Hay plata: los fondos autorizados por la Ley de Emergencia de Seguridad a principios de 2022. Hay más policías: 700 solo en Rosario según los últimos anuncios. Hay más patrulleros, más camionetas, están por llegar los chalecos antibala, hay drones y hay dispositivos de rastreo para conocer el despliegue policial en tiempo real. Lo que falta es saber qué se puede hacer con todos esos recursos que tiene la provincia de Santa Fe para resolver sus problemas de seguridad.
La renuncia de Rubén Rimoldi y el incremento de la violencia en Rosario exponen ese contexto. “Este es el camino correcto”, balbuceó el ex ministro de Seguridad en una conferencia de prensa horas antes de abandonar el cargo. Pero en seis meses de gestión no explicó cuál era su estrategia contra el delito. El único camino claro que siguió fue el de regreso a su casa.
Pero así como aumentan los recursos con que cuenta el gobierno de la provincia, mientras el intendente Pablo Javkin exige cinco mil policías para reemplazar a los que están en Rosario y el gobernador Omar Perotti pide comprensión y más efectivos federales al gobierno nacional, aumentan también las muertes y las balaceras. “Hay algo que no está funcionando”, dijo la fiscal Valeria Haurigot cuando se secuestraron 44 celulares en cárceles, en diciembre, y esa observación podría extenderse a la receta del policiamiento que se repite desde 2019 cada vez que la violencia narco sacude a la ciudad pese a su fracaso comprobado en las estadísticas.
Javkin se preguntó en qué ciudad vivía Rimoldi. El ex ministro le respondió en su última conferencia de prensa: vivía en una ciudad en que los índices delictivos habían bajado y donde “las mafias” estaban molestas con la policía. El Observatorio de Seguridad Pública del propio ministerio informó que en 2022 empeoraron todos los registros y, aun con el refuerzo de las fuerzas federales, se llegó a la cifra récord de 287 asesinatos en Rosario y una tasa de 22 homicidios por cada cien mil habitantes.
En enero, cuando el nuevo ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, lo puso en funciones al frente de la Unidad Regional II, el comisario Adrián Galegani anunció la incorporación de nuevos agentes y “operativos de saturación para las zonas conflictivas”. Entre otros episodios, el 26 de enero fueron incendiados dos autos en la puerta de la comisaría 12, el 1° de febrero incendiaron un negocio y dejaron un mensaje mafioso enfrente de la Jefatura de Policía. La pérdida del control del espacio público por parte de la policía se extiende y afecta a las propias comisarías, que parecen poco más que lugares habitados por fantasmas.
El asesinato del músico Lorenzo Altamirano frente a la puerta 6 de la cancha de Newell´s, en la noche del 1° de febrero, descubre también la ineficacia de las intervenciones convencionales. Si alguna vez los tuvieron, los “operativos de saturación” no producen efectos más allá del momento en que ocurren, cuando los búnkers interrumpen la atención al público y las bandas se toman un tiempo para pensar en nuevos ataques.
La crisis de la policía santafesina y en particular de Rosario es conocida y está a la vista. Pero así como se agravan los homicidios, el deterioro de la institución se profundiza. En Andino, un policía de la Unidad Regional XVII viola a una compañera de trabajo, que viene de separarse por sufrir violencia de género, y otro policía filma el abuso y comparte el video con otros policías; en Santo Tomé, una menor de 15 años concurre con su padre a una dependencia policial para denunciar y se encuentra con un policía que la acosa y le pregunta cuánto cobra. Parece difícil que estas desviaciones se resuelvan con jefes que tengan “vocación de mando”, como exige el nuevo ministro.
La crisis de la policía santafesina es conocida y está a la vista. Pero así como se agravan los homicidios, el deterioro de la institución se profundiza
Lo siniestro está a la orden del día y no carece de antecedentes. En mayo de 2022, la fiscal Mariela Jiménez allanó la comisaría 11 en Santa Fe para investigar una denuncia sobre beneficios que incluían servicios sexuales y celulares para presos, según un tarifario establecido, y como se decía en los viejos partes policiales descubrió el delito in fraganti: una mujer policía mantenía relaciones con un detenido, ex policía preso en una causa por drogas. No solo falta el profesionalismo en la policía provincial.
