Al comisario infiel y el narco arrepentido les llegó la hora: ¿qué deja en limpio el juicio a la cooperativa?
Osvaldo Aguirre
El juicio a la cooperativa —como llamó Ignacio Actis Caporale a la sociedad que mantuvo durante más de cuatro años con el comisario Alejandro Druetta para el tráfico de drogas en Santa Fe— concluyó esta semana con el dictado de condenas para nueve de sus integrantes. Pero no está dicha la última palabra: mientras esperan para el 18 de marzo los fundamentos del Tribunal Oral Federal número 3, las defensas preparan sus recursos de apelación y la fiscalía ya tiene listo el pedido de investigación de la estructura conformada por altos jefes policiales para “regular” el narcotráfico en la provincia.
“Mi jefe era Druetta”, declaró Actis Caporale en el juicio. Pero el Tribunal integrado por Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y Ricardo Vásquez consideró que el ex jefe de Inteligencia de la policía de Drogas actuó como partícipe necesario y en tanto tal le impuso diez años de prisión. En cambio, los jueces sostuvieron que el organizador fue Ojito, como le dicen al narco y también aficionado al automovilismo que fue sentenciado a nueve años de cárcel, favorecido en la pena por haber declarado como arrepentido.
Las condenas alcanzaron también al ex sargento e informante de Los Monos Juan Ángel “Tiburón” Delmastro (7 años de prisión), como partícipe necesario en el narcotráfico, y en el rango de coautores a Daniel Illanes y Román Palamedi (7 años, en el segundo caso se unificó con otra condena por tenencia de drogas para la venta), Leandro Cano y Dante Pierani (6 años y 6 meses), Pablo Kresta (6 años y 3 meses) y Carlos Colombini (6 años). Jorge Actis Caporale, padre de Ignacio, recibió una pena de 3 años de ejecución condicional, como partícipe secundario.
Walter Fidalgo, abogado de Actis Caporale, se muestra conforme con el juicio pero esperaba una condena menor para su defendido y recurrirá la sentencia. “Actis Caporale es culpable y merece una pena, pero también merece la reducción que prevé la ley del arrepentido —dice—. Druetta estuvo en el banquillo gracias a que él y Leandro Cano arriesgaron sus vidas y las de sus familias para contar cómo el policía les proveía droga y armaba los procedimientos”.
El fiscal federal Federico Reynares Solari considera positivo el fallo. “Planteamos que Druetta hacía abuso de actas policiales frente a Tribunales federales que condenaron con esas actas y lo probamos. Tenemos que ver los fundamentos para saber por qué no lo condenan como organizador. El partícipe necesario tiene la misma pena”, afirma.
El veredicto fue precedido por las últimas palabras de los acusados. Actis Caporale pidió perdón, se declaró arrepentido por sus actos y expresó su confianza en la Justicia. Druetta reiteró una línea de defensa que mantiene desde el principio: las acusaciones en su contra serían una venganza de personas a las que detuvo por venta de drogas, alentada por el periodismo.
Otro argumento de la defensa consiste en que no hay pruebas de haber recibido beneficios del narcotráfico. No es un planteo novedoso. Néstor “Beto” Fernández, el policía condenado por proteger al narco Carlos Ascaini, afirmaba que vivía en un barrio Fonavi y se las rebuscaba como taxista. Druetta, a su vez, dice que ni siquiera tiene una casa a su nombre. La causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito avanza a paso de tortuga en la justicia provincial, como ocurre históricamente con las pesquisas en torno a notorios crecimientos patrimoniales de ex jefes de la policía de Rosario y de la provincia de Santa Fe.
El negocio
El abogado Fidalgo había planteado la recusación del juez Vázquez por intervenir en procesos que validaron procedimientos truchos de Druetta. “Pero en el juicio me dio una impresión de imparcialidad, lo mismo que los otros integrantes del Tribunal”, destaca. Se manifiesta “muy disconforme” con la tarea del fiscal Reynares Solari y su valoración del testimonio de Actis Caporale: “Se equivocó no solo al pedir la pena sino en el desarrollo sobre la prueba con respecto a Druetta, al que podría haberle endilgado más delitos”.
