La misión fue encomendada por la ministra Patricia Bullrich al flamante Departamento Federal de Investigaciones: rastrear “las ramificaciones” del Primer Comando de la Capital (PCC) en la Argentina. Las supuestas actividades en el país de la organización criminal brasileña son tan elusivas que hasta el momento no constan en investigaciones judiciales. En la misma línea, el gobierno nacional declaró esta semana organización terrorista a Los Soles, un cártel venezolano sin arraigo en la Argentina.
El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) es “una nueva estructura operativa destinada a fortalecer y especializar la lucha contra el crimen organizado en todo el país”, según anunció el gobierno nacional el 19 de agosto. La ministra Bullrich dijo que se orientará a la investigación de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, delitos financieros y crimen organizado transnacional y “su primera misión” es seguir los pasos del PCC en la Argentina.
“En concreto no hay mucho —afirma la ex ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic—. Hay una causa judicial donde se imputa a una persona por lavado de activos para el PCC. Es una causa que tiene dos años. Hasta ahora no hay otra evidencia de ingreso de esta organización a la Argentina”.
Frederic aclara que la falta de evidencia “no quiere decir que no exista el riesgo del PCC, pero no es el peligro mayor: hay organizaciones con distinto nivel de sofisticación que debería investigar ese Departamento y hay que decir que la Policía Federal viene haciendo poco en este sentido”. La ex ministra e investigadora del Conicet sostiene que la prioridad de las fuerzas de seguridad federales es otra: “El trabajo de investigación está frenado en buena medida porque el personal es redirigido a reprimir protestas en el Congreso Nacional”.
La criminalidad compleja aparece como un argumento para ampliar facultades policiales que en la práctica se aplican al conflicto social. “Me he cruzado con oficiales que están destinados a esos operativos de represión en vez de seguir trabajando en investigación criminal”, dice Frederic. La ex ministra cita como ejemplo un tuit de Bullrich del 12 de marzo, el día en que un gendarme baleó al fotógrafo Pablo Grillo y hubo un centenar de detenidos en los alrededores del Congreso: “Con la nueva Ley Antimafia, los más de 100 detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión”, proclamó Bullrich, es decir que la normativa apuntaba no a los narcotraficantes sino a los opositores políticos.
Ariel Larroude, abogado y consultor en política criminal, dice que el rol de la Policía Federal quedó desdibujado después del traspaso de comisarías a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y conviene redefinir sus funciones. “Ahora bien, no está claro cuál será el rol de la DFI y cómo cooperará esta agencia con la justicia en la investigación de los delitos complejos. Es algo que deberá demostrarse con hechos y no con el mero discurso”, afirma el director del Posgrado “Narcotráfico, desde la producción al lavado de activos” que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El jefe del DFI, Pascual Mario Bellizzi, incurrió en un lapsus durante la conferencia de prensa en que se presentó a la agencia: el PCC, afirmó, “se dedica a reclutar miembros dentro del Servicio Penitenciario”. Quiso decir dentro de las cárceles. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, “se identificaron 28 personas con vínculos con esta organización criminal”. Ocho de esas personas “se encuentran detenidas en unidades del sistema penitenciario federal y provincial” y el resto “están en libertad, bajo investigación o con antecedentes de expulsión o extradición”.
El ministerio puntualizó “casos emblemáticos que dan cuenta del entramado criminal que el PCC viene tejiendo en la región y en Argentina”. Sin embargo, los vínculos de las personas mencionadas con la organización criminal son imprecisos o no están acreditados y las actividades en el país que les adjudican son conjeturas del propio Ministerio:
—El boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, extraditado desde Brasil, está detenido y procesado como organizador del transporte de cocaína a la Argentina y a Europa. Está señalado como jefe de su propia red, que también ofrecía servicios de taxi aéreo.
—El empresario Diego Dirisio está acusado por la Justicia Federal de Bahía por tráfico de armas a Brasil.
—Emanuel Eduardo Dos Santos, detenido cuando circulaba con documentos falsos y un arma de fuego en San José, provincia de Misiones, y extraditado en enero de 2024 a Paraguay, fue elevado a jefe del PCC en versiones periodísticas pero la justicia paraguaya solo lo acusa por el homicidio de un peluquero.
—Elvis Riola de Andrade fue detenido en Campana y presentado periodísticamente como “uno de los sicarios más peligrosos del mundo”. Tiene pendiente una condena de 15 años de prisión por un homicidio, el de un agente penitenciario, en 2009.
—Sebastián Marset, uruguayo, “con operaciones de tráfico intercontinental de cocaína que habrían incluido tránsito por territorio argentino”, según el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su relación con el PCC no está especificada ni acreditada en ninguna investigación judicial.
El informe no mencionó a Fabio Rosa Carvalho, prófugo de la justicia de Brasil detenido cuatro días antes en el barrio de Caballito. Quizá porque tampoco pertenece al PCC —aunque así se informó— sino a una banda llamada Os Manos que opera en la frontera entre Brasil y Uruguay.
“Es correcto tomar los recaudos correspondientes, aunque las mayores preocupaciones respecto a estos entramados delincuenciales internacionales en nuestro país van de la mano no de hechos violentos per sé sino de lo atinente al lavado de activos, donde la Argentina se muestra muy permeable justo con este gobierno”, afirma Larroude.
Carvalho vivía bajo identidad falsa entre Mendoza, Córdoba y Buenos Aires y mostraba un buen pasar económico; afrontaba una condena por homicidio. Elvis Riola de Andrade había sido detenido en enero de 2024 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y expulsado a Brasil, pero el Tribunal Superior de Justicia de San Pablo lo dejó en libertad; Interpol emitió una orden de captura cuando se descubrió que había fugado del país. Ambos estaban en Argentina como lugar de cobertura y de paso.
“Hay una serie de condiciones que en Argentina por ahora no se dan y que se han dado en Brasil y en Paraguay, además de cuestiones geopolíticas y geográficas que inciden para que el PCC opere —observa Sabina Frederic—. Hoy la salida de la droga de Perú, Colombia y Bolivia no se hace en la generalidad de los casos a través de Argentina”. Para la ex ministra “es poco probable” que el PCC pueda tener una presencia estable y operativa, como la que imagina el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los cazafantasmas
En diciembre de 2024 el gobierno nacional difundió un video en el que un grupo de hombres disfrazados con mamelucos blancos amenazaban a Bullrich y al gobernador Maximiliano Pullaro. Se trataba de “una organización terrorista todavía no identificada”. Y sigue siendo un misterio, ya que el asunto pasó al olvido hasta ahora. Pero las organizaciones que ahora ocupan la atención pública no parecen tener más entidad que la de aquellos personajes.
La creación del DFI surge de la reforma de la ley orgánica de la Policía Federal Argentina que el gobierno nacional resolvió sin más trámite que un decreto. El perfil de la fuerza aparece en teoría orientado hacia la prevención e investigación de delitos complejos y la “seguridad del Estado”. La misión principal de la PFA es prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos.
Como la ley anti mafia —aprobada en el Congreso Nacional con votos de libertarios, macristas, radicales y peronistas—, la reforma de la ley orgánica de la Policía Federal utiliza el problema de la criminalidad compleja “para promover la ampliación de facultades policiales y el debilitamiento de los controles a la actuación de las fuerzas de seguridad y de las garantías para las personas”, cuestionó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). La Policía Federal ya no requiere orden judicial para detener, espiar páginas de internet, plataformas y redes sociales y hacer requisas legitimadas como “operativos de prevención”, un paraguas muy amplio, según el organismo.
El mismo día en que el DFI entró en funciones la ministra Bullrich se reunió con funcionarios de Defensa de los Estados Unidos que llegaron encabezados por el Subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de EEUU, Roosevelt Ditlevson. El motivo de la reunión fue “acordar y optimizar acciones conjuntas contra la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo” y en particular “medidas de acción para afrontar el grave daño que produce el denominado Cártel de los Soles en Venezuela, así como la actuación de otros grupos vinculados como el Tren de Aragua”, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Ni lerdo ni perezoso, el Ministerio de Seguridad de la Nación declaró organización terrorista al Cártel de los Soles. Ya lo había hecho con el Tren de Aragua. “Forma parte de la espectacularización de la seguridad que hace Bullrich. Todas las semanas tira cosas nuevas para avivar giles —perdón por la expresión— y que todos estén a su alrededor criticándola mientras nadie está mirando qué hace en concreto para reducir los problemas de seguridad en la Argentina”, afirma Sabina Frederic.
Ariel Larroude también cuestiona el show de la seguridad: “Estas decisiones se entienden como parte de una agenda comprada a los EEUU. Mientras nosotros declarábamos a Los Soles como red terrorista, Estados Unidos sigue acercando sus buques de guerra al mar del caribe venezolano. Tal como sucedió a fines de los setenta pero, fundamentalmente, en la Argentina a comienzos de los noventa, seguimos los lineamientos del norte, pese a que la injerencia de este tipo de organizaciones en el país todavía no ha hecho mella”.
El 29 de mayo el Ministerio Público Fiscal informó la detención de diez venezolanos, una colombiana y un argentino en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Corrientes, “por sus presuntos vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua y como acusados de los delitos de financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos”. Se trata de una investigación que se remonta al 2 de octubre de 2023, cuando la Policía Federal detuvo al venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, en la provincia de Corrientes.
Los fiscales Flavio Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco acusaron a los detenidos por financiar desde Argentina actividades “de la organización terrorista” Tren de Aragua. Sin embargo, la justicia y la prensa venezolana desmintieron esta asociación; Boscán Bracho es el líder de una banda propia, dedicada a extorsiones en el estado de Zulia, y tenía ya un pedido de extradición de su país por asociación para delinquir, homicidio intencional y otros graves delitos. “El narcoterrorismo es una denominación que sirve para generar un pánico moral pero no para resolver el problema de fondo que es qué hacer con el narcotráfico en la Argentina, una de las deudas pendientes de la democracia”, dice Larroude.
En marzo, el gobierno de Donald Trump afirmó que el Tren de Aragua invade Estados Unidos bajo la dirección de Nicolás Maduro. Según el sitio Insight Crime, especializado en la investigación del crimen organizado, no hay evidencia concreta sobre la presencia de ese grupo en el país. “Está claro que el Cártel de Los Soles no tiene ninguna presencia en Argentina, como tampoco el Tren de Aragua —afirma Frederic—. Son reflectores que desvían la atención pública, ponen el foco en un lugar que no es el problema que atraviesa a la Argentina en términos de inseguridad”. El espectáculo, mientras tanto, continúa.
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