El que se va, el que viene
Parecía que los números cerraban en la reunión de las autoridades del Ministerio de Seguridad y los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad. Hasta que empezaron a circular un conjunto de observaciones del Tribunal de Cuentas de la provincia sobre el uso de los fondos asignados por la ley.
Las resoluciones cuestionadas tienen fecha entre el 5 y el 23 de diciembre. Para curarse de los males de la presentación anterior, cuando Rimoldi y la ex secretaria de Coordinación Administrativa, Ana Morel, dejaron al descubierto la subejecución del presupuesto, hubo un aparente apuro por gastar el crédito y exhibir ante los legisladores una cifra rotunda: 99,45 por ciento de los fondos utilizados.
Pero el precio de la supuesta eficiencia, según los informes del Tribunal de Cuentas, fue comprar inodoros, bidés, bicicletas y electrodomésticos, entre otros enseres poco relacionados con la emergencia. La conclusión es que el Ministerio de Seguridad no supo qué hacer con la asignación presupuestaria. O que lo supo muy bien, a su modo: a una policía sospechada de corrupción, la gestión Rimoldi le otorgó partidas millonarias y de difícil control.
Entre el ministro que se va y el que viene las diferencias son notables tanto por sus trayectorias como por el modo en que se sitúa la política santafesina. Rimoldi fue recibido en medio del silencio del oficialismo y la oposición, el rechazo de los organismos de derechos humanos y el solitario apoyo de Apropol, el grupo policial que motorizó protestas en distintas coyunturas de la historia reciente. Brilloni se encontró con la aprobación prácticamente sin fisuras de la oposición cuando se incorporó al Ministerio de Seguridad en diciembre de 2021 como secretario de Prevención y Control Ciudadano e incluso Patricia Bullrich le transmitió sus mejores deseos por Twitter.
Rimoldi, un policía retirado, salía del túnel del tiempo para proponer la unificación del mando policial, lo que entusiasmó a sectores retrógrados que ven en las reformas un atentado contra su poder y que soñaban con volver al estado anterior a la reforma a medias que implementó el segundo gobierno de Jorge Obeid. Su fracaso sepulta esas aspiraciones: la reforma policial no es ya una cuestión para debatir sino un clamor que se eleva desde distintos ámbitos, desde la Corte Suprema de Justicia al conjunto de los partidos políticos.
Pero el futuro exige profundizar en el significado de la experiencia de Rimoldi. Según la explicación oficial, el ex ministro deja su cargo porque no produjo resultados. Lo que fracasó es también una concepción antipolítica de la seguridad, la que supone que los policías y los miembros de fuerzas de seguridad son los más idóneos para definir la seguridad pública o los capaces de llevar con rienda corta a fuerzas que en manos de civiles pueden desestabilizar las gestiones de gobierno. Los resultados de la delegación del gobierno de la seguridad en la policía de Santa Fe están a la vista.
El ahora ministro Brilloni es considerado “un operativo” y reivindica su formación militar. Las circunstancias obligan, y en sus primeras declaraciones se refiere al problema de la corrupción policial. Se declara preocupado por la falta de entrenamiento de la policía santafesina y por el hecho de que los comisarios no hacen prácticas de tiro. Habrá que ver si el ejercicio basta para insuflar el profesionalismo perdido y para abandonar la desidia que la fiscal Haurigot apuntó en el levantamiento de rastros después de la balacera contra una oficina del Distrito Municipal Sudoeste.
La discusión pública sobre los problemas de seguridad está atravesada por un lenguaje bélico y por un consenso sobre la necesidad de “pacificar” la ciudad. En el primer día de la nueva gestión, el Ministerio de Seguridad informa sobre un “operativo de alta visibilidad y saturación” en barrio Triángulo y Moderno. Las imágenes muestran a policías y gendarmes fuertemente armados internándose en pasillos y entre edificaciones precarias y a jóvenes morochos con las manos en alto o sometidos a inspección. Quizás se trate de apuntar para otro lado y que la “saturación” llegue de una vez por todas al centro de la ciudad, a las financieras donde no corre sangre pero se realimentan los beneficios económicos y el poder de fuego del delito.
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