El juez Román Lanzón confesó su asombro en la audiencia de imputación. Los tiroteos, las venganzas encadenadas y los homicidios son parte de la vida cotidiana de Rosario, pero la existencia de una agencia de sicarios, como la que quedó al descubierto con el plan para asesinar a un empresario, señala por si fuera poco una especie de salto cualitativo en la ola de violencia que azota a la ciudad.
La sorpresa del juez aludió a las escuchas telefónicas en las que los acusados deliberaban largamente sobre la forma más conveniente de concretar sus planes. Fabio Giménez, el preso de la Unidad de Detención número 3 que organizó el ataque contra el empresario Mauricio L., lo explicó con los términos de un entrenador deportivo: los asesinos, dijo, le ponen ganas y actitud a los encargos que reciben. Matar es ahora “un trabajo”, “una changa”, y los sicarios se manifiestan motivados, no lo hacen solo por dinero sino también por gusto, por pasión, por compromiso.
Los crímenes por encargo en Rosario pueden remontarse por lo menos a 2013, cuando la banda de los Monos inició su metódico plan de venganza por la ejecución de Claudio “Pájaro” Cantero, pero el grupo que coordinaba Giménez desde el pabellón número 2 de la Unidad 3 supone una nueva forma de organización. “Las modalidades de sicariato que vemos en Rosario son excepcionales en el país. Aparecen como una profesión”, dice a Suma política Valentina Novick, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Novick define como “un modelo de investigación” los procedimientos que comenzaron con las escuchas ordenadas por la fiscal federal Adriana Saccone y que concluyeron con la intervención de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. “Está claro que cuando la articulación entre las jurisdicciones es virtuosa se persigue mejor a las organizaciones criminales”, dice, y enfatiza en la importancia de “una mirada desde la política criminal” atenta “al entramado de las organizaciones criminales y sus modificaciones a lo largo del tiempo, ya que si bien estas organizaciones se dedican básicamente a la venta de estupefacientes también se diversifican hacia actividad ilícitas en función de cómo se presenta el negocio del narcotráfico y lo que tiene mayor rentabilidad en cada momento”.
Abierto 25 horas
El sicariato parece consolidarse en el proceso que describe Novick como nueva agencia de colocaciones del crimen organizado en Rosario. Según se desprende de escuchas telefónicas, Giménez ofrecía un polirrubro: ejecuciones, atentados, intimidaciones. Los servicios tenían una marca profesional, con tareas de inteligencia previas y múltiples precauciones para evitar las investigaciones.
El preso de la cárcel de Riccheri y Zeballos también se dedicaba al narcotráfico -las primeras escuchas lo detectaron cuando reclamaba el pago a un comprador- y su compañera, Joana Bernal, hacía tareas de asistencia en la calle, como la provisión de celulares y el reparto de los beneficios económicos, según una división del trabajo en los grupos narcos que suelen asignarle ese tipo de trabajos a las mujeres.
La agencia de sicarios volvió a poner en primer plano el problema de las cárceles provinciales como base de operaciones del crimen organizado. “Cuando voy a la cárcel de Piñero, no puedo usar el teléfono: los inhibidores de señales funcionan con mi celular”, dice el fiscal Matías Edery. Pero los dispositivos son inútiles para bloquear el tráfico y el uso de celulares en poder de los presos: los registros de horarios en las escuchas a Giménez demuestran que podía impartir sus órdenes desde la Unidad 3 en cualquier momento del día.
Edery señala que un alto porcentaje de crímenes y de actividades del narcotráfico proviene de personas actualmente detenidas en prisiones de la provincia. El crimen, en Santa Fe, se organiza desde las cárceles y lo que en principio suena a paradoja se concreta como realidad: “la situación es que una persona que está en la calle le encarga un homicidio a otra que está presa, y el homicidio sucede”, destaca el fiscal. Ni siquiera casos de alto impacto como el asesinato del ex concejal Eduardo Trasante, orquestado en un pabellón de Piñero, afectaron ese funcionamiento
“El problema de las cárceles no se presenta solamente en Rosario -agrega la subsecretaria Novick-. Se está rearmando la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal para prevenir estas situaciones y Santa Fe tiene la misma preocupación sobre el sistema provincial”. El ámbito carcelario funciona como factor añadido de violencia: “a veces termina llegando cualquier cosa como orden a la calle y además se reclutan chicos muy jóvenes e inexpertos para el negocio, lo que sumado a la disponibilidad de armas y municiones, produce unos niveles de violencia anárquicos”.
