El gobierno de Maximiliano Pullaro está trabajando en un proyecto para que quede establecido por ley que cada persona que ingresa a la gestión con un cargo político después no pueda pedir su ingreso a planta permanente del Estado santafesino.
La decisión se enmarca en una serie de otras medidas para reducir gastos que la actual gestión viene tomando desde diciembre, e intenta diferenciarse de lo que sucedió con la gestión de Omar Perotti, a quien le cuestionan que dejó más de 13 mil nombramientos, entre ellos ex funcionarios y sus familiares.
Como muchas de esas designaciones se hicieron en los últimos seis meses de gestión, las nuevas autoridades realizaron un detallado monitoreo que ya permitió dar de baja más de 400 cargos, aunque todavía queda una larga nómina que se agrega a la revisión cada semana. Una comisión evalúa uno por uno a quienes ingresaron al Estado en los últimos seis meses de la anterior gestión. Quedan unos 600 nombres por confirmar o no.
Al igual que en los últimos casi 20 años en la provincia, Perotti cumplió con las formas y en octubre del año pasado por decreto estableció el cese de sus funciones de todos aquellos funcionarios políticos que lo acompañaron. Pero según el balance que hizo el gobierno de Unidos cuando llegó el 10 de diciembre, una cosa no impidió la otra, y la planta de empleados creció significativamente durante la gestión del rafaelino.
Es que el personal contratado por cada gobierno queda habilitado legalmente (se los denomina artículo 8) para reclamar el pase a planta permanente. Muchas veces ese trámite lo realiza directamente el gobernador de turno. Ahora se procura cambiar esa forma de ingreso de manera de impedir que el 11 de diciembre después de cada mandato, esos agentes sigan en el Estado.
“Si alguien entra a trabajar al Estado a ejercer una función política, es decir por una decisión individual y arbitraria del gobernante de turno, cuando termina el gobierno lo lógico es que se vaya a su casa. Como eso no se cumple, hay que ponerlo en letras y papel, en normativas, para garantizar que se cumpla, por lo menos durante este gobierno”, explicó el secretario general del gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido.
Vehículos, hoteles y gastos
Desde que asumió, Pullaro puso el acento en la importancia de contar con un “Estado eficiente y austero”. Entre las medidas que tomó se destacan la reducción del número de ministerios, el achicamiento de la flota de vehículos oficiales y de choferes, puso un límite en el uso de hoteles para los funcionarios, y una baja en los denominados montos de manutención (viáticos).
Además, el personal político que ingresó quedó inhabilitado para pedir luego el pase a planta, a diferencia de lo que sucedía en los últimos años. Eso es lo que ahora refrendará con un proyecto de ley.
“Asumimos con la promesa de un Estado de tiempo presente, comprometido, austero y eficiente, que brinde mejores servicios cuidando los recursos del Estado. No nos corremos de esa consigna: trabajamos 24/7 en esa línea”, marcó Pullaro. Y agregó que “son tiempos de muchas dificultades, donde los santafesinos no la están pasando bien. Tenemos muchas cosas para mejorar. Es temprano para hacer un balance, pero queremos ratificar ese rumbo: eficiencia y austeridad. Nuestro objetivo es un Estado que mejore sus servicios, siempre cuidando los recursos”, completó el gobernador.
“Estamos maximizando los esfuerzos. La Argentina está viviendo un momento sumamente complejo. Nosotros comprendemos la angustia de trabajadores que vieron su salario depreciado, y vamos a trabajar por el bien de la sociedad de la provincia de Santa Fe”, enfatizó, y agregó: “Creemos en el equilibrio de las cuentas públicas y hacemos un esfuerzo muy grande en la provincia de Santa Fe para demostrarlo: de 18 ministerios y secretarías que había en la Provincia pasamos a 11, con menos empleados políticos y menos gastos”, remarcó.
Menos gastos de funcionamiento
Desde el área de Economía se destacó, por ejemplo, el ahorro realizado en gastos de funcionamiento: ya que a pesar de que las partidas no se incrementaron y la inflación acumulada desde el 10 de diciembre redondea un 50%, todo el Estado está activo.
El Decreto 180, publicado el 27 de diciembre, estableció que debido a la situación económica que está atravesando la provincia se implemente un ajuste de los gastos de los funcionarios que se desempeñan en cargos políticos a fin de que puedan cumplir las funciones que tienen asignadas “de la manera más austera posible”.
El parque automotor de la provincia fue encontrado en una situación “devastada”, según un informe de la Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica. Pese a eso, el actual gobierno decidió no adquirir nuevos coches, reparar los existentes y que los funcionarios usen sus propios vehículos cuando sea necesario. “Resulta preciso autorizar el uso de vehículos particulares de titularidad de los funcionarios para el cumplimiento de tareas específicas fuera de la jurisdicción en la que prestan servicios”.
El decreto encomendó a las secretarías de Coordinación Administrativa y Financiera de cada jurisdicción la elaboración de un listado de vehículos particulares pertenecientes a autoridades superiores y personal de gabinete que soliciten su inclusión, con detalle de los datos identificatorios a los fines de incluirlos en el sistema Tarjeta Visa Flota Recargable.
Además se determinó la responsabilidad exclusiva del titular del vehículo respecto de los eventuales siniestros que puedan producirse, como así también sobre los gastos de amortización por desgaste de la unidad, seguros, reparaciones eventuales y cualquier otra erogación derivada del mismo.
El mismo decreto puso un tope a los gastos correspondientes al alojamiento en ocasión de cumplir funciones fuera del lugar en que viven, “de manera de llevar un control y establecer reglas claras”. Y también estableció que respecto a estadía en hoteles, residencias o alquiler de departamentos, sólo “se reconocerá un gasto diario correspondiente a un hotel tres estrellas de la ciudad y de Rosario y el gasto no podrá exceder los 20 días mensuales”.
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