desde la cuenta @solderosario, que tiene entre algunos de sus contactos a funcionarios y empleados del Poder Judicial.
Efectivamente el apellido de la persona que falleció, que no es un apellido común, estuvo reportado erróneamente. Es Saravalli y no Savelli como redacté inicialmente. Es un error inmotivado probablemente causado por conocer personalmente el apellido Savelli. Fue corregido ni bien detectada la equivocación.
Lo que me resulta descalificador y agraviante es que la jueza Usandizaga me objeta una aparente parcialidad haciendo un reproche funcional y moral a mi desempeño como periodista. Desde el título, la nota no esconde que se basa en la posición de la defensa de la mujer. Pero eso tiene dos motivaciones periodísticas inobjetables. La primera es que este es un pleito muy duro donde, a semejanza del caso Fraticelli, la imputada que está en una posición muy desventajosa ofrece explicaciones a todo. Y, fundamental, porque a esos argumentos defensivos volcados en audiencia un camarista los considera tan atendibles que le da la libertad.
La abrumadora mayoría de las notas periodísticas se basan en planteos fiscales que son preliminares y nadie se ofende cuando no dicen lo obvio: que también son provisorios. ¿Cómo es que me involucro indebidamente según concluye la jueza? Hago un recorte absolutamente legítimo y ese recorte lo avalo con mi firma. La implicada estuvo presa 52 días. Si un magistrado indica su libertad y lo justifica con una larga explicación basada en lo que expuso la implicada, hacer una nota privilegiando esto (como se privilegiaron en tantos artículos los argumentos imputativos cuando quedó presa) es completamente legítimo y profesionalmente admisible. Habría sido aceptable, igualmente, si hubiera elegido como periodista exponer el planteo defensivo en el mismo momento que quedó presa.
Contamos historias. Tiene sentido proponer una historia desde el lugar que consideremos pertinente. La única condición es no tergiversar y no mentir. ¿Hubo errores o imprecisiones en la nota? No negamos que haya podido pasar. Se trató de un texto escrito con celeridad sobre algo ocurrido en una audiencia de muy larga duración sobre un hecho controvertido. En esa crónica además no se esconde que se privilegia el relato de la parte a la que le admitieron el planteo. Si hubo circunstancias que enmendar o corregir, o que sirvan para contextualizar, se aceptan los señalamientos. No somos los dueños de la verdad ni rehuimos la conversación pública. Otra cosa es cuando se atribuye mala fe.
Allí es precisamente donde estamos. La jueza va más allá de una crítica. Habla de comentarios pagados. Esa deslizada infamia es una ofensa que atenta contra el único capital que tengo: mi buena fe y mi credibilidad. Me asombra viniendo de una jueza, una ligereza que ni siquiera formula con su nombre, en un caso que está sostenido por la decisión de un colega suyo que cuestionó en audiencia pública la apariencia de responsabilidad de la implicada con la que se construyó la imputación. No se puede decir cualquier cosa. Quien se manifiesta es una magistrada de la provincia.
Algo más que induce a incredulidad y desconcierto: en la oración final de su texto la jueza Usandizaga dice que le hacen mal al periodismo los comentarios tendenciosos o pagados “sabiendo quién es la familia de la acusada”. Un enunciado inaudito en una encargada de aplicar la ley penal. No sabemos nada de la familia de la implicada. Pero si algo hubiera de reprochable en ella, algo vagamente suponible exclusivamente por lo que dice la jueza, la pregunta es si deberíamos transferirle alguna culpa a la involucrada.
Estamos en una época donde desde lo más alto de los poderes públicos se arremete contra el periodismo. Un momento donde las asociaciones periodísticas destacan la particular hostilidad hacia la prensa. El presidente de la Nación habla a mansalva de periodistas ensobrados con una generalización indiscriminada cuyo fin, al no aportar datos concretos, es hostigar las posiciones que no le resultan favorables o con las que no coincide. El mecanismo de la jueza Usandizaga no se le aleja. Puede que no esté de acuerdo con circunstancias que aparecen en la nota o con lo que en relación a sus aspiraciones no está consignado. Algo que puede ocurrir porque ningún texto agota la complejidad de lo que tiene un evento humano lleno de matices como el que implica este caso. Pero no es eso lo que hace. Ella habla de mala práctica profesional y también sugiere inmoralidad de quien la escribe.
Puede sonar exagerado construir un intercambio a partir de un comentario de un texto aún con alguien que puede parecer anónimo. Pero @solderosario es el usuario de una persona a la que jueces y empleados del Poder Judicial conocen como María Sol Usandizaga y lleva una foto de ella. Si algo se puede esperar razonablemente de una posición institucional es moderación, sentido común y mesura. Porque un juez siempre es juez. Y lo que se nota es un señalamiento injurioso, vehemente y en extremo prejuicioso.
Que no quede lugar a confusión. El señalamiento de falencias o errores en un texto periodístico, sobre todo cuando tienen apariencia de ser graves, resulta constructivo. No solamente es admisible sino que debe ser tomado con reconocimiento. La crítica nos mejora y es por ello bienvenida. Pero otra cosa es la afrenta humillante o insolente. Eso no tiene por qué tolerarse. Muy en especial cuando el que habla, aunque sea desde un alias pero en la cuenta oficial de un medio, es una magistrada del Poder Judicial de Rosario.
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