En su última semana de noviembre, el Congreso se va apagando. Como fue tradición por muchos años, y de no surgir un llamado de última hora de la Casa Rosada para habilitar sesiones extraordinarias en diciembre, tanto en Diputados como en el Senado el clima apunta más hacia un receso extenso y de pasillos vacíos, que a repetir las batallas de verano que se han venido dando —como excepcionalidad— en los últimos años. Como adelantó Suma Política, con varias convocatorias a sesiones entre el martes y el jueves de esta semana, podían suceder muchas cosas o podía suceder poco y nada.
Así fue como hoy volvió a fracasar el intento del PRO de conseguir la media sanción del proyecto de “Ficha Limpia”, una ley que impediría una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2025 a partir de la condena que pesa sobre la expresidenta por la causa “Vialidad”, confirmada por la Cámara de Casación aunque todavía sin tratamiento en la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa contaba con el acuerdo previo de La Libertad Avanza pero, a la hora de la verdad, hubo ausencias en todos los bloques —incluidos los que la impulsaban— y perderá estado parlamentario.
El miércoles, con todo, se concretó la sesión en Diputados, y obtuvo media sanción la ley de los juegos de azahar en línea (con la oposición unida y el oficialismo fragmentado), que combate a la ludopatía e impide la publicidad del juego online. El martes, sin embargo, no hubo quórum para las sesiones clave: la que pretendía derogar el DNU 846/2024 y otra que buscaba “democratizar” a las organizaciones sindicales, limitando el tiempo de los mandatos e impidiendo el cobro compulsivo de la cuota sindical, entre otros cambios.
Sin embargo, fue en el Senado donde se coló la noticia de la semana: un principio de acercamiento de posiciones entre Unión por la Patria (UxP) y el oficialismo para intentar resolver, en parte, la grave realidad de vaciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Derivó en una fuerte advertencia del peronismo: “No hay juez de la Corte sin el acuerdo del Senado”. El máximo tribunal está a días de quedarse sólo con tres miembros, ya que el ministro Juan Carlos Maqueda se retira a fin de año, tras cumplir los 75 años el próximo 29 de diciembre. La Casa Rosada presentó hace meses los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, y en los últimos días habría conseguido las firmas a favor de Lijo (incluía la de Lucía Corpacci, del bloque de UxP), aunque el acuerdo que requiere el nombramiento de jueces es mucho más amplio que un puñado de firmas en la comisión.
Sin los dos tercios de los presentes en el recinto, no hay posibilidad de nominar a los jueces de la Corte.
Aquello que atisbó como un principio de acuerdo entre la principal fuerza opositora (UxP, con 33 miembros) y la pretensión de la Casa Rosada, que consistió en “nosotros (UxP) podríamos apoyar a Lijo pero el otro candidato lo propone el peronismo”, terminó con un documento firmado por la totalidad de UxP advirtiendo sobre una posible maniobra de la Casa Rosada para “nombrar en comisión” a los dos jueces propuestos, sin pasar por el plenario del recinto.
La sospecha peronista se basa en un antecedente: los jueces Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz fueron nombrados por decreto por el ex presidente Mauricio Macri, aunque el Senado lo resistió un semestre, y luego el oficialismo de entonces terminó juntando los votos necesarios, a partir de la fractura del bloque peronista de aquellos años (la escisión de Unidad Ciudadana).
A diferencia de aquel año 2016, cuando el bloque peronista amigable con Macri (que conducía Miguel Pichetto) terminó por avalar a los cortesanos, hoy José Mayans advierte: “Conversemos ahora, busquemos un acuerdo porque si nombrás por decreto a Lijo y Mansilla, en un año, terminado el año de en comisión, nunca más los votos de los senadores peronistas estarán a favor de quienes acepten la posición provisoria”, resumió para Suma Política una voz autorizada del bloque que ocupa el segundo piso del Palacio en el Senado.
“Los senadores abajo firmantes asumimos el inmediato rechazo al pliego de cualquier persona que acepte ser designada como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que reza: ‘Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. La designación ‘en comisión’ de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país. Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el estado de derecho”.
Entre tanto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se presentó el miércoles en el Senado y ratificó el rumbo de las políticas del gobierno nacional. No definió con claridad si habrá o no llamado a extraordinarias para el tratamiento de, al menos, un tema que ocupa sobre todo a los gobernadores de las provincias argentinas: el presupuesto 2025.
Por lo demás, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dio por finalizado el año y no convocó a una sesión que le pedían bloques dialoguistas para este jueves 28 de noviembre. El año se termina, salvo que una convocatoria de la Casa Rosada a extraordinarias ponga otra vez en marcha la rueda.
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