mega888
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Política

¿Dónde están los gendarmes del Plan Bandera para los barrios más calientes de Rosario?

El asesinato de un taxista de San Lorenzo de 63 años y de un pasajero de 22 el martes pasado a la noche en la esquina de Chacabuco y Doctor Riva permanece por el momento en el misterio. No están identificados los dos motociclistas que cometieron el crimen y las causas del hecho son desconocidas, aunque el escenario remite a disputas entre bandas dedicadas al narcomenudeo. La única certeza es de otro orden: en ese sector del barrio Tablada, una “zona caliente” de Rosario según los términos de los funcionarios de seguridad, debía estar presente la Gendarmería como parte de las disposiciones del Plan Bandera. Y no hubo fuerzas federales a la vista.

Los patrullajes no pueden cubrir todo el tiempo el área completa de la ciudad, pero el doble crimen en una zona clave del Plan Bandera se asocia con las versiones cada vez más fuertes sobre un cambio de destino de efectivos federales asignados en diciembre a Santa Fe: de la seguridad y la persecución del narcotráfico en la provincia a disolver las manifestaciones opositoras al gobierno de Javier Milei frente al Congreso nacional.

“Es totalmente falso. Esas versiones no tiene ningún fundamento, son un absurdo”, se indigna Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad de la Nación y a cargo del despliegue de las fuerzas federales en la provincia. No obstante, ayer los diputados nacionales del Frente de Todos presentaron un pedido para que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich informe entre otras cuestiones si hubo una reducción de personal y cuál es la cantidad de efectivos desplegados específicamente en Rosario.

Angelini descalifica con dureza el pedido de los diputados peronistas: “Hubiera sido interesante que presentaran pedidos de informes frente a las tragedias de los últimos cuatro años. Son quienes abandonaron a Rosario, multiplicaron los delitos y los homicidios y quieren que se reinstale el narcotráfico en la ciudad y en la provincia”, afirma. Pero también el senador nacional Marcelo Lewandowski se hace eco de la versión sobre la reducción de efectivos federales —“la gente en los barrios no los está viendo”—, advierte sobre “una bomba de tiempo” por la combinación de los problemas de seguridad y la falta de contención social y dice que el Programa de Intervención Barrial Focalizada del gobierno provincial “es hasta ahora nada más que un título”.

En la noche del jueves Juan Manuel Britos murió baleado por otros motociclistas cuando lavaba el auto del que era chofer en la vereda de su casa, en Felipe Moré al 2600. El crimen ocurrió en presencia de su familia y de vecinos y tiene más notoriedad porque Britos había contado con custodia policial después de denunciar extorsiones mafiosas y de recibir el apoyo del intendente Pablo Javkin. Contra las estadísticas auspiciosas que difunde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, el caso vuelve a mostrar problemas de fondo: las bandas criminales que actúan con dominio del espacio público y la insuficiencia de los dispositivos judiciales y policiales para disuadir a los delincuentes y proteger a víctimas de amenazas.



La inseguridad de cada día


Los asesinos del taxista José Luis Assale, de 53 años, y de Carlos Uriel Acosta, de 22, contaron con una ayuda inesperada el martes a la noche: había un corte de luz en la zona de Cochabamba y Doctor Riva. Los cuatro detenidos en el barrio por la Policía de Investigaciones andaban armados pero no tienen ninguna relación con el doble crimen.

Mucho menos visible que el doble crimen, en Tablada persiste una situación de inseguridad más allá del cambio de gobierno. “No vemos mucha diferencia —afirma la vecinalista Silvia Gergolet—. Además los robos en terrazas, en autos, de medidores y de celulares, son cotidianos. Los vecinos con frente a la calle están amedrentados. En la zona del tanque de Grandoli, en Villa Manuelita, hay operativos de control de autos pero no se ven patrullajes en prevención de delitos”.

Gergolet tampoco observa un incremento de la presencia de fuerzas de seguridad. “Pasa un poco la policía y suele haber una patrulla que da vueltas y otros que andan a pie. A los gendarmes, sinceramente, nunca los vi. Hay muchos búnkers, sobre todo de Ayolas hacia Uriburu. Cada tanto levantan uno. La policía lo sabe, porque no hay manera de no saberlo, pero seguimos en la misma de antes”.

El cuadro se complejiza en Tablada con otros factores. “Hay un aumento del cirujeo muy grande —agrega Gergolet, vecinalista histórica de Tablada y editora de un periódico barrial—. Uno lo que ve además es la mugre y la desidia con respecto a la limpieza, no sabemos si el servicio sigue o no concesionado. La mayoría de los contenedores están rotos. Hacer los mandados o bajarse del colectivo es estresante: tenemos que salir sin el celular, caminar rápido, apretar bien la billetera. Esto no es nuevo, pero se ha agudizado”.


Que sí, que no


El Plan Bandera fue presentado por la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro el 18 de diciembre, ante un despliegue de efectivos de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las sonrisas que exhibieron los funcionarios aquel día quedaron en suspenso con versiones sobre un desacuerdo en dos temas: la administración de la cárcel federal todavía en construcción en Coronda y la coordinación entre fuerzas federales y fuerzas provinciales.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia no se pronuncia sobre las versiones de reducción de efectivos federales. “El control político de la operatividad de las fuerzas federales lo tiene Federico Angelini —apuntan en el Ministerio—. Él es quien debería confirmar o no el retiro. Nosotros no tenemos esa información”.

Angelini desmiente con enojo que haya menos efectivos federales en la provincia, y dice que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia está al tanto de los números. Como Bullrich, el subsecretario de Intervención Federal rehúsa precisar la cantidad de agentes: “no lo queremos ocultar, porque la provincia sabe cuántos efectivos hay, pero no compartimos los datos (públicamente) por un tema estratégico”.

