En medio de una crisis visible, el gobierno nacional salió a disputar la narrativa sobre el estado de la economía. El propio ministro Luis Caputo viajó a Rosario a mostrar “los datos” sobre “récord” de actividad, exportaciones y consumo privado, regados con curvas de recuperación salarial, baja del indicador de pobreza y contención de precios. Esa militancia tropezó con su propio ruego de confianza en el plan económico, su súplica por los dólares del colchón y su arenga a “pensar a largo plazo” para tolerar un presente complejo. La curva de euforia se hundió directamente cuando, sobre el final, anunció un presente griego para la provincia: que se haga cargo de reparar la ruta nacional A012, porque “tiene presupuesto y nosotros no”.
El ministro pidió tribuna el miércoles en la Bolsa de Comercio para dar pelea contra lo que denuncia como un “relato” opositor sobre cierres de empresas, despidos, deterioro salarial, morosidad y aceleración inflacionaria. Su ofensiva discursiva encripta una preocupación: el impacto que tiene la crisis de la economía real, evidente en la experiencia y en los datos cotidianos de deterioro productivo y social, sobre su programa macroeconómico.
Expuso ante un auditorio desangelado las cifras del adelanto del PBI 2025 que publicó el Indec sobre un crecimiento del 4,4 %, a cargo de la intermediación financiera, el agro, el petróleo y la minería. Le sumó el estimador de actividad (Emae) de enero, con un crecimiento interanual de 1,9 % y la cosecha récord que se proyecta a 160 millones de toneladas. También citó una medición de salario real en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) que le da un aumento del 4 % en los últimos años y, la frutilla del postre, la baja de diez puntos en la tasa de pobreza que cantó el organismo estadístico. En el Gran Rosario, dicen, cayó del 32,4 % al 22,3 % en un año.
Guerra de cifras
Sobre buena parte de esas mediciones hay debates metodológicos. Por caso, la influencia del spread bancario en la medición de la actividad económica, la importancia del “gasto obligatorio” (tarifas) en los indicadores de consumo privado y la ya histórica controversia sobre la medición de pobreza. Investigadores famosos como los de la UCA subrayaron en reiteradas ocasiones que los cambios, valorados como positivos, en el cuestionario sobre ingresos de la población dificultan la comparación con períodos anteriores. También señalaron la subestimación del costo de la canasta básica, a raíz de la decisión del gobierno de no actualizar los ponderadores del índice de precios.
Las cifras de aumento del desempleo y subempleo, caída del salario, cierre de empresas, retracción de la industria, comercio, inflación y aumento de la morosidad, entre otras, también exigen la falsabilidad de las estadísticas de Caputo. Hay quienes apuntan que las fotos que mostró son viejas. La consultora Ex Quanti, por ejemplo, proyectó una suba del índice de pobreza en el último trimestre de 2025, que quedó solapado en las estadísticas semestrales. No es descabellado pensar que ese deterioro se haya profundizado en los primeros tres meses de este año.
Moción de confianza
El propio ministro sembró su alegato de asteriscos cuando reconoció que la actividad “puede eventualmente mostrar una caída” en febrero o que “la inflación podría ser mayor en marzo por cuestiones estacionales”. Por eso citó a Juan Carlos De Pablo, economista de cabecera de Javier Milei, para conceder que “la realidad es heterogénea” y que “lo fundamental es la confianza”.
Como lo hace todos los meses, el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) pintó en su último informe un buen cuadro de los indicadores de la economía real. Contó, por ejemplo, que la deuda de las familias con el sistema financiero creció 34 billones de pesos durante la actual gestión de gobierno y que la morosidad del sector ya está en el 13 % con el sistema financiero clásico y 32 % con las fintech. El equipo de economistas lo vincula a “la billonaria pérdida” de salarios registrados (23 % estatales y 7 % privados) y jubilaciones (24 %). Y a la caída del empleo, a pesar del “extraño crecimiento de la economía” que difunde el Indec, basado en un puñado de actividades que fueron expulsoras de mano de obra durante el año pasado.
“Agricultura y ganadería creció 25 % pero perdió 11.457 empleos; intermediación financiera creció 8 % pero perdió 8.080 empleos y petróleo y minería creció 10 % pero perdió 1.164 empleos”, explicó Mate. Qué esperar, entonces, en los sectores que “el modelo desprecia”. Esto: que entre la industria y la construcción se perdieron 142.000 empleos en dos años.
El informe subraya que la pérdida de empleos se concentra cada vez más en el sector privado, donde cayeron 200.000 trabajadores registrados, y que el cuentapropismo, que pasó de 21,6 % a 24,7 % en la era Milei, ya no acolchona. “El desempleo crece de todas maneras y ya alcanzó al 7,5 % de la población económicamente activa, es el peor resultado de cierre de año desde 2020”, concluyó el estudio.
La economía de la derrota
El efecto de la política económica sobre las condiciones de vida no puede sorprender. El economista Cristian Módolo advirtió tras las elecciones legislativas del año pasado que en el inicio de 2026 se sentirían las consecuencias de “la derrota de la economía real”.
“Todavía estamos viviendo los efectos de la dolarización y las subas de tasas, que dejaron un tendal de familias endeudadas, la falta de circulante que se vio en el parate de diciembre, enero y febrero, y la caída de la cadena de pago en empresas y comercios”, señaló esta semana durante una entrevista con La Banda Cambiaria. Y advirtió que “esto se tiende a profundizar con la suma de problemas acumulados, como la inflación”.
En estas condiciones, la mirada política tiende a cambiar y lo que antes era una gracia se convierte en mueca. Es probable que, del mismo modo que ocurrió cuando intentó apropiarse del fallo que convalidó la expropiación de YPF, los festejos por la baja estadística del índice de pobreza se conviertan en un boomerang dentro de la conversación pública.
Si querés pagar, pagá
Por lo pronto, estos descalces siguen tensando la relación del gobierno nacional con el provincial. Si el anuncio nacional, el tercero sobre el mismo tema, se formaliza, la cesión de la A012 se incorporará a una larga lista de gastos y responsabilidades que la Nación transfiere a la jurisdicción subnacional.
Obra pública, servicios, educación, salud y asistencia social son blanco de esta suerte de “federalización del abandono”, que agrega presión a las cuentas provinciales en momentos de caída de la recaudación y la coparticipación. Los ingresos nacionales cayeron algo más de 4 % en marzo pero la coparticipación bajó 6 %.
En los últimos meses, el detalle de estas erogaciones extras se volvió una práctica sistemática en los comunicados de Gobernación. Una muestra: “En el caso del programa Remediar, Santa Fe recibió en 2025 un 55,25 % menos de tratamientos que en 2024”, advirtió el Ministerio de Salud. Compensar esa caída, señaló, requirió una inversión superior a 7.400 millones de pesos. “Invertir en salud pública, cuando el Estado se retira, es revolucionario”, enfatizó el gobernador Maximiliano Pullaro el martes, cuando encabezó en Rosario la apertura de sobres de la licitación para la compra de 88 ambulancias.
Ingresos brutos
La nueva poda de programas sociales que se activó en abril y el impacto del desempleo en la región expandirán las demandas. En Santa Fe hay 13.785 empleos y 2.358 empresas menos que en 2023, según informó el Observatorio de Importaciones de Santa Fe. En su último reporte, aclaró que si bien las importaciones cayeron por la recesión en el primer bimestre de 2026, la presión de los bienes que compiten con la industria local sigue alta.
Por su importancia estratégica en la región, la entidad puso el foco en la cadena de maquinaria agrícola. “En los últimos años se observa un cambio de tendencia: mientras que hasta 2023 crecía la participación de la producción nacional, en 2024 ese proceso se interrumpió y en 2025 se revirtió, con un aumento de las importaciones”, explicó.
Y apuntó el caso de las sembradoras, una de las “fortalezas” de la fabricación local, como paradigmático: “Hasta 2024 su producción era completamente nacional, mientras que desde entonces se registran niveles récord de importación”. En la cadena provincial de maquinaria cerraron 14 empresas y se perdieron 988 empleos, incluso en un contexto de crecimiento de la actividad agrícola.
Caputo no se refirió a la realidad de esta industria durante su disertación en la Bolsa de Comercio. Sí exageró con otro sector que se vistió de importado: el automotor. El ministro dijo que empresarios le dijeron que traen modelos de afuera en lugar de fabricarlos acá por el peso del impuesto a los ingresos brutos. Luego, volvió a cargar contra provincias y municipios por su carga tributaria.
Con pocas horas y cuadras de diferencia, los ministros de Economía y Desarrollo Productivo de Santa Fe, Pablo Olivares y Gustavo Puccini, parecían estar esperándolo. Presentaron el segundo informe de impacto de los beneficios que la ley tributaria ofrece para compensar Ingresos Brutos con el salario de nuevos empleos y la tarifa eléctrica, a la vez que baja la alícuota para pequeños comercios. Explicaron que 4.142 empresas ya utilizaron al menos una de las herramientas disponibles. Casi 800 ya dedujeron 3.193 salarios vinculados a nuevas incorporaciones.
“Gobernar hoy Argentina es crear empleo”, arengó Pullaro en Expoagro, como parte de su distanciamiento dialéctico con la administración nacional. Para Caputo, que no cree en el deterioro de la microeconomía, gobernar es más bien vender. En Rosario no solo vendió futuro a cambio de confianza y los dólares del colchón. También vendió los fondos de despido y el blanqueo permanente como ducto para transferir recursos al mercado de capitales. Y anunció una nueva ronda de concesiones y privatizaciones, entre ellas la de la central térmica de Timbúes. Ese menú de negocios que ofreció a los representantes del mundo corporativo, canjea por dos imposibles: las retenciones, que se excusó de bajar porque “afectaría el déficit fiscal” y provocaría “la vuelta de Cristina”, y la devaluación, ante cuya sola mención impuso la pena de “patadas en el culo”. Los presentes la saludaron con un breve aplauso.
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