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Con el nuevo año se reactiva el caso del juego ilegal y suma protagonistas famosos

Con el nuevo año se reactiva el caso del juego ilegal y suma protagonistas famosos



Osvaldo Aguirre


Año nuevo, investigación nueva. La causa judicial en torno al juego clandestino en el sur de Santa Fe abrió esta semana una tercera etapa con un objetivo específico: desentrañar los mecanismos de lavado de dinero de la organización que según los fiscales administraba Leonardo Peiti con la protección del senador provincial Armando Traferri. Los procedimientos transcurren en escenarios desusados para los operativos policiales: estudios jurídicos, escribanías y residencias en barrios cerrados de la ciudad de Rosario.

Los allanamientos, siete en total, comenzaron en la mañana del jueves en oficinas y una residencia del empresario y ex corredor de automovilismo Oscar “Poppy” Larrauri en el Country Golf Rosario. El mismo día, Traferri volvió a defenderse desde la Cámara de Senadores con críticas al ministro de Seguridad Marcelo Sain y un discurso en el que se refirió al juego clandestino como si no formara parte de los problemas de seguridad.

La hoja de ruta indicada por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery surge de la documentación secuestrada el 1 de diciembre en un estudio de Corrientes 842 que atendía la contabilidad de Peiti. En otra oficina del mismo edificio el ex barrabrava Marcelo Medrano cambiaba sus ingresos del narcotráfico en dólares. El mundo del crimen organizado rosarino es un pañuelo.

“Peiti tiene una parte importante de la economía en blanco y otra parte en negro y particularmente muchas inversiones en el sector inmobiliario. Dilucidar esos manejos nos va a llevar un tiempo. La investigación incluye a otras personas, testaferros o allegados que lo ayudaron a blanquear el dinero ilícito”, dice el fiscal Schiappa Pietra.

La documentación puso a la vista una vinculación en particular. “Oscar Larrauri es una persona cercana a Peiti, tiene negocios con él y pensamos que le facilita otro tipo de negocios en los cuales se invirtió dinero en negro”, puntualiza. El hilo de la investigación sigue una posible maniobra de lavado de dinero en principio en dos pasos, a través de la compra de inmuebles y vehículos y de su traspaso para borrar los rastros del dinero sucio.

Más allá de ese vínculo, “tenemos que analizar las relaciones comerciales de Peiti, sus empresas, las inversiones que hizo, cuáles son las maniobras para blanquear dinero obtenido de manera ilícita: la tercera etapa de la investigación tiene que ver con una dimensión económica y patrimonial”. La contabilidad del capitalista se manejaba en un estudio compartido con José Fernández Chemes, uno de sus abogados, donde se realizó otro de los allanamientos ordenados por la Agencia de Criminalidad Organizada.



El minuto del senador


Mientras los investigadores allanaban una escribanía en España al 800, el senador Armando Traferri aprovechó la segunda sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para pedir un minuto de silencio “como respuesta y reflexión” ante los homicidios ocurridos en Rosario durante 2020. “Me obliga mi hombría de bien, me obliga mi moral, la política está en deuda con la sociedad santafesina”, explicó ante sus pares.

Traferri expuso un discurso que pareció dirigirse al gobernador Omar Perotti cuando recordó su aporte en las elecciones de 2019 -“los 15 mil votos que en mi departamento sacamos de diferencia”- y fue más explícito para criticar al ministro de Seguridad Marcelo Sain. El mensaje resultó también una defensa contra las acusaciones de amparar el crimen organizado: “seguimos tuiteando y tratando de desprestigiar y hablar mal de los dirigentes e intentamos armar causas y hablar del juego clandestino”.

El senador por el departamento San Lorenzo separó así al juego clandestino de las cuestiones de seguridad pública. “La inseguridad es el problema que más nos aqueja. Nos tenemos que hacer cargo”, dijo. El conjunto de los legisladores adhirió a su moción e hizo el minuto de silencio, lo que en la justicia se observa como la ratificación del respaldo que Traferri recibió de la mayoría de los senadores con el rechazo al pedido de desafuero planteado por los fiscales Schiappa Pietra y Edery.


Minuto de silencio en el Senado, impulsado por Traferri

“Tenemos claramente establecido que Traferri no tenía ninguna legitimidad política para intervenir en negocios vinculados al juego”, afirma Schiappa Pietra en alusión a las declaraciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y del ex diputado provincial Darío Scataglini y a las escuchas telefónicas donde el senador aparece vinculado con el capitalista que soñaba con hegemonizar la explotación del juego legal e ilegal en la provincia. “Obviamente no podía intervenir en el juego ilegal, pero tampoco en el legal: no había ningún proyecto de ley, no había ninguna comunicación, no había ningún trámite de esa naturaleza -enfatiza el fiscal-. Involucrarse en la cuestión fue incurrir en negociaciones incompatibles con la función pública”.

El lavado de dinero, como delito prototípico de guante blanco, suele ser desconectado de la criminalidad como la que se manifiesta con crudeza en las calles de Rosario, pero la investigación del juego clandestino también apuesta a relacionar esos polos del delito. “Cuando una persona puede montar un emporio de la naturaleza que manejó Peiti para usufructuar ganancias provenientes del juego ilícito quiere decir que detrás de esa organización hay una red de funcionarios corrompidos y de personas que colaboran con distintas tareas. El problema de la corrupción de funcionarios es que ingresa dinero por debajo de la mesa en áreas del Estado que después se autofinancian, se autogobiernan y son imposibles de controlar”, advierte Schiappa Pietra.

La participación del ex comisario Alejandro Torrisi en la asociación ilícita y las coimas que Peiti habría pagado a otros policías no identificados es un indicio al respecto, “sin hablar de enriquecimientos ilícitos de otras personas”, agrega el fiscal, como los que también se investigan en la causa y apuntan entre otros al ex jefe de policía de San Lorenzo Gonzalo Paz, y de un agujero negro al que apuntó el ex fiscal Ponce Asahad: las contribuciones del juego clandestino al financiamiento de campañas políticas, un aspecto en el que el criterio de Peiti -según el funcionario defenestrado en un trámite exprés de la Legislatura provincial- habría sido transversal a los distintos partidos, como quien pone un huevo en cada plato.


Los fiscales Schiappa Pietra y Edery

Blanco sobre negro


El año comenzó con un sobresalto para los fiscales: el reemplazo de la jueza Eleonora Verón por el juez Carlos Leiva, del que se enteraron en la audiencia en que se prorrogó la prisión preventiva del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad. “Teníamos entendido que la jueza iba a continuar en la causa. Para nosotros hubo un cambio de manera sorpresiva en la composición del Tribunal y por eso preguntamos las razones. Entendimos que eran un poco irregulares las maneras en que se asignó otro juez al caso”, explica Schiappa Pietra.

La Oficina de Gestión Judicial atribuyó el cambio al traslado de la juez Verón a las audiencias de casos de ejecución penal. El fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada no parece del todo convencido: “En general los jueces mantienen los casos importantes que les tocan, hay un acuerdo en ese sentido en el Colegio de Jueces. Ese criterio no se respetó”.

Otro incidente fue una denuncia periodística de José Luis Vázquez, el abogado de Traferri, respecto de supuestas presiones de los fiscales sobre Patricio Serjal, el ex fiscal general de Rosario acusado de proteger a Peiti a cambio de una contribución mensual en dólares.

“Traferri debe estar muy preocupado si su abogado sale a decir tales cosas -afirma el fiscal-. Lo que hicimos fue presentarnos por una cuestión de salud de Serjal, a instancias y con la presencia de los abogados defensores. Registramos nuestro ingreso y nuestro egreso del penal”.


Los ex fiscales detenidos Ponce Asahad y Serjal

Serjal perdió más de veinte kilos de peso y atraviesa una fuerte depresión ante el negro horizonte que observa desde la cárcel de Piñero. La audiencia donde se debía resolver su situación ante el vencimiento de la prisión preventiva se postergó para el 17 de febrero. Después de recibir informes médicos, psicológicos y psiquiátricos y de una junta médica que evaluó el martes 9 de febrero esos exámenes, los abogados defensores pedirán la prisión domiciliaria del fiscal, mientras los fiscales insistirán en que se extienda su detención.

“Lo que hicimos fue algo acorde a nuestra función -dice Schiappa Pietra, sobre la entrevista que mantuvieron en Piñero-. Me da un poco de rabia ver que algunos medios de Rosario le dieron mucho espacio a la denuncia de Vázquez. Lo que no explicaron es que fue un disparate al punto de que no solo se trataba de un acto lícito y adecuado de los fiscales porque respondía a un problema de salud sino que además tendió un manto de sospechas, citando supuestos comentarios de funcionarios del Servicio Penitenciario a los que no identificó”.

Los fiscales reclaman la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal provincial, según el cual “cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el Fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente”. Es la pared contra la que se estrelló, hasta el momento, la intención de imputar a Traferri como articulador del acuerdo entre Peiti y los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad.

Schiappa Pietra menciona la imputación por enriquecimiento ilícito contra el diputado nacional Fernando Iglesias, en la ciudad de Buenos Aires, que un fiscal resolvió en poco más de una semana para iniciar una investigación. “En Santa Fe no tenemos esa posibilidad -dice-. Es un disparate jurídico, no hay ninguna explicación razonable. Hay serios riesgos de que la provincia incurra en una responsabilidad internacional en función de un incumplimiento para investigar un caso de corrupción que involucra al crimen organizado”.

En la Cámara de Senadores, el representante de San Lorenzo pareció transformarse de acusado en acusador el jueves, con su versión de que la investigación tiene motivaciones políticas. “Traferri les mintió a los santafesinos: como probamos con los impactos de antena de los celulares, él conocía y se reunió con Peiti por lo menos desde 2017”, dice Schiappa Pietra. El senador había dicho en su primera respuesta que conocía al capitalista desde 2019, pero se corrigió después de escuchar la acusación en su contra.

“Los mensajes y las llamadas telefónicas hablan de un vínculo entre Traferri y Peiti y tenemos otras pruebas. Por ahora no vamos a anticipar más que el pedido de inconstitucionalidad del artículo 27”, agrega el fiscal. Las cartas estarán pronto otra vez sobre la mesa.



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