No hay de qué asombrarse. Las cajas negras de la policía santafesina “existen y existieron”, según los términos de Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública. Pero no se trata de la única continuidad en la materia, y su reaparición a la luz pública vuelve a tensar la cuerda de la seguridad en la provincia. Así como los delitos policiales persisten con el mismo carácter crónico que la violencia narco criminal, las investigaciones de la Justicia provincial nunca apuntaron a las estructuras de la corrupción y las intervenciones del sistema político se redujeron al relevo de los involucrados con cuidado de no hacer olas en el movimiento. Según resumió un jefe policial en ocasión de otra crisis, “se desplaza a la cúpula y se deja intacta la red de recaudadores”.
La malversación de fondos públicos en la Unidad Regional II no se descubre por los controles de los funcionarios políticos sobre la fuerza sino gracias a una denuncia que llegó por correo postal a la Fiscalía de Rosario. El cartero no volvió a llamar pero la correspondencia recibida en agosto de 2024 fue suficiente para comenzar la investigación. La fecha es también significativa: el fraude funcionaba por entonces con sus mecanismos aceitados, por lo que remite a un pasado más lejano y delata una práctica de rutina en la que los nombres propios pueden resultar secundarios porque lo central es el sistema, como decía aquel jefe policial.
En la conferencia de prensa del lunes pasado, cuando se destapó la olla, el ministro Pablo Cococcioni describió “una maniobra en red de varias secciones policiales”. El fiscal José Luis Caterina dijo que los jefes de la Unidad Regional II, Daniel Acosta y Mariano Gobi, no estaban involucrados en el fraude. El subjefe continúa en funciones, ahora con el interventor Claudio Romano y una auditoría de gestión logística y administrativa en progreso. Acosta se había caracterizado por mantener un bajo perfil —aunque en marzo de 2024 defendió ante los medios a policías del Comando Radioeléctrico que habían detenido a un grupo de artistas por pintar “la patria no se vende” en la Plaza 25 de Mayo— y el 29 de marzo recibió el sable corvo del Brigadier López, que otorga el gobierno provincial y simboliza entre otros valores la honestidad, la responsabilidad y la eficacia en el mando; entre los policías detenidos se encuentra su secretario privado, Ricardo Domínguez.
La detención de los policías acusados por robar dinero del Estado fue seguida por las renuncias de Marcelo Villanúa, subsecretario de Formación y Carrera Policial, y Carlos Prost. Responsable de la formación de los policías santafesinos hasta el martes pasado, Villanúa es recordado por la frase “cuando el Harry vea uno de estos móviles le tiene que temblar la pera”, un catecismo de la mano dura proferido en marzo de 2018 durante una presentación de patrulleros. Su domicilio fue allanado el 27 de febrero de 2021 en una investigación por irregularidades denunciadas durante su jefatura de la Unidad Regional II, una causa que no prosperó.
Hoy como ayer
La primera denuncia en que se describió el funcionamiento de cajas negras en la policía de Rosario se remonta al 3 de abril de 1995 y la recibió el juez Otto Crippa García. Desde entonces los testimonios sobre mecanismos institucionalizados de corrupción policial son tan recurrentes como las crisis que detonan las olas de violencia. Ambos problemas no se producen aislados entre sí, como mostró el transcurrir de la última semana: la revelación del saqueo policial al Estado se inscribe en un momento en que se producen crímenes en el barrio 7 de Setiembre, Villa Moreno y Villa Gobernador Gálvez, una balacera contra la casa de la denunciante Norma Acosta y la reaparición de trapos con mensajes intimidatorios en distintos puntos de Rosario. La policía es sensible a las intervenciones en su interior, y la susceptibilidad puede incrementarse y tener efectos imprevisibles al coincidir con otros episodios traumáticos, como la muerte del oficial Cristian Oficialdegui, abatido por un gendarme después de raptar a su ex mujer y resistirse a los tiros.
Las denuncias sobre cajas negras, como lo manifestó el secretario de Seguridad Pública, son tan antiguas como el desarrollo de la narco criminalidad en Rosario y la primera contenía claves de las siguientes. En primer lugar, el anonimato: estaba firmada por “Oficiales de la Unidad Regional II”. Desde entonces la corrupción solo parece llegar a conocimiento de la Justicia santafesina cuando algún sector de la propia fuerza de seguridad decide hacer público lo que es de conocimiento interno. En ese caso se detallaba una prolija administración de “impuestos policiales”, discriminados por secciones y referidos a explotación del delito en distintos rubros y a la suspensión de la posibilidad que tiene la policía de aplicar la ley. Una denuncia posterior, de 2001, sacó a la luz la otra fuente de recaudación clandestina: el propio Estado, en ese momento a través de fraudes y robos encubiertos con sobrefacturaciones, servicios adicionales cobrados y no prestados, arreglos bajo cuerda con vehículos y, como hoy, negocios con el combustible destinado a las patrullas.
