La expresión en latín es notitia criminis y en el ámbito de la Justicia significa la comunicación a la autoridad del conocimiento sobre un hecho delictivo. En la calle, la fórmula jurídica se traduce en términos menos elegantes como buche y soplón y en una práctica que con frecuencia está cargada de sospechas: el aporte de informantes para las investigaciones policiales, tradicionalmente una nebulosa donde se desdibujan irregularidades. La cuestión fue el centro del fallo por el que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra Julio Andrés Rodríguez Granthon, Gustavo Pedro Shanahan y otros tres implicados en una red de narcotráfico extendida entre la cárcel federal de Marcos Paz, Villa Banana y el centro de Rosario.
La investigación comenzó en abril de 2021 cuando un informante reveló a la División Antidrogas de la Policía Federal, delegación Rosario, que en Valparaíso y 27 de Febrero funcionaba un búnker donde se manejaba “droga de a kilos”. El datero agregó un nombre y un par de apodos: Facundo Pérez, “un tal Waldo” y quien daba las órdenes, “el peruano”, alias con el que rápidamente fue identificado Rodríguez Granthon. La defensa del narco impugnó el testimonio en el juicio y en Casación y planteó la inconstitucionalidad de los artículos de la ley 27.319 que regulan la intervención de informantes.
La identidad del informante permanece en secreto, aunque se encuentra registrada según lo establece la ley. “Es una forma de legitimar lo que se llama información de calle”, según una fuente judicial. Y también de evitar la práctica de presentar como denuncia anónima una construcción policial o un intercambio de favores con vendedores de drogas, procedimiento tristemente célebre en la extinta Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia.
El interés de la cuestión concierne también al Ministerio Público de la Acusación, donde sigue vigente la prohibición de recurrir a informantes resuelta por la fiscal general María Cecilia Vranicich. Claro que la disposición no alcanza a la policía, encargada de llevar a la práctica las directivas de los fiscales. “La policía tiene que andar en ese barro”, admite otra fuente consultada para esta nota, “hasta que exista una reglamentación”.
El número 93
El 27 de diciembre de 2023 el Tribunal Oral Federal número 3 de Rosario dio a conocer el veredicto: 10 años de prisión a Rodríguez Granthon como organizador de tráfico de estupefacientes y pena unificada en 21 años con dos anteriores; 7 años a Shanahan como partícipe primario, por lo que varios de sus familiares insultaron a los jueces y a los fiscales, en la sala; 6 años a Alfonso Sciortino, como coautor; y tres años de ejecución condicional a Gustavo Báez Aguilar y Juan Román González como partícipes secundarios.
Facundo Ariel Pérez, Ariana Gómez, Bruno Iván Ayala y Lucía Alonso, también acusados en la causa, firmaron juicios abreviados, el primero también por balear a una agente encubierta de la Policía Federal. Y Marcos Julián Díaz estuvo prófugo hasta que también la Policía Federal lo detuvo en un campo de Strobel, provincia de Entre Ríos, en marzo.
Ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, la defensa de Rodríguez Granthon objetó que el informante no haya comparecido en el juicio y que se desconozca la recompensa que recibió, algo también previsto por ley. También se preguntó “si la información que dio provino de su conocimiento y de sus propios sentidos o le fue facilitada por otra persona (como podría ser un funcionario público), si eventualmente tenía alguna enemistad manifiesta con alguno de los imputados o si estuvo involucrado en dichas maniobras”.
Los camaristas no contestaron esas preguntas pero descartaron el argumento: la reserva de identidad es legal “para proteger la seguridad del ciudadano que aporta información” y el informante del caso no es anónimo sino que está registrado “bajo el número 93” y sus datos se encuentran en el Ministerio de Seguridad de la Nación. En particular resaltaron los resultados de la investigación, mucho más detallados que la información preliminar y por otra parte respaldados en diversas pruebas.
Los seguimientos, registros fotográficos e intervenciones telefónicas condujeron primero a una cueva financiera de Ovidio Lagos 426, a cargo del ex rugbier Marcos Julián Díaz, y después a otra de España 889, sexto piso, donde Shanahan cambiaba pesos por dólares con un interés del 2 % según la acusación. Surgió entonces una organización con dos ramas diferentes, una dedicada a la venta de drogas desde Villa Banana, con una base en la calle Espinosa al 6200 dedicada al estiramiento, corte y fraccionamiento de cocaína, y otra “al intercambio oneroso de los billetes de denominación nacional (…) ganancias obtenidas de la venta de estupefacientes, por dólares estadounidenses; con el claro objeto de posibilitar y garantizar el desarrollo y funcionamiento de la empresa criminal en trato”, describieron los camaristas.
En agosto de 2021 surgió el nexo entre esas dos vertientes: Rodríguez Granthon, cuya voz fue identificada en una conversación telefónica con Facundo Pérez. El ciudadano peruano se quejaba entonces de que Pérez, su “gerente territorial” según la fiscalía federal, no atendiera los llamados telefónicos. La investigación culminó abruptamente dos meses después, cuando la banda se dio cuenta de la vigilancia policial y baleó a dos policías federales que andaban en un auto cerca del búnker de Valparaíso al 2700, el 12 de octubre, y a otros dos que andaban en moto, el 14 de octubre. Siguieron entonces los allanamientos —también en departamentos de alquiler temporario que la organización utilizaba como depósitos—, las detenciones y los secuestros de droga y dinero en efectivo, entre ellos 32 millones de pesos en billetes de baja denominación en la oficina de Shanahan, ex administrador de Terminal Puerto Rosario.