No es el único indicador de gravedad en el plan para asesinar a Mauricio L. El episodio resulta novedoso, sobre todo, porque por primera vez en Rosario el sicariato no se ejerce como parte de la guerrilla entre bandas narcocriminales. Ahora se trata de un empresario, Lucas Daniel Farruggia, que enfrentado a una situación de competencia comercial con un ex socio decide contratar a un grupo criminal para deshacerse de un rival con el que ayer posaba sonriente en publinotas para canales de YouTube.
Desde ese punto de vista, el sicariato como opción de resolución de negocios se corresponde con otros indicadores de la penetración mafiosa en la vida cotidiana de Rosario, junto con las extorsiones a comerciantes y repartidores callejeros, las versiones sobre adquisición de bares en la avenida Pellegrini, las operaciones de cambio de moneda en financieras céntricas y el manejo de las barras bravas de Newell´s y Central como canteras de reclutamiento de personal para acciones de violencia.
Según la imputación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, la trama incluyó a Germán Roberto Ponce, empleado de una empresa de catering y barra de Newell´s, en el rol de enlace entre Farruggia y Giménez, quien a su vez se comunicaba con Uriel Reynoso -sicario que falló y fue detenido en el primer intento contra Mauricio L, en la tarde del 21 de abril- y con Brian Josué González, designado en segunda instancia para concretar el crimen el 10 de mayo y detenido horas antes por la Policía Federal. Reynoso y González, además, están imputados por el asesinato de Mariano Nicolás Ocampo, alias Fino, el 14 de abril.
El grupo cambió sus teléfonos después del crimen de Ocampo y el tirador y su acompañante fueron a la peluquería para cambiar el aspecto. La logística incluía ropas para hacerse pasar por agentes de Defensa Civil; González era valorado en el grupo como un agente especializado, que denotaba con su simple presencia las aptitudes para ejercer como verdugo. “Estamos hablando de tres o cuatro casos por semana. No todos son encargos de crímenes, pero lo que aparece es un negocio establecido”, dice el fiscal Edery.
Los galgos y la liebre
Después del intento frustrado el 21 de abril, el grupo cambió de estrategia y propuso matar -“hacer”, en la jerga- al hermano del empresario para después rematar el plan en el velorio. Giménez exhortó a Ponce a que convenciera a Farruggia para llevar adelante esa alternativa, según una de los registros de su teléfono.
Mauricio L. seguía bajo la vigilancia del grupo. El empresario contaba con custodia policial, pero los sicarios estaban decididos a seguir adelante después de arreglar un pago de 500 mil pesos.
En otra comunicación, Giménez insistió para que Farruggia confirmara el encargo para soltar a los galgos, como llama a los sicarios.
La idea de matar al hermano para después perpetrar el crimen que se proponían en el velorio echa luz además sobre un doble homicidio perpetrado en febrero. El crimen de Javier Alejandro Procopp, ocurrido entonces en Villa Gobernador Gálvez, no habría sido una equivocación sino una estrategia para tomar desprevenido a su hermano Marcelo, asesinado al día siguiente en la puerta del cementerio; el hecho fue adjudicado a las venganzas de los Monos contra la familia Bassi, un clan al borde de la extinción.
La captura de Reynoso después del primer intento contra el empresario, en avenida del Rosario 2772 C, provocó una deliberación significativa en el grupo. Giménez estaba en principio preocupado por su situación, pero después consideró que enfrentaría un cargo menor. “La organización estaba muy pensada -dice el fiscal Edery-. En principio podíamos identificar al tirador y llegar al eslabón siguiente, pero no al instigador. Es lo que nos queda pendiente, por ejemplo, en el caso de Ocampo, aunque tenemos una filmación del momento en que se realiza el pago por el crimen”.
Un loco suelto
Las escuchas telefónicas revelan un tipo de conversaciones que se basan en sobreentendidos y en referencias compartidas que no se explicitan por una precaución obvia. Cuando Reynoso lo llama por primera vez desde un teléfono nuevo, Giménez tiene una especie de sobresalto y reacciona justamente con desconfianza, hasta que el otro se identifica.
