En octubre de 2021, en plena guerra entre facciones de la barra brava de Newell’s, cuatro personas irrumpieron con armas de guerra en la casa de Nelson “Chivo” Saravia, en San Nicolás 3712. El Chivo era jefe de una facción de la hinchada. Los atendió su mujer. Los intrusos abrieron a patadas la puerta de la habitación donde estaba el buscado junto a dos hijos y un sobrino. En presencia de ellos, sin pronunciar una palabra, a Saravia le dispararon veinte balazos.
Al irse de la casa los agresores levantaron de un mueble un celular de la víctima. Por ese acto casi trivial desde este martes a las ocho de la empieza un juicio a cuatro personas en el Centro de Justicia Penal de Rosario. En base a la función de localización por GPS los investigadores supieron dónde localizar el aparato. Lo tenía Guillermo “Chupa” Sosa, ahora acusado de ideólogo del hecho, por el cual está preso con un destino de prisión perpetua.
Cuatro personas que estuvieron en la planificación y la ejecución de este asesinato salvaje se sentarán ahora ante un tribunal de tres jueces. Uno de ellos tiene especial relevancia en estos días. Es Alejandro Nicolás Ficcadenti. Este martes le atribuirán un homicidio despiadado. Pero es la persona que hace nada más que un año estuvo detrás de los ataques amenazantes a la familia de Ángel Di María.
“Yo siempre cumplo con lo que prometo. Gracias a mí no viene Fideo”, le había dicho ufanándose el Rengo Ficcadenti a un amigo el 15 de julio del año pasado. Cuatro meses antes, el 25 de marzo, desde un Renault Megane Gris arrojaron en el barrio Miraflores del country Funes Hills un cartel amenazante. Allí viven los padres del futbolista.
“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.
Ficcadenti le ordenó a Sergio Di Vanni la ejecución del atentado por una paga de cuatro millones de pesos. Di Vanni contactó para concretarlo a Pablo Acotto y su prima Sara Belén Gutiérrez. Debían dejar una nota intimidatoria y disparar tiros para llamar la atención de los guardias.
El vehículo quedó captado por cámara de vigilancia y el fiscal Pablo Socca llegó a determinar quiénes estaban detrás de la intimidación. Al imputar el fiscal dijo: “El hecho cometido tuvo el objetivo de impedir que el jugador decida regresar del exterior a jugar en el club de fútbol rival, y de esa manera Ficcadenti utilizar ese logro como plataforma para ganar consenso entre sus seguidores y así posteriormente intentar —con el apoyo y el aval de Ariel Cantero— tomar el liderazgo de la barra”.
Este hecho le hizo desistir el año pasado al delantero campeón mundial con Argentina en Qatar de regresar a Rosario Central. Luego de esa decisión Di María reveló a Canal 3 que habían existido otras intimidaciones que su familia no denunció. Dijo en esa entrevista que el 25 de marzo pasado, mismo día de la nota que dejaron en el barrio de sus padres, en la inmobiliaria de su hermana apareció la cabeza de un cerdo con una bala en la frente junto a un cartel que amenazaba con atacar a la hija mayor del jugador si éste volvía al país para jugar en el equipo de Arroyito.
Del incidente denunciado por la familia de Di María, Ficcadenti, de 30 años y vinculado al jefe de la Banda de Los Monos Guille Cantero, está imputado por amenazas e intimidación pública. A este hecho se le suma este otro, que motiva el juicio que arrancará ahora por el cual tiene pedido de condena a prisión perpetua.
El horror del Chivo
El Rengo Ficcadenti, como lo apodan, comparecerá junto otros tres acusados por el homicidio calificado del Chivo Saravia. Estarán imputados con él Esteban Salvador Alegre, Alexis Brian Dittler y Guillermo “Chupa” Sosa. Este último es el ideólogo principal del atroz crimen cometido frente a dos chicos de 8 y 13 años. La hija mayor de la víctima estaba en otra habitación.
El celular que los sicarios se llevaron de la casa de Saravia después de acribillarlo de veinte balazos fue gravitante en la investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la ya disuelta unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. El geolocalizador marcó que estaba en Garibaldi 3385, el domicilio de Guillermo “Chupa” Sosa. En ese domicilio, al allanarlo, secuestraron un grabador de video digital, o DVR, con cámaras que prácticamente aclararon cómo fue la planificación.
La madrugada del día del asesinato, el 23 de octubre de 2021, Sosa recibió a unas 20 personas. “Bajo las indicaciones de Sosa los presentes se distribuyeron los roles que ocuparían en la comisión del hecho, comprobaron el funcionamiento de las armas y la carga de municiones de las mismas, las tomaron y portaron, listas para su utilización y se vistieron con ropas al efecto que luego descartaron”, sostuvieron los fiscales al acusar el año pasado.
Alegre y Dittler fueron los que se encargaron de matar a tiros a Saravia. Estos volvieron a la casa de Sosa, según demostró el DVR, después de la ejecución, y se cambiaron de ropa. En las imágenes se reconoce la presencia del Rengo Ficcadenti. Tras permanecer nueve meses preso, la camarista Gabriela Sansó le concedió la libertad a Ficcadenti en marzo de 2023. Un año después volvió a caer: cuando se detectó que era el ideólogo de las amenazas calificadas contra la familia de Di María.
El caso que se juzga a partir de este martes tuvo derivaciones que mostraron corrupción institucional. Primero porque un teléfono secuestrado a Guillermo Sosa, que tendrá pedido de perpetua, demostró que dos policías que eran brigadistas de la Fiscalía de Homicidios de Rosario colaboraban con información con él. Y le pasaban, precisamente, detalles de la investigación de la muerte que él había planificado.
Son David Luciano Arellano y Mauro Barúa, ambos de la Policía de Investigaciones (PDI). Los condenaron a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita, encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público. Los fiscales al acusarlos señalaron que pertenecen a una red de colaboradores de la Banda de Los Monos y ambos cumplen cárcel efectiva como presos de alto perfil.
Las extracciones forenses del contenido del aparato del Chupa Sosa, que se logró a fin de 2022, proporcionaron un mapa con los movimientos e identidades del enlace entre figuras del hampa civil y conocidos actores de la policía provincial. La posesión de esa información disparó una cantidad de allanamientos para ubicar y detener a algunos. Uno de los cuales fue Juan José Raffo, ex policía condenado como informante de la Banda de Los Monos, recientemente detenido.
Raffo tenía contacto estrecho con Chupa Sosa. También con el mundo financiero y conectaba, según esta pesquisa, a actores de Los Monos como Leandro “Pollo” Vinardi con vendedores de dólares, que la organización criminal necesitaba para adquirir droga.
Los jueces a cargo del trámite son Nicolás Vico Gimena, Pablo Pinto e Ismael Manfrin. El juicio oral durará según se espera una semana. Comienza este martes a las 8 de la mañana.
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