Los hechos se remontan al 5 de julio de 2007, cuando Druetta detuvo a Actis Caporale en el centro de Rosario y le hizo una propuesta que no pudo rechazar: vender drogas bajo su protección. Hijo de un mecánico de barrio Industrial, cayó entonces con Illanes y Cano en un procedimiento en el que según su declaración los agentes agregaron droga. “Ellos tenían 19, 18 y 17 años y se encontraron frente al poder de la policía —dice Fidalgo—. Se endulzaron con la plata, empezaron a vender y crecieron porque Druetta les sacaba de encima a la competencia”.
Actis Caporale declaró en el juicio que Druetta era el proveedor de la droga que vendía y que provenía de secuestros en procedimientos policiales. La explotación a que lo sometió el comisario, según su testimonio, incluyó también aportes de dinero para otros jefes policiales —un indicio de la estructura corrupta que sostuvo al comisario— y “una vaquita” para pintar las instalaciones de la sección de Inteligencia de Drogas en la calle La Paz 456. El narcotráfico contribuyó así al mantenimiento de organismos del Estado santafesino.
Druetta no era una excepción sino que representaba una cierta regla y los negocios con los narcos tampoco habrían sido una idea original del comisario sino una práctica consolidada entre policías provinciales y federales, según el testimonio del arrepentido. La forma en que detuvo a Actis Caporale en 2007 sugiere ya la expertise acreditada en cinco causas irregulares que se expusieron en el juicio. La práctica de plantar droga está tan naturalizada por la impunidad que los policías tienen su palabra para describirla: embagallar.
Otra clave del lenguaje de los policías corruptos es la palabra abonado. “Se le decía abonada a una persona que tenía protección”, explicó Actis Caporale y lo ejemplificó con el caso de Norma “la Tía” López, quien pudo transar a sus anchas en los barrios La Cerámica y El Churrasco hasta recibir una condena judicial en 2014. No obstante, al margen de Druetta y Delmastro, mencionó a otros policías solo por sobrenombres: el Colo, Gali, He-Man —como le dicen al federal José Luis Dabat, cuya condena a 6 años de prisión por complicidad con el industrial narco Delfín David Zacarías fue confirmada esta semana— y un jefe conocido como Pachorra —no explicó si se refería al comisario Fernando Romitti, que responde a ese apodo—. A buen entendedor pocas palabras, pero la fiscalía requirió mayores precisiones.
“¿Cómo llegaron la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe a tener este nivel de droga y de impunidad? —se pregunta el abogado Fidalgo—. Porque estaba el poder político y el poder policial, si no es imposible. Había tanta impunidad que la policía hacía lo que quería. Nadie les creía a los imputados si declaraban contra Druetta, y después tenían que firmar juicios abreviados, porque era la única forma de salir del lío”.
El que quiera oír que oiga
La sentencia del Tribunal Oral Federal fue precedida por la difusión de partes del “archivo Druetta”, como se llamó a los audios que el comisario atesoraba en una computadora y donde registró conversaciones con jueces, policías, legisladores y también amables y distendidos diálogos con Aldo “Totola” Orozco, por entonces una especie de enemigo público en el departamento General López.
La discusión prosigue y tiene uno de sus ejes en los llamados de Lisandro Enrico y Maximiliano Pullaro a Druetta en agosto de 2012, después que el fiscal Eduardo Lago lo denunció por amenazas y expuso lo que ahora se comprueba: la cartelización de la policía de Drogas con el narcotráfico. Los audios recibieron distintas interpretaciones al calor del debate político: unos los consideran como evidencia de la protección con que contó Druetta; otros los adjudican a maniobras contra la actual oposición; para la fiscalía no contienen pruebas de delitos.
El archivo contiene ahora documentos para investigar la regulación estatal de la venta de drogas en la provincia. Para eso, “hay que contextualizar los audios”, plantea el fiscal Reynares Solari.
