Nada de transa y cinco de los seis miembros ya están afuera. Con esa definición, el gobierno provincial reafirma su postura de llevar adelante un recambio masivo de la actual Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Y marca la cancha: no habrá cambio de figuritas si, por ejemplo, alguno de los nominados pretende elegir a su propio sucesor y propone a algún miembro familiar. El mensaje, aseguran, tiene poco de hipótesis y mucho de realidad.
Para cada uno de los actuales cortesanos, en el gobierno despliegan un argumento particular de por qué deberían correrse de sus poltronas: el que vale para casi todos es la edad. “Es anormal que quienes deben dar ejemplo de aplicación de las leyes, estén violando la Constitución”, argumentan para asegurar que cinco de los seis miembros actuales superan todos los topes.
El límite que establece la Constitución santafesina es a los 65 años, pero hay un antecedente de un miembro de la Corte que acudió al tribunal nacional para cuestionar esa barrera y consiguió que le dieran la razón. La Carta Magna argentina, desde su última reforma establece que los jueces se jubilan a los 75 y pueden aspirar a cinco años más, con el acuerdo del Senado. En Santa Fe hay cinco miembros que superan esa edad, e incluso dos son “más 80”.
El reproche de la gestión de Maximiliano Pullaro es que para algunas cosas esta Corte toma como referencia a la Constitución nacional y para otras la rechaza. “Para el tema de la edad se valen de la nacional, aunque parcialmente, porque se olvidan que también se requiere de la aprobación del Senado. Pero en el tema del desafuero legislativo, al que incluso tuvo que someterse cuando era senadora la ex presidenta Cristina Kirchner, en ese caso sostienen que vale lo que dice la Constitución provincial, porque lo prohíbe y mantiene los fueros. Son unos vivos bárbaros, son hiperfederales para algunas cosas y la rechazan para otras si no les conviene”.
“Ninguna de las dos constituciones los salva, por eso decimos que están afuera. Y académicamente valen menos, el único que se salva es Erbetta”, es la frase con la que completan el diagnóstico.
El reproche funcional
Por si fuera necesario, hay otro cuestionamiento, bastante más severo que la edad, contra los mismos cinco miembros de la actual Corte. Sostiene una fuente del gobierno de Unidos que “van a tener que explicar por qué salvaron al juez penal de Reconquista Gonzalo Basualdo, al que el fiscal Matías Merlo le había probado coimas por parte del zar del juego clandestino Leonardo Peiti”.
Se refieren a una resolución de diciembre del 2023, cuando cinco de los seis miembros de la Corte rechazaron la posibilidad de que se revisara la conducta de ese magistrado mediante un jury. El resultado de la votación en el Tribunal de Enjuiciamiento fue 6 a 4. A los cortesanos se sumó el voto del senador por el peronismo Raúl Gramajo. Votaron en disidencia el otro integrante de la Corte, Daniel Erbetta, la diputada radical Georgina Orciani, y los representantes de los colegios de abogados de Venado Tuerto y Rafaela.
La misma alianza también había evitado la destitución de otro juez cuestionado, Hernán Postma.
“No somos carpeteadores, no somos Sain, pero van a tener que explicar qué hicieron con Basualdo. No es joda”, repiten convencidos.
“Rosario pagó caro esta Corte”
Para los referentes del gobierno que llevan adelante este proceso de renovación, “Rosario pagó caro decisiones de esta Corte”, y aclaran que no se refieren a fallos, sino más bien a las responsabilidades institucionales que tuvo el máximo tribunal. Aluden más a los hechos que tuvieron como protagonista al ex fiscal regional Patricio Serjal, por ejemplo.
Están convencidos de que la Corte “le puso un pie arriba al MPA” y consideran que “son también responsables del fracaso de ese sistema, donde los fiscales regionales eran ultra poderosos, mientras que el fiscal general era un jarrón chino”. Por eso ahora impulsaron, y se aprobaron por amplia mayoría, varias reformas.
Rescatan que se quebró esa lógica cuando se eligieron los nuevos fiscales, especialmente la fiscal general, y denuncian que en la terna que la contenía se escondía una maniobra para consolidar el esquema que venía de antes. “Lo paramos entre todos e hicimos crujir el sistema; si se elegía al otro fiscal que querían, se consolidaba el desastre”, revelan.
El que más sabe y el de la política
Al último presidente de la Corte, Daniel Erbetta, lo sitúan al margen de los anteriores reproches, pero le auguran algunas complicaciones si finalmente prospera la presentación de un pedido de juicio político por parte de un legislador, a raíz de sus decisiones al frente del Tribunal Electoral en 2023.
