En una sesión corta, el Senado otorgó estado parlamentario a 78 pliegos de candidatos al poder judicial federal, tres de ellos para la provincia de Santa Fe: Santiago Joaquín Saux, como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela; Walter Alberto Rodríguez, como juez del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de la ciudad de Santa Fe, y Emilio Rosatti (hijo de Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema nacional), como juez del Tribunal Federal de Juicio también de la capital provincial.
Ahora los pliegos, enviados desde el Poder Ejecutivo, deberán transitar el análisis detallado de la comisión de Acuerdos para luego, en caso de aprobarse, pasar a la aprobación definitiva en el recinto.
Sin embargo, la tensión fuerte del día pasó por la aprobación del pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. La ex senadora neuquina contó con el aval del oficialismo y sus aliados, mientras que el peronismo la objetó por acusarla de acceder al cargo a raíz de su voto a la Ley Bases —norma clave de la gestión libertaria— en junio de 2024. Precisamente, en ese momento, había trascendido que sería postulada para un cargo diplomático.
La cambiante exlegisladora había asumido su último mandato en la Cámara alta en diciembre de 2019, luego de integrar la boleta de Juntos por el Cambio en Neuquén. Cabe recordar que era la segunda en la lista, pero se quedó con la banca por el fallecimiento del radical Horacio Quiroga a pocos días de llevarse a cabo las elecciones de ese año. La votación por el pliego de Crexell resultó 45 a 26 a favor, con el apoyo del oficialismo y aliados.
El peronismo la impugnó con fuerza; incluso pesa sobre la neuquina una denuncia por cohecho que por ahora no prosperó, justamente porque no se había concretado su pliego de embajadora. Crexell cambió el voto por la Ley Bases a último momento y, según interpreta la oposición, fue a cambio del cargo de embajadora que este jueves se concretó.
Crexell apoyó a Bullrich en 2023, luego a Sergio Massa, y finalmente se hizo mileísta. “Este Senado no puede ser parte de esta actitud delictiva y mandar a Canadá a una embajadora que va sucia, tachada y denunciada”, denunció la senadora Florencia López, justicialista. El pliego fue aprobado de todos modos.
Finalmente, la sesión del Senado estuvo atravesada por los casos de corrupción que complican al gobierno: Manuel Adorni y el caso $Libra, entre otros.
Glaciares: LLA ganó sin pelear
La reforma a la Ley de Glaciares consiguió pasar con amplia comodidad la votación en Diputados, 137 a 111, con tres abstenciones y sólo seis ausencias, y obtuvo sanción completa. Todo lo contrario al proceso previo, de audiencias públicas, acotadas a sólo dos jornadas cuando más de 100 mil argentinos intentaron expresarse y no pudieron, y que en amplísima mayoría (más del 80 por ciento de algunos centenares de expositores rechazaban la propuesta de las empresas mineras y de la Casa Rosada). Es que la sincronización político-temporal entre el palpitar de la población mayoritaria y las decisiones al interior del Palacio no siempre van transcurriendo en tiempo y forma.
La reforma a la Ley de Glaciares —estudiada, trajinada, consensuada y avalada por la Corte Suprema en su momento—, con esta nueva versión, ingresa en la saga latinoamericana de saqueos a recursos naturales. En los palcos del recinto, al momento de la votación, hubo celebración de parte de los funcionarios de Balcarce 50 (con la ausencia notoria de Manuel Adorni) que se presentaron en el Congreso. El que no pudo estar la noche del miércoles en Diputados fue el inolvidable escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido de manera relativamente temprana en 2015: el caso de la mega minería avanzando sobre los glaciares en la Argentina hubiera merecido una reedición de Las venas abiertas de América Latina, que tiene su versión original en 1971, mantiene su vigencia y podría agregar el capítulo argentino de 2026.
Desde lo argumental, el oficialismo reformista y sus gobernadores entre aliados y propios (de desempeño clave en la aprobación de la ley: San Juan, Marcelo Orrego; Santa Cruz, Claudio Vidal; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Catamarca, Raúl Jalil; Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Sáenz y Misiones, Hugo Passalacqua) se basó en la ventana que dejó abierta la reforma constitucional de 1994: todo el poder sobre el subsuelo a las provincias.