Según los lineamientos del Plan Bandera, las fuerzas federales se despliegan en dos de las ocho zonas en que se dividió a la ciudad de Rosario y concretamente en los barrios Larrea, Ludueña, Empalme Graneros, Tablada y Las Heras. “No es una cuestión de cantidad de efectivos sino de qué se hace con las fuerzas —insiste Angelini—. Se está haciendo inteligencia criminal, que antes no se hacía, e inteligencia penitenciaria, que tampoco se hacía; se  trabaja con las áreas de inteligencia federal y se hacen operativos de saturación y patrullajes en vehículos y de a pie”. Entre la batería de promesas que disparó Bullrich en la presentación del plan, al menos una se habría concretado: el equipo especial de investigadores federales “ya está operativo”, según Angelini.

Marcelo Lewandowski tiene otro diagnóstico. “Hay una preocupación del Ministerio de Seguridad de la provincia —destaca el senador nacional por el departamento Rosario—. No lo dicen públicamente, pero la coordinación de fuerzas no se está dando de la manera que se espera. Y además es claro que hay menos efectivos en la calle. Queremos saber en qué consiste el plan, y que quede claro que no lo hacemos porque seamos una fuerza opositora: planteamos lo mismo con Aníbal Fernández cuando vino al Senado”.

El no del gobierno nacional al pedido de Pullaro para poner en funciones la cárcel federal de Coronda complica el plan de sacar a los presos de las comisarías. Sin embargo, no parece existir un plan B frente a la sobrepoblación y el hacinamiento de reclusos en las cárceles provinciales mientras sigue la dulce espera por la finalización del Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, como se llamará la cárcel ubicada sobre la ruta provincial 64 entre Coronda y la comuna de Larrechea.

“La seguridad es responsabilidad de la provincia y no le vamos a sacar el cuerpo. Toda colaboración es bien recibida, pero somos nosotros quienes tenemos que hacernos cargo del plan de seguridad”, dicen en el Ministerio de Seguridad a cargo de Pablo Cococcioni. El vaso medio lleno no se puede ver sin el vaso medio vacío: “En estos 67 días hemos reorganizado y recuperado parte de la operatividad policial y vamos a seguir trabajando en ese sentido hasta poder bajar los niveles de violencia”.

Angelini desmiente que los exabruptos suscriptos por Milei en la red social X contra el gobernador después del fracaso de la ley Ómnibus interfieran en el Plan Bandera. “A los resultados me remito. Obviamente estamos en una situación muy crítica, donde tenemos buenos y malos días. Pero la realidad es que se pudieron bajar los homicidios de enero a enero y en lo que va de febrero hubo tres homicidios contra treinta y tres del año pasado. Estamos bajando también las balaceras y las incidencias en general”, destaca el subsecretario de Intervención Federal y dirigente del PRO.

Los equipos de seguridad de la Nación y la provincia tienen tres reuniones semanales, una de análisis, otra operativa y una tercera de discusión política. “No es para celebrar de ninguna manera, pero hay resultados que antes no se producían tanto en los operativos de saturación como en investigaciones que estaban frenadas”, agrega Angelini y pone como ejemplo la captura del sindicado narco y capo barrabrava Gabriel Nudel en una finca de Arroyo Leyes: “Estaba en un predio colgado de la luz. Todo el mundo lo sabía, hasta la Empresa Provincial de la Energía debió notar el nivel de consumo. Sin embargo pasó desapercibido hasta que lo desbaratamos”.



El pedido de informes a la ministra Bullrich, mientras tanto, requiere entre otros aspectos el detalle de las acciones llevadas adelante en el marco del Plan Bandera y las tareas de coordinación con el gobierno de la Provincia y con la Municipalidad de Rosario; si se efectivizó un comando conjunto y si hubo una reducción del personal afectado a Rosario, esto en línea con las versiones de un traslado masivo de gendarmes entre el 31 de enero y el 2 de febrero para la represión de las protestas en la ciudad de Buenos Aires contra las leyes que impulsaba el gobierno nacional. Los diputados peronistas se anticiparon así al senador Lewandowski, que esperaba el inicio de sesiones ordinarias para presentar otro pedido.

La Gendarmería y la Policía Federal estuvieron en la primera línea de la represión frente al Congreso. Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, el gobierno nacional desplegó al menos 1.000 agentes y las fuerzas federales se dividieron el trabajo de apalear a los manifestantes: los gendarmes “empujaron, golpearon y presionaron a las y los manifestantes con sus escudos” y practicaron el paleo, “que consiste en pegar con los bastones a la altura de los tobillos, piernas, cintura y genitales”, mientras los policías federales “utilizaron una variante del gas pimienta que tiene mayores efectos contra la integridad de las personas y genera quemaduras químicas con un dolor severo y lesión de tipo urente”.

En campaña electoral, Bullrich calculó y prometió no menos de cinco mil efectivos federales para Rosario. “No se ve en la ciudad el poderío que uno imaginaba para lo que sugerían y pensaban como una presencia fuerte de las fuerzas federales —afirma Lewandowski—. El problema no son solo los homicidios. El robo de cables, el robo de neumáticos, los escruches y los robos a mano armada están en un nivel muy alto y se profundizan”.

“Esta ciudad hoy recibe lo que reclamaba”, dijo Bullrich el 18 de diciembre en el Monumento a la Bandera, ante la formación de efectivos federales. Dos meses después de la puesta en escena, aquella afirmación se reformula entre signos de pregunta.


Facebook comentarios

Autor

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te puede interesar