No obstante, el entrecruzamiento de llamadas y la cantidad de información que intercambiaron en las comunicaciones permitieron reconstruir el plan en detalle, con instrucciones, puntos de vista e imágenes de la víctima, su auto y el frente de su casa, producidas durante los seguimientos realizados por miembros no identificados de la banda. También sirvieron para obtener datos de otros involucrados, en particular de un personaje al que Giménez mencionó varias veces como un superior, el que le derivó el encargo.
Giménez lo llama “el Loco”: es la persona que encargó el crimen de Ocampo y, como adelanta el día siguiente a ese caso, el que tiene “una cosita para hacer, algo mucho más lindo”. En otra conversación con González, dice que no recibió el encargo por el empresario directamente del jefe sino de un tercero, a su vez preso en Piñero. Después del primer intento fallido, propone matar al hermano de Mauricio L. y considera la posibilidad de suspender el plan, pero lo descarta después de recibir una nueva orden: “al Loco hay que hacerle caso, yo lo respeto”.
El misterio, sin embargo, parece relativo. No hay muchas personas en el ambiente criminal que provoquen semejante demostración. La línea telefónica de Reynoso estaba por otra parte a nombre de Aldo Marcelo Sosa, sindicado como barra de Newell´s y testaferro del clan Cantero. “Hace tiempo que sabemos que el jefe de la barra de Newell´s es Guille Cantero; el que aparece como líder suele ser el que responde directamente a sus órdenes”, dice el fiscal Edery.
La red de relaciones también incluye por ese lado a Germán Ponce, cuyo hermano Marcelo Orlando, baleado en octubre de 2016 en Grandoli y Sánchez de Thompson, integra el panteón de barras leprosos caídos en medio de las disputas entre facciones de la barra.
Giménez, condenado a once años de prisión por robos calificados y ahora trasladado a la cárcel de Coronda, es según los investigadores “un vínculo directo de los Monos”. El crimen de “Fino” Ocampo, allegado a Esteban Alvarado, respondió a su vez al enfrentamiento de esta banda con los Cantero.
Las sospechas llegaron hasta la cárcel de Marcos Paz, donde los inhibidores de señales parecen también registrar fallas de funcionamiento. La celda de Ariel Máximo Cantero, el Guille, fue allanada por orden de la Justicia Federal en la causa por narcotráfico que hizo de hilo para llegar a los sicarios. Pero los investigadores volvieron con las manos vacías.
El pico de la violencia
La violencia callejera en Rosario tiene al menos tres líneas de fuego en suspenso, cuyo punto en común son los intereses de Esteban Alvarado: el enfrentamiento que sostiene con los Monos; los atentados contra testigos que declararon en la causa que enfrenta por asociación ilícita y lavado de activos y la rivalidad interna dentro de su propio sector por el control de la venta de droga en la zona oeste de Rosario, reavivada en la última semana con una balacera y una mujer herida por error en la calle Pérez Bulnes al 5900.
“La cantidad de municiones que se dispara en cada hecho, no solo en los homicidios sino también en las balaceras, muestra la proliferación de armas y municiones que circulan en Rosario y alrededores, mucho mayor que en cualquier otro territorio del país. Para acotar ese problema se está desarrollando el plan de desarme voluntario”, dice Valentina Novick.
La violencia en un grado “superior a la que pueden tener organizaciones similares en otros territorios”, caracteriza a las organizaciones criminales en Rosario. “La cuestión de que todo se resuelve a los tiros está instalada. Se convive hace tanto tiempo con la violencia que está como naturalizada. El problema no empezó ayer, hay que tener una política sostenida a lo largo del tiempo y de articulación de los actores que tienen que intervenir: las fuerzas de seguridad, la justicia, la Nación, la provincia”, agrega la subsecretaria de Investigación Criminal. El desbaratamiento de la agencia de sicarios, en esa perspectiva, “es una señal de que este lado también estamos organizados para abordar al crimen”
La historia que, como dijo el juez Lanzón, podría ser tomada como una película, se ve cada día y continuó en el momento en que la banda de sicarios quedó al descubierto. El asesinato de Ramona Luque, allegada al clan Funes y residente en los monoblocks del Parque del Mercado, se produjo con una firma registrada en otros crímenes: un papel en el que se leía “con la mafia no se jode”, hallado bajo el cuerpo de la mujer. Son las sentencias de muerte para las que existen encargados específicos en la ciudad de Rosario.
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