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Política

Una “observación” a Baclini y el caso Sain: “No hay delito en ninguno de los dos, solo distintos criterios”

“El tema de la coherencia es un poco difícil, pero no se puede ser tan contradictorio”, argumenta Hernán Augusto Martínez. El abogado se refiere así a la presentación en la que “viene a formular observación” a propósito de la postulación de Jorge Baclini para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La objeción fue realizada ante el Ministerio de Seguridad pero se dirige también a la política santafesina y resalta usos considerados espurios de la justicia en la historia reciente.

Martínez defiende a Marcelo Sain en las causas que afronta el exministro de Seguridad de la provincia, entre ellas por supuestas irregularidades en una licitación destinada a la compra de armas que no llegó a concretarse. Como fiscal general, el 2 de diciembre de 2020, Baclini firmó una resolución para comprar la licencia de un sistema de software directamente a Emprendimientos Grupo Patagónico, la misma empresa cuestionada en aquella licitación, pero ni la política ni la justicia santafesina se preocuparon al respecto.

“En el caso de Sain se llamó a una licitación pública, que finalmente quedó sin efecto. En el de Baclini hubo una contratación directa, lo que implica un agravante”, destaca Martínez. Para el abogado, las razones de la contradicción y en particular las acusaciones contra Sain se explican por el uso del Ministerio Público de la Acusación con fines políticos.


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La presentación de Martínez ante el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni incluyó la resolución por la que Baclini autorizó la compra directa de la licencia por un año para hacer extracciones forenses de dispositivos móviles. El entonces fiscal general alegó la excepción prevista por ley para los casos de “exclusividad comprobada del oferente y carencia de bienes sustitutos”. Pero no había tal cosa “ante la posibilidad de adquirir otros bienes de similares características que podrían haberse evaluado en un procedimiento licitatorio”, entre ellos el software Cellebrite que utiliza al día de hoy el MPA.

Por un lado se investiga a Sain “por haber propiciado un procedimiento licitatorio, con todas las garantías que el mismo implica para los oferentes, donde no existió erogación para el erario provincial y por ende no hubo perjuicio económico alguno”; por otro, se propone a Baclini como integrante de la Corte Suprema cuando siendo funcionario “autorizó una contratación directa con la misma empresa, que generó una notable erogación para las arcas provinciales (53 mil dólares), sin licitación”.

La objeción por la compra de la licencia y la asociación con la frustrada licitación para la compra de armas no son una novedad. El 4 de mayo de 2022, en la Legislatura provincial, el senador Armando Traferri le preguntó a Baclini si se trataba de la misma empresa en ambos casos y el ahora candidato a la Corte respondió afirmativamente y se remitió a las consideraciones de la resolución firmada en diciembre de 2020: Emprendimientos Grupo Patagónico era la única empresa que podía proveer la licencia para el uso de la tecnología y “está todo documentado perfectamente”. El senador no tuvo más preguntas.

Un mes después, fueron Marcelo Sain y Hernán Augusto Martínez quienes plantearon la cuestión en una audiencia por las medidas cautelares que pedían los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez en la causa por la compra de armas que no se realizó. Como hoy, el abogado destacó en ese momento que la compra directa por 53 mil dólares no provocó ninguna alarma ni actuaciones de oficio ni denuncias de opositores.

Sain agregó otra referencia: “Yo no traje al Grupo Patagónico a la provincia —dijo—. El Grupo Patagónico estaba en Santa Fe desde la gestión del Frente Progresista de Miguel Lifschitz. Ya tenía vínculos con el Ministerio de Seguridad por la estrecha relación del responsable de la firma (Bernardo Fabián Menajovsky) con Martín Pullaro”, hermano del actual gobernador de Santa Fe.



La presentación cita los términos con que el fiscal Ezequiel Hernández acusó a Sain, Maximiliano Novas, Esteban Montenegro, Marcelo Leonardo Correa y Emprendimientos Grupo Patagónico por las presuntas irregularidades, consistentes según sus términos “en direccionar el procedimiento licitatorio estableciendo condiciones especiales de forma tal que se impedía a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro y sólo pudiera ser adjudicada la empresa escogida previa e ilegítimamente”.