El gobernador Maximiliano Pullaro vuelve a tropezar con la misma piedra con que se encontró siendo ministro de Seguridad de Miguel Lifschtiz. Su primer jefe de policía, Rafael Grau, fue desplazado en mayo de 2016 después de una denuncia consistente por desvío de fondos destinados a la reparación de patrulleros; el siguiente, Luis Bruschi, siguió la misma ruta en agosto de 2016, acusado por desviar fondos de la División Logística; el tercero, José Luis Amaya, fue acusado al igual que el subjefe José Pérez de cobrar sobornos del juego clandestino, aunque no hubo investigaciones al respecto.
Grau fue acusado de liderar una banda mixta de policías y civiles que facturaba reparaciones de móviles y compras de móviles que no se hacían. El Ministerio Público de la Acusación describió “una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada” que lo precedía en el cargo, ya que también resultó implicado su antecesor, Omar Odriozola.
La reiteración actual del problema tiene otras proyecciones: el desfalco al Estado con el combustible de los móviles afecta a uno de los principales logros del gobierno provincial, el patrullaje, y vuelve a poner en crisis a la policía. Es un problema que los propios policías identifican: en el Censo Policial realizado en 2020 por el Observatorio de Seguridad y el programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, nueve de cada diez policías santafesinos indicaron que la corrupción institucional constituye un problema grave y la identificaron como la “principal causa de la desconfianza de la ciudadanía” hacia la fuerza, al mismo tiempo que más de la mitad de los encuestados se manifestó convencido de recibir represalias en caso de denunciar los hechos.
Si las causas por enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales se caracterizan por la opacidad y la extrema lentitud, la disputa política en la provincia agregó otro factor para realimentar el circuito. La denuncia del ex habilitado Cristián Güemes en 2019 y la acusación contra el ex subjefe de la policía provincial Ariel Zancocchia en diciembre de 2021 como organizador de una asociación ilícita que defraudó al Estado santafesino quedaron así tachadas como casos de persecución política, por haber sido impulsadas por Marcelo Sain durante su gestión como ministro de Seguridad.
Güemes denunció irregularidades en un período que comprendía las jefaturas de Villanúa, Juan Pablo Bengoechea —luego detenido e imputado en Rafaela por proteger a David Perona, “el rey del juego clandestino”— y Marcelo Gómez. Según la acusación de la fiscalía, Zancocchia armó su negocio paralelo con la reparación de patrulleros en dos tiempos, como jefe de Logística y como subjefe de la policía provincial y fue acusado de liderar una red de la que supuestamente participaron otros policías, entre ellos Martín Ronsisvalle —sucesor de Güemes como habilitado en la UR II y que posteriormente fuera desvinculado de la causa— y Débora Savani, entonces subjefa del Comando Radioeléctrico y en noviembre de 2024 a cargo de la seguridad en el Gigante de Arroyito el día que asesinaron a Andrés “Pillín” Bracamonte. De nuevo, la corrupción asomó como una práctica sostenida en el tiempo y trascendente a las personas que ocupaban los cargos.
La ley del diego
Según el secretario Omar Pereira, “se identificó un esquema de sobrefacturación en el que un vehículo que cargaba diez litros figuraba como si hubiera cargado veinte o treinta, generando ganancias ilícitas para el personal policial”. El fiscal Caterina estimó que “la malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible”. Es decir que rondaría el diez por ciento de los fondos asignados.
La intervención actual del Ministerio Público de la Acusación expone una diferencia significativa con las anteriores: diez meses de investigación. Ese trabajo será crucial para definir si el robo al Estado santafesino fue “el negocio de unos vivos”, como conjeturó el ministro Cococcioni, “un problema focalizado”, según Pereira, o un modo de funcionamiento habitual en la policía.
Pero lo revelador del caso no se reduce a los doce policías implicados ni a los que puedan sumarse en una audiencia de imputación: consiste también en plantear, una vez más, el problema del control político sobre las fuerzas de seguridad y, en el trasfondo, el cruce de factores institucionales y políticos por el cual los mecanismos de corrupción, como decía el jefe policial, se resetean.
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