Apogeo y caída del comisario Druetta: lo que ya se sabe sobre “el cártel de la policía” y lo que queda por saber
Osvaldo Aguirre
La frase fue de Jorge Halford, en el último proceso que tuvo por narcotráfico: “el único cártel de drogas que conocí en mi vida es la policía de Santa Fe”. El juicio actual contra el ex comisario Alejandro Druetta y el ex sargento ayudante Juan Ángel Delmastro parece dar razón a esas palabras: más allá de los hechos puntuales que examina el Tribunal Oral Federal número 3, el caso pone a la luz la corrupción crónica y estructural, consolidada por la costumbre y la negligencia judicial y política, de la policía encargada de combatir el tráfico de drogas en la provincia.
El fiscal Federico Reynares Solari habló en su alegato de “una regulación estatal del tráfico de drogas” para describir la sociedad entre Druetta e Ignacio Actis Caporale, Ojito, el chico de barrio Acindar que progresó como narco bajo el ala del comisario. “Hubo una cuestión estructural de la policía. No fue algo que se le ocurrió a Druetta y a Delmastro. Y hay otros policías mencionados”, agrega el fiscal en diálogo con Suma Política.
Druetta afronta un pedido de quince años de condena y Actis otro de doce años, después de declarar como arrepentido junto con Leandro Cano, también imputado. La evidencia incluye escuchas telefónicas, grabaciones que el propio comisario hizo de sus conversaciones con otro narco y las actas truchas de los procedimientos que hicieron los policías de Drogas con los datos que entregaba Ojito o las emboscadas preparadas de común acuerdo contra desprevenidos compradores.
“También hubo una mala gestión de los casos por parte del sistema judicial —dice el fiscal Reynares Solari—. Primero, los vieron por separado, y las actuaciones de Druetta cuando se las observa en conjunto son muy similares: comienzan con un llamado telefónico a la Brigada que alerta sobre un delito. Segundo, por la manera de realizar los juicios: cuatro o cinco años después de los hechos, los acusados generalmente aceptan un acuerdo de juicio abreviado si tiene una pena de ejecución condicional y entonces nadie discute estas prácticas”.
A falta de investigaciones y de tareas de inteligencia, los policías de Drogas invocaban el “olfato policial”, un recurso infalible. O la agudeza para detectar “actitudes sospechosas” como por arte de magia. O la casualidad repetida que los beneficiaba con llamados anónimos y datos precisos que parecían caídos del cielo. En ese esquema, aceitado por la indiferencia de quienes debían controlar a la policía, “lo que hacía Druetta en la calle tenía plena validez y la Justicia venía a imprimir el sellito de calidad jurídica”. Como el que le pone el moño a un paquete que recibe armado.
El pacto
Actis Caporale tenía 18 años cuando Druetta lo sorprendió en la plaza Pringles de Rosario con troqueles de ácido lisérgico. Fue el 5 de julio de 2007, y el policía le hizo una oferta que no rechazó: “Desde que me detienen tenía que entregarle procedimientos positivos para que me dejara seguir vendiendo”, declaró, como arrepentido.
Los “positivos” fueron compradores que cayeron en virtuales trampas cazabobos. Entre los cinco expedientes anexados al juicio como prueba del monitoreo del narcotráfico que realizaba Druetta con la colaboración de Actis Caporale se encuentra el de Pablo Andrés Castelau, detenido en mayo de 2008 en uno de los procedimientos dibujados como de “olfato policial”, aunque en su teléfono había llamados previos provenientes del celular de Delmastro.
En el acta de procedimiento, Druetta relató esa detención —entregada por un narco que le debía dinero, según Actis Caporale— como una dramática lucha cuerpo a cuerpo en medio de la noche. Los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Laura Cosidoy creyeron la versión de un esforzado acto de servicio y condenaron al acusado a cinco años de prisión. Pero la Cámara de Casación Penal anuló el operativo por sus vicios flagrantes y ordenó la libertad de Castelau, quien pasó más de dos años preso.
“Los policías falseaban el modo en que llegaban a la información —explica el fiscal Reynares Solari—. Y en algunos casos actuaban prácticamente como agentes provocadores”. Fue lo que ocurrió en otros dos expedientes añadidos al proceso, los de Gustavo Camelli —al que Leandro Cano le arrojó un pan de marihuana, en Villa Constitución, y salió corriendo un instante antes de que se presentara la brigada de Druetta— y Patricio Ferrecchio, atraído por Actis a una cita envenenada en Oroño y el río.
Los delitos que se juzgan ocurrieron entre 2007 y 2012. En ese período, aunque los procedimientos importantes brillaban por su ausencia en su foja de servicios, Druetta construyó la imagen de un policía implacable con el narcotráfico. Trasladado a Villa Constitución en 2010, se llevó consigo a Actis Caporale mientras Delmastro permaneció en Sección sur de Inteligencia de la Dirección General y Control de Adicciones de la Policía provincial.
