¿Quién encargó el crimen de Andrés Bracamonte y por qué? ¿Quiénes fueron los ejecutores? A siete meses del asesinato del líder de la barra de Rosario Central y de su adjunto, Daniel Raúl Attardo, las preguntas siguen abiertas y se superponen con las incógnitas que rodean a los episodios que lo precedieron y lo siguieron, desde el asesinato de Samuel Miqueas Medina al de Juan Domingo Maximiliano Ferreyra.
La investigación del Ministerio Público de la Acusación subió no obstante varios escalones con un corto circuito de por medio entre los fiscales de Homicidios Dolosos y tiene cinco imputados: Alejandro Zamudio y Alejandro Roberto Vázquez, por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego y robo de vehículo en la vía pública; Martín Leopoldo “Pitito” Martínez, Marcelo Martínez y Leila Navarro, por encubrimiento y hurto agravados, y falso testimonio.
El rompecabezas tiene varias piezas sueltas. Una de las principales es Jonatan Garraza, el ex policía de 36 años que se presentó el 17 de marzo, cuatro días después de las detenciones de Zamudio y Vázquez al cabo de ocho allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria. Garraza compareció en el cuartel de las Tropas de Operaciones Especiales, la misma fuerza que se encargó de los operativos, como quien va al grano.
Una versión que circuló en el momento rebajó el papel de Garraza en el ambiente del delito al de un correveidile, que aportaba datos simultáneamente a la Policía de Investigaciones y a la banda de Los Menores. En esa función habría puesto a la policía de Rosario en la pista de grupos rivales de Los Menores en el narcomenudeo.
Garraza continuaría así una línea relevante en la historia reciente: la de los policías infiltrados en ámbitos de investigaciones que sirven y protegen a grupos criminales. La colaboración consiste en estos casos en perjudicar a la competencia y compartir la hoja de ruta de los operativos. Los antecedentes notables son los del sargento Juan “Chavo” Maciel reportando a Los Monos desde la extinta Secretaría de Delitos Complejos y el suboficial Pablo Bancora, ojos y oídos de Esteban Alvarado entre los fiscales que lo investigaban por el homicidio de Lucio Maldonado y otros delitos.
La historia de Garraza evidencia además otro problema: el de los informantes de las investigaciones sobre bandas criminales. Mientras tanto los fiscales tienen prohibido recurrir a fuentes propias según la disposición de la Fiscalía General y en consecuencia están supeditados a las policiales.
Pero el ex policía no sería un subalterno de Los Menores. La fiscal Georgina Pairola lo describió como uno de los organizadores de la banda al imputar a Lisandro “Limón” Contreras, otro de los referentes del grupo. Y como tal provee un hilo todavía suelto en la trama del doble crimen de Arroyito.
El 11 de noviembre Garraza le envió a su novia la captura de una placa de Crónica TV con el titular “La masacre de Pillín” en cuerpo catástrofe. “Salió todo en Crónica, con Limón como el jefe de todos. Con lo que pasó, vamos a tener que tomar precauciones porque lo nombran de apodo a aquel”, se lamentó el policía.
El mensaje parece delatar la propia relación con el crimen de Bracamonte y Attardo: ante el informe de Crónica, Garraza pensó que Los Menores quedaron al descubierto y en la mira de los investigadores. Las precauciones a las que alude dieron resultado el 8 de diciembre, cuando las TOE allanaron tres domicilios en su búsqueda y no lo encontraron. También fueron exitosas hasta el momento para Matías Gazzani, el supuesto líder de Los Menores que sigue prófugo.
El huevo de la serpiente
Los motivos del doble homicidio son otras piezas todavía sin ordenar en el tablero. Allegados a la barra afirmaron desde un principio que Bracamonte se opuso a negocios de Los Menores en la tribuna y alrededor del Gigante, por razones de seguridad: era el centro de investigaciones de la justicia provincial y de la Federal y no podía arriesgarse a otras persecuciones de la ley.
La “reconfiguración del escenario criminal”, según los términos de un fiscal, implicaría una convergencia entre nuevos actores como Gazzani y Contreras, la banda de Los Menores y el sector de Los Monos enfrentado a Ariel Máximo Cantero. Una combinación de intereses que podría iluminar el misterio que rodea a la muerte de Samuel Miqueas Medina, yerno de “Guille” y adláter de Pillín en la tribuna, en otro crimen por encargo perpetrado el 1° de octubre de 2024.
Esa reconfiguración también erosionó a la barra de Central. El tantas veces admirado anillo de protección que rodeaba a Bracamonte en la calle fue vulnerado en la noche del 8 de noviembre pasado no porque el ataque de los sicarios lo tomara desprevenido sino, al contrario, porque personas de confianza de Pillín participaron en su asesinato.
Después del partido que Central jugó aquel día con San Lorenzo, Attardo recibió un mensaje en su teléfono celular para que salieran con Bracamonte por bulevar Avellaneda. Iban en su camioneta Chevrolet S 10 y los seguía de cerca otro vehículo todavía no identificado, parte del complot. El mensaje apuntó a llevarlos hacia el punto preciso de la emboscada, las dos cuadras donde se había interrumpido el alumbrado público.
Alejandro Vázquez y dos jóvenes de entre 25 y 30 años circulaban entre los hinchas que se desconcentraban en Avellaneda al 700 bis, según la reconstrucción de la fiscalía en la audiencia del 28 de marzo. Los tres no volvían del partido sino de la casa de Alejandro Zamudio, en el barrio 7 de Septiembre. Y un poco más alejado otro joven no identificado esperaba al mando de una moto Honda Twister.
La camioneta iba al paso y Bracamonte hablaba con Leopoldo Martínez. Pillín no tuvo tiempo de reaccionar ante el ataque. Martínez se apartó de la ventanilla y aparecieron los sicarios. La versión de la calle sobre el episodio se expresó pronto en la bandera “Pitito traidor” y en una balacera contra su domicilio en Villa Manuelita. El rumor creció con la desaparición del celular de Attardo en un pasamanos entre los Martínez y Leila Edith Navarro camino al Hospital Centenario, donde las víctimas llegaron sin vida.
Vecina del barrio 7 de Septiembre, el lugar de origen de Los Menores y de un sector de la barra canalla que mantuvo distancia con Bracamonte, Leila Navarro es hija de Julio César “Cara de Goma” Navarro, número 2 en la barra de Central asesinado el 25 de mayo de 2016. Este crimen parece haberse resuelto puertas adentro, pero el crimen de Pillín podría sugerir que las heridas no quedaron completamente cerradas.
Los sicarios abandonaron el lugar en la Honda Twister y en Almafuerte al 1100 dejaron la moto y siguieron la fuga por otro medio no especificado; Alejandro Vázquez volvió a su punto de partida en el barrio 7 de Septiembre al volante de una camioneta Citroën Air Cross, secuestrada el 13 de marzo en Camilo Aldao al 4400. Vázquez está imputado por otra parte en la Justicia Federal como propietario de 67,7 kilos de marihuana compactados en ladrillos y hallados una semana antes, junto con entradas para la cancha, en domicilios de Aguzzi al 400, barrio Vía Honda.
Las preguntas sin responder también involucran al rol de la comisaría 9ª, encargada del operativo de seguridad burlado por los sicarios y cuya titular al momento del crimen era hermana de un barra de Central, y a otros contactos que mantuvieron a los líderes de Los Menores a salvo de allanamientos. “Hay muchas personas que participaron”, dijo la fiscal Pairola en la última audiencia, y sus nombres podrían estar en los teléfonos secuestrados a Zamudio y Vázquez.
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