Martínez reprodujo argumentos de Hernández: “Esta empresa —al momento de los hechos— no tenía programa de integridad, contaba con una sola empleada, no tenía inmuebles (de hecho, su domicilio legal era la vivienda del propio Menajovsky) y no poseía vehículos ni muebles de ningún tipo a su nombre”. Pero la misma situación por la que seis diputados provinciales presentaron una denuncia el 5 de marzo de 2021 pasó sin ninguna observación apenas cuatro meses antes.

La “observación” del abogado de Sain a propósito de la propuesta de Baclini como juez se suma a la impugnación de Patricia Molina, una ciudadana santafesina que afirma haber realizado treinta y tres denuncias sobre narcotráfico desconsideradas por el MPA. Las postulaciones de Rubén Weder y Margarita Zabalza, en cambio, no tuvieron contratiempos.

Hernán Martínez aclara sin embargo que la presentación “no implica una modificación del elevado concepto” que le merece Baclini. “No hay delito en ninguno de los dos casos —explica—. La contratación de Baclini estaba dentro de sus facultades, como también estaba en las de Sain convocar una licitación y que la empresa Grupo Patagónico participara. Lo que se quiere reflejar es que políticamente están manejando el mismo caso con criterios diametralmente opuestos”.



La balanza de la Justicia


El abogado Martínez recuerda que Omar Perotti, entonces gobernador de la provincia, instruyó al fiscal de Estado Rubén Weder para que se constituyera como querellante en la causa contra Sain conocida mediáticamente como espionaje, aunque no hay acusación por tal actividad. Pero la actuación de Weder no le merece reproches:

—Perotti le ordena a Weder que se constituya como querellante cuando instalan el supuesto espionaje, él lo hace y mantiene una actitud de mucha prudencia en las audiencias. Participó con objetividad, y en relación a la licitación para la compra de armas manifestó que la provincia no tenía interés en ser querellante. Cuando cambia el gobierno en la provincia, la fiscalía de Estado cambia el criterio y se constituye en querellante en la causa con el actual fiscal Domingo Rondina.

En noviembre de 2024, el fiscal Ezequiel Hernández, presentó la acusación y pidió llevar a juicio a Sain y otros exfuncionarios del gobierno de Perotti a los que acusó de conformar una asociación ilícita que violó la Ley Nacional de Inteligencia, malversar caudales públicos, impartir órdenes ilegales e instigar la destrucción de documentos y elementos de prueba.

—Nos enteramos por la prensa —dice Martínez—. Formalmente no nos notificaron nada, estimo que será este año. Dejaron dormir la causa. Pasó mucho tiempo sin movimientos de importancia. El fondo de la cuestión quedó paralizado.

—¿A qué atribuyen esa situación?

—Usaron la causa como les sirvió. Ganaron las elecciones y ahora no les interesa más. No la pueden dejar porque sería un escándalo dejarla como está. Pero ya sirvió para lo que la querían. Esto nunca fue buscar justicia: fue usar la justicia para lograr un fin político. Y les salió bien.

Martínez se refiere a las últimas elecciones para gobernador, a la cobertura periodística, al escándalo generado alrededor del llamado espionaje:

—¿Qué mejor forma de ganar que menoscabar al perottismo y presentar a su ministro de Seguridad como el espía santafesino? —se pregunta—. Eso tuvo un efecto directo en el electorado. Todos los días se publicaban noticias en los grandes medios de la provincia con algún audio secuestrado en la causa, audios que no tenían nada que ver con nada, que no eran incriminantes de ningún modo pero sirvieron para hacer tapas. Lo que esto muestra es cómo se manejó la cuestión utilizando a la justicia con una finalidad política.

Los cuatro senadores y ocho diputados que integran la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa analizarán las objeciones contra Baclini a partir del 4 de febrero. Según el planteo de Martínez se trataría de revisar la propia actuación “explicando la irreconciliable contradicción” entre impulsar denuncias y proponer como juez “tratándose de la misma empresa”.


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