Reconocen que “es el único que realmente sabe mucho de derecho, y además es lúcido”, pero le cuestionan por cómo se expuso al habilitar el voto joven y después al no tomarlo en cuenta para el cálculo del piso electoral. “Hay que respetar las leyes”, repiten, al referirse a la prohibición que existe en la Constitución para que sufraguen en la provincia los menores de 18 y a la controversia que se generó por la disputa por una banca de Diputados entre Palo Oliver y Rubén Giustiniani, a raíz del piso electoral que se considerara.
Sobre otro cortesano notable, el que va a asumir la presidencia en 2024, el santafesino Rafael Gutiérrez, parecen estar dirigidas las hipótesis sobre negociación de cargos. Su actual esposa, Jaquelina Balangione, tiene menos de 60 años, una larga trayectoria en el Poder Judicial, y fue la última defensora penal general del Servicio Público Provincial de Santa Fe. También fue candidata a diputada provincial, tercera en la lista que encabezó la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas.
En el gobierno no cae bien que Gutiérrez siempre se haya dedicado a hacer política desde la Corte, “y en el submundo más devaluado”, aclaran, y le pusiera “más empeño a las trapisondas electorales que al derecho”. Por eso consideran que es uno de los más vulnerables a la hora de plantear este recambio, y aclaran que no le tolerarán condiciones.
En ámbitos judiciales es un comentario expandido que Gutiérrez ofreció durante la anterior gestión renunciar como ministro de la Corte a cambio de que designen en su lugar a su esposa. Fue por los tiempos en los que también amagó con ser candidato a gobernador por el peronismo. `
Un problema de palacio
Se reconoce que el recambio de la Corte no le cambia el humor a nadie en un electorado más preocupado por sus urgencias cotidianas. “Es un problema de palacio, el ciudadano común no sabe de qué se trata y los que conocen el tema, los odian”, describen funcionarios de este gobierno.
“Es un tema del 1 ó 2 por ciento de la gente, en el medio hay un 98 por ciento que no llega a saber que son impresentables institucionalmente. La gente no sabe que pusieron a Serjal, que ponen jueces chantas, porque para que la Justicia no funcione primero hay que nombrar jueces chantas. Si tengo el control con mis amigos, logro el status quo. Y no vinimos a proteger ni a favorecer eso”, explican como un plan.
Cómo será el cambio
—¿No sumarán un problema al tener que reemplazar de golpe cinco o seis miembros de la Corte?, pregunta Suma Política.
—Cómo va a ser un problema. Es más fácil. Está lleno de abogados, lo que se necesita es encontrar caballeros y señoras que sean respetados”, contesta la fuente del gobierno.
Sobre los nombres de candidatos que empiezan a trascender, se afirma que “todo se construye. La idea es que sea una Corte honorable, que transmita a la sociedad respeto y que sus actos sean ejemplares y valorados. Esta Corte no es respetada ni valorada”.
Aseguran que “el cambio es de los cinco, porque la regla es para todos por igual”, y que vendrá “gente con mucho conocimiento del derecho y criterio político. Y que represente a una policromía de ramas del derecho. Porque la integración actual es un rejunte. Tampoco va a haber más garantistas”, prometen.
¿Cómo será el proceso? Confirman que “ya hubo conversaciones”, aunque tal vez no fueron ni del gobernador ni de los ministros. En la primera línea de salida hay tres ministros con trámites de jubilación en proceso, y aceptan que se podría admitir que primero se vayan esos y después sigan los dos que faltan. “Los esperamos un tiempo, no hay problema”.
También admiten que puede haber criterios de cortesía, salidas elegantes y honorables, de alfombra roja y respeto. “No vamos a cuestionar jubilaciones ni cosas raras. Nadie quiere una carnicería ni degradar a las personas”, garantizan. “Pero si el diálogo al que están dispuestos es transar, no hay ninguna chance”, reafirman.
No quieren arriesgar plazos, pero explican que el mecanismo de relacionamiento será el mismo que esta gestión está utilizando para todo: diálogo, temas sobre la mesa, sentido común, búsqueda del consenso y entendimiento con plazo.
Explican que todavía “no salimos de frente” con el tema de la Corte porque estuvo la feria, era enero y además hubo problemas más urgentes que atender en la defensa de Santa Fe. Pero sentencian: “No vamos a estar tres años. No se puede seguir hasta los casi 100 años como estuvo en la Nación el ex juez Carlos Fayt. Alguna regla tiene que haber. Y si no, que sigan vegetando ahí. Y en lugar de ir al recambio de autoridades, iremos al velorio”.
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