Es paradójico que el ex ministro Marcelo Sain insista con seguir trabajando en la provincia donde Dios no atiende y a la que le dedicó tantas descalificaciones. Pero hay que reconocer que razones no le faltan para reintegrarse a su cargo ganado por concurso como director del Organismo de Investigaciones, que depende del Poder Judicial.
“No hay impedimento para que vuelva. Es otra intromisión del Poder Legislativo en la Justicia”, sostienen desde su lado después que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidiera avanzar con una denuncia contra el ex ministro “por mal desempeño en sus funciones”, a pesar de que ya dejó su cargo.
Es curioso que de los nueve miembros de esa comisión surgieran tres dictámenes (dos proponen archivar el asunto, con matices, Matilde Bruera y Oscar “Cachi” Martínez) y el de la mayoría opta por un camino intermedio que no dispone cerrar el caso, como se presumía después de la renuncia del funcionario, pero tampoco admite definitivamente ni ratifica la denuncia. Propone ampliar los medios de prueba citando a la diputada que hizo la presentación.
Lo que no va a poder evitar Sain es un esforzado intento de la oposición por impedir que siga teniendo trabajo en Santa Fe, con una estrategia que por ahora apunta a buscar excusas para demorar su reasunción en el lugar del que hace poco más de un año tomó licencia para ser ministro.
En el contexto de una devolución de atenciones, habrá de todo. Desde una presentación en el Inadi, la denuncia por la compra irregular de armas para la policía provincial y todas las medidas imaginables para ampliar la investigación por el mal ejercicio de sus funciones, darán pie para dilatar los plazos y llegar al inicio de sesiones ordinarias del 1º de Mayo. “Tenemos la responsabilidad política de investigar esa denuncia”, explicó el diputado Joaquín Blanco, presidente de la comisión de Juicio Político.
Si ese objetivo se cumple y Sain no puede reasumir hasta esa fecha, ambas cámaras podrían rechazar los vetos del gobernador a las denominadas leyes “anti Sain”, una de las cuales plantea la incompatibilidad de sus funciones. Exactamente dice que ningún funcionario que cumpla actividad en otros poderes del Estado puede luego estar en el Poder Judicial para investigar, eventualmente, conductas del gobierno que integró.
Sain apuesta a reincorporarse al Organismo de Investigaciones antes de la vigencia de esa norma, cuyo veto no fue habilitado para tratar en extraordinarias y recién podría discutirse en mayo, en sesiones ordinarias. No puede ser tratado ahora porque sólo el Poder Ejecutivo tiene facultad para enviar temas en este período, y aunque ya le pidieron que ingrese el veto a las leyes para considerarlo y rechazarlo, nadie en el Gobierno piensa darse por enterado. Entonces la carrera contrarreloj del ex ministro se concentra en el próximo mes.

“Se nos escapó la tortuga”
Desde el gobierno sostienen que esa incompatibilidad no podrá tener efecto retroactivo, ya que tanto el nombramiento como la licencia (que le permitió ir a Seguridad) y también la potestad de regresar al cargo concursado, anteceden el dictado de la norma. Las leyes “anti Sain” no están vigentes porque fueron vetadas.
Por eso es que desde la oposición, por lo bajo, admiten que “con Sain se nos escapó la tortuga”, y reconocen que en todo caso podrían haberle impedido que tomara licencia para asumir como ministro, pero ahora no hay argumentos legales para negarle la posibilidad de volver a su cargo.
Intentó retornar la semana siguiente de su renuncia como ministro de Seguridad, pero rebotó contra la puerta de ingreso. En el medio, 27 diputados provinciales de la oposición firmaron un pedido al fiscal general Jorge Baclini para que no permita la reincorporación de Sain a su cargo judicial.
El presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz ensayó algunas razones, menos referidas a la legalidad y más vinculadas al “alto nivel de agresividad y descalificación personal” que el ex ministro ha demostrado.
“Difícilmente pueda cumplir su rol con ese grado de fanatismo”, concluyó el ex gobernador.
“No es ético que Sain ocupe un lugar donde se pueda investigar a sí mismo. No puede manejar el organismo con todos sus funcionarios de confianza en la cartera de Seguridad”, justificaron desde el mismo sector opositor.
Para algunos observadores de la política santafesina, la reacción de los diputados que decidieron seguir adelante con el pedido de juicio político al ministro aún cuando ya dejó el cargo es “exagerada”, y sólo tiene la intención de complicar los tiempos de la reasunción y darle argumentos al fiscal general Baclini para que no lo reincorpore tan pronto, sabedores además de sus diferencias con el ex ministro.
“Se le animaron. Es una demostración de poder de los diputados al Gobierno”, interpretan desde la Legislatura, donde sonó poco creíble que el jueves cuando le dieron curso a la denuncia de juicio político contra Sain se quedaron esperando un descargo por escrito del ex ministro, o que el gobierno les comunicara formalmente los motivos de la renuncia porque, aclararon, no fueron publicados en el Boletín Oficial.

¿Quién le tiene miedo a Sain?
Como si hubiera tocado una vena sensible, desde el Gobierno salieron al unísono a responder. El ministro Marcos Corach se preguntó sin vueltas si “no será que le tienen miedo a Sain y que tienen cola de paja y se desesperan por operar, estigmatizar y quitar del medio al responsable de que hayan salido a la luz los vínculos y la imperdonable connivencia del gobierno socialista con el mundo criminal”.
Para el responsable de Gestión Pública “lo revelado por Sain hasta acá es el principio de algo muy oscuro y profundo que afecta a la provincia y a la seguridad de todos. ¿No será que quieren que más que el principio sea el final y que no se sepa más nada?”
El ministro de Gobierno Roberto Sukerman no fue menos. “Es difícil que nos pongamos de acuerdo así”, dijo después de leer los argumentos de la oposición para no archivar el juicio político a Sain.
“Los motivos para que eso no suceda no tienen relación con el cargo en un poder independiente del Estado. Si quieren llegar a acuerdos, primero tendrán que romper los vínculos del Estado con el delito, caiga quien caiga. Nos reclaman diálogo pero no lo quieren”, reprochó.

El presidente de la bancada justicialista de Diputados, Leandro Busatto, se sorprendió de que “Sain ya no es ministro, pero la oposición aún habla de él. Están tratando de volver a instalar su nombre como un acto distractivo para evitar discutir la política”, opinó.
“Si en un tema tan sensible como la seguridad en vez de poner nombres propios ponemos la política, y en lugar de estar peleándonos nos sentamos alrededor de una mesa para trabajar sobre cinco o seis ideas fuerza, la sociedad va a estar más tranquila”, propuso.
Para Busatto, lo que ocurrió con la comisión de Juicio Político “no es una buena señal. Le iniciaron juicio político a una persona que ya no es funcionario. En términos legales es improcedente”.
Y planteó el legislador del PJ una desigualdad: “estamos discutiendo la incompatibilidad de un funcionario que ganó un concurso (cuando la oposición era gobierno) para ocupar un organismo de investigación de otro poder, pero en la provincia de Santa Fe desde el 83 a la fecha hay una enorme tradición de no negarle a ningún funcionario del Poder Ejecutivo pasar al Poder Judicial o al MPA. Como un vaso de agua, eso nunca se le negó a nadie”, recordó.
“O es para todos o no es para nadie. Si ese es el problema, revisemos el pasado. En los últimos años hemos visto una situación de promiscuidad y de pases de la política a lugares sensibles del Estado que tienen que ver con la Justicia y el control, impulsados por la oposición”, desafió.
Y se encargó de reponer el que a su juicio es el eje de discusión. “Hace seis meses que mandamos tres leyes, que son el pilar de un modelo de seguridad democrática distinta para que se discutan, y están clavadas en la comisión de origen, la de Seguridad. No son las sagradas escrituras del monte Sinaí. Pero el pretexto de la oposición fue que Sain los agredía. Ahora ya no está. Discutamos las leyes, porque hace más de diez años que estamos discutiendo lo mismo”.
Nota relacionada
Autor
-
Periodista. Licenciado en Comunicación Social de la UNR. Ex jefe de Redacción de La Capital. Twitter: @DanielAbba_
Ver todas las entradas