Las intervenciones telefónicas también fueron materia de debate. La defensa pretendió que Rodríguez Granthon y Facundo Pérez hablaban de bebidas gaseosas y de provisiones y no que esos términos fueran un vocabulario encriptado para despistar a oídos extraños. Sin embargo, se pudo escuchar cómo Rodríguez Granthon aleccionaba a Pérez con frases como “no le digas coca, decile Sprite”, “no uses esa palabra” por “billete”, y “una cosa así tendrías que tenerla en la memoria nomás”, por las cantidades de cocaína que manejaban, unos quince kilos por semana según los investigadores. También se detectaron conversaciones de Pérez con otro preso en Marcos Paz, que recibía mensajes: se trataba de Fredy Gaona, condenado por transporte de estupefacientes y por un homicidio en la villa 31 de Retiro.
Otras conversaciones aportaron detalles de color. Marcos Díaz se refería despectivamente al grupo de Villa Banana como “los mutantes” y Lucía Alonso, su empleada, se confesó ante su mamá: “lo que estamos haciendo está mal”, “yo soy la que trabaja con los narcos”. La mensajería de Shanahan con Guido Garay, ex directivo de Cofyrco, reveló por otra parte que seguía la causa contra esa financiera y también la instruida en Santa Fe a partir del crimen del empresario José Oldani, que destapó una mesa de dinero clandestina. “Nosotros deberíamos ir pensando en cambiar las líneas de fono”, escribió Garay.
“Si bien esos mensajes datan de fecha anterior al inicio de la causa, no puede soslayarse que resultan seriamente indicativos de que una buena parte de la actividad ‘cambiaria’ marginal que desarrollaba Gustavo Pedro Shanahan estaba ligada al narcotráfico”, indicó el fallo de la Cámara.
La defensa de Shanahan, al igual que la de Juan Román González aunque con diferentes razones, descargó la responsabilidad de la operatoria de cambio de divisas en Marcos Díaz. Previamente intentó asimilar su caso al del presidente de una cooperativa que fue imputado en la causa y después desvinculado, y también sostuvo que no se probó ningún contacto entre el búnker y la oficina de calle España.
Sin embargo, la vigilancia detectó un intenso tráfico de bolsos y valijas entre la oficina de Díaz y la de Shanahan, que además no estaba autorizado para hacer intermediaciones financieras. La Cámara recuperó partes del alegato del fiscal Federico Reynares Solari: “Las bandas narcocriminales necesitan de dólares para adquirir el material estupefaciente. La cocaína es un commodity, y ello era sabido por Gustavo Pedro Shanahan. Toda la ganancia que se generaba en Villa Banana era viabilizada a la cueva financiera”. En ese sentido, Reynares Solari describió “una línea Maginot imaginaria” entre la periferia y el centro de Rosario, como la que protegía a Francia del avance nazi, y dijo que esa barrera fue “pasada por encima” por los “panzer”, en alusión al narcotráfico. “Estamos en presencia de un hombre de negocios con la finalidad de ganar dinero”, agregó el fiscal a propósito del financista.
En el MPA no se consigue
El empleo de informantes desató una crisis en el Ministerio Público de la Acusación hacia fines de 2023. En octubre de ese año los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca acusaron a Matías Edery de proteger a Mariana Ortigala, involucrada en actividades de Los Monos, a cambio de prestar testimonio y declarar como testigo en el juicio de 2022 contra Esteban Alvarado y varios de sus cómplices.
Edery dijo que había dado cuenta de la situación en un sobre entregado a la entonces fiscal regional María Laura Iribarren. Sin embargo, la fiscal general Vranicich afirmó que esa no era una práctica instalada puertas adentro y que hacía falta una regulación para darle curso en la justicia provincial.
Iribarren respaldó en cambio al fiscal: “Cuando Edery me dio en un sobre cerrado quiénes eran sus informantes me dijo que no había contraprestación. En ese momento transparentó una situación que muchos otros fiscales no pueden negar ni desconocer, que es que reciben información”. La ex fiscal regional agregó que “los demás fiscales no me dicen quiénes les pasan información”. Ninguno de los funcionarios se dio por aludido.
La solución del momento fue prohibir el uso de informantes en las fiscalías. “Necesitamos tener una foto en el MPA, y por eso el proceso de monitoreo con respecto a realmente cuántos fiscales” recurrían a informantes, dijo Vranicich en aquel momento. “Por supuesto, los sigue utilizando la policía”, dijo una fuente que conoce el tema, y la situación abre una ventana para oportunidades equívocas, como los contactos que detectaron a fines de 2024 los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci entre policías del Comando Radioeléctrico e integrantes de la banda “Los Pimpis” y allegados a Pablo Nicolás Camino.
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