La razón por la que cuatro ejecutivos máximos de Vicentin quedan presos ahora es porque se descubrió que siguen manteniendo en las sombras el control societario. Y que siguen cometiendo ilícitos y desviando fondos en su propio beneficio. Así lo plantearon los fiscales y lo aceptó el tribunal que ordenó que durante los cuatro meses próximos queden privados de la libertad. “Los imputados ejercen el control de facto de la empresa”, dijo al resolver el juez Nicolás Foppiani.
Uno de los planteos fundamentales de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja es que Vicentin tuvo una política permanente de limpiar sus activos desde adentro traspasándolos a otras compañías del mismo grupo. El objetivo era no responder ante los miles de acreedores que les habían cedido granos, hacia los bancos que les dieron créditos y al órgano fiscal al que le debían tributos. Para mostrar este modus operandi sistémico dieron muchos ejemplos.
El traspaso de un avión Cessna a solo diez días de que declararan el default en 2019 probablemente sea el más contundente. Para los fiscales fue un acto de descaro. No usaron esa calificación pero en el ánimo del planteo la asimilación estuvo clara. Explicaron que los ejecutivos montaron una maniobra para hacer zafar el avión de la esfera de los acreedores y venderlo por afuera. Lo hicieron a favor de un consignatario de granos que constituyó una empresa unipersonal al solo efecto de absorber la aeronave. Era un hombre que había corrido un rally en Mendoza con Sergio Nardelli, otro jerárquico que fue CEO de Vicentin, fallecido en 2020.
Alberto Macua, Omar Scarel, Roberto Gazze y Daniel Buyatti son los ex directivos de Vicentin que estarán presos hasta el 29 de julio cuando se debe fechar la audiencia preliminar del juicio donde se los acusará de jefes de asociación ilícita. Ellos cuatro fueron imputados de haber sustraído ilícitamente del patrimonio de la firma Sir Cotton SA, de la esfera de la agroexportadora, la aeronave Cessna 560 XL de doble motor. En una reunión que tuvieron el 10 de diciembre de 2019 acordaron que la operación de venta sería por 3 millones de dólares que incluido IVA quedaría en 3.315.000 dólares. Quedaron junto a ellos imputados Diego Ceferino Boschi, Joana Nardelli, Javier Gazze, y Alberto Dimas Padoán por esa sustracción.
La trama de lo ocurrido es novelesca. A menos de una semana de esa reunión aparecen unos documentos por los cuales empresas del grupo Vicentin asumen una deuda contraída seis meses antes por la empresa VFG Inversiones y Actividades Especiales. Esa deuda se concretó en un documento firmado por Joana Nardelli como presidenta de VFG y como directora de Vicentin Family Group.
El acreedor es un muy singular personaje del campo empresario más encumbrado. Se llama Tomás Jorge Hinrichsen y es responsable de la empresa Fort Tendal S.A. El préstamo había sido supuestamente por la suma de cinco millones de dólares y estaba destinado a financiar capital de trabajo de VFG. En este documento se afirma que los cinco millones de dólares ya habían sido desembolsados.
En la imputación los fiscales Narvaja y Moreno explican paso a paso una intrincada operación financiera y contable: cómo la deuda que tenía VFG con Fort Tendal termina siendo asumida por Vicentin SA y Sir Cotton que es otra firma del grupo económico. Esto ocurre a seis días de que Vicentin sorprendiera al país al declararse en default.
En la misma fecha la acreedora Fort Tendal le cede la deuda a una empresa llamada Nokray Internacional que se constituye en Uruguay y tiene como único accionista a Tomás Hinrichsen. El 18 de diciembre de 2019 los integrantes del directorio de Sir Cotton vendieron la aeronave a Nokray Internacional, al decir de los fiscales, “infringiendo el deber de cuidado y excediendo las facultades que le fueron concedidas, al desprenderse de un activo equivalente a tres millones de dólares”.
Los acusadores dejan claro que esta es una maniobra en la que los ejecutivos de Vicentin le pasan a un empresario muy cercano la aeronave para que la misma no termine sirviendo al pago del tendal de productores damnificados, lo mismo que los bancos que, producto de los balances fraguados, siguieron dando préstamos a la agroexportadora casi hasta el momento de su derrumbe.
Y lo que más queda de manifiesto es que se trata de una maniobra entre íntimos. Hinrichsen tenía una consignataria de granos de fuerte inserción internacional y era un comercializador histórico de Vicentin. Es uno de los empresarios argentinos transmigrados a Uruguay como Marcos Galperín de Mercado Libre y Martín Migoya de Globant. Y participante de encuentros de este grupo con el ex presidente Luis Lacalle Pou.
El vínculo parece ir más allá de lo comercial y venir de antes. El periodista mendocino Santiago Montiveros cuenta que Sergio Nardelli, ex CEO de Vicentin, participó en 2010 como piloto acompañante de Hinrichsen del Rally de las Bodegas, una prueba que se disputa entre fincas vitivinícolas en Mendoza todos los años. En la edición de ese año Hinrichsen condujo un Jaguar E-Type de 1962. Siete años después, en 2017, la dupla disputó la misma prueba con un Osca FS 372 modelo 1957.
En el despliegue de evidencia los fiscales exponen que resulta claro que los directivos de Vicentin le traspasan el avión a un empresario amigo que es el único accionista de una firma creada aparentemente con el único fin de comprarlo. Y que siguen costeando los gastos de la aeronave desde el traspaso. Para ello incluyen un intercambio de correos electrónicos obtenidos en los dispositivos secuestrados. La secuencia empieza con un mail enviado por alguien del entorno de Hinrichsen en septiembre de 2021 donde adjuntan una factura por los gastos que, a dos años de transferido, sigue teniendo el avión Cessna. El mensaje lo reenvía Omar Scarel a Roberto Gazze. El intercambio textual es así: “Roberto. Esto facture jj por el avión. Seguimos pagando?? Gracias. Saludos. Omar”. Ante esto Gazze responde. “Omar, esto es un perno, que hasta tanto Tomas no lo venda, lo vamos a tener que aguantar…”. Scarel responde: “Ok”.
Al momento de resolver los pedidos de prisión, el juez Nicolás Foppiani se refirió a esto, para mostrarlo como indicio de una acción destinada a perjudicar a los acreedores de la firma. Habló del monto pagado por la avioneta. “El ejemplo paradigmático de cómo intentaron escamotear el activo de la empresa es lo que hicieron con el avión”, dijo el juez. Se había mencionado que el valor relativo de tres millones de dólares de este holding era ínfimo. “Pero ese valor para un pequeño productor que resultó perjudicado por Vicentin lejos está de ser ínfimo. Como lejos están de ser ínfimos los autopagos que se hicieron las personas imputadas”, sostuvo el magistrado. “Estas operatorias tendientes a escamotear el destino de los bienes sobre el daño a resarcir es indicador de riesgo procesal”, afirmó.
En un pasillo del Centro de Justicia Penal, tras la resolución, uno de los querellantes pasó las palabras del juez al criollo. “A diez días de declarar el default se chorean un avión para no resarcir a los acreedores”.
Durante todo el curso del trámite los directivos ya habían sido imputados por estafa. En resumen, lo que le atribuyen a Vicentin es primero falsear balances, esconder pasivos para simular una posición de bienestar ante bancos internacionales y recibir de ese modo créditos. Ofrecían condiciones de mercado para los productores granarios muy superiores al resto como efecto de esa falsa solvencia.
Lo que se imputó ahora es cómo tras el concurso siguieron limpiando los activos de la sociedad y traspasándolos a empresas vinculadas. Los fiscales señalaron que se detectaron movimientos favorables a los directivos como el pago de fianzas personales con dinero de la empresa, de honorarios a los abogados que los defienden y hasta indemnizaciones al personal mientras los acreedores esperan.
Los fiscales señalaron que los 19 imputados en maniobras de administración infiel persistieron en actos ilícitos hasta fines de 2024, con lo que se desviaron ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos. Las sociedades afectadas en su patrimonio con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Bodegas Sottano.
Esta última es una bodega que adquirió la agroexportadora en Luján de Cuyo, Mendoza, donde antes y después sus actores mantuvieron contactos con Hirschinsen, años después comprador de la avioneta.
Los fiscales dijeron en la audiencia que en definitiva Vicentin siguió cometiendo ilícitos y desviando plata para beneficio de los directivos que mantenían en las sombras el timón del grupo empresario. El juez Foppiani lo reconoció con estas palabras. “Los imputados ejercen el control de facto de la empresa”.
Autor