“Druetta le dice a Actis Caporale que evite a Delmastro porque se está juntando con Los Monos y va a terminar mal. Y le explica que no le gustan Los Monos porque son muy tira tiros”, dice el fiscal Reynares Solari. Los consejos del comisario, según Ojito, también incluyeron comprar dólares en negro en la agencia Transatlántica, para maximizar las ganancias.
La actitud servil de Delmastro con el narcotráfico quedó expuesta en el juicio a Los Monos de 2018. El policía estaba prácticamente a disposición de Ramón Machuca, y habilitó el atentado (“dale tranquilo”, dijo) que provocó la muerte de Lourdes Cantero, de 14 años, en Conscripto Bernardi 6374. Como un doble agente, también alertó a Actis Caporale cuando su captura era inminente en el aeropuerto de Ezeiza, en 2012, y con esa delación le permitió mantenerse prófugo hasta diciembre de 2016.
“Druetta le permitía vender drogas a Actis Caporale a cambio de datos, y eso es participación en el tráfico de estupefacientes. Deja vender a uno y persigue a otros. Esto no era una práctica que no sucediera en la policía de Santa Fe”, dice el fiscal Reynares Solari. Los ejemplos sobran: más allá de la absolución de Hugo Tognoli, jefe de la policía provincial, “el comisario Néstor Fernández fue condenado por proteger a Carlos Ascaini y quedó comprobado, además, que Ascaini en un momento les pasa un dato y para blanquearlo arman lo que llaman un operativo general de prevención y detienen a una persona con drogas en la terminal de colectivos de Firmat”.
—¿El pacto entre Druetta y Actis Caporale se replicó con Ascaini, en Villa Cañás, y con Aldo Orozco, en Venado Tuerto?
—Sí, no era un manejo aislado. Era un modo de gestión bastante marcado. Hay que profundizar en las lógicas que rigen estos acuerdos [entre policías y narcotraficantes]. Porque finalmente Ascaini cae preso y por otro lado encontramos evidencia de que los policías lo ayudan con la causa, porque lo que le encuentran termina siendo azúcar. Pedimos que se profundice la investigación sobre el caso.
Los errores del sistema
La historia criminal de la policía de Drogas en la provincia de Santa Fe se remonta por lo menos a 1993, cuando un grupo de altos jefes policiales, oficiales de mediana jerarquía y suboficiales de la Unidad Regional II fueron acusados de proteger al incipiente narcotráfico. Entre los sospechados estuvo el peligroso César Heriberto Peralta, la Pirincha, todavía prófugo por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
A la luz del desarrollo posterior de la historia, la causa tuvo dos elementos significativos: fue impulsada por Laura Inés Cosidoy, quien comenzó a abonar un perfil de jueza antidrogas más tarde controvertido, al margen de su negativa evaluación como defensora oficial durante la dictadura; la investigación fue a parar al archivo de los Tribunales Federales y los imputados volvieron a sus funciones en la policía rosarina.
Entre marzo de 2001 y diciembre de 2005 el Tribunal Federal Oral número 1 registró negligencias y delitos cometidos por la policía provincial en veintiún causas. Entre otros, el entonces oficial Fernando Romitti apareció implicado en una “pésima y sospechosa actitud” que frustró una investigación en marzo de 2004. El pedido de investigación de esas irregularidades fue una especie de actitud testimonial, sin resultados concretos.
El “olfato policial” fue la explicación con que el entonces jefe de Drogas de Rosario, Gustavo Spoletti, y Fernando Romitti detuvieron en 2007 a Ariel Ochoa con cocaína en la terminal de ómnibus de Rosario. La Cámara Federal de Casación propinó otro golpe contra esa narrativa en mayo de 2012, al anular una condena contra dos jóvenes detenidos en el acceso a la autopista Rosario-Buenos Aires en otro episodio de intuición policial.
“La policía arregla con las personas que le sirven. Al resto de los que venden drogas y no pueden arreglar los utilizan para hacer procedimientos que le son útiles para limpiarse. El razonamiento de ellos es: a algunos los tenemos para meterlos presos y a otros para trabajar”, denunció Jorge Halford en mayo de 2011, después de ser condenado a ocho años de prisión por tráfico de drogas. El apremio de Druetta hacia Actis Caporale por obtener procedimientos positivos encuadra en esa mecánica. El comisario “se choreaba todo”, dijo Ojito en el juicio.
En el juicio, Halford fue todavía más enfático: “la policía es peor que yo”. Sin embargo, su discurso no pareció conmover a los jueces, como tampoco pareció convincente la denuncia de Juan José Muga, otro condenado por narcotráfico quien dijo haber sido engañado por la jueza Cosidoy después de entregarle una lista de policías corruptos.
“El sistema permite que la policía detenga personas en la calle sin orden judicial, y las requise. Ante la diferencia entre lo que dice la policía y lo que dice el acusado, el sistema le cree a la policía, porque si bastara la negativa del acusado la policía no podría detener a nadie. Se tiende a dar verosimilitud a lo que dice el policía, aun ante la crítica de la persona acusada. Esto genera un abuso por parte de algunos policías y una mala gestión de los casos en la justicia”, plantea el fiscal Reynares Solari.
“También hay otras cuestiones institucionales —agrega el fiscal—, porque por ejemplo Druetta ascendía y a nadie le llamaban la atención sus procedimientos”.
Un crédito ilimitado
En mayo de 2012 el entonces subcomisario Druetta fue puesto al mando de la Brigada Operativa Departamental N° 8, en Venado Tuerto. Su designación precedió a dos resonantes operativos en los que estuvo en primera línea: las detenciones de Carlos Ascaini y Aldo Orozco.
Sin embargo, los procedimientos no fueron precisamente prolijos. El fiscal Eduardo Lago, de Venado Tuerto, anticipó en agosto de 2012 lo que hoy se expone en el juicio: comparó a la brigada de Druetta con los grupos de tareas de la dictadura y dijo que su violencia respondía a “la lucha por el mercado de la droga en el sur santafesino, en un marcado proceso de cartelización del narcotráfico que incluye a la policía provincial cada vez más autonomizada”; los policías, agregó, “no [actúan] ya como protectores sino directamente como socios mayoritarios”.
La denuncia fue respondida por mensajes de texto y de voz desde la brigada, en que exhortaban a Lago a “no revolver la mierda”. Druetta fue apartado de sus funciones en agosto de 2012, pero el contratiempo puso de manifiesto el apoyo político con que contaba: el entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro lo consideró “una pérdida invalorable para la región” y alertó sobre una posible maniobra contra el policía que “tuvo los cojones de detener narcotraficantes que antes nadie había tocado”. También el intendente de Venado Tuerto, José Freyre, apoyó al policía y el senador Lisandro Enrico no dejó de pensar por lo menos hasta 2019 en “un invento del peronismo”.
Pullaro se refería a las detenciones de Ascaini y Orozco, quienes en realidad tenían arreglos con la policía provincial. La intervención de Druetta habría incluido también la gestión del pasamanos por el cual un kilo de cocaína se convirtió en un kilo de azúcar, un alivio para Ascaini. Su presunta mano dura con el narcotráfico no se compadeció tampoco con la amistosa relación con Orozco que pusieron de relieve las escuchas telefónicas.
Como en el juego del gran bonete, el teléfono de donde salieron las amenazas hacia Lago no fue localizado. Druetta reasumió sus funciones apenas un mes después, reverdeció algo de sus laureles cuando denunció que él mismo había recibido amenazas por sus actuaciones contra el narcotráfico, obtuvo el ascenso a comisario y fue nombrado jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones. Pero la desarticulación de la banda de Ojito, en septiembre de 2012, fue el principio de su caída.
Una misma historia se repitió muchas veces en las actas de procedimiento: la actitud sospechosa, la intuición y el olfato, el nerviosismo de los acusados, los llamados anónimos parecieron naturalizarse en las causas por drogas que iniciaba la policía de Santa Fe. “El sistema no supo darse cuenta de este tipo de manejos. Hay un abuso de Druetta, como si hubiera pensado: el sistema me cree a mí y entonces puedo decir cualquier cosa. Y la práctica es que las nulidades no se discuten en la instrucción sino en el juicio oral, años después”, dice el fiscal Reynares Solari.
La persecución a consumidores, pequeños vendedores y narcos que pretendían eximirse del pago de un canon tuvo como contraparte “la regulación estatal del tráfico de estupefacientes”. La corrupción policial parece desplegarse así como uno de los factores determinantes en el desarrollo del narcotráfico en Santa Fe.
El respaldo de la Justicia a los procedimientos irregulares funcionó además como un reaseguro que permitió a los policías corruptos mantenerse en la fuerza y ascender hasta los grados máximos del escalafón. Los acusadores de Druetta y de otros oficiales de Drogas no merecieron confianza porque se trataba de narcotraficantes y esa es incluso la línea de la defensa para impugnar el testimonio de Actis Caporale; en contraste, pese a las evidencias acumuladas, la palabra de los policías pareció gozar de un crédito ilimitado en los oídos de jueces y de funcionarios provinciales.
El fallo de la causa contra Druetta, Delmastro y otros acusados, en marzo, será un cierre provisorio. “Vamos a hacer las remisiones para que se investigue a las otras personas mencionadas, Fernando Romitti, Gustavo Spoletti y otros policías”, anuncia Reynares Solari. Todavía queda mucho por saber en la trama del narcotráfico en Santa Fe.
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