El sirenazo traspuso los límites de Santa Fe, recorrió el país y todavía resuena con estridencia. El desplazamiento de Guillermo Solari de la jefatura de policía de Rosario y su reemplazo por Danilo Villán aparecen en línea directa con el conflicto policial, que tuvo su principal escenario ante la sede de la Unidad Regional II, lo mismo que el resquebrajamiento de la cadena de mandos evidenciada con los insultos propinados en el mismo lugar al jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado. Cómo se gestó la protesta en demanda de salarios y atención en salud mental, quiénes la protagonizaron, cuáles fueron sus causas y qué proyecciones puede asumir son preguntas que siguen abiertas.
Gustavo Javier González plantea que “la conflictividad policial emergente” requiere mirar más allá de los reclamos salariales. Profesor e investigador del programa Delito y Sociedad en la Universidad Nacional del Litoral, es autor de la tesis La trama vincular político-policial: una exploración de las relaciones de interdependencia entre el poder político y la institución policial (Santa Fe 1995-2015), en 2020 fue uno de los coordinadores del Censo Policial de Santa Fe realizado por la Universidad Nacional del Litoral junto con el gobierno provincial y en ese cruce de la investigación y los datos descubre claves del presente.
El sirenazo impactó de lleno en el vínculo entre el poder político y la institución policial; la preocupación explícita del gobernador Maximiliano Pullaro fue que la identificación plena entre un gobierno pro-policía y la fuerza de seguridad se resintiera. González explica que ese vínculo se despliega en la historia de Santa Fe a partir de 1983 a través de “equilibrios inestables de poder y correlaciones de fuerza permanentemente cambiantes”. En ese plano “los actores no operan de forma aislada; la autonomía de la policía y la capacidad de mando del gobierno son funciones de su relación recíproca”, agrega, y analiza las determinaciones y las enseñanzas de la protesta.
—¿Cómo se explica el conflicto policial en Santa Fe ante un gobierno pro-policía y pro-fuerzas de seguridad, que dio tantas demostraciones al respecto?
—El escenario presenta una paradoja aparente. Para comprender este fenómeno, es preciso ubicarlo en un proceso de larga duración, analizando la emergencia, sedimentación y agotamiento de modelos de gobernabilidad de las instituciones policiales y la emergencia de nuevas formas de activismo policial expresivo. Las políticas policiales aparecen como modelos que describen un movimiento pendular entre dos polos: la reforma democratizante que busca subordinar a la policía mediante el control civil y la delegación o “el doble pacto” que apuesta por la autonomía policial, donde los actores políticos entregan el mando a la cúpula policial a cambio de que gestione la tropa y pacifique los territorios sin generar escándalos. Para el caso de Santa Fe, desde el regreso al sistema democrático este fenómeno presenta densidades mucho más complejas: todas las administraciones provinciales, sin excepción, han ensamblado en el terreno discursivo y con diferentes correlatos en iniciativas políticas concretas, aspectos de ambos “modelos” de gobierno policial. Más allá de los aportes interpretativos que pudo haber generado, el modelo pendular no nos permite entonces visualizar estas complejidades de la actual configuración político-policial.
—¿Cómo se inscribe el gobierno de Pullaro en ese marco?
—Parecería que el gobierno de Maximiliano Pullaro ensambla iniciativas orientadas al mando directo y la centralización política. La reivindicación del gobierno político de la institución policial no está atada al vocabulario de motivos de la democratización sino al de la autoridad política que busca aumentar la eficacia y la eficiencia en las políticas de control del delito. Por otro lado se consolidaron acciones en el plano normativo, presupuestario y discursivo, con el reconocimiento y valorización de la autoridad policial, el endurecimiento del sistema penal provincial y la definición de gestión “propolicial”.
La gestión actual ha politizado el éxito de la seguridad, asumiendo la responsabilidad directa por la baja del 70 por ciento en la violencia en Rosario durante 2024 y 2025 y asociando ese resultado a la performance de la policía provincial. Al mismo tiempo, reconoce que este mejoramiento de la performance policial es el resultado del mando directo, la centralización y la exigencia y control político de los recursos policiales. El conflicto actual podría describirse entonces no como una reacción contra una política anti-policía sino contra una política de híper exigencia que le reconoce a la policía su aporte en la disminución de la violencia y el delito, lo cual no fue correspondido a tiempo con un esquema de bienestar integral que aborde los problemas históricos y estructurales de la policía santafesina, a los que se anexa el deterioro rampante de los salarios del sector público.
—¿Qué escenario abre esa reacción respecto al vínculo entre la policía y la política?
—La administración política actual, parecería, no busca el consenso a través de la concesión de autonomía plena y absoluta sino a través de la provisión de recursos materiales como móviles, armas, tecnología, y el reconocimiento de la autoridad, pero manteniendo simbólicamente la hegemonía de la decisión política. El estallido del conflicto tal vez evidencie que la policialización de la gestión de seguridad —donde la policía es el único y excluyente recurso— termina por atrapar al gobierno en una dependencia funcional extrema: para sostener sus números de éxito, los actores políticos se vuelven rehenes de la voluntad de trabajo de una base policial que, al sentirse presionada, exhausta y con serios problemas para solventarse la vida material , “descubre” una vez más su poder de veto y de desestabilización. Digo “descubre” entre comillas, pues no es ninguna novedad en nuestra provincia y en el país.
—¿Cuánto hubo de organizado y cuánto de espontáneo en el sirenazo?
—Parecería que estos últimos reclamos policiales poseen un carácter híbrido. Por un lado, existe un componente de espontaneidad catalizado por un evento de alto impacto emocional: el suicidio de un policía (Oscar Valdez). Por otro lado, esto se transformó y vehiculizó el malestar latente en una acción colectiva inmediata que desbordó a los mandos naturales.
—Apropol, la “Asociación Profesional Policial” que agitó los reclamos en la web, desarrolla acciones desde su creación en 2001. ¿Tuvo alguna incidencia en la protesta?
—Debemos tener presente que frente a la prohibición legal de sindicalización, la policía santafesina ha desarrollado formas de organización que buscaron con fines y propósitos diversos eludir la práctica histórica de que la representación de los intereses policiales estén hegemonizados por la voz de las cúpulas. Apropol —y en su momento Utrapol (Unión de Trabajadores Policiales)— ha sido, desde la segunda gobernación de Obeid (2003-2007), el principal motor de una especie de “populismo policial desde abajo”. En el conflicto actual, creo que Apropol no opera como una estructura de mando centralizada y que cristaliza y representa las opiniones e intereses de los funcionarios policiales, sino una plataforma de comunicación digital que rompe el secreto institucional y filtra información, como por ejemplo en este caso concreto sobre recibos de sueldo y condiciones de salud mental. Tal vez, la participación de Apropol pueda ser un insumo para entender la transición de la queja al escándalo público. El escándalo es una táctica de resistencia utilizada por sectores policiales para inestabilizar a gobiernos que intentan reducir su autonomía o no hacer lugar a sus reclamos laborales.
—El ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni mencionó a policías vinculados con casos de corrupción que están presos como agitadores de la protesta. ¿Qué influencia pudieron tener esos policías?
—El factor de los “sectores desplazados”, como dijo el ministro, y asociados con redes perennes de corrupción, históricamente ha actuado como un componente con distintos niveles de importancia en los levantamientos policiales a lo largo de la geografía provincial y nacional. Estos actores inorgánicos aportan a la protesta una experticia en la desestabilización. Conocen los puntos débiles de la logística gubernamental y utilizan las redes sociales para sembrar noticias sensacionalistas destinadas a erosionar la confianza del personal activo en sus jefes. Sin embargo, un análisis de más largo plazo y no atado a lo coyuntural nos sugiere que muchas veces los gobiernos incurren en un error al reducir el conflicto a una maniobra de corruptos; si bien estos sectores operan subrepticiamente, su capacidad de movilizar a cientos de efectivos solo es posible debido a que el malestar por los salarios y ciertas condiciones laborales es real y generalizado.
—¿El sirenazo habla de un quiebre entre la cúpula y las bases de la policía provincial, o de un quiebre en la relación de la fuerza con el gobierno?
—En su mayoría los conflictos policiales, y este tal vez no podría ser la excepción, evidencian una fractura profunda en la pirámide policial. En la teoría de las organizaciones burocráticas, se espera que la jerarquía controle a los subordinados; no obstante, en la policía santafesina se registra con frecuencia el fenómeno de la inversión jerárquica, donde las bases imponen su agenda de hecho mientras la cúpula queda atrapada entre las exigencias gubernamentales y la desobediencia de sus agentes. La desobediencia también puede ser un efecto no deseado cuando los actores políticos deciden gobernar a las instituciones policiales a través de las cúpulas sin habilitar canales alternativos y simultáneos con sus bases operativas. En mi investigación pude ver cómo en distintas administraciones provinciales las cúpulas fueron percibidas por las bases como rehenes de la política, proclives a demandas y presiones olvidando los intereses y reclamos internos. Estos quiebres evidenciaron que las cúpulas habían perdido su función de amortiguadores y canalizadores del conflicto desde las huestes policiales hacia los actores políticos y viceversa. Cuando las bases deciden autoacuartelarse o realizar sirenazos, no están desafiando solo la autoridad política sino también la de sus propios mandos.
—En el censo policial de 2020, ¿detectaron los reclamos que ahora aparecen o cuestiones como la atención en salud mental y los salarios son problemas recientes?
—Aquel relevamiento, pionero en la región, ya señalaba las condiciones de posibilidad para la emergencia de este tipo de estallidos. El censo detectó que más de un tercio (34,1 por ciento) de las licencias de larga duración en la provincia correspondían a patologías de salud mental. En la Unidad Regional I esta cifra era aún más elevada. El hecho de que en 2026 se informe que 560 policías están bajo seguimiento psicológico y que muchos abandonan el tratamiento por falta de confianza en el sistema oficial confirma que la crisis estaba larvada desde hace años. Por otra parte, el 80 por ciento de los policías santafesinos manifestaron ser el principal sostén económico de su hogar, y solo un tercio poseía vivienda propia. A su vez sumemos dos aspectos relevantes: una parte importante de los policías manifestaron entonces que uno de los motivos del ingreso a la institución fue la posibilidad de acceder a un empleo y salario estable, y por otro, el marcado deterioro de los salarios públicos en el último tiempo. Esta fragilidad económica, sumada a la necesidad de realizar servicios adicionales para llegar a fin de mes, genera un ciclo de fatiga crónica que erosiona el equilibrio psíquico del agente. Y además el 96 por ciento de los encuestados en 2020 afirmó que no contaba con los recursos necesarios para realizar su trabajo. Si bien el gobierno de Pullaro ha aumentado exponencialmente la inversión, parecería que aún no logró revertir la percepción de abandono institucional. Por lo tanto, esta coyuntura crítica es el resultado de la sedimentación de problemas estructurales a los que se anexan las angustias sociales derivadas del contexto socioeconómico actual.
—Los policías cortaron calles, quemaron neumáticos, eligieron delegados, se cubrieron los rostros… ¿de dónde tomaron estas prácticas?
—Estas modalidades no pertenecen a los anteriores levantamientos policiales, que giraron principalmente con la retención de la prestación de servicio mediante el autoacuartelamiento; por el contrario, parecerían tomadas directamente del repertorio de acción de los movimientos sociales y grupos piqueteros que la propia policía ha tenido la tarea de reprimir durante décadas. Estas micro transformaciones podrían dar cuenta de que los policías han aprendido que la visibilidad en el espacio público es el recurso más eficaz para obtener respuestas del poder político. Al cubrirse los rostros, los agentes no solo emulan la estética de la protesta social, sino que activan una táctica de autoprotección contra las sanciones administrativas: la invisibilidad individual garantiza la impunidad de la acción colectiva. La elección de delegados, muchas veces familiares o policías retirados, parece orientada a replicar los modos organizacionales y tácticas de los sindicatos y organizaciones del mundo obrero. A su vez, debemos tener presente que estas prácticas desoyen la normativa de la Ley Orgánica de la policía de Santa Fe, la cual prohíbe expresamente estas formas de manifestaciones. También es sugestivo analizar la quema de cubiertas frente a la Jefatura de Rosario, un acto cargado de sentido y simbolismo en la arena y la agenda pública: si los integrantes de la institución que tienen asignado como una de sus principales funciones ser la garante del orden en el espacio público, lo que hace a través de estas acciones es subvertirlo. Parecería algo orientado a poner en tensión la gobernabilidad política. Es también una especie de transición simbólica de un recurso estatal diseñado para garantizar el orden a un sujeto colectivo que produce desorden.
—¿El reclamo de la policía santafesina podría proyectarse en otras fuerzas de seguridad?
—En lo que respecta a un potencial efecto de amplificación del conflicto en otras jurisdicciones, no se podría realizar una lectura simplista y lineal, pues eso depende de las condiciones de posibilidad y factores existentes en cada región. Sí podríamos señalar que lo acaecido en la provincia no es un fenómeno aislado sino que se inscribe en una tendencia regional que tuvo un emergente durante 2024 en la policía de Misiones. La estructura salarial argentina, basada en el engrosamiento de suplementos no remunerativos en detrimento del sueldo básico, es un problema transversal que afecta a varias fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales. Lo mismo que las precarias condiciones laborales. Al garantizar un sueldo de 1.350.000 pesos para el escalafón más bajo, la administración provincial podría establecer un nuevo piso de negociación para el resto de las fuerzas de seguridad, algo así como una especie de espejo donde mirarse y compararse. Este es un factor no menor, si le sumamos que condiciones como el estrés, la precarización y el pluriempleo, detectadas en el censo de 2020, son compartidas por la mayoría de las fuerzas de seguridad.
Autor
