Tareas de observación en el terreno, conversaciones telefónicas entre los involucrados, fotografías, comprobaciones en patrulleros. La investigación sobre el fraude con combustibles que implica a jefes de la policía de Rosario aparece basada en un conjunto sólido de evidencias y las sospechas rozan al ex jefe de la Unidad Regional II, Daniel Alejandro Acosta, aunque no se encuentra entre los acusados.
El martes próximo se realizará la audiencia de imputación contra trece policías y cuatro civiles acusados de quedarse con dinero que el Estado provee para el combustible de los patrulleros en base a un prolijo sistema de sobrefacturaciones. Entre las defensas se especula sobre la posibilidad de que algunos policías se presenten como arrepentidos, una vez conocidas las imputaciones que desplegará el fiscal José Luis Caterina.
“Las expectativas de un resultado positivo para los policías son mínimas –razona una fuente consultada para esta nota-. El punto imposible de eludir es que justamente son policías, con lo que pueden entorpecer probatoriamente la causa. Están suspendidos en sus funciones, pero tienen contactos por todos lados en la fuerza. La manera más prudente de asegurar el resultado del proceso sería con los policías presos”.
La denuncia llegó a la Fiscalía de Rosario por correo postal el 10 de julio de 2024 y estuvo dirigida al fiscal Caterina. El primer párrafo iba directamente al grano: “Pongo en vuestro conocimiento un hecho de enriquecimiento ilícito por parte del comisario Gerardo Ramírez, Jefe de Garage de Distribución de Combustible de la Unidad Regional II y (como) cómplices el comisario abogado Rodrigo Domínguez y el Jefe de la Unidad Regional II comisario mayor Daniel (Alejandro) Acosta”.
El informe puso el foco en Ramírez: el jefe de Garage “vende el combustible que otorga el Estado provincial para los móviles policiales y el dinero recaudado espurio es compartido con el comisario Domínguez y el jefe de la Unidad (Regional)”. El denunciante destacó que la recaudación era periódica y estaba organizada, y recomendó vigilar a Ramírez, encargado de recibir y administrar el dinero que dispone la provincia para la carga de combustible de todas las reparticiones policiales de la Unidad Regional II: “si lo siguen siempre el dinero los compradores de nafta lo hacen en el cruce de Pueblo Esther los fines de mes o cada semana o quincenal” (sic).
Las diligencias de la investigación estuvieron a cargo de la Unidad de Asuntos Internos y la Subsecretaría de Control Policial. En una primera inspección en la sección Garage Oficial se comprobaron inconsistencias en el consumo de combustible de vehículos del Comando Radioeléctrico de Rosario y surgió otro policía involucrado, el inspector Sergio López.
El seguimiento aleatorio de patrullas captadas por el sistema de monitoreo por GPS agregó otro dato: distintos móviles fueron registrados en la estación Puma de Ovidio Lagos al 3900 donde se realizaban las cargas pero los horarios de las facturaciones no coincidían con ese momento. Un Fiat Cronos utilizado como patrullero testigo debía consumir 8,1 litros de combustible cada 100 kilómetros pero según el informe de la Unidad Regional consumía en promedio 13,9 litros por la misma distancia; en total este vehículo hizo 5606 kilómetros y facturó un excedente de 170,2 litros.
La fiscalía incorporó fotografías tomadas en la estación Puma y en la estación de servicio YPF de Ovidio Lagos al 5200. Las imágenes mostraban las cargas realizadas por los móviles. Los números no cerraban: los cobros a través de la tarjeta de débito Visa Flota incluían una sobrefacturación en relación al monto expresado en la carga.
El inspector Sergio López, encargado de la administración del combustible utilizado por los móviles de Comando Radioeléctrico, fue observado en acción en ambas estaciones de servicio, en compañía de Nanci Gabriela Plomer y ambos con varias tarjetas Visa Flota y un posnet. Plomer es jefa de la Sección Ficheros a la División Personal de la Policía de Rosario, una sección que no tiene nada que ver con la carga de combustible.
Las escuchas de conversaciones telefónicas de Ramírez, López, Plomer, la presidenta y un empleado de la firma Gas Auto Tiferno redondearon la reconstrucción del esquema y dieron relieve a la intervención de López y Plomer en la confección de planillas, “los papelitos”, en palabras del inspector del Comando, a los cuales “hay que meterle ganas”.
