A casi tres años de su anuncio, ¿cuánto avanzó el plan del gobierno para los registros automotores?

El gobierno nacional dispuso una reorganización de los registros automotores en todo el país. La medida, formalizada a través del Boletín Oficial, ordenó la unificación de casi 400 seccionales, que alcanza a 35 oficinas en la provincia, y apenas una en Rosario. La resolución no cierra ninguna dependencia en Santa Fe ni representa cambios en los usuarios. Desde su asunción, el gobierno nacional modificó el andamiaje legal del sistema e introdujo herramientas que buscan agilizar y modernizar trámites. Sin embargo, el proceso avanzó con medidas dispersas, plazos que en algunos casos no se cumplieron, y un relanzamiento del programa en medio del proceso. Entre los titulares de registros y los mandatarios hay voces dividas sobre los beneficios y las contras de las modificaciones puestas en marcha por el gobierno. ¿Cuánto se avanzó?

La resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada a finales de agosto, dispuso la unificación de un listado de registros seccionales, a lo largo y ancho del país. La medida se fundamenta en la existencia de diversas dependencias que se encontraban bajo la administración de un mismo encargado. En ese sentido, la unificación permitirá concentrar esas competencias, adecuando la organización del sistema “a su real desenvolvimiento operativo”. 

El texto publicado por el gobierno nacional remarca que el resultado de la medida “permitirá reducir 368 registros seccionales”. Pero el mismo anexo de la resolución aclara que la unificación generará una reducción de 368 unidades registrales a 288 oficinas que absorben o incorporan esas funciones. En todo caso, la medida podría avanzar en una eventual reducción de 80 registros.

En la provincia de Santa Fe hay 35 oficinas alcanzadas por esa redistribución de competencias. El listado impacta sobre localidades como Casilda, Ceres, Chañar Ladeado, Esperanza, Helvecia, Las Rosas, Rufino, San Justo, Suardi, Vera, Villa Constitución, Firmat, Sunchales, Villa Cañás, San Genaro, Arroyo Seco, San Carlos Centro, Villa Ocampo, Santa Fe, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, San Jorge, Sastre, Rafaela, Alcorta, Santa Teresa, Firmat, Melincué, Venado Tuerto, Moisés Ville, San Genaro y Totoras.

En Rosario se da una sola modificación: los registros especializados de Rosario N° 2 (71016) y el de Villa Constitución (71037) se integran al Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Rosario N° 1 (71015). Con la entrada en vigencia de la medida, la dependencia pasó a tener una nueva denominación: Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Rosario y Villa Constitución.

Luego sí, la medida avanza en la “supresión” de 14 registros seccionales que se encontraban bajo la administración de un interventor, sea por jubilación, fallecimiento, renuncia o remoción del encargado titular. También dispone el “cierre operativo” de otras trece oficinas, que ya habían sido suprimidas en resoluciones anteriores y efectivamente cerrarán sus puertas, más de un año después. Ninguno de estos registros afectados se encuentra en la provincia de Santa Fe.

Los cambios

El proceso de transformación del sistema registral comenzó prácticamente a la par del gobierno: el famoso DNU 70/2023 introdujo modificaciones al régimen jurídico, permitiendo que los trámites de inscripción de autos también pudieran realizarse a través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Para eso ordenaba la creación de un servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado, con fecha límite para su puesta en marcha: el 2 de mayo de 2024. 

El optimismo del gobierno en los plazos de implementación se topó con trabas estructurales de un sistema enorme de registros y formularios físicos. También, con las dificultades propias de los primeros meses de gestión. Por eso, llegada la fecha, la puesta en marcha del servicio de inscripción remoto no se cumplió. Sin embargo, unos meses después el gobierno envió otra señal en ese sentido: en julio de 2024 ordenó la supresión de 136 registros que se encontraban intervenidos, con su correspondiente reasignación de competencias. 

Quizás el avance más concreto del gobierno nacional en su objetivo por avanzar con la digitalización del sistema se dio en agosto de 2024, con la creación del Legajo Digital Único (LDU) y del Certificado Digital Automotor (CDA). El primero es el expediente digital que agrupa el historial de un vehículo, similar al “Legajo B” en versión papel; mientras que el segundo contiene la información sobre el estado legal de un vehículo y sus propietarios. No obstante, la medida siguió ordenando a los registros “conservar en su poder el documento físico con carácter depositario”.

