En agosto del año pasado el gobernador Omar Perotti dijo que la inseguridad en Santa Fe es una bola de nieve que aumenta de tamaño con el paso del tiempo y que se trata de frenar su crecimiento de una vez por todas. El decreto por el que instruyó al fiscal de Estado de Santa Fe para constituirse en querellante en la causa por presunta recopilación ilegal de datos durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad parece responder a una caracterización parecida: ponerse a cubierto de lo que podría convertirse en una avalancha de consecuencias imprevisibles.
El decreto número 0022 firmado por Perotti el 18 de enero invoca “el estado actual de la investigación” como motivo para que el gobierno intervenga como parte querellante. El avance de la causa está referido en el texto a los trascendidos periodísticos, pero es probable que la información con que cuenta el gobernador no sea exclusivamente la extraoficial dado el buen diálogo que sostienen algunos de sus funcionarios con la Fiscalía Regional de Santa Fe y con otros actores del Ministerio Público de la Acusación.
Después de que Sain reprochara al gobierno su falta de apoyo porque “quien conduce tiene que bancar particularmente a aquellos que se jugaron el cuero y el trabajo por una gestión de gobierno acordada explícitamente”, como tuiteó el 12 de enero, la decisión de Perotti significa una fuerte señal de rechazo hacia su ex ministro y un quiebre de difícil recomposición en sus relaciones. La respuesta del gobernador es que no se hace cargo de los presuntos delitos que se investigan.
El gobierno provincial se había mostrado equidistante entre las partes al producirse el registro en las oficinas del Ministerio de Seguridad de Rosario y Santa Fe, el 26 de noviembre pasado. En ese momento el fiscal de Estado, Rubén Weder, recibió la orden de iniciar un sumario para “precisar el legal funcionamiento interno del mencionado Ministerio”; al mismo tiempo, hubo un cuestionamiento no demasiado enfático del gobernador a las formas en que se realizó el procedimiento ordenado por los fiscales Hernández y Jiménez.
Sin embargo, ese procedimiento expuso también un conflicto hasta entonces contenido en las oficinas del Ministerio de Seguridad: las tensiones entre el ministro Jorge Lagna y sus funcionarios de confianza —relegados sin demasiado disimulo durante la primera etapa del gobierno del Frente de Todos— y los integrantes del equipo de Sain. No era precisamente lo que se llamaría un buen ámbito de trabajo. El origen de la causa fue además la declaración de una ex funcionaria del Ministerio y el dato que llevó a los fiscales santafesinos al registro de las oficinas no pudo provenir más que del mismo ámbito.
El gobierno provincial permaneció en silencio ante las acusaciones cruzadas que rodearon a la investigación. El diputado Maximiliano Pullaro denunció el funcionamiento de “una organización criminal” en el Ministerio, mientras Sain atribuyó la causa a un lawfare, una operación destinada a aplastar las investigaciones contra el crimen organizado en la provincia, se declaró traicionado por el ministro Lagna y dijo que Perotti había capitulado ante la oposición. Sin dejar de navegar a distancia de esas aguas turbulentas, el gobernador avala el estado de sospecha sobre su ex ministro.
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La bola de nieve en que se convirtió la causa aumentó exponencialmente de tamaño con el oficio donde los fiscales santafesinos puntualizaron los nombres de 661 personas, instituciones y empresas sobre los que se habrían recopilado datos de forma ilegal. Entre ellos se encontraban el diputado Roberto Mirabella —gestor, precisamente, de la llegada de Sain al ministerio—, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el actual ministro Jorge Lagna, entre otros nombres notables de la administración Perotti.
La conformación de esa lista sigue siendo un rompecabezas difícil de armar. Si algunos nombres se explican por casos de inseguridad y otros por las caracterizaciones sobre el fenómeno criminal en la provincia, la nómina también incluye a personas elogiadas públicamente por Sain como el fiscal Matías Edery o el propio Mirabella, y a familiares de los mismos funcionarios del Ministerio. Y lo que impacta en particular al gobierno provincial es que miembros del gabinete hayan estado en el radar de consultas a SudamericaData y Nosis.
Si bien se desconocen qué datos pudieron interesar al Ministerio de Seguridad, las bases consultadas según voceros de la investigación permiten contar con información sobre propiedades, teléfonos, vehículos e ingresos y egresos del país de las personas en cuestión y de sus círculos familiares. Todavía falta relevar la información contenida en teléfonos y computadoras secuestradas en la oficina, entre otras gestiones.
Perotti parece avanzar así con una política de control de daños, ya que el gobierno provincial también resultaría afectado por las eventuales imputaciones en la causa y en otra donde se investigan irregularidades en un proyecto de licitación para la compra de armas. Ser querellante, además, le facilitaría el acceso a la información del expediente, aunque esto se concretaría después de lo que se da por descontado: la audiencia en que el ex ministro y varios de sus colaboradores serían imputados por violación a la ley nacional de inteligencia.
La decisión de Perotti se inscribe además en la historia que comenzó a tramarse con el inicio de su gobierno. En su período de gestión como ministro, Sain manifestó una y otra vez que contaba con el respaldo del gobernador y del diputado Mirabella, al tiempo que no disimuló la incomodidad que le provocaba la mayoría de los integrantes del gabinete.
El propósito de gobernar a la policía provincial en vez de concederle autonomía —uno de los ejes proclamados por Sain— se contradijo con la designación al frente de la fuerza de Víctor Sarnaglia, una figura de peso en la institución. Sain negó importancia a ese nombramiento, pero lo cierto es que fue un primer factor de interferencia en sus planes y condujo a una de las crisis que le tocó enfrentar. La confrontación con “el bloque tradicional de poder”, según la expresión que instaló en el debate público, se pareció más a una cruzada personal que a una política del gobierno y no tardó en producir notorias fisuras dentro del Frente de Todos y no solo con Armando Traferri, el senador de San Lorenzo. La interna se trasladó al ministerio a partir de marzo de 2021, cuando Sain tuvo que dejar su despacho y empezaron los roces con Lagna.
“Se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública”, dice el decreto que firmó el gobernador. Más allá de las especulaciones, el significado de la resolución surge de la coyuntura en que tiene lugar y del modo en que, distanciándose de la escena, inclina la balanza contra el ex ministro y sus colaboradores.
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