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Informe

Con la nueva Ley de Municipios, ¿qué ciudades podrán sumar o restar concejales a partir del 2027?

La Ley Orgánica de Municipios que se debate en la Legislatura prevé una readecuación de los órganos legislativos en función de la cantidad de habitantes. El proyecto ya tiene media sanción en el Senado y se debatirá en las próximas semanas en Diputados. Si no hay modificaciones, unas 40 localidades tendrán posibilidad de quitar un integrante a su Concejo, mientras que otras 17 podrían sumar uno. Un neto de 23 concejales menos en todo el territorio santafesino. En el caso de las comunas —que hoy no tienen concejales— el achicamiento de sus comisiones municipales es más significativo. En el medio, un problema a resolver: la Legislatura aún no validó los datos del Censo 2022, que se deberán utilizar como criterio para hacer el corte poblacional. ¿Cómo quedaría el escenario legislativo según los municipios?

El pasado 12 de marzo, el Senado provincial dio media sanción a la Ley Orgánica de Municipios. La iniciativa busca establecer un nuevo marco jurídico e institucional para los gobiernos locales, adaptado a la reforma constitucional aprobada el año pasado. Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, los municipios de más de 10 mil habitantes quedaron habilitados a sancionar su propia Carta Orgánica y definir su estructura de gobierno. La nueva ley que se busca sancionar regirá para aquellas localidades que no cumplan con el requisito poblacional, o que pese a hacerlo definan no dictar sus “miniconstituciones”. Pero también funcionará como norma supletoria para las que sí escojan ese camino, como harán Rosario y Santa Fe.

En ese marco, el artículo 21 de la nueva ley fija los parámetros para la organización ejecutiva de los gobiernos locales, y una escala de aumento progresiva en el número de legisladores, en función de la cantidad de habitantes. Para las localidades que tienen menos de 3 mil habitantes —que son mayoría en la provincia— se establece un intendente a cargo del Ejecutivo y una comisión municipal de tres miembros para cumplir la función legislativa, mientras que para aquellas localidades de entre 3 mil y 10 mil habitantes la comisión se integrará con cinco miembros.

En tanto, para las localidades de entre 10 mil y 20 mil habitantes, la ley prevé el funcionamiento de un Concejo con cinco miembros, que se incrementará a siete en los municipios que tengan entre 20 mil y 50 mil habitantes. A su vez, las localidades de entre 50 mil y 80 mil habitantes tendrán Concejos con nueve integrantes, y en las que tengan entre 80 mil y 150 mil habitantes, la composición será de once concejales. Superado el umbral de 150 mil habitantes, se prevé sumar dos concejales adicionales por cada 100 mil habitantes. 

Como se había definido en la reforma constitucional, los mandatos de intendentes, concejales y vocales de comisiones municipales durarán cuatro años, con posibilidad de ser reelegidos una sola vez de manera consecutiva. Además, en la mayoría de las localidades, los cuerpos legislativos se renovarán en su totalidad cada cuatro años, como sucede con la Legislatura santafesina. Recién en las localidades que tengan más de 20 mil habitantes tendrán renovación parcial por mitades, cada dos años. Apenas 25 ciudades de la provincia cumplen con ese requisito.



Comunas y municipios

Según el Censo 2022, de las 300 comunas que hoy tiene la provincia, hay 235 con menos de 3 mil habitantes, mientras que las 65 restantes quedan por encima de ese umbral. Ese universo de localidades pasará a tener un intendente, más una comisión comunal de tres y cinco miembros, respectivamente. En ambos casos, la ley prevé lugares para la minoría, siempre que cumplan con el piso de votos previsto. Según el gobierno provincial, en esta franja se dará una reducción “significativa” en el número de cargos.

En tanto, de las 65 localidades que hoy tienen Concejos conformados, hay 40 ciudades que —en caso de aprobarse la ley como salió del Senado— estarían en condiciones de quitar un concejal, mientras que otras 17 deberían sumar uno, para adecuarse a la normativa. La cuenta da un neto de 23 concejales menos en la provincia. 

Las que achican

Entre las ciudades que deberían achicar su conformación se da una particularidad: hay 14 que tienen menos de 10 mil habitantes. Son localidades que no contaban con el criterio habitacional para conformarse como municipios, sin embargo, la Legislatura aprobó su categorización. Por eso, conformaron Concejos con seis integrantes —el mínimo previsto por la legislación vigente— que con la nueva normativa podrían reducir a cinco. 

En ese universo se encuentra Villa Cañás, con 9.836 habitantes, seguida por San Genaro (9.656), San Guillermo (9.335), Romang (9.208), Malabrigo (8.708), Alvear (8.137), Suardi (7.761), Florencia (7.454), San Jerónimo Norte (7.402), San José de la Esquina (6.932), San Vicente (6.265), Teodelina (6.674), Villa Minetti (6.531) y Sastre (5.876).

Las otras 26 localidades que estarían en condiciones de bajar un concejal tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes y también poseen Concejos de seis miembros: Villa Ocampo, San Jorge, Rufino, Recreo, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín, San Javier, Carcarañá, Tostado, Ceres, San Cristóbal, Las Parejas, Las Rosas, Sauce Viejo, San José del Rincón, Laguna Paiva, Armstrong, Las Toscas, Calchaquí, Pueblo Esther, El Trébol, San Carlos Centro, Totoras, Frontera, Helvecia, Monte Vera.

Hay cinco localidades que merecen un párrafo aparte como Alvear, Helvecia, San José de la Esquina, Teodelina y Villa Minetti que el año pasado eligieron concejales por primera vez. Semanas atrás abrieron su primer período ordinario de sesiones con seis concejales, pero antes de fin de año deberán definir si siguen con esa conformación o reducen un integrante.



Suman o se mantienen

Para las localidades que tienen entre 20 mil y 50 mil habitantes la nueva ley prevé un Concejo con siete integrantes. En esa franja poblacional hay 16 localidades, de las cuales 11 tienen Concejos con seis miembros: Gálvez, Firmat, Coronda, Vera, Sunchales, Arroyo Seco, San Justo, Avellaneda, Roldán, Capitán Bermúdez y Pérez. En tanto, las otras cinco ya tienen Concejos de siete ediles, por lo que la normativa no los modificaría. Son Cañada de Gómez, Funes, Casilda, Granadero Baigorria y Esperanza. 

En el caso de las localidades que van de los 50 mil a los 80 mil habitantes, hay tres ciudades de las cuales solo Santo Tomé cumple con los 9 concejales que marca la nueva ley. San Lorenzo y Villa Constitución mantienen cuerpos de 8 y podrían sumar un integrante. 

En tanto, entre los 80 mil y los 150 mil habitantes hay cuatro localidades: Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Rafaela. La ley dice que deberían tener 11 concejales, pero todas tienen Concejos de 10.

En el caso de Rosario y Santa Fe, la ley explicita que ambas ciudades mantendrán la misma cantidad de integrantes que al momento de la sanción de la ley. Es decir, 28 y 17 concejales. Además, ambas ciudades manifestaron sus intenciones de avanzar en la redacción de sus respectivas cartas orgánicas, donde esas cuestiones se debatirán en el marco de una convención estatuyente. 

Sin embargo, como ejercicio vale preguntarse qué pasaría si decidieran adaptarse al criterio escalonado de dos concejales cada 100 mil habitantes. En ese caso, hoy Santa Fe debería reducir dos concejales, mientras que Rosario está al borde del umbral: técnicamente le correspondería reducir uno, pero al mismo tiempo se encuentra a poco más de 12 mil habitantes de sumar su concejal 29.

Puesta en marcha

Pese a los parámetros fijados, la decisión final de adaptar las estructuras legislativas a la nueva ley quedará en manos de los propios municipios. El mismo texto normativo establece que aquellas localidades que tengan más concejales de lo previsto según su población, podrán decidir mantener su número actual o reducir en función de lo que plantea la ley. La decisión se tomará a instancia del Ejecutivo y mediante una ordenanza sancionada por los dos tercios del Concejo. Si los municipios no informan nada antes del 30 de noviembre de 2026, se entenderá que mantienen su integración actual.

De igual manera, las ciudades que hoy tienen menos concejales de los que deberían, cuentan con la misma fecha límite para informar si deciden mantener la misma composición. En caso de que no manifiesten la voluntad de mantenerse con un número reducido, sumarán de forma obligatoria un concejal en las elecciones de 2027. “En todos los supuestos previstos en el presente artículo a partir del año 2031 los concejos municipales se conformarán de conformidad con la presente ley”, se remarca en la norma. 

“El criterio de la ley es que todos los Concejos sean impares, con una tendencia a bajar la cantidad de concejales que tiene la provincia”, explicó un dirigente del oficialismo que participó de las negociaciones de la ley. “Hoy estamos en un clima de época que favorece la reducción de cargos y bancas. Pero la decisión va a formar parte de las propias negociaciones entre las fuerzas de cada uno de los municipios”, añadió.

Tras la media sanción en el Senado, el proyecto fue girado a Diputados para su tratamiento. En el oficialismo reconocen que puede haber algunas modificaciones menores, pero aseguran que las cuestiones de fondo ya están acordadas con la oposición. Por su parte, desde el peronismo las objeciones no aparecían vinculadas a la conformación de los Concejos sino a la distribución de recursos. De hecho, el peronismo tiene su propio proyecto de Ley Orgánica de Municipios presentado en la Cámara baja que pone el foco en ese aspecto.

Censo

Hay un dato que hasta ahora pasó desapercibido, pero que en medio del debate parlamentario cobra sentido: la Legislatura santafesina nunca validó los datos del Censo 2022. El registro aporta datos claves para la definición de categorías dentro de la ley, como lo es la cantidad de habitantes de cada una de las 365 localidades santafesinas. 

No es algo que los gobiernos se apuren por hacer. El Censo 2010 se validó en la Legislatura recién cuatro años después. No obstante, la reforma constitucional y las leyes derivadas de ese proceso, demandaron demasiado trabajo técnico y parlamentario como para encontrar en esa cuestión un impedimento.  Todo indica que la situación se resolverá con un mensaje del Poder Ejecutivo para que la Legislatura lo apruebe y los datos del Censo se constituyan como el criterio válido. 

Así y todo, no son pocas las críticas que tuvo la realización de ese Censo, el primero en incorporar una modalidad virtual. Incluso desde el peronismo, que formaba parte del gobierno provincial y nacional cuando se realizó, tienen reparos respecto a los resultados que terminó arrojando. “Algunos creemos que la provincia debería hacer un Censo propio. Es de público conocimiento que el último Censo no refleja la realidad de las poblaciones que tenemos. Si no, nos seguimos engañando entre nosotros”, aportó un dirigente del peronismo que viene siguiendo el tema.


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