Druetta construyó la imagen de un policía duro e incorruptible que era capaz de enfrentar a peligrosos delincuentes. La sociedad con Actis Caporale, según se expuso en el juicio, resultó funcional a ese propósito: mientras su ahijado tenía luz verde para vender drogas, y al mismo tiempo el fenómeno del narcotráfico se desarrollaba, crecía la ficción del policía “que le puso un freno a los narcos de la región”, como dice un titular periodístico de su época de prestigio.
“Antes de llegar a Venado Tuerto en 2012, Druetta habla con alguien —todavía no sabemos quién es— y le dice que al día siguiente asume en la Brigada Departamental y ya tiene algo grande. Teóricamente encuentra entonces por casualidad a Carlos Ascaini en el cruce de las rutas 90 y 94”, dice el fiscal Reynares Solari. Ese golpe de efecto, reforzado por la captura de Aldo Orozco, le sirvió para instalar su figura y también para sortear la denuncia del fiscal Lago, que se alzó como una voz solitaria en medio del respaldo unánime del arco político hacia el comisario.
La permanencia de policías corruptos, el hecho de que los vínculos con el delito no son un obstáculo sino que hasta favorecen ascensos, es un factor de descomposición hacia el interior de la propia fuerza. “En La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, los casos de policías arreglados con los narcos, que meten presos a unos y protegen a otros, los vemos todos los días. Pero en Rosario se hizo más grande, y además se mezcla con los homicidios”, dice el abogado Walter Fidalgo, oriundo de esa provincia.
Druetta resultó convincente porque su figura presuntamente eficaz y honesta sintonizó con una demanda de la sociedad. Encarnó un ideal del sentido común punitivista, según el cual un problema como el narcotráfico podría solucionarse mágicamente por la acción de un policía implacable, cuyas irregularidades serían efectos colaterales. “A ciertos sectores sociales les gusta ese estilo. Es grave ya que Druetta realice actos que no son formales y violan garantías constitucionales. Pero no era un sheriff desprolijo sino que hizo eso como protección a una persona para que vendiera drogas, en el marco de una estructura”, destaca el fiscal Reynares Solari.
El policía dijo que guardó los audios de jueces, políticos y policías “como parte de la contrainteligencia” y “porque no le creía a nadie”. Pero también le sirvieron como demostración de autoridad, para presumir del apoyo con que contaba y subrayar su condición de intocable, según declaró Actis Caporale.
“A quien llama primero Druetta cuando detiene a Ascaini es a la entonces jueza Laura Cosidoy. Hay una actitud bastante incorrecta por parte de Cosidoy, ya que se evidencia una gran familiaridad con el policía. Ella juzgó procedimientos en los que intervino Druetta y parece que esa relación no fue puesta en conocimiento de las partes”, agrega el fiscal.
La transcripción que Lisandro Enrico difundió de su conversación en 2012 con el entonces subcomisario es reveladora. Druetta sobreactúa el papel del policía que cumplió con su deber y descubre, con dolor y con indignación, que es víctima de reclamos injustos de la prensa y de la justicia. Un personaje que suena completamente verosímil en los oídos del senador provincial, al punto de sostener hasta hoy que “la labor de Druetta en la región en pocos años había logrado desactivar el problema de los cárteles de venta de drogas que se habían enquistado en localidades como Firmat y Villa Cañás”.
Enrico recuerda en el comunicado de prensa donde transcribió el diálogo que “ninguna figura política de aquel entonces, ni del oficialismo ni de la oposición” pidió el traslado de Druetta después que el fiscal Lago comparara a su brigada con los grupos de tareas de la dictadura. Habría que analizar ese consenso, ver qué ofrecía el policía para que la sociedad cerrara filas en su defensa.
“Druetta no se movía como un policía común. No todos los policías tienen el teléfono de la jueza de un tribunal oral, como era Cosidoy. No todos los policías reciben llamados de respaldo de toda la clase política cuando tienen problemas”, destaca Reynares Solari. El ambiente está caldeado en la provincia, pero tal vez el juicio contra la cooperativa pueda cuestionar simplificaciones corrientes sobre la represión del delito y su castigo.
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