Esa misma resolución instrumentó una de las modificaciones más significativas que sufrió el sistema a lo largo del proceso: la eliminación de los polígonos territoriales de los registros. La nueva medida fijó una jurisdicción única para todo el país, permitiendo a los usuarios elegir en qué registro realizar su trámite, independientemente del domicilio. En la búsqueda por generar “competencia entre registros”, el gobierno avanzó contra el esquema rígido de “clientela cautiva” que benefició históricamente a los registros seccionales.

Al mismo tiempo, el gobierno redujo el arancel de inscripción inicial y transferencia de autos y motos, que pasó a ser del 1% del valor del bien por todo concepto, con inclusión de título, una cédula y dos certificaciones de firma. Esta medida luego se complementó con una reducción del 20% del costo del trámite de inscripción inicial para aquellas personas que realicen la gestión virtual, a modo de incentivar a la ciudadanía a adoptar el proceso digital.

En enero de 2025 el gobierno dispuso una nueva tanda de supresión de registros seccionales, alcanzando a 155 oficinas. La resolución remarcaba como objetivo de la gestión “el cierre de los Registros Seccionales que no se encuentren a cargo de un Encargado Titular sino que se encuentren intervenidos por personal externo designado por la autoridad competente”. Sin embargo, la medida dejó en manos de la DNRPA determinar la forma y los plazos para materializar los cierres.

La creación del sistema previsto por el gobierno al inicio de la gestión recién pudo avanzar en febrero de 2025 con la creación del Registro Único Virtual (RUV), una herramienta digital para la inscripción de vehículos, sin necesidad de acudir al registro seccional. Esas operaciones se realizan dentro del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), la plataforma que apunta a centralizar los trámites registrales. La resolución estableció que, al menos en una primera etapa, el RUV se utilice para la inscripción de autos cero kilómetros. 

Desde entonces, no hubo demasiadas novedades hasta julio pasado, cuando el gobierno volvió a la carga con el lanzamiento del “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”. El “relanzamiento” del programa encuadra las medidas anteriores, que habían sido publicadas de forma dispersa, en un único plan con tres ejes como norte: la digitalización del sistema registral automotor, la eliminación progresiva de registros físicos y la adecuación normativa para el avance de un nuevo modelo.

En esa línea se inscribe la unificación, supresión y cierre de registros anunciada a finales de agosto pasado. Una medida que se complementa con la incorporación del Módulo de Registro de Propiedad Automotor (MRPA), que toma a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) como referencia para el cálculo de aranceles de los trámites vinculados a la transferencia y registro de vehículos. También, con la modificación del mecanismo para calcular los emolumentos de los responsables de registros, que fija un tope de ganancias: el emolumento final no podrá superar los 40 millones de pesos mensuales. 

¿Qué piensan?

Entre los protagonistas del sistema son diversas las impresiones en torno al tema. Desde el Colegio de Mandatarios de Santa Fe 2ᵈᵃ Circunscripción, con sede en Rosario, Fabián Braccialarghe, consideró que la reforma estuvo “mal manejada” desde el inicio. “Se apuntaron a los registros como enemigos públicos y poco se dice de que cumplen una función necesaria”, señaló. La definición es importante porque se trata del representante de los gestores que trabajan en el asesoramiento de la ciudadanía con los trámites, sin vinculación directa con los intereses de los registros. “No tengo nada que ver con los registros automotores. Soy un mandatario independiente y eventualmente presido el Colegio”, aclaró a Suma Política.

El dirigente señaló que la unificación, supresión y cierre de registros se dio mediante un proceso que fue desprolijo. “En su momento, se les avisó a los interventores que ya estaban ejerciendo el cargo que iban a llegar otras personas. Fue un cambio de interventores que se les comunicó por WhatsApp”, expresó y agregó: “De las últimas resoluciones, en la práctica aún no hay nada. Desde que iniciaron las nuevas autoridades se manejó muy mal la comunicación y no todos los trámites que se sacaron benefician a la ciudadanía. Por ejemplo, la cédula azul que autoriza a conducir un vehículo ya no se hace más y mucha gente nos reporta problemas con Mi Argentina”. 

Braccialarghe también relativizó el impacto en la simplificación de trámites y costos para los usuarios: “En cuanto a formularios, los que se suprimieron ya se habían dejado de usar en la práctica antes que asuma el gobierno. En cuanto a costos, se eliminaron aranceles que estaban desactualizados hace años. Sí es un cambio concreto de esta gestión la reducción al 1% del arancel de transferencia. Pero también es cierto que se bajaron esos aranceles y aumentaron las valuaciones fiscales de los autos. Es decir que a los usuarios les bajó el precio por un lado, pero les aumentó por otro”.

Para el presidente del Colegio de Mandatarios que abarca la región, son “puntuales y específicos los cambios”, sin demasiado impacto en el trabajo diario de los involucrados en el sistema, o en los usuarios. “Yo veo difícil que se concrete una digitalización total del sistema, porque no hay infraestructura que sostenga esa idea cuando a 20 kilómetros de Rosario no funciona Mi Argentina”, sostuvo. “Me parece bien modernizar algunos aspectos, pero el sistema jurídico argentino sobre automotores es bueno”, añadió.

Entre los encargados de registros se hace más difícil sondear las repercusiones de los cambios puestos en marcha. Según plantean, existe una directiva de la DNRPA que le impide emitir declaraciones públicas en relación con su función sin la autorización correspondiente, fijada en el Reglamento Interno de Normas Orgánico Funcionales de los Registros Seccionales (Rinof). No es una norma nueva, pero sí advierten de algunos sumarios abiertos a encargados de la región por este tema, en el último tiempo. 

Con el anuncio de los primeros cierres, en julio de 2024, la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor (AAERPA) rechazó la medida. En ese entonces reclamaban una “readecuación de los ingresos” para los registros, con emolumentos que habían quedado desfasados. El comunicado sostenía que las nuevas medidas profundizaban el deterioro en la prestación del servicio y la “seguridad jurídica” a la hora de comprar o vender un vehículo. “El registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, planteaba el comunicado.

Naturalmente, la intención de eliminar los registros impulsada por el gobierno haría suponer que hay una oposición marcada del sector sobre el tema. Sin embargo, no es tan lineal. “La digitalización es algo que no se puede frenar. Algunas modificaciones apuntan a agilizar el proceso, que sea eficiente y amigable para los usuarios”, planteó un encargado de registro que dialogó en off con Suma Política. “Alcanza con recorrer cualquier registro para ver que los archivos están explotados, porque el crecimiento del parque automotor fue muy importante en el último tiempo”, describió.

La fuente planteó que el sistema tiende a una conversión digital “con calificación registral”. Es decir, con un funcionario que ejerza un rol de control sobre los trámites que podrían realizarse de manera virtual. En ese sentido, remarcó que la utilización del RUV y el RUNA en la ciudad no está tan instalada en autos, como sí para el registro de motos: “Creo que se da justamente por una cuestión de cantidad de sedes registrales. En Rosario tenemos físicamente 17 registros de propiedad automotor con competencias en autos y únicamente 3 de motos. Esos registros no dan abasto, entonces se utiliza mucho más el esquema virtual”.

Que pasa con los registros del automotor? Entiendo la bronca y la comparto.
Es el proceso para terminar de una vez con este curro.
También necesito su ayuda,toca muchos intereses. Díganle a sus legisladores q acompañen este proyecto q beneficia a los 46 millones de argentinos. pic.twitter.com/ulrHzqQ0Qv

— Pato Vásquez (@PatoVasquezOk) March 8, 2024

Vínculos

Una de las caras visibles por la eliminación de los registros es la diputada nacional Patricia Vásquez, de La Libertad Avanza. Su publicación fijada en la red social X es un video explicando su proyecto de ley para terminar con el “curro” de esas dependencias y los pasos a dar para terminar con ese “engendro político”. Su proyecto fue ingresado a principios de 2024, apenas iniciada su gestión, y reingresado este año, luego de perder estado parlamentario. El proyecto presenta muchas similitudes a las modificaciones impulsadas por el gobierno, aunque el Ejecutivo decidió avanzar por su cuenta.

Los registros automotores representan una suerte de blanco perfecto para un gobierno que se presume “anticasta”. Durante décadas, la designación de los encargados se hizo de forma discrecional, generando acusaciones de corrupción y nepotismo que cuestionaban un negocio que se repartía entre personas vinculadas al poder. Eso se modificó en 2003, más de veinte años atrás, donde se estableció que los encargados pasarían a ser elegidos por medio de concurso público, con la condición de poseer título habilitante de abogado, escribano, contador o de licenciados en administración y economía. 

Sin embargo, para Vásquez el sistema aún conserva resabios de ese origen, a priori, poco trasparente: a partir de un relevamiento interno de su equipo de trabajo, la legisladora sostiene que aún hay más de 180 registros vinculados a dirigentes de distintos sectores de la política y la Justicia. A diciembre de 2023, previo al inicio de las unificaciones y supresiones, se registraban 1.558 oficinas desplegadas a lo largo y ancho del país.