El Concejo aprobó este jueves una ordenanza contra el lavado de activos. El proyecto, impulsado por el oficialismo pero reformado con aportes de diversos bloques, busca detectar movimientos económicos que puedan resultar sospechosos y así combatir el crimen organizado siguiendo la ruta del dinero. Con el acuerdo del oficialismo, Ciudad Futura y Juntos por el Cambio, Rosario tendrá la primera agencia de prevención y colaboración contra el lavado de activos del país. Reinó el acuerdo y se votó por unanimidad en general, pero con el apoyo crítico del Frente de Todos: plantearon algunos reparos a la medida y cuestionaron el “apuro” del Municipio por aprobar la ordenanza.
La iniciativa se sustenta sobre tres pilares. Por un lado, un sistema de control económico financiero con la especificación de rubros, trámites e información que debe solicitar el Municipio. Esta parte está basada en la estructura de la ordenanza vigente (9204) que será derogada con la nueva sanción. Por otro lado, un sistema de alertas sospechosas que se dispararán ante la aparición de irregularidades en esa información aportada. Por ejemplo, en aquellos casos en que la iniciación de un trámite por parte de una persona no se condiga con la situación patrimonial del solicitante.
“Eso genera una irregularidad en lo que es la exteriorización de capitales que da lugar a una alerta. Que no es en sí mismo ninguna acusación en particular, sino solo la posibilidad de que el Municipio pueda advertir cuando suceden este tipo de trámites que puedan entrañar alguna incompatibilidad en el curso de la actividad económica”, explicó el concejal del espacio CREO, Fabrizio Fiatti.
Pero el plato fuerte de la ordenanza es la creación de una agencia de prevención y colaboración contra el lavado de activos, que funcionará como autoridad de aplicación y tendrá el deber de actuar ante esas alertas y transformarla en reportes dirigidos al Ministerio Público de la Acusación (MPA) o la Unidad de Información Financiera (UIF), en los casos que amerite. “Vamos a generar un canal ágil por el cual el Municipio aporte información centralizada y ya sistematizada que preconstituya pruebas”, destacó el edil oficialista.
Acuerdos
Cada uno con su proyecto, los gestores de la agencia antilavado fueron Juntos por el Cambio y Ciudad Futura. El proyecto original enviado desde el Municipio hablaba de una “Unidad de control” con participación de agentes municipales. Con sus respectivos matices, el avance de la iniciativa en la comisión de Gobierno estuvo motorizado por la sintonía en el proyecto entre estos sectores políticos. “Tuvimos mesas de trabajo donde se articuló lo mejor de cada proyecto y los aportes de cada bloque”, aseguró Pedro Salinas, concejal de Ciudad Futura.
Desde ese espacio impulsaban una agencia “proactiva” que no quede en un mero acuerdo de colaboración con la Justicia, sino que pueda tener determinadas potestades de acción. En ese marco, una de las características que tendrá el organismo es el efecto retroactivo: que las investigaciones no solo se centren en las nuevas inversiones que vayan apareciendo en la ciudad, sino también en las ya existentes. “Hace muchos años que venimos insistiendo con que si cortamos con las operaciones de lavado de dinero es muy probable que cortemos con la violencia, porque el lavado de dinero es lo que da rentabilidad a la violencia”, indicó.
Pero la ordenanza también recoge parte del proyecto impulsado desde Juntos por el Cambio, donde se planteaba una articulación fluida con el MPA y un seguimiento más vinculado a nombres que a rubros. “Lo que nosotros estaríamos haciendo es un ida y vuelta con el MPA: ellos nos informan sobre quién analizar datos, nosotros lo hacemos y en los casos donde detectamos incongruencias le pasamos la información para que ellos sigan adelante con la acción penal por el lavado de activos”, manifestó Martín Rosúa, concejal del espacio.
Una de las intenciones de Juntos por el Cambio era introducir una cláusula para que las alertas no frenen la actividad económica. Desde el espacio entienden que se corre el riesgo de frenar una actividad que pueda resultar lícita, pero incluso si se tratara de una actividad ilícita, consideran mejor que la inversión avance para seguir la investigación y poder recoger más pruebas. Luego de las reuniones con especialistas entienden que la cláusula iría por buen camino.
Otro de los puntos discutidos fue qué sucede con las inversiones de trato sucesivo en el tiempo, como puede ser la habilitación para la construcción de un edificio, donde no todo se define con un monto de dinero inicial, sino que la financiación del proyecto puede ir apareciendo a medida que se va concretando la obra. Una de las posibilidades es que la agencia genere un requerimiento de información periódica.
Reparos
Si bien desde el peronismo coinciden en la necesidad de contar con una ordenanza que avance en la investigación del lavado de activos, presentaron algunos reparos a la creación de una agencia que coordine esa tarea. Para la concejala Norma López aparecen algunas dudas sobre la eficacia del organismo en términos de competencia, pero también plantó la posibilidad de que la agencia termine “burocratizando” los trámites.
“Nosotros creemos que le falta madurar mucho a esa mirada. Una agencia no es exclusivamente de la órbita del Municipio”, expresó y agregó: “Si vamos a crear una institución que aporte más burocracia a la que ya hay, no le sirve ni al Estado municipal, ni al empresario, ni al emprendedor que tiene un dinero y se va a encontrar con alguien que le pone piedras en el camino. La agencia tiene que ser algo que sea muy dinámico y muy efectivo”.
Por su parte, Fernanda Gigliani insistió con el planteo de que no sean los trabajadores municipales los encargados de manejar las alarmas y realizar los reportes correspondientes, sino que esté debidamente sistematizado: “En el último texto que pudimos ver esa tarea seguía quedando en manos de los trabajadores. Nosotros insistimos en que hay que despersonalizarlo, porque un ser humano puede ver, no ver, y hasta ser corruptible. Entonces nos parece que tiene que ser superador el sistema planteando una informatización de las alertas que se disparen de forma automática, que no dependa de las personas”.
Asimismo, la concejala de Iniciativa Popular señaló que se le da un “mega poder” a quien esté al frente de la agencia, que cuenta con la posibilidad de desechar alertas. Por eso uno de los pedidos del espacio tiene que ver con la creación de un registro de reportes donde quede constancia, entre otras cosas, de cuál fue el accionar de los encargados. “La gran falencia de la ordenanza es que nadie controla a la agencia. Nadie controla a quienes controlan. Lo cual para nosotros es una deficiencia importante”, evaluó. Todos estos interrogantes se terminarán de definir en la previa a la sesión.
Desde el interbloque peronista también se mostraron disconformes con los tiempos de trabajo. Para López hubo “un apuro de la gestión municipal” para aprobar la ordenanza este jueves, mientras que Gigliani señaló que hubo una sola comisión donde los concejales pudieron exponer los proyectos. “Nos llegó un borrador unificado la semana pasada, no tuvimos una nueva puesta en común y nos parece desprolijo que una ordenanza tan importante y trascendental salga entre gallos y medianoches”, cuestionó.
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