Un hombre joven de Rosario se contacta por redes con chicas de entre 18 y 20 años. Entabla relaciones con ellas, les ofrece realizar videos sexuales a cambio de dinero y les promete que las filmaciones no serán divulgadas en Argentina. Pasado un tiempo varias jóvenes son advertidas de que aparecen en imágenes de sexo explícito que están viralizadas. Se identifican a 40 jóvenes en estas circunstancias, en un total de 69 videos registrados de muy amplia difusión.
De este grupo un total de ocho chicas de cuatro provincias —Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones— fueron identificadas y entrevistadas por el Ministerio Público Fiscal de Rosario. Todas dicen haber sido traicionadas en su confianza. También admiten que las situaciones fueron consentidas y que por los videos recibieron pagos.
La construcción del caso penal es controversial. Son jóvenes que apenas salieron de la adolescencia pero son mayores de edad. Aceptan un intercambio explícito para ser registradas en escenas íntimas por dinero. Las abogadas defensoras del realizador de los videos, que tiene 31 años, dicen eso para descartar la existencia de delito.
Sin embargo hace diez días el juez federal Carlos Vera Barros lo acaba de dejar en prisión preventiva por 90 días. Está preso desde el 25 de marzo pasado. El implicado estaba investigado hacía un año. Según un informe del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal, después de eso permaneció activo. Había cambiado de perfiles de Instagram y de plataforma para captar la voluntad de mujeres a los fines de producir material de contenido sexual y comercializarlos. Se pudo identificar a otras cinco víctimas tras ese cambio. Algunas declararon en Cámara Gesell. Contaron que habían sido engañadas para acceder a grabar los videos, que no solo se veían en el extranjero, sino que también se viralizaron en diversas plataformas y aplicaciones, con alcance incluso en sus entornos familiares y afectivos, con afectaciones psicológicas para ellas.
Los fiscales federales de Rosario que llevan el caso son Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa y tuvieron la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). ¿Qué alegan? Que las conductas desplegadas por este hombre encuadran en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. A su vez, esas conductas se encuentran agravadas por haber mediado engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, y por la cantidad de chicas detectadas. Hay ocho casos con entrevistas donde las damnificadas se muestran vulneradas y traicionadas. Las víctimas contabilizadas hasta junio 2025, en 69 videos, son un total de 40. Algunas desconocen que existe una causa penal activa. Otras rehusaron ser entrevistadas, según revelaron fuentes judiciales a Suma Política, alegando miedo.
Los fiscales federales formulan su caso a partir de las entrevistas con las víctimas y los elementos de evidencia colectada. Toman como hechos testigo tres casos donde hay tres damnificadas que son chicas de entre 18 y 20 años. Establecen que el acusado, de nombre Gianfranco, contactó a las chicas por Instagram. Las empezó a seguir, comenzó a dialogar con ellas, construyó lazos de confianza, les propuso grabar videos sexuales a cambio de dinero. Les aseguró a ese fin que no se venderían en Argentina con lo que no tendrían perjuicios, y que no harían nada que no quisieran. Y les dijo que si llevaban a alguna amiga para hacer filmaciones les pagaría un plus de 20 por ciento adicional. Nunca habló de porcentajes sino que refirió un mayor aporte en pesos que implicaba ese valor porcentual.
Los videos se tomaron en distintos lugares según los casos. Se registraron en departamentos céntricos de Rosario o en hoteles cuando las chicas contactadas eran de otros lugares del país. En esos casos el joven implicado les hizo firmar a las jóvenes un contrato tomando su DNI sin entregarles copia. Asimismo les exhibió estudios médicos que indicaban la inexistencia en su caso de enfermedades de transmisión sexual ya que él exigía mantener relaciones íntimas sin protección. Tampoco el involucrado les brindaba a las jóvenes los datos de identidad suyos que permitieran identificarlo.
Luego de los videos sexuales en los que el muchacho se implicaba les pagó a las chicas sumas diversas. Se acreditó que recibieron en un caso 300 mil pesos, en otro 400 mil pesos —mitad en efectivo y mitad a una cuenta de Mercado Pago— y en otro caso 100 dólares.
Con los pagos los registros fílmicos pasaban a ser de propiedad exclusiva del muchacho, lo que, dicen los fiscales, le permitió editarlos y cargarlos desde la cuenta Argentina Casting en una plataforma online cuya dirección fue aportada en las audiencias judiciales. Uno de los videos fue ofrecido por él como anticipo en un grupo abierto de la red Telegram. En ese grupo el joven fue señalado como administrador y allí ofrecía adelantos con imágenes sexuales de las chicas, con descuentos, promociones y suscripciones.
¿Cómo se inició el caso judicial? Por una denuncia anónima en marzo de 2025 de una persona que no fue víctima a la línea 145 sobre casos de trata de personas del Ministerio de Justicia de la Nación. Este particular reveló que el imputado había tomado contacto con una chica, que le había propuesto registrar en video un contacto sexual con la promesa de que no se vendería en el país. Pero que esto terminó por trascender en la pequeña localidad de una provincia en el norte argentino donde reside la víctima. En la presentación la persona denunciante reveló que tuvo tanta circulación ese contenido que le propuso a la joven hacer otro video en Buenos Aires con todo pago. Fue allí que se decidió a denunciar.
Acá es donde está la controversia. ¿Cómo se convierte en delito un hecho que es consentido por mujeres mayores de edad que aceptan cobrar por la práctica a la que acceden de manera voluntaria? Según los fiscales federales por la forma de captación, que es asimilable a la trata de personas, y por la traición a la confianza en personas a menudo frágiles como para contender de igual a igual con un hombre joven pero con diversas destrezas comprobadas.
Según revelaron a este medio allegados a la causa, el muchacho desarrolló habilidades en el campo financiero y es operador de inversiones en criptomonedas. Hay medidas solicitadas para la trazabilidad de sus inversiones que se ocupó de derivar a destinos de difícil ubicación. Sus actividades con las chicas a las que captaba se habrían iniciado durante la pandemia. El juez Vera Barros le impuso una caución por 20 millones de pesos.
Acerca de la vulnerabilidad de las mujeres, estas indican en entrevistas que fueron filmadas luego de haber recibido dinero, con lo que aunque se arrepintieran sentían que no tenían opción de hacer lo contrario de lo que el muchacho les demandaba. Alegaron no saber dónde buscar el video que se había grabado, ni cómo funcionaba la página donde se exhibía ni cómo buscarla. No tenían copia del video grabado ni del contrato que les hacían firmar. Una de las jóvenes declaró que le había suplicado que bajara el video en que aparecía y que le devolvía el dinero si era necesario. Según ella lo siguió comercializando en la misma plataforma al menos seis meses más después del ruego.
Según el sitio fiscalesgob.ar., los investigadores que intervienen en el caso señalaron que, al apropiarse de su imagen y de su identidad digital en una versión sexualizada construida y comercializada por él, el imputado ejerció una forma particularmente grave de cosificación, en la que las víctimas dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en un producto monetizable y disponible para el consumo anónimo y masivo.
En las audiencias los fiscales intervinientes señalaron que el captador buscaba chicas inexpertas, que no tenían posibilidad real una vez frente a él de cuestionar las condiciones impuestas, y la mayoría de las cuales nunca había grabado videos de estas características ni volvió a hacerlo después.
Las conductas desplegadas por Gianfranco N. encuadran en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Son conductas agravadas por haber mediado engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por la cantidad de víctimas y por haberse consumado su explotación. Fue autor material porque, dicen los acusadores, intervino en forma personal y activa para captar a por lo menos las chicas que declararon ser víctimas.
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