Con la firma del jefe de bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, la Secretaria Parlamentaria del bloque Paula Penacca y la actual presidenta de la HCDN, Cecilia Moreau; se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de Régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas.
Dicha iniciativa, busca transparentar la opacidad del marco jurídico en el que se desarrollan las denominadas SAS, que constituyen un tipo societario novedoso en la legislación argentina. “Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”, asegura el proyecto.
Asimismo, expresa que la ley Sancionada en marzo de 2017 N° 27.349, que crea y regula lo relativo a las mencionadas Sociedades por Acciones Simplificadas, contiene “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”. Asimismo, asegura que “la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”. Dicha afirmación encuentra sustento en la voz e intervención de distintos actores de la vida institucional, jurídica y de organismos de control.
Ante el escenario anteriormente representado, el Régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas insta “a reglamentar, ordenar y otorgar seguridad jurídica a los contratantes y a la comunidad, favoreciendo la transparencia del tipo societario bajo análisis”.
“Hay que trabajar sobre las cuestiones referidas al lavado de dinero, lo de las SAS hay que leerlo en otro contexto distinto, tenemos un problema y negarlo sería equivocado”, aseguró Germán Martínez al referirse a la iniciativa ingresada a la HCDN en el día de la fecha, al tiempo que aclaró “no estamos en contra de la herramienta sino de su utilización, hay mucho por hacer”.
Por su parte, Penacca explicó “Este proyecto busca terminar con las prácticas de quienes abusan de las SAS para realizar maniobras ilícitas. El objetivo es encauzar la herramienta para que, efectivamente, sirva como un vehículo para que las y los emprendedores puedan realizar sus proyectos”.
Además, Martínez citó la investigación realizada por el fiscal santafesino Walter Rodríguez, en la que se encuentra vinculado Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda conocida como Los Monos. La investigación judicial informa que la banda vinculada al incidente creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo del 2018 y abril del 2020.
En el mismo sentido, reseñó un informe elaborado por el Ministerio Público de la Acusación, junto con la Oficina de Investigaciones, referido a las Sociedades por Acciones Simplificadas. En el documento enumera y desarrolla fundadas críticas referidas a las limitaciones de los organismos estatales sobre las SAS. Entre las conclusiones que surgen del informe, el organismo califica de “imprescindible la creación de leyes claras y perfectibles que ayuden a mejorar y desburocratizar, sumado a la necesidad de establecer medios de control efectivos por parte del estado”. Y profundizando concluye que “…la vulnerabilidad puede provenir no solo de la estructura habilitada por ley a este tipo societario específico sino también por la falta o escasez de control de las instituciones intervinientes”.
También, Martínez recordó las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta en la apertura del año judicial en Rosario, donde el magistrado identificó que “…la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.
Del mismo modo, el diputado nacional argumentó la falta de control de las SAS a partir de un estudio elaborado por la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del año 2022, que analiza en lo concerniente a lavado de activos, el periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre del 2020. Cabe destacar que dicho órgano se integra con quince miembros de distintas carteras nacionales, a los que se suman un magistrado del Ministerio Público Fiscal, a propuesta de la Procuración General de la Nación; y un magistrado del poder judicial de la nación a propuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El documento releva y clasifica cuáles son los tipos societarios que más se utilizan como vehículos legales para el lavado de activos. Posteriormente, al análisis de riesgo preliminar, se lo completa y vincula con información correspondiente a casos concretos aportados por Unidad de Información Financiera. En este caso, la evaluación califica como vehículos legales de riesgo alto, en relación al lavado de activos, a tan solo dos tipos legales; las empresas extranjeras en primer lugar, y las SAS en segundo.
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