Por el ojo de la cerradura se observa a un joven de 22 o 23 años que avanza hacia el coche de la línea 116, abre fuego con una pistola y antes de retirarse pasa una nota manuscrita por debajo de la puerta delantera del colectivo. Pero el crimen del chofer César Roldán exige ampliar el campo de visión y observar al conjunto de los actores involucrados y los problemas que se traman en un suceso que es el emergente de un estado de las cosas.
Roldán fue asesinado cuando llegaba a la esquina de Eva Perón y Cullen cerca de las cuatro de la tarde del sábado 30 de noviembre. A plena luz del día, sin policía a la vista. El fiscal Ademar Bianchini dijo que el crimen respondió a un enfrentamiento entre “personas vinculadas a la criminalidad”, con lo que el chofer de 43 años y padre de dos hijos no tenía nada que ver.
El mismo factor subyace al asesinato de Héctor Miguel Gaitán en Liniers y Riobamba el día del balotaje presidencial, a los de Francisco García y Karina Ferreyra en Magaldi y Benteveo y a la mayoría de los 244 homicidios dolosos que al 8 de diciembre registra el departamento Rosario durante 2023: la competencia entre bandas de composición eventual por la venta de drogas al menudeo.
Lo novedoso no es la relación entre los crímenes y la disputa entre las bandas sino el continuo retroceso del Estado para enfrentar el problema. El año va a concluir en Rosario con una cifra de asesinatos cercana a la de 2022, cuando se registró un récord. La política pareció sensibilizarse mucho más por una balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo antes que por esa sucesión de muertes, pero de todas maneras las medidas anunciadas fueron tan espectaculares (aumento del número de fuerzas federales, envío de personal del Ejército), como ineficaces.
En El negocio del crimen, un ensayo de publicación reciente sobre el crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina, el sociólogo Marcelo Bergman señala que si la criminalidad no es contenida al inicio de su proceso “es de esperar un rápido deterioro de la seguridad pública”; y las respuestas deben aumentar con la misma rapidez con que se expande el delito, “pero eso rara vez ocurre”. Podría leerse como un diagnóstico de la situación en Rosario, que de hecho aparece en varios tramos del estudio.
Bergman sostiene que las redes criminales no son irracionales ni actúan por impulsos sino en correlación con las intervenciones de las autoridades públicas y de acuerdo a las expectativas de respuestas posibles que producen esas intervenciones. En sus términos, Rosario plantea un “equilibrio de alta criminalidad”, donde “el número de transgresores crece exponencialmente mientras que las capacidades de aplicación de la ley aumentan a un ritmo más lento, ampliando la brecha entre la criminalidad creciente y la aplicación de la ley deficiente”.
El chofer Roldán fue una víctima elegida al azar. También Gaitán, porque su muerte apuntó a una demostración de violencia entre bandas. Del doble crimen de la calle Magaldi al 8700 se sabe que esa zona estaba bajo control de un grupo en connivencia con sectores de la policía. El incremento de la violencia que marcan estos hechos no se comprende sin ciertas condiciones de posibilidad: “Una vez que las redes criminales alcanzan un umbral mínimo de control territorial operativo pueden diversificarse hacia otros negocios criminales —agrega Bergman—. Esto sucede porque los delincuentes anticipan la baja capacidad de la policía para hacer cumplir la ley y porque la disuasión falla”.
Balear un puesto de venta es una estrategia conocida de los grupos narcos para perjudicar a la competencia. El hecho de violencia hace público lo que funcionaba a la luz del día pero pasaba inadvertido: el crimen de Elías Gabriel Merlo, también en la tarde del 30 de noviembre, dio publicidad por ejemplo a un búnker en Ayacucho y Garibaldi. En ese escenario el quiosco tiene que mudarse o bajar la persiana. Asesinar a una persona elegida al azar es un agravamiento superlativo de esa práctica y muestra que los sicarios tienen cierta seguridad respecto a la ausencia de la policía en la calle y a las oportunidades de quedar impunes. Los límites que se corren son los del Estado que retrocede ante el avance de la violencia.
La disputa por el mercado de las drogas no es el único punto en común en los crímenes recientes. Otro factor que se repite es el de la cárcel provincial como generador de acciones de violencia callejera. Leonardo Robledo, preso en Piñero y condenado por tentativa de homicidio, fue imputado como instigador del asesinato de Gaitán; la nota encontrada en el coche de la línea 116 alude a una discordia entre otros dos presos en la misma cárcel y sugiere una rivalidad no ya entre jefes sino entre soldados.
En este sentido lo novedoso no consiste en que se produzcan crímenes por órdenes impartidas en la cara del Servicio Penitenciario sino en que la promocionada incorporación de tecnología por parte del gobierno de Omar Perotti —escáneres corporales en el control de ingresos e inhibidores de señales de celular— no interrumpió el circuito delictivo entre la cárcel y la calle y tampoco desarmó el tráfico interno de celulares. La reincidencia en el delito no es ya un fenómeno que se produce una vez cumplida la pena de prisión sino que aparece durante la condena: lo que encuentran los detenidos en la cárcel santafesina es una posibilidad de insertarse en bandas dedicadas a la extorsión y la venta de drogas o de crear sus propios emprendimientos, si tienen un teléfono a mano.
Los hallazgos de “nichos” en las cárceles de Piñero y Coronda, lugares clandestinos de almacenamiento de celulares, se desvanecieron sin mayores revelaciones. Los celulares parecen llegar a los calabozos de un modo misterioso que excluye cualquier responsabilidad del Servicio Penitenciario de la provincia. El intento de rescatar al preso Gabriel Lencina cuando estaba internado en el Hospital Provincial, hecho en el que fue asesinado el policía Leoncio Bermúdez, expone no solo un mayor grado de audacia de la criminalidad sino un sistema de comunicaciones que permanece intacto. A las facas que tradicionalmente estuvieron al alcance de los presos se agrega el chip o el teléfono.
A buen entendedor
El fiscal Ademar Bianchini se rehusó a revelar el contenido de la nota que dejó el asesino de César Roldán, pero la policía lo filtró a la prensa y tuvo difusión nacional. Ausente para la disuasión del delito en la calle, la policía parece en cambio lista para entorpecer las investigaciones como ocurrió con el asesinato del oficial César Carmona, frente a la sede de la Agencia de Investigación Criminal, cuando difundió el video que registró el ataque.
La nota que apareció en la escena del crimen de Gaitán tuvo todavía mayor publicidad: “Si gana Milei van a ver más muertos. A buenos entendedor, pocas palabras”. Lo de buen entendedor pareció demasiado para medios que especularon con que había un mensaje político detrás del asesinato de un hombre que afrontaba problemas de adicciones y sobrevivía como vendedor al menudeo.
En realidad la nota fue un anzuelo para que “los diarios hagan puterío” y “salir en todos lados”. La estrategia recuerda a la del preso Fabio Giménez que linkeaba una nota de Rosario 3 sobre su prontuario para presentarse ante víctimas de las extorsiones que realizaba desde Coronda. En el caso actual se habría tratado de propagandizarse a través de los medios como propietario de un territorio para el narcomenudeo.
Los presos demuestran así que saben leer el modo en que se cuentan los crímenes y los efectos que produce la mediatización de la violencia. Lo que llaman “puterío” podría ser traducido como sensacionalismo, el estilo predominante en la crónica policial. El interrogante sería si el problema pasa por difundir el contenido de las notas que aparecen en las escenas de crímenes o más bien por revisar las formas de relatar los hechos.
El fiscal Bianchini dijo que no sabe si los asesinos de Roldán quisieron provocar un estado de conmoción pública. Esta sospecha surgió como una interpretación extraoficial, como se planteó en otros episodios resonantes y fundamentaron en otras circunstancias instrucciones enviadas desde distintas cárceles por jefes de bandas (“avanzar matando gente inocente”, “sembrar terror”).
Pero la violencia asociada a las drogas suele ser la expresión del crimen desorganizado —la falta de regulación o de hegemonía en el mercado— antes que de una actividad criminal organizada. En El negocio del crimen, Marcelo Bergman advierte sobre el error de considerar a los grupos narcos como grandes organizaciones y señala que el nivel de violencia está en relación con “la pobre y errática aplicación de la ley” y con el grado de inestabilidad del mercado: “cuanto más atomizada está la oferta, mayor es la demanda de drogas, y cuanto menores son las capacidades de los Estados para combatir el narcotráfico, mayor es el potencial de luchas internas entre grupos para controlar rutas y plazas”.
Al margen de los propósitos que perseguían los asesinos del chofer Roldán provocaron la conmoción pública, agregó el fiscal Bianchini. No pudieron hacerlo sin la contribución del sensacionalismo, aunque eso no se vea por el ojo de la cerradura.
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