“Así es como funcionan los negocios”. La frase de Omar Scarel, el ex síndico y presidente de Vicentin resonó en la última jornada de la audiencia imputativa que se llevó a cabo en el marco de la causa por estafa contra directivos de la cerealera. Fue durante la declaración que ofreció para rechazar las acusaciones y argumentar que lo que los fiscales ven como maniobras de una asociación ilícita son usos y costumbres de la gestión empresarial. Al final del día, el juez le dictó prisión preventiva junto a otros tres jerarcas sospechados de integrar una organización conformada para defraudar a los acreedores, extraer recursos de la compañía concursada y coordinar acciones para garantizar su impunidad.
Durante las tres jornadas que duró la audiencia, la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario amplió la imputación por asociación ilícita que ya había formulado a fines de 2023 contra el directorio que llevó al default a Vicentin. Entonces los acusó de ocultar el mal estado financiero de la empresa durante los años previos a la cesación de pagos declarada en diciembre de 2019 por 1.500 millones de dólares. El objetivo era seguir tomando deuda y granos, que luego no pagaron. En la última presentación sumó otro capítulo, que abarca desde el final de aquel año hasta 2024. Denunció que, en ese período, los mismos actores siguieron erosionando el patrimonio de la cerealera a través de manejos fraudulentos y entorpeciendo la investigación penal, ahora combinados con la nueva conducción surgida de la supuesta “refundación” iniciada desde 2020.
Esta sospecha, sustentada en la documentación acopiada en diferentes allanamientos y medidas de investigación realizadas en este “segundo período”, llevaron a los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja a ordenar la detención y pedir la prisión preventiva de Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. También a ampliar la denuncia por asociación ilícita a los miembros del nuevo directorio, Estanislao Bougain, Carlos Sartor y Daniel Foschiatti.
El tribunal conformado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy aceptó la presentación y el pedido de cautelares que, en el caso de los cuatro detenidos, incluye la prohibición de tomar contacto con el resto. Y citó, entre sus fundamentos, no solo fragmentos de la acusación sino algunos puntos de las declaraciones que los propios imputados realizaron en el último día de la audiencia. Por ejemplo, la afirmación de Bougain, la cara más visible de la Vicentin posdefault, respecto de la total falta de identidad entre la vieja y nueva conducción de la empresa. Los jueces consideraron una contradicción que, al mismo tiempo, considerara “indispensables” a los antiguos directores apresados para el manejo actual de la compañía.
Economía circular
La observación de estos claroscuros es un aspecto central de la causa penal ya que para la Fiscalía las maniobras anteriores y posteriores al default fueron facilitadas por el complejo entramado de relaciones que los involucrados tienen con las sociedades que integran el grupo Vicentin. Un laberinto a través del cual se ocultan bienes, se fuga plata, se traspasan pasivos y se pagan sueldos, honorarios y prestaciones de servicios al plantel ejecutivo. Todo a cargo de la compañía “elegida para cargarle todas las deudas”, que es la que se presentó en concurso.
La acusación ve en esta “confusión patrimonial” terreno fértil para el desfalco. La defensa no ve opacidad en esa compleja red, que, entiende Scarel, está asociada al curso natural de los negocios. Ese contrapunto se reflejó en un duelo entre las nuevas imputaciones y las declaraciones de los ejecutivos que manejaron históricamente la empresa.
El primer día de la audiencia los fiscales extendieron la denuncia por asociación ilícita a los integrantes del nuevo directorio, por entender que eran la fachada del accionar, entre bambalinas, del anterior. En su testimonio, Bougain lo negó. “No somos un directorio de paja”, protestó, al tiempo que reafirmó la autonomía con la que se manejan las sociedades que integran el grupo. “Pueden llevar el nombre de Vicentin y tener accionistas de nombre Vicentin pero no tienen nada que ver con la concursada”, se atalonó. Igualmente, reconoció que el holding transitaba un proceso de ordenamiento que incluía una “desconsolidación”, frenada cuando la Justicia les prohibió hacer cambios accionarios. Ubicó a la nueva conducción como ajena a la que llevó a la empresa al default, y reivindicó su propia labor para “restablecer la confianza con el mercado y los acreedores”.
Lo que hizo ruido a los jueces, según lo asentaron en su resolución, es que al mismo tiempo afirmó el rol clave en esta instancia que desempeñan Macua, Scarel y Daniel Buyatti. “Es casi imposible no tener contacto con ellos, que están en la primera línea de funcionamiento en el área industrial, comercial y de finanzas”, había asegurado.
Quedó claro en la audiencia que dejar de ser director de Vicentin Saic no significa desvincularse del grupo. “Todos los funcionarios somos empleados en relación de dependencia desde 2020”, dijo a su turno Scarel, ex síndico durante el proceso que terminó en el default, presidente en la transición tras el estrés financiero y actual integrante del comité de concurso y dirección.
Juntos o revueltos
Desde los primeros informes de la breve intervención de 2020, pasando por la auditoría forense, hasta el escrito que sustenta la más reciente imputación, el señalamiento sobre la confusión patrimonial y el rol de los ejecutivos, la mayoría familiares, es clave. Sueldos, honorarios, facturas por prestaciones de servicios, viáticos y hasta retiros voluntarios consolidan ingresos que tienen como contrapartida la salida de fondos de una misma caja, la de la empresa concursada.
Para Scarel esa confusión no es tal, aunque todo se maneje desde una misma planilla. Los fiscales lo ven de otra forma, y así lo señalaron en los casos “testigo” que citaron en la ampliación acusatoria: la enajenación de una aeronave y el pago con la caja de Vicentin y sus vinculadas de consultorías, servicios periodísticos, cauciones judiciales y honorarios de los abogados que defienden a los acusados en el juicio penal. Estos hechos fueron señalados como parte de maniobras mediante las cuales los viejos y nuevos directivos se concertaron para seguir sacando plata de las empresas y deteriorando su patrimonio. En total, 890 millones de pesos actualizables, o el equivalente a 20.400 salarios mínimos. A plata de hoy, algo más de 6 mil millones.
Por fuera de ese cálculo quedaron los retiros voluntarios acordados a fin del año pasado en la cúpula del grupo, por más de mil millones de pesos. Bougain negó “maniobras de autopago”. Dijo que es “un plan de racionalización del personal”.
El avión perdido
Los fiscales pusieron bajo la lupa una serie de operaciones “fraudulentas” que involucran no solo a Vicentin Saic sino a empresas vinculadas como Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda. Una de ellas tiene que ver con la extraña enajenación de un avión Cessna, propiedad de Sir Cotton, de la que da cuenta el periodista Hernán Lascano en esta nota. “En términos sencillos, a través de juegos documentales se cedió la propiedad de la aeronave [valuada en 3 millones de dólares], recibiendo a cambio un crédito de diez mil dólares”, señaló el fiscal Narvaja. “Fue una operación de Sir Cotton y no de Vicentin”, se defendió Alberto Macua, otro de los jefes históricos de la empresa concursada, a la hora de su declaración.
La polifuncionalidad
Considerado por los fiscales como uno de los jefes de la asociación ilícita, Macua se defendió de las imputaciones formuladas. Una de ellas fue la detracción de fondos de Vicentin para pagar las cauciones judiciales que impuso la Justicia a los directivos imputados en 2021. Son 40 millones de pesos que, de acuerdo a su relato, luego “devolvió” en calidad de coordinador de una suerte de vaquita realizada entre el resto de los acusados.
También defendió los honorarios profesionales pagados a Carlos Iglesias, encargado del área de recursos humanos de Vicentin Saic, con fondos de las vinculadas Oleaginosa San Lorenzo y Sir Cotton. Los fiscales consideraron esos pagos como una “utilización ilegítima de fondos” en “perjuicio patrimonial” de esas firmas. Fueron 83 millones de pesos transferidos durante el período 2020-2024, que “carecen de justificación” y corrieron “ por un andarivel que ha escapado al control de las autoridades del concurso”.
Según el imputado, la planta de molienda que administra Oleaginosas San Lorenzo (sociedad que es 99 por ciento propiedad de Vicentin Saic) fue alquilada a Vicentin y hubo una transferencia de más personal, con lo cual “Iglesias tenía más trabajo y le pagaron honorarios”.
Siguiendo el trazo de las imputaciones y de las declaraciones de los ejecutivos de la firma, se desprende que la vinculación de esta cúpula con el holding empresarial es múltiple. Pueden ser empleados, prestadores de servicios, retirados o acreedores.
Nadie trabaja gratis
Los fiscales denunciaron que entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2024 “los integrantes de la asociación ilícita dispusieron y ejecutaron la utilización ilegal de fondos pertenecientes a Vicentin Saic, Algodonera Avellaneda, Oleaginosa San Lorenzo y Sir Cotton, con el objeto de realizar pagos en beneficio propio” por 231 millones de pesos. Actualizado por salario mínimo son unos 952 millones. En este punto, fue Scarel quien hizo referencia. Tras señalar que todos los pagos fueron autorizados por la veeduría que intervino en la empresa hasta la primera mitad de 2024, sentenció: “Nadie trabaja gratis”.
La imputación también cargó, provocando gran revuelo en el tribunal, contra el pago de los honorarios a los abogados defensores de los imputados con fondos de Vicentin, por más de 340 millones de pesos actualizables, equivalentes a más de 4 mil salarios mínimos, en la etapa posdefault. “Valiéndose del control de hecho y de derecho sobre el grupo Vicentin”, señaló la Fiscalía, los imputados “evitaron asumir personalmente las erogaciones que corresponden al ejercicio de una defensa penal privada, transfiriendo dicho costo al patrimonio de las sociedades bajo su control”.
Un juicio para la tribuna
Uno de los hechos más llamativos que denunciaron los fiscales tiene que ver con el armado de un juicio arbitral en Londres (Fosfa) entre empresas del mismo holding para justificar la imposibilidad de liquidar divisa en el Banco Central.
La operación parte de la cesión de un crédito de Oleaginosas San Lorenzo a VFG. La contraparte es Nacadié, otra empresa del grupo. Un intercambio de mails presentado por los fiscales grafica el esquema: “Naca no tiene cuentas bancarias operativas. Hay chance de que cuando OSL gane el laudo finalmente no pueda cobrarlo porque la otra parte es insolvente. (Fue una idea que se le ocurrió al abogado entre toda la charla). Con esto quizás se podría justificar finalmente la falta de ingreso de divisas en Argentina”.
En su declaración, Macua justificó que esa era “la única forma de mostrar al BCRA la imposibilidad de pagar por liquidación de dólares, porque tras el default cerraron las cuentas”.
A lo largo de las audiencias imputativas iniciadas en 2021, los fiscales de delitos complejos fueron construyendo, acompañados de un nutrido cuerpo de elementos de prueba y con importantes aportes de los querellantes, una acusación según la cual los directivos y accionistas de Vicentin estafaron a acreedores y proveedores, vaciaron la empresa y se fugaron la plata. Todo en forma concertada y sirviéndose de un entramado complejo de sociedades vinculadas entre sí. Frente a esto, la defensa rechaza la comisión de delitos y, hasta el momento, tendió un hilo argumental que considera un error castigar con el derecho penal prácticas empresarias regidas por el derecho comercial. En su versión más extrema, denuncian que un grupo de acreedores de la firma quiere influir desde la Justicia penal en el concurso preventivo.
Esta puja volvió a verse en la última audiencia, en la que los fiscales no solo volvieron a pedir prisión preventiva para los principales acusados sino que solicitaron, además, una suerte de perimetral que impida a todos los imputados tomar contacto con la empresa.
“Nunca vi tamaño intento de intromisión en una empresa como la que piden en esta cautelar, ¿están buscando la intervención judicial?”, lanzó el defensor Jorge Ilharrescondo en el último día de la imputativa. E insistió: “Se busca meter presos a nuestros clientes por una empresa que entró en dificultades”. En tanto que Daniel Cuenca se quejó de que los fiscales buscan una “condena anticipada” sin que se den las causales. “Si quieren prisión, hagan juicio y gánenlo”, desafió.
Mientras el proceso sigue ese curso, el tribunal se mostró más receptivo, en esta instancia, al planteo de la Fiscalía. Mencionó que el “principio de realidad” se imponía al “ropaje jurídico” a la hora de dar por razonable la sospecha de que la confusión patrimonial del grupo facilitaba las maniobras denunciadas y de que los imputados seguían manteniendo el control de las actividades. Observó que “no fueron buenas” algunas de las explicaciones brindadas por los acusados y consideró que había riesgo de entorpecimiento procesal.
Para el abogado querellante, la medida se imponía porque, desde las primeras audiencias en 2021, cuando la Justicia trocó pedidos de prisión preventiva por cauciones, “pasó tiempo y pasaron cosas”. A su juicio, “si antes había dudas para la prisionalización, ahora ya no”.
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