Nadie sabe mucho del tema, no está en el radar de nadie, a nadie parece importarle. El edificio donde funcionó la sede del Segundo Cuerpo del Ejército continúa en un estado de abandono notorio a simple vista. En las últimas décadas pasó por distintas dependencias sin que nadie pudiera darle un uso definitivo. El último intento fue a finales de 2022, cuando la Nación se lo cedió a la Provincia para que allí funcionen oficinas de la Justicia Federal y centralizar las investigaciones sobre narcocriminalidad. Sin embargo, los altos costos que demandaba su remodelación, sumado a la coyuntura electoral del 23 y los posteriores cambios de gobierno dejaron el edificio nuevamente en desuso. Este año el municipio tomó una decisión drástica: tapiar las entradas del lugar para evitar su ocupación.
El inmueble está ubicado en Sarmiento y 9 de Julio. Tiene una superficie de 4.097 metros cuadrados y una superficie total cubierta de 7.769 metros cuadrados, contemplando el subsuelo, primero y segundo piso, más dos entrepisos. Ocupa prácticamente la mitad de esa manzana y presenta algunas particularidades, como una cancha de básquet, un espacio donde supo haber un gimnasio, lugares para dormir y hasta una pileta. Además del lugar estratégico que ocupa en esa zona del centro rosarino, se trata de un edificio que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad: en 1909 se inauguró como la primera sede propia del Banco Municipal (creado en 1896).
Sin embargo, desde 2007 no tiene un uso concreto y quedó abandonado. En el lugar se proyectaron diversas posibilidades, todas atravesadas por un mismo destino final: ninguna se concretó. Desde los años 80 el inmueble pertenece al Estado nacional y distintos gobiernos provinciales hicieron gestiones que en muchos casos naufragaron en la burocracia estatal o la falta de acuerdos. Ni los intentos por reforzar la raquítica Justicia Federal lograron prosperar. Luego de casi dos décadas de desidia, el municipio intervino las últimas semanas ante las denuncias de los vecinos por el “basural” en el que se convirtió el espacio.
El último intento
A mediados de marzo de 2022 parecía que se daba. En un acto encabezado por el entonces gobernador Omar Perotti y el vicejefe de gabinete de la Nación Jorge Neme, el gobierno nacional cedió el edificio a la provincia de Santa Fe para establecer allí las oficinas del nuevo Sistema Penal Acusatorio. La idea era que en las instalaciones funcionen de forma coordinada el Ministerio Público Fiscal (MPA) de Santa Fe, la Procuración General de la Nación y el Poder Judicial para la implementación del nuevo sistema, con el foco puesto en las investigaciones vinculadas a la narcocriminalidad y los delitos violentos en la provincia.
Desde el gobierno provincial venían reclamando la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe; un esquema oral y público, con fiscales investigando y jueces juzgando. La ley se había sancionado en 2015 y tuvo sus pruebas piloto cuatro años después en la Justicia Federal de Salta y Jujuy, donde se registraron algunos indicios de celeridad en la resolución de causas. Por eso, entendían que en un contexto de aumento de la violencia, reflejada en la suba de homicidios en la provincia, el nuevo sistema podría aportar algunas soluciones. Pero los pedidos se topaban con una misma respuesta desde la Justicia nacional: que no había plata ni infraestructura para implementarlo. Ahí es donde se pensó en la ex sede del Comando.
En esa gestión uno de los hombres claves fue Roberto Mirabella. En su paso por el Senado de la Nación —en reemplazo de Perotti cuando asumió como gobernador— entabló relaciones con Jorge Taiana, que había asumido su banca en lugar de Cristina Fernández de Kirchner. A él le llevó la propuesta en 2022, cuando uno era diputado nacional y el otro había asumido como ministro de Defensa. También otros dirigentes santafesinos, que ocupaban cargos ejecutivos o legislativos en el plano nacional, participaron de las gestiones, como el caso de María de los Ángeles Sacnun y Diego Giuliano.
“Nosotros queríamos armar un dispositivo donde funcione todo el sistema penal, tanto federal como parte del MPA, porque es un espacio gigante. Cuando hicimos el traspaso empezamos a ver cómo estaba y qué era lo que se necesitaba. Y resulta que estaba mucho peor de lo que nosotros imaginábamos. Había que hacer una inversión muy grande, que rondaba los diez millones de dólares”, rememoró Mirabella en diálogo con Suma Política. Para resolver la parte económica se trabajó una línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que buscaba fortalecer aspectos vinculados a la justicia y la seguridad. Pero los tiempos políticos son más cortos de lo que parecen.
“Estábamos en medio de ese trámite y nos agarró la coyuntura electoral del veintitrés primero, y el cambio de gobierno después. Sinceramente no sé en qué quedó el proyecto”, describió el dirigente. “En este tipo de cosas hay una incapacidad fenomenal del Estado para gestionar la cosa pública. Pero también hubo un problema estrictamente monetario: había que poner diez palos verdes para su refacción y que funcione la Justicia Federal, cuando es algo que debe hacer el Poder Judicial de la Nación. No era una responsabilidad nuestra operar el sistema. Sí pensábamos que era un avance importante para mejorar todo el sistema de justicia y seguridad de la provincia. Y lo impulsamos con ese fin”, añadió.
Finalmente, el sistema acusatorio se comenzó a implementar en la ciudad en mayo de 2024, en un acto que tuvo como protagonistas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero en su implementación se contempló otro inmueble: hoy la Justicia alquila el edificio de Mitre y San Lorenzo, donde anteriormente funcionó Litoral Gas. Desde la Justicia Federal deslizaron que esa decisión tuvo que ver con una cuestión de agilidad en los tiempos y las dificultades para poner en condiciones el edificio de calle Sarmiento.
¿En qué quedó entonces el acuerdo entre provincia y Nación por ese inmueble? No está claro. Suma Política consultó a distintas dependencias del gobierno provincial y ninguna supo dar una respuesta certera. Por lo bajo, deslizan que las gestiones fueron realizadas por otra gestión y el tema hoy no está en la agenda de la Casa Gris. Todo indica que el edificio volvió a manos de la Nación, al no ejecutarse la finalidad por la que fue cedido. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial nacional se trató de un “permiso de uso precario y gratuito del inmueble”, donde también se aclara que el destino que se proyecta para el lugar “en ningún caso implicará su incorporación al dominio provincial”.
Abandono
El lugar se fue deteriorando con el tiempo. Por fuera conserva la impronta moderna que supo tener el inmueble en los primeros años del siglo XX, pero el abandono es visible. El municipio hoy se lleva la peor parte de esta situación porque debe intervenir ante el reclamo de los vecinos. Según denuncian, el lugar quedó a merced del “saqueo hormiga”, se convirtió en una suerte de basural y es utilizado por gente en situación de calle para pasar las noches. En octubre de este año, debió acudir una dotación de bomberos para apagar un incendio desatado en el interior del edificio.
“Tuvimos una primera intervención en septiembre del año pasado, cuando nos entra un reclamo de vecinos donde nos refieren que el lugar estaba siendo usado como una suerte de aguantadero, con personas que habían ingresado al inmueble. También habíamos recibido denuncias por robos en las casas linderas. Es una edificación de como media cuadra, que tiene altura, y nos decían que la gente caminaba por los techos y se metía en ese lugar”, describió Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia del municipio a Suma Política.
En esa oportunidad, los funcionarios locales ingresaron junto a la policía y luego de inspeccionar el lugar soldaron las puertas y ventanas de calle Sarmiento. Después de esa intervención no se registraron mayores problemas hasta el incendio de octubre. Semanas atrás, el municipio recibió nuevamente denuncias de los vecinos por disturbios. “Cuando vamos a verificar con Control Urbano nos encontramos con que había unas diez personas adentro”, indicó. Ahora el municipio realiza dos inspecciones diarias por el lugar para evitar que el inmueble sea ocupado.
“Lo que hicimos fue poner una cadena con un candado al portón que está por calle 9 de Julio y, desde entonces, Control Urbano tiene orden de ir todos los días a chequear el lugar. Hay una visita a la mañana y otra a la noche”, confirmó Herrera. Además, esta misma semana se acordó con una empresa de publicidad para que sobre la fachada se coloquen las estructuras metálicas para exhibir afiches, con la idea de cerrar el inmueble. Eso ya se hizo por el lado de Sarmiento y próximamente se hará por 9 de Julio. “Son chapones grandes, estructuras que no se mueven fácil. Eso lo que hace es tapar todas las ventanas y la puerta de calle Sarmiento”, aclaró.
El funcionario remarcó que adentro “el estado de abandono es total” y su puesta en valor no será sencilla. “De la instalación eléctrica no queda nada, de agua tampoco. Hay muchos techos que se han caído por la lluvia”, sostuvo. Vale una aclaración: se trata de un inmueble contemplado en el Catálogo de Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbanístico de la ciudad. Tiene un grado de protección 2.1, es decir, un inmueble considerado histórico, pero con posibilidad de ser ampliado o modificado bajo normas específicas.
La historia
El edificio fue inaugurado en 1909 y allí funcionó durante unos setenta años el Banco Municipal de Rosario. Fue una iniciativa del intendente Floruardo Grandoli que el Concejo terminó aprobando en 1905. Ese mismo año se compró el terreno en la intersección de 9 de Julio y Sarmiento, que por entonces se llamaba “Libertad”. Pero durante la última dictadura militar, el inmueble fue vendido al Ministerio de Defensa que instaló allí la sede del Segundo Cuerpo del Ejército. El lugar quedó afectado a uso militar por varias décadas, hasta que en 2007 pasó a manos del Ministerio de Hacienda nacional.
Ese traspaso se hizo con una intención: centralizar el funcionamiento de las dos sedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la ciudad. La idea avanzó e incluso llegó a haber una resolución del gobierno en ese sentido, pero nunca se avanzó en la práctica. En 2010 el edificio quedó directamente abandonado y sin personal cumpliendo funciones en el lugar. Pasó tanto tiempo desde entonces que hasta la AFIP cambió su nombre para llamarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
Las búsquedas por darle un uso al lugar continuaron con los años. Se habló de la posibilidad de constituirla en una base operativa de Gendarmería, en una sede regional del Ministerio de Desarrollo Social, y hasta se pensó en trasladar allí la Secretaría de Cultura local. Esto último —durante la gestión de Mauricio Macri— requería una ingeniería más sofisticada, que implicaba una suerte de trueque con el gobierno nacional, por el cual se lo intercambiaba por la estación de trenes Rosario Norte. El acuerdo no prosperó, pese al entusiasmo que generaba en ambas partes.
En 2019 el diputado provincial Joaquín Blanco llegó a reunirse con referentes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por el tema. El legislador había presentado un proyecto en la Legislatura santafesina manifestando su preocupación por la política de ventas de bienes fiscales por parte del gobierno nacional e intentó realizar gestiones para que el inmueble quede en manos de la Provincia. “Le llevamos el proyecto, la carpeta con los planos, se comprometieron a gestionarlo y ahí murió el proyecto”, dijo en declaraciones previas a este medio.
Finalmente, a principios de 2021, Suma Política anticipó la intención de recuperar ese inmueble para uso militar. El entonces ministro de Defensa e impulsor de la idea, Agustín Rossi, barajaba distintas opciones, como instalar la Delegación Fluvial de la Marina, que tiene asiento en Zárate, o trasladar la Primera División del Ejército “Teniente General Juan Carlos Sánchez”, que funciona en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá. El inmueble es tan grande que también se pensó en que las unidades convivan con una dependencia administrativa como el Instituto de Ayuda Financiera o el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Todas las opciones tenían, según el propio Rossi, un mismo objetivo: aumentar la presencia de las dependencias de las Fuerzas Armadas en Rosario. Para lograrlo se dispuso un equipo de trabajo y se pensaba que en un plazo de dos años se podía tener el lugar en condiciones operativas de trabajo, finalizando la gestión presidencial de Alberto Fernández. Ese proyecto tampoco prosperó.
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