Pero el corazón sensible de la reforma que fue convertida en ley radica en que, desde ahora, serán los propios funcionarios políticos de los gobernadores —incluso segundas y terceras líneas— los que tengan la potestad en sus firmas para habilitar o no el uso de determinados sectores del territorio provincial para la explotación minera, haya o no glaciares en la zona. Eso sí, acompañado de un estudio de impacto ambiental —del ámbito privado, en su totalidad ligados al ecosistema económico y político de las empresas mineras.
Hasta la vigencia de la actual ley, los espacios de glaciares y peri glaciares protegidos fueron relevados por un organismo nacional, reputado y profesional, el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciologia y Ciencias Ambientales), dependiente del CONICET, que desde ahora será desplazado y las decisiones quedarán en manos de los hombres y mujeres colocados a dedo por los gobernadores mineristas.
La sesión que consolidó el nuevo momento sobre las políticas mineras en la Argentina tuvo una extensión de casi doce horas y la votación final fue pasadas las 2.30 de la madrugada. Entre los cerca de 50 oradores hubo apenas un puñado que defendieron el proyecto que finalmente fue aprobado con amplitud; las exposiciones fueron mayoritariamente opositoras.
Voto santafesino
Por caso, entre los santafesinos, se registraron 10 votos favorables: Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolas Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravena, Yamile Tomassoni y Verónica Razzini, ocho miembros de LLA. También votaron favorable, de las filas del gobernador y del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia —que un día antes de la sesión fue recibida junto a Pullaro en la Casa Rosada y recibió un apoyo económico clave para Santa Fe, por jubilaciones adeudadas— y José Núñez.
Siguiendo con Santa Fe, rechazaron la nueva ley de glaciares los seis integrantes del bloque UxP Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Agustín Rossi y Caren Tepp. También rechazaron los socialistas Pablo Farias y Esteban Paulón, que tributan en el bloque Provincias Unidas —aunque habitualmente divididas en las votaciones—. Finalmente, la integrante del bloque mayoritario entre los santafesinos (LLA) Rocío Bonacci, se ausentó al momento de la votación.
Las voces santafesinas en el recinto estuvieron del lado opositor: Germán Martínez, Diego Giuliano, Caren Tepp, Agustín Rossi, Pablo Farías y Esteban Paulón.
Rossi: “Cambian una ley que viene funcionando desde 2010, no es necesaria para mejorar la actividad minera. En 2019 obtuvo un fallo de constitucionalidad plena. El cambio de la ley le quita previsibilidad, estará cuestionada desde el punto de vista constitucionalidad. ¿Por qué no se les ocurre hacer una batería de litio?, pero no, promueven el extractivismo”, dijo, y agregó, “es mentira que es una ley federal, los cursos de agua no son de las provincias, atraviesan distintas provincias. Estamos ante un nuevo feudalismo ambiental”.
Tepp: junto a Diego Giuliano propuso una consulta popular por la nueva ley de glaciares, “que no fue aceptada, porque tienen miedo a perder, porque no puede tolerar que elija la sociedad y no la casta”. Para Tepp la discusión es “agua sí o agua no, desde Santa Fe siempre estaremos donde sea necesario, cuidar el agua, la vida y a las generaciones futuras”.
Paulón: presentó un apartamiento del reglamento para pedir por una interpelación a Manuel Adorni, aunque la votación no salió favorable, fue bloqueada por LLA y aliados. “Si Adorni termina viniendo al Congreso el próximo 29 de abril le vamos a preguntar los números del Quini 6, porque tiene una suerte…”.
Giuliano: “Nos están pidiendo que el Congreso finja demencia, estamos debatiendo a tientas”(…) “hoy está investigando la cripto estafa la unión europea, ¿cómo no se puede constituir una comisión investigadora por el caso $Libra?, es un delito en flagrancia, un ardid, 40 mil damnificados, hay que investigar, están pasando cosas graves en la Argentina, tenemos que investigar”.
Farías: “La audiencia pública era claro que se desbordaba, por el interés de la gente, pero decidieron aplicar un criterio (dos días) que no conformó a nadie. Me pregunto, ¿por qué no giramos a la Comisión de Minería este proyecto? Es un defecto que hiere constitucionalmente a la ley. Y lo más grave, hay regresión respecto de la anterior ley. Estamos reduciendo el objeto de protección (glaciares), no digan que no hay reducción de protección, eso es falso”.
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