Las conversaciones entre la titular y el empleado de Gas Auto Tiferno permitirían observar que la recaudación no estaba centralizada en un policía sino que siguió una especie de distribución horizontal con policías del Comando Radioeléctrico, la Policía Motorizada, la Brigada de Orden Urbano, la Policía de Investigaciones, el Grupo Táctico Multipropósito y la Sección Caballería y Perros, que se presentaban rutinariamente en la estación Puma para retirar en efectivo lo que sobrefacturaban en las cargas de combustible. Esto obligaba a una ardua y exhaustiva contabilidad por parte de los empleados de la estación de servicio y a horas extra de trabajo en la estación, dedicado a preparar y ensobrar el dinero correspondiente a cada sección. Al mismo tiempo quedó evidenciado que no se trataba de actos aislados sino con frecuencia periódica, sostenidos en el transcurso de la investigación y en consecuencia se remontarían a tiempo atrás.
Las tareas de observación efectuadas en distintos días sobre la estación Puma detectaron un desfile ininterrumpido de jefes policiales que llegaban al lugar, se introducían en la oficina de la gerencia y salían con abultados sobres y pequeñas cajas de madera. Así fueron observados policías que serán imputados en la audiencia a celebrarse entre el martes y el miércoles: el comisario Ramírez, los inspectores López, Juan Alberto Villordo (Policía Motorizada) y Franco Sebastián Cuesta (Policía de Investigaciones) y los subinspectores Javier Arce (Guardia de Infantería), Fernando Miguel Ceballos (Grupo Táctico Multipropósito), Jorge Norberto Delgado y Gustavo Bazán (División Logística) y los jefes de Caballería y Perros, Fabián Fantín y Mario Brest. El jefe de la Brigada Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi, no fue visto con sobres en la mano pero habría facturado hasta dos cargas ficticias de tanque por día hasta un monto superior al millón de pesos y se encontró un posnet en su casa, objeto de uno de los 38 allanamientos ordenados por la fiscalía.
La ruta del dinero
Uno de las sospechas que recorre la investigación es que los policías en cuestión no se alzaban con el dinero que provee el Estado para el combustible a título personal sino en su condición de referentes de distintas secciones de la Unidad Regional II. Es decir que el dinero de la corrupción podría haber seguido una ruta en el interior de cada sección, lo que sin embargo todavía no se aprecia.
Otra sospecha apunta al desplazado jefe de la Unidad Regional, Daniel Alejandro Acosta. El “primer corte de la investigación”, como definió el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, no lo involucra, pero sigue bajo investigación y habría que creer que no estuvo al tanto de lo que involucraba a su secretario privado y circulaba además como “secretos a voces al interior de la policía” según los investigadores. El jefe de la sección Garage fue observado además yendo directamente desde Gas Auto Tiferno a la Jefatura de Policía y las conversaciones telefónicas sostenidas con el comisario Domínguez serían explícitas en relación al combustible y al dinero en movimiento.
“Siempre he sostenido que en un equipo cada uno es un engranaje fundamental para que todo funcione”, afirmó Acosta en un acto público del 13 de agosto de 2024. Pero se refería a la acción de la policía de Rosario, en el aniversario de su creación.
El “aceitado sistema de sobrefacturación”, como lo califican los investigadores, habría estado naturalizado como práctica de costumbre en la Unidad Regional II. Una declaración del secretario de Seguridad Pública Omar Pereira, al programa Radiopolis, pareció dirigida contra esa racionalización de la corrupción: las cajas negras “no pueden considerarse como algo admitido para que sea un sobresueldo”.
El denunciante se excusó de identificarse, “por razones de seguridad de mi persona y familia”. La precaución no era infundada, si se tiene en cuenta que Norma Estela Acosta fue víctima de una intimidación y una balacera en su casa después de difundir un video en el que acusa a altas autoridades de la Unidad Regional II. “Vinieron a matarme”, dijo la mujer el miércoles pasado, mientras exhibía la puerta de su casa en pasaje Larguía al 3400, barrio Tablada, perforada por cinco balazos.
El video de Acosta fue intensamente compartido por funcionarios policiales en los primeros días de febrero. La mujer aludió al fraude con combustibles, mencionó la estación de servicio Puma, identificó al comisario Domínguez como líder de la organización y además resaltó la presunta protección de altos jefes policiales al negocio del narcomenudeo en Rosario. La viralización del registro produjo efectos: los policías que eran escuchados en sus conversaciones telefónicas se llamaron a silencio sobre el tema de los combustibles.
La denuncia de Acosta mostró puntos en común con la denuncia anónima que disparó la investigación, como la mención del comisario Ramírez, pero es más amplia al incorporar al narcomenudeo como fuente de recaudación. Ambas contienen pocos datos concretos, pero la investigación dirigida por el fiscal Caterina produjo precisiones que serán expuestas